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El portavoz municipal de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, propone al Consistorio que se pronuncie contra la privatización del servicio público de Correos y apoye a los trabajadores “perseguidos” por ejercer su derecho a la huelga.
La grave situación laboral de la plantilla de la Empresa Municipal de la Vivienda y las molestias que sufren los vecinos de la calle Cineasta Francisco Elías y Cádiz Salvatierra también se abordarán en el plenario del lunes 28 de julio.
El grupo municipal de Izquierda Unida lleva al pleno que hoy se celebra el Ayuntamiento de Huelva una iniciativa en la que exige al alcalde, Pedro Rodríguez (Partido Popular) que realice labores de vigilancia en la barriada de Santa Lucía para evitar la proliferación de construcciones ilegales. En la moción, registrada por el portavoz municipal de IU, Pedro Jiménez, reclama al Ayuntamiento que proceda al derribo de las viviendas construidas ilegalmente o que están en proceso de construcción antes de que sean ocupadas ilegalmente, lo que pondría en peligro el plan social diseñado para el barrio y contribuye a su degradación.
Además de esta moción, Izquierda Unida defenderá la continuidad del servicio público de correos ante la pasividad del Gobierno y el empeño del PP en facilitar su privatización y pedirá que el pleno inste al Gobierno central a que ponga fin a la ofensiva penal contra el derecho a la huelga. Los ruidos e incomodidades que padecen los vecinos de la zona de la calle Cineasta Francisco Elías y trasera de la Plaza Cádiz Salvatierra a causa de las operaciones de carga y descarga de Hipercor y la situación que padecen los doce trabajadores y trabajadoras de la Empresa Municipal de la Vivienda también ocuparán el debate del último pleno veraniego a propuesta de Izquierda Unida.
La moción presentada por Izquierda Unida recuerda que en la barriada de Santa Lucía se está a la espera de la finalización de las obras de urbanización de las cien viviendas de la zona central de la calle Serenata y de que se adjudiquen las mismas a los vecinos y vecinas que tienen derecho al casa por casa. Izquierda Unida ha explicado que a pesar de que se lleve a cabo la entrega de estas viviendas seguirán estando pendientes de que se les conceda una, al amparo del derecho a la misma, otras 150 familias más de dicha barriada. La moción apunta que además de las que son beneficiarias del casa por casa, a otro número importante de familias les corresponderá una vivienda en régimen de alquiler social en compensación por la que actualmente tienen.
Izquierda Unida provocará también el análisis plenario sobre la situación laboral que padecen los doce trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda. Y además incluye una serie de preguntas sobre su funcionamiento y gestión para tratar de esclarecer los gastos en supuestos viajes ajenos al funcionamiento de la Empresa y el uso de fondos públicos para satisfacer comidas y hoteles realizados por concejales y cargos de confianza del Partido Popular que al parecer no se corresponden con actividades de la misma. El objetivo de la iniciativa es que el alcalde explique qué relación laboral mantienen en estos momentos los trabajadores de la EMV con la misma, en caso de que hayan sido despedidos si ha habido acuerdo entre las partes, cuándo se abonarán las indemnizaciones y a cuánto asciende el importe de las mismas.
El portavoz de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, incluye en el orden del día del Pleno una moción para que el Ayuntamiento analice lo que entiende como un “clima de persecución sindical que ha generado la Subdelegación del Gobierno de Huelva, con su titular, Enrique Pérez Viguera, al frente”. Jiménez argumenta para sostener su apreciación que en Huelva hay un total de once militantes de Izquierda Unida, pertenecientes al PCA y a la UJCE sobre los que pesan procedimientos penales, a los que hay que sumar tres militantes más que tienen abiertos procedimientos sancionadores de carácter administrativos. Entre ellos están el secretario provincial del PCA y responsable de la Convocatoria Social de IU, Daniel Hernando; y el secretario provincial de Organización de CCOO y militante de IU, José Manuel Valderas, sobre los que pesan dos procedimientos penales en los que se les reclaman el pago de 60.000 euros.
Izquierda Unida reclama en la moción que el Pleno municipal inste al Gobierno central a que garantice el pleno ejercicio de derechos constitucionales, como el derecho a la huelga de los trabajadores y trabajadoras, en toda su extensión.
Fuente e imagen: Izquierda Unida Huelva.
