Desde Ecologistas en Acción se ha informado que en estos momentos la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, está redactando un nuevo Reglamento para regular todo lo referente al abastecimiento, saneamiento y depuración del agua de las poblaciones. La iniciativa es encomiable y el borrador conocido contiene propuestas positivas. Sin embargo numerosas y variadas organizaciones representativas de la sociedad civil (AEOPAS, FACUA, ECOLOGISTAS EN ACCION, FNCA, CCOO, WWF, Fundación SAVIA, UGT e Ingeniería sin Fronteras) han mostrado su insatisfacción por algunos de sus contenidos.
Asimismo se apunta que en la formulación de principios en los que se basa se echa en falta claridad y actualidad de ideas, falta el principio de prioridad de la gestión pública, que es la garante del dominio público y el derecho humano, ausencia en el principio de planificación, imprescindible para prever, seleccionar y ordenar en el tiempo las inversiones necesarias para, entre otras, la prevención de los impactos futuros del cambio climático, y falta una definición adecuada del principio de participación social que incluya el derecho de los ciudadanos a intervenir en los procesos de decisión de manera efectiva.
El reglamento establece que para garantizar que a nadie se le corte el agua por motivos económicos o sociales las entidades suministradoras harán anualmente unas previsiones de gasto que en ningún caso podrán exceder el 0,7% de la facturación tarifaria del ejercicio inmediatamente anterior. «La expresión que en ningún caso podrá exceder es insólita por lo concreta y terminante en un caso abierto a circunstancias tan variables y singulares como este. Por su parte la dotación de 50 litros/persona/día es claramente insuficiente, produciendo una estigmatización de la pobreza ya que el consumo medio en España es de 127 litros», ha remarcado desde la organización medioambiental.
El agua es una necesidad vital, imprescindible, insustituible, un servicio que se presta en régimen de monopolio (solo hay una empresa en cada población). Es un gran negocio (todos somos consumidores cautivos) que los ayuntamientos, agrupados en consorcios si hace falta, saben manejar muy bien. «No se trata de demonizar el papel fundamental de la empresa privada en nuestra economía y sociedad, sino de entender que el agua es un derecho humano y un elemento esencial del medio ambiente», explican. Por eso es responsabilidad inalienable de la administración la prestación del servicio. Una gestión pública diferente a la que se ha producido frecuentemente (opaca, corporativa, a veces ineficiente). también se incide en la necesaria implantación de un nuevo modelo de gestión pública como viene definida en el Pacto Social por el Agua aprobado por el Parlamento de Andalucía (octubre de 2016) y por la Declaración de Cádiz sobre la gestión pública del agua (12 de noviembre de 2017).
Sin desconocer avances y puntos de interés, el borrador que conoce Ecologistas en Acción muestra un proyecto que parece diseñado, o que puede servir para consolidar, propiciar y facilitar la gestión privada de un servicio que debe de mantenerse en manos públicas.
Fuente: Ecologistas en Acción.
Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba)
