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  • Los abogados onubenses reclaman la suspensión inmediata de la aplicación del IVA al Turno de Oficio

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    • El decano del ICAH asegura que esta medida impuesta por el Ministerio de Hacienda “cuestiona y hace peligrar la Justicia Gratuita”
    • La Abogacía pondrá en marcha “todos los recursos legales, sociales y políticos para que se respeten los derechos de los ciudadanos y de los profesionales”

    El decano del Colegio de Abogados de Huelva (ICAH), Juan José Domínguez, alzó el pasado jueves 23 de febrero su voz en nombre del colectivo al que representa para reclamar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las suspensión inmediata de la aplicación del IVA al Turno de Oficio, un hecho “que pone en riesgo el sistema público vigente, burocratiza de manera importante la prestación del servicio por los abogados y hace peligrar una estructura organizativa que a día de hoy es ejemplar y única en Europa”.

    Domínguez, que estuvo acompañado por el vicedecano y el secretario del ICAH, Fernando Vergel y Antonio Pérez Pedraza, respectivamente, alertó de que la aplicación del IVA al Turno de Oficio impuesta ahora por el Gobierno central “cuestiona y hace peligrar la Justicia Gratuita como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que carecen de recursos para litigar”, por lo que ha calificado esta medida de “irrazonable”, ya que, incluso, “podría ser percibida como un trato vejatorio para el ciudadano”.

    El decano del ICAH recordó que, recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha impuesto un 21 por ciento de IVA a los servicios prestados por abogados en el sistema de asistencia jurídica gratuita en Bélgica, lo que ha llevado a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, “incluso en contra del criterio del propio Ministerio de Justicia”, a interpretar, a partir de esa sentencia, que el servicio que prestan los abogados del Turno de Oficio en España también está sujeto al IVA.

    En este sentido, Domínguez explicó que el sistema belga no tiene naturaleza pública y obligatoria, ya que está basado en un régimen de naturaleza distinta al modelo público español de Asistencia Jurídica Gratuita, por lo que “esta norma fiscal no debe ser aplicada en España”.

    El decano aseguró que el acceso universal a la Justicia es un “elemento esencial” del Estado de Derecho que “siempre debe ser protegido” y que en España tiene un carácter “público y obligatorio”. Por ello, dejó claro que la Abogacía tiene la obligación constitucional de garantizar la prestación continuada del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita a los ciudadanos que carecen de recursos, garantizando así el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad para todos. En Huelva, un total de 450 abogados están inscritos en el Turno de Oficio.

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    Juan José Domínguez explicó que este nuevo criterio interpretativo se aplica ya en España desde el pasado 26 de enero, “con una celeridad poco frecuente”, y obligando a los abogados a entregar una factura al beneficiario de la Justicia Gratuita, cuyo pago del IVA no efectuarán ni el beneficiario ni el abogado sino las Administraciones públicas competentes, tal y como se ha visto obligada a aclarar la propia Agencia Tributaria.

    “La medida no sólo aumenta profundamente la burocratización del servicio y el trabajo de quienes lo prestan, sino que supone un cargo extraordinario a las arcas de las Administraciones públicas de más de 50 millones de euros anuales, sin necesidad alguna y sin beneficio real para el ciudadano”, detalló Domínguez, quien ha dejado claro que la naturaleza pública y obligatoria de este servicio le hace no estar sujeto al IVA.

    El decano del ICAH aseguró que “por legalidad, estricta justicia, razonabilidad y eficiencia” debe suspenderse la aplicación de esta norma “de forma inmediata”, abordándose las reformas necesarias para garantizar la prestación de este servicio “no sólo con eficiencia y eficacia, como hasta ahora, sino con la dignidad que merecen quienes lo realizan cada día con compromiso y de forma ejemplar”.

    Domínguez anunció, por último, que la Abogacía pondrá en marcha “todos los recursos legales, sociales y políticos para que se respeten los derechos de los ciudadanos y de los profesionales”, ya que poniendo en peligro la prestación de la Justicia Gratuita, “afectamos la esencia de uno de los pilares del Estado de Derecho”.

     
     
    Fuente e imágenes: Ilustre Colegio de Abogados de Huelva / Gesto Comunicación.

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