La Mesa de la Ría ha instado a la Audiencia Nacional a que aumente el aval depositado por Fertiberria hasta los 2.546 millones de euros, y en caso de no cumplirse tal requerimiento, a que embargue bienes de dicha empresa por ese mismo importe.
Desde la Mesa de la Ría no se considera lógico que, tal y como consta en un informe elaborado por la propia Junta de Andalucía, el valor estimado del coste de la retirada de los fosfoyesos ascendería a 2.546 millones de euros mientras que el aval depositado por la empresa ante la Audiencia Nacional para responder de dicha restauración es de tan solo 21,9 millones.
También resulta del todo ilógico el hecho de que la propia empresa haya valorado su plan de tapado de las balsas con una capa de tierra en casi 80 millones de euros, y el aval ni siquiera garantice la cantidad que costaría el plan “chapucero e incompleto” propuesto por la empresa.
Todo lo anterior, unido a la reciente visita de unos supuestos empresarios rusos interesados en adquirir la factoría onubense, nos hace temer que se esté gestando un nuevo caso Nilefos, en la que la venta de las instalaciones a un “empresario de paja” eludiría la obligación de costear la reparación del daño causado al medio ambiente. Conviene recordar que con el traspaso de Rodhia a la empresa “fantasma” Nilefos, la primera evito acometer la descontaminación de los terrenos a los que le obliga la Ley.
Consideramos que detrás de estos movimientos societarios existen los suficientes interrogantes como para justificar la medida solicitada a la Audiencia Nacional, y de este modo, se garantizaría la restauración de la legalidad y de la marisma de Huelva sin importar quienes pudieran ser los futuros propietarios de la planta de Fertiberia en Huelva.
Fuente: Mesa de la Ría.
Imagen: José Carlos Sánchez (Multimagenestudio).
