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El Partido Socialista reprocha al Partido Popular que la privatización del agua en Cartaya, Cortegana y San Juan cueste a los vecinos casi 18,7 millones de euros

Los integrantes del Partido Socialista Ezequiel Ruiz, Alexis Landero, José Borrallo y Felipe Prieto interviniendo en una rueda de prensa.

Los socialistas critican la pérdida de la calidad del servicio y de 34 puestos de trabajos.

La privatización del servicio del agua en municipios gobernados por el PP se salda con la liquidación de 12,2 millones a Cartaya, 3,5 millones a San Juan del Puerto y casi 3 millones de euros de Cortegana, y con la pérdida de trabajo a 34 familias. Así, señaló el miembro de la Ejecutiva Provincial socialista y vicepresidente de MAS (Mancomunidad de Aguas y Servicios), Ezequiel Ruiz, que además anunció que desde MAS vamos a ser duros con los pueblos que se salgan de Giahsa porque están ocasionando un gran perjuicio”.

En esta línea, Ruiz incidió en que “en la MAS se recoge un sistema de salida reglado y lo que no puede hacer cada municipio es salirse como quiera causando perjuicios a los pueblos que quedan dentro, ya que cuando alguno toma esa decisión debe hacerlo con todas las consecuencias, es decir, con el capital social y con los trabajadores adscritos al servicio, que no han sido admitidos.

En este sentido, el portavoz socialista de Cortegana, Pepe Borrallo, señaló que esta privatización puede tener consecuencias muy cuantiosas, como ya ocurrió en Aljaraque. Así, apuntó que “el PP está acometiendo un atropello contra los ciudadanos de Cortegana que costará casi tres millones de euros”.

Por su parte, Felipe Prieto, portavoz en San  Juan del Puerto , insistió en el deterioro en el servicio y subrayó que “esta salida responde a una cuestión ideológica”. Del mismo modo, reprochó al alcalde del PP que el Ayuntamiento tenga que abonar una indemnización de casi 3,5 millones de euros por salirse de Giahsa.

Por último, el portavoz del PSOE de Cartaya, Alexis Landero, criticó que la actitud “irresponsable” del equipo de Gobierno de Cartaya costará a los vecinos más de 12 millones de euros. Un privatización que a la que se oponían todos los ciudadanos y así lo demostraron al crear una plataforma que recogieron más de 4.500 firmas.

Fuente e imagen: Partido Socialista de Huelva.

La portavoz de Izquierda Unida en Cortegana denuncia que el Partido Popular “impone la privatización de los servicios de alumbrado y del agua que van a hipotecar el futuro del municipio”

Rebeca-Martínez

La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cortegana, Rebeca Martín, denuncia que el equipo de gobierno del Partido Popular “mantiene su perjudicial política de entregar los servicios públicos municipales a manos privadas, lo que va a provocar que se hipoteque el futuro de nuestra localidad”. En el último pleno municipal del Ayuntamiento de Cortegana, convocado de manera extraordinaria, la mayoría absoluta del PP decidió, en solitario, adjudicar la gestión del servicio de alumbrado público por un periodo de doce años a una empresa privada, al mismo tiempo aprobó el pliego de condiciones para licitar el servicio municipal de abastecimiento de agua potable y concedérselo también a otra empresa privada.

Rebeca Martín explica que en este pleno se acordó fijar una bajada de la tasa de distribución del agua en Cortegana. No obstante, Martín exige al equipo de gobierno popular que se comprometa a mantener estos precios, si se culmina la privatización de este servicio.

La portavoz de Izquierda Unida en Cortegana señala que en el pliego de cláusulas administrativas para licitar el servicio de agua se incluyen dos en las que el Ayuntamiento se compromete a “mantener el equilibrio económico de la empresa adjudicataria. De este modo, nos tememos que en el futuro, se apliquen subidas en las tasas del agua, sólo para garantizar los beneficios de la empresa privada que la gestione”. “A lo que nos oponemos totalmente y denunciamos que lo que pretende el PP es darle beneficios a ésta a costa de la población de Cortegana”, explica Martín. La concejala de Izquierda Unida insiste en exigir “que se le permita a la población decidir sobre el modo de gestión del agua en nuestro municipio, mediante una consulta popular, a la que el Partido Popular se niega sistemáticamente”.

Rebeca Martín denuncia que en los servicios que se han privatizado, “el equipo de gobierno del PP no ha permitido que puedan estar presentes en las mesas de contratación para los mismos los grupos de la oposición, con lo que quieren evitar que estas privatizaciones y la gestión posterior pueda ser controlada por la oposición y así acabar con la necesaria participación democrática en los asuntos públicos que afectan a la gestión municipal”.

Fuente e imagen: Izquierda Unida Huelva.

Izquierda Unida se moviliza hoy en Cortegana en contra de la privatización del agua impuesta por el Ayuntamiento del PP

Rebeca Martin, portavoz de IU en Cortegana02

La portavoz municipal de IU, Rebeca Martín, defiende una consulta popular para que el pueblo opine sobre la prestación del servicio y llama a la participación en el acto convocado hoy a las ocho de la tarde frente a la iglesia de San Sebastián

Izquierda Unida ha participado en la tarde de ayer en Cortegana en una movilización en defensa del agua como servicio público y en contra del proceso de privatización abierto por el Ayuntamiento del Partido Popular. Los corteganeses están convocados a las ocho de la tarde bajo el lema ‘El agua no es un negocio’ frente a la iglesia de San Sebastián

La portavoz de Izquierda Unida en Cortegana, Rebeca Martín, aseguró que “los corteganeses y corteganesas debemos tener la oportunidad de decidir sobre el proceso de privatización del agua” y critica que esta decisión sea tomada “a espaldas del pueblo”. Según Rebeca Martín, en un año de gestión de la empresa privada Aqualia “los recibos han subido en todos los hogares, las aguas no se están depurando en todos los barrios y las facturas se acumulan durante varios meses con un gran número de errores”. A lo que hay que añadir, subraya, el despido de dos trabajadores y los perjuicios causados en servicios básicos como la recogida de basuras.

Rebeca Martín recuerdó que ya se han recogido 1.500 firmas de vecinos contra esta privatización de un servicio público esencial como es el abastecimiento de agua y entiende que es suficiente argumento como para que el Partido Popular realice una consulta al pueblo para que se pronuncie. Rebeca Martín denuncia que el alcalde popular, José Enrique Borrallo, tiene intención de ceder el servicio a Aqualia durante 25 años más, una decisión que “dejará al pueblo sometido a una voluntad ajena”.

Fuente e imagen: Izquierda Unida Huelva.

Izquierda Unida denuncia los recortes sociales que acarrea la reforma de la administración local impulsada por los conservadores europeos

 

La denominada Ley para la Racionalización y la Sostenibilidad amenaza la continuidad de los servicios sociales para colectivos desprotegidos, las ayudas para comedor, la promoción de vivienda social y recorta los derechos de los habitantes de las localidades afectadas.

 

La coordinadora local de Izquierda Unida en Cortegana, Rebeca Martín, ha denunciado en el transcurso de un acto público de Izquierda Unida celebrado hoy en esta localidad “el aislamiento que sufren las zonas rurales, una desigualdad que se ha visto agravada desde que el Gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha la política de recortes”. La situación es especialmente grave en las áreas rurales dispersas de la provincia de Huelva: Sierra y Andévalo, a las que se castiga ahora con una reforma de la Administración Local que acarreará el desmantelamiento de la autonomía, la privatización sistemática, la pérdida de servicios municipales y el despido de miles de trabajadores.

 La reforma local afecta en mayor o menor grado a la totalidad de los 772 municipios andaluces. Nada menos que el 89% de ellos menores de 20.000 habitantes podrán perder gran parte de la prestación de servicios a favor de la gestión privada vía diputaciones. En esos municipios viven más de tres millones de andaluces y andaluzas. En la provincia de Huelva se trata de comarcas enteras, ya que sin ir más lejos en la Sierra, el Andévalo, la Campiña o Cuenca Minera todos los municipios están por debajo del límite de los 20.000 habitantes.

 Según explica Rebeca Martín, el discurso del PP, alimentado desde la bancada neoliberal del Parlamento europeo, se escuda en una supuesta reducción de cargos públicos con dedicación exclusiva “intentando ocultar el impulso a la privatización de los servicios públicos municipales y la desactivación de la democracia y la autonomía local”.

En el acto de IU en Cortegana también ha intervenido Diego Valderas, parlamentario andaluz de Izquierda Unida por Huelva, que ha denunciado que con esta reforma los instrumentos financieros se convierten en el medio para recortar lo público y los derechos en vez de para potenciarlos. Según explica Valderas, la llamada Ley para la Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local, deja clara la intención “de favorecer la privatización de los servicios públicos y ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos por la Constitución en su artículo 135”. Un artículo que pone el pago de la deuda por encima de los derechos sociales y que es la base de los recortes que sufre la población. Este cambio constitucional fue ejecutado por el PSOE y el PP.

 Por su parte, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, quien también ha intervenido en este acto público, ha denunciado “la crudeza de las políticas impulsadas por la mayoría conservadora y socialdemócrata que ponen en peligro y amenazan el futuro inmediato de los servicios comunitarios”. Los recortes afectan a la atención de las personas mayores y personas dependientes, las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia de género, las oficinas municipales de información al consumidor, las escuelas infantiles y los centro de educación de adultos, el mantenimiento de los colegios o las ayudas municipales a los libros de texto, al comedor y transporte escolar, la promoción de vivienda social y los planes sectoriales dirigidos a colectivos desprotegidos.

Imagen y fuente: Izquierda Unida Huelva.