La nueva norma andaluza que pretende estar operativa en seis meses facilitará las consultas a los vecinos y vecinas sobre temas y proyectos que afectan a su quehacer diario, como la aplicación de la ORA o zona azul, la privatización de servicios públicos como el agua, y la elaboración de presupuestos participativos en los ayuntamientos. Rebeca Martín destaca que Izquierda Unida ha recogido las aportaciones de decenas de asociaciones ciudadanas y centenares de personas en Huelva y provincia.
La responsable de Movimientos Sociales de Izquierda Unida de Huelva, Rebeca Martín, ha agradecido a los centenares de ciudadanos y decenas de colectivos de Huelva y provincia su participación y aportaciones al anteproyecto de Ley Andaluza de Participación Ciudadana presentado por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. Martín asegura que el objetivo de esta norma es conseguir que el “Gobierno sea útil a los ciudadanos”. Según Rebeca Martín, “se trata de una ley innovadora, un ejemplo de democracia real, que impulsará una nueva relación entre la ciudadanía y el Gobierno que la representa”. La innovación y utilidad que rezuma la norma es clara desde su gestación: Tanto el Gobierno andaluz como los ayuntamientos o los propios ciudadanos podrán impulsar consultas populares en lo referido a las competencias autonómicas y locales.
La Ley Andaluza de Participación Ciudadana que pretende estar operativa en seis meses se ha redactado con el objetivo de que la voluntad popular pueda expresarse más allá del sistema de partidos y, asegura la responsable de Izquierda Unida, “para que el pueblo organizado plante cara a quienes usurpan la toma de decisiones fundamentales sobre su vida: los mercados, la UE y la banca”. Con esta normativa, Izquierda Unida busca que la fijación de los temas que son objeto del debate político no sea monopolio de los partidos políticos y los medios de comunicación.
Rebeca Martín subraya que se tendrá en cuenta la opinión y el sentir de la ciudadanía a través de consultas y “una vez realizada la consulta (no vinculante) y si la propuesta sometida a votación resulta mayoritaria el gobierno tendrá, al menos, la obligación de motivar su rechazo”. Así, manifiesta Rebeca Martín, “no se podrá seguir haciendo oídos sordos a las demandas populares.
Entre las principales aportaciones del Anteproyecto de Ley destaca que los ciudadanos y ciudadanas tendrán regulado el derecho a la participación que recoge el Estatuto andaluz, la Constitución y las recomendaciones de las instituciones europeas. El derecho a participar se amplía a todos los vecinos y vecinas de Andalucía mayores de 16 años y la ciudadanía tendrá nuevas formas de participar en las decisiones del Gobierno, a través de los presupuestos participativos, de la presentación directa de propuestas e iniciativas y las consultas participativas.
Rebeca Martín subraya que utilizando la fórmula de los presupuestos participativos, “los ciudadanos podrán marcar prioridades de gasto” y añade que “con esta ley se podrán trasladar propuestas a los anteproyectos de ley, reglamentos o formular sugerencias de políticas públicas.
En lo que a Huelva capital y provincia se refiere, Rebeca Martín subraya la gran participación ciudadana y el interés público y vecinal que ha suscitado la norma. Ese interés queda plasmado en la decena de encuentros comarcales convocados para recoger ideas y sugerencias y en los que han colaborado asociaciones de todo tipo: culturales, de mujeres, deportivas, religiosas y patrimonio, entre otras. Un proyecto de consulta y participación al que han sido invitadas todas las asociaciones de voluntariado inscritas en el registro de la Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado. Un proceso que comenzó en octubre de 2012 con el Encuentro Provincial ‘Caminando hacia una democracia participativa’ celebrado en el Foro de La Rábida.
Fuente e imagen: IU Huelva.
