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  • El funcionariado interino de la Junta de Andalucía presenta 51.600 firmas solicitando la estabilidad del empleo público

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    -Más de 51.600 firmas para estabilizar a funcionarios interinos de la Junta por concurso de méritos

    -La situación afecta a 29.511 funcionarios interinos de Justicia, Educación y Administración General y a eventuales de Sanidad

    Funcionarios interinos de la Junta de Andalucía han presentado ante la Oficina del Censo Electoral un total de 51.630 firmas, lo cual garantiza que Iniciativa Legislativa Popular (ILP) llegue al Pleno del Parlamento andaluz para que se apruebe por Ley la convocatoria de una oferta pública de empleo extraordinaria para estabilizar a 29.511 empleados públicos en fraude de Ley exclusivamente mediante un concurso de méritos.

    La ILP, que fue admitida a trámite por la Junta Electoral el pasado 20 de septiembre, precisaba de un mínimo de 40.000 firmas para que el texto pasase al Parlamento andaluz para la toma en consideración de la Proposición de Ley. Con esta iniciativa se pretenden consolidar estas plazas, cuyas personas ocupantes hoy se encuentran “en fraude de ley” debido a la política de contratación del Gobierno andaluz, mediante una convocatoria pública de empleo que se tendría que publicar dentro de este año 2019.

    El portavoz la comisión promotora de esta ILP, David Núñez, acompañado de sus ocho delegados provinciales, ha agradecido a los andaluces el respaldo a esta petición, cuya recogida de firmas han realizado 153 fedatarios distribuidos por toda Andalucía. “Que permite llevar una situación injusta al Parlamento. Como corresponde a este apoyo masivo esperamos que tanto el Gobierno andaluz como los partidos con representación parlamentaria den su apoyo unánime”, ha aseverado.

    Núñez ha recordado que los funcionarios interinos aprobaron unas oposiciones, aunque sin plaza, como requisito para su nombramiento, por lo que defiende que ahora se utilice directamente el concurso de méritos para la adjudicarlas definitivamente. Esta vía está contemplada en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, como medida extraordinaria y siempre que se apruebe por ley.

    Dicha convocatoria sería libre, de forma que se pudieran presentar todas aquellas personas que hayan ocupado puestos de funcionario interino, aunque hayan sido cesadas.

    Respecto a las razones por las que los 29.511 puestos de trabajo están en fraude de Ley, ha señalado que se ha hecho una «utilización abusiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada» para cubrir plazas estructurales, que ha llevado a que “en muchos casos haya personas en puestos de funcionario interino durante 27 años”. Del total de plazas, 902 corresponden a la Administración General; 388 a Justicia; 9.603 son funcionarios interinos de Educación y 18.618 son eventuales estatutarios de Sanidad.

    Según el Tribunal Supremo (sentencia 3251/2018 de la Sala de lo Contencioso) supone un abuso en la contratación cubrir puestos estables y estructurales de forma provisional más de tres años. Precisamente en estos casos la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 contempla que se pueda acometer una estabilización.

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    El también secretario de AproVadA (Asociación de Profesionales Valoradores de la Dependencia en Andalucía) ha reclamado que se bloqueen estas plazas en las convocatorias de empleo público de 2019 a la espera del debate de la Proposición de Ley de esta Iniciativa Legislativa Popular, para evitar “despidos improcedentes de funcionarios interinos”, para lo que ha pedido el apoyo del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, con quien se reunió en enero.

     

    Tramitación

    Esta es la primera vez que una ILP plantea un concurso extraordinario de méritos para acceder al funcionariado, por lo que podría ser referente para el resto de comunidades autónomas.

    En cuanto al trámite, una vez que la Oficina del Censo Electoral realice el recuento oficial de las firmas, para lo que tiene hasta el 26 de junio de plazo, la Iniciativa pasará por el Consejo de Gobierno de la Junta para que le informe en el plazo de 15 días antes de remitirla al Parlamento para su tramitación.

    Núñez ha señalado que la Iniciativa Legislativa Popular no implica un aumento del gasto ni disminución de los ingresos en los Presupuestos de la Administración autonómica, por lo que se eliminaría la principal razón por la que el Consejo de Gobierno de la Junta podría oponerse a que llegue al debate en la Cámara autonómica.

    Tras el 26 de junio, la comisión promotora de la ILP mantendrá una ronda de reuniones con los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria con el fin de explicarles la situación de los funcionarios interinos en fraude de Ley, la proposición de ley en detalle y recabar el apoyo del conjunto de Grupos Parlamentarios para su aprobación.

    Desde que la Ley de Iniciativa Legislativa Popular en Andalucía entrara en vigor en 1988, en estos 21 años sólo 3 propuestas han sido admitidas a trámite por la Mesa del Parlamento, una de ellas ésta.

     
     
     
     
    Fuente e imagen: Sonia Rodríguez.

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