La delegada territorial del ramo, Lourdes Martín, ha mantenido un encuentro con la entidad promotora, la Asociación Olontense Contra la Droga.
La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, apoya con 15.000 euros la puesta en marcha de un comedor social en Gibraleón, cuya finalidad es la de garantizar el acceso a este recurso a personas de la localidad con escasos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad.
La delegada territorial del ramo, Lourdes Martín, ha mantenido un encuentro con la entidad promotora de esta iniciativa, la Asociación Olontense contra la Droga, para darle a conocer la subvención de la administración autonómica, que forma parte de las medidas recogidas el nuevo Decreto-Ley de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, impulsado para paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro. Dicha actuación da continuidad a las medidas desarrolladas el año pasado en este mismo ámbito.
Uno de los tres pilares fundamentales del nuevo decreto es el Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria, que incluye una línea específica de ayudas destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro, organismos, asociaciones o colectivos que lleven a cabo proyectos referidos a la preparación y reparto de alimentos a familias necesitadas, reforzando así la red de solidaridad alimentaria creada ya con el anterior decreto en Huelva.
Además de a la Asociación Olontense contra la Droga, la Junta va a financiar a otras 11 entidades de Huelva por el desarrollo o la continuidad de proyectos de este mismo tipo en sus respectivas zonas de influencia, gracias a una inversión total de 250.000 euros. Éstas son la Asociación Nuestra Señora de Consolación de Cartaya; la Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (Fecons) de Lepe; la Federación Foro de Asociaciones de Almonaster la Real; la Fundación Santa María de Belén de Apoyo a la Infancia y la Juventud en la capital; la Asociación para la Prevención y Apoyo al Drogodependiente (Aspreato) y la Asociación Obra Social Virgen de las Angustias, ambas de Ayamonte; la Asociación de Padres para la Integración del Discapacitado (Acopidi) de Paterna del Campo; la Fundación Campo Baldío de Puebla de Guzmán; la Asociación Faro de Camarinas de Mazagón; la Asociación para la Solidaridad entre Senegaleses (Diappo) de Moguer, y la Asociación Resurrección de Punta Umbría. En todas se trata de servicios de elaboración y preparación de comidas para consumo inmediato de aquellas personas que soliciten ser usuarias por encontrarse en situación de especial necesidad, condición que debe ser previamente evaluada y autorizada por los servicios sociales comunitarios.
Otras acciones de garantía alimentaria
En esta línea de intervención del decreto también se enmarcan otras acciones como son el reparto de tres comidas diarias en los comedores escolares de los colegios de infantil y primaria con objeto de garantizar la ingesta calórica a los menores en riesgo de exclusión, así como la continuidad de esta medida en las escuelas de verano organizadas durante los meses de julio y agosto en las denominadas Zonas con Necesidades de Transformación Social. A ello se suman el Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación Activa, dirigido a que los usuarios disfruten de descuentos en los menús, y el catering a domicilio para los mayores con bajos recursos que no puedan acceder al servicio de comedor de estos centros. La partida consignada por la Junta para la implementación en la provincia onubense de todas las actuaciones del Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria es de cerca de 370.000 euros.
La inversión del Gobierno andaluz en este apartado se completa con otros 296.000 euros más para el Programa de Ayudas Económicas Familiares. Se incluyen aquí las prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a familias con vistas a la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Su objetivo es prevenir, reducir o suprimir los factores que generan situaciones de dificultad social en las familias.
Fuente e imagen: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva.
