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Ecologistas en Acción exige la rápida tramitación y aprobación del Plan del Litoral de Andalucía para evitar maniobras especulativas


– El Tribunal Supremo (TS) no ha admitido a trámite el recurso de la Junta de Andalucía contra la anulación del Plan de Protección del Corredor Litoral emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

-Ecologistas en Acción exige a la Junta de Andalucía que reaccione rápidamente, adoptando medidas cautelares para impedir operaciones especulativas mientras se tramita y aprueba de nuevo el Plan.

El TSJA anuló en 2017 este Plan por defectos de forma, no por invadir competencias municipales como esgrimieron muchos ayuntamientos, sino porque fue aprobado por el Gobierno andaluz en mayo del 2015, no teniendo competencia para hacerlo al estar en funciones. Ahora el TS ratifica dicha anulación al inadmitir el recurso de la Junta, por razones que parecen, cuanto menos, “extrañas y discutibles”, han calificado desde Ecologistas en Acción. Así, el TS esgrime que “la cuestión realmente controvertida versa sobre la interpretación y aplicación del derecho autonómico”, considerando que el máximo órgano judicial interpretativo es el TSJA. Parece como si que el TS no tuviera jurisprudencia en Andalucía.

Lo cierto es que este Plan está anulado, y que las zonas que protegía están ahora desprotegidas, quedando al albur de promotores urbanísticos y ayuntamientos su urbanización.  Ya el ayuntamiento de Barbate, que ha sido el que recurrió el Plan anulado, se ha felicitado con la anulación definitiva de este plan porque así “los municipios podrán volver a hacer uso del suelo afectado para el desarrollo urbanístico si así lo consideran oportuno”.

El objetivo central del Plan era garantizar la conservación de la franja comprendida en los primeros 500 metros de la costa, así como de todas aquellas zonas necesarias para asegurar las finalidades de protección. Este espacio, que ocupa un 9% de la superficie de Andalucía y acoge al 40% de su población, ha sufrido un grave e irreversible proceso de degradación. Aunque el objetivo que esgrimió la Junta de Andalucía era frenar el proceso galopante de urbanización del litoral, lo cierto es que llegó tarde – ya se encuentra urbanizado el 40% de esa franja litoral-, y de forma insuficiente, ya que respetó la mayor parte de los suelos declarados urbanizables, donde se pueden construir 143.000 viviendas, lo que es un auténtico disparate, pues en Andalucía hay un stock de 130.000 viviendas sin vender y otras 224.178 vacías.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, declaró en sede parlamentaria y en diferentes medios de comunicación que, caso de anularse definitivamente el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, se volvería a aprobar en esta legislatura, pues ha desaparecido la causa que motivó su anulación por el TSJA, que era actuar en funciones, estando el actual gobierno en plena capacidad para aprobarlo.

Es pues urgente que la Junta de Andalucía reaccione y proceda a aprobar un nuevo decreto, tal y como hizo en 2012, de medidas urgentes para garantizar la preservación de la franja costera y evitar su urbanización manteniendo la suspensión cautelar de proyectos urbanísticos en los suelos urbanizables y la prohibición de nuevas recalificaciones hasta la aprobación del nuevo Plan del Litoral, que necesariamente tiene que ser más ambicioso que el anulado.

Lo que ha sido un nuevo varapalo judicial para la Junta de Andalucía, tiene que convertirse en una oportunidad para garantizar la protección de la totalidad del litoral no urbanizado.

 

 

 

Fuente e imágenes: Ecologistas en Acción .

El Consejo de Ministros aprueba dos nuevos títulos de Formación Profesional

-Los dos nuevos títulos facilitan la empleabilidad de los alumnos en sectores en crecimiento.

-El número de títulos de Formación Profesional del sistema educativo español asciende ya a 163, incluidos los dos nuevos títulos.

-Los reales decretos tendrán impacto positivo sobre la infancia y la adolescencia, sobre la familia, y en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo,  aprobó el pasado 16 de febrero dos reales decretos por los que se establecen dos nuevos títulos de Formación Profesional de 2.000 horas, y se fijan los aspectos básicos de su currículo:

-Técnico profesional básico en acceso y conservación en instalaciones deportivas: título profesional básico de la Familia Profesional Actividades físicas y deportivas.

-Técnico en montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos: título de Grado Medio de las familias profesionales Transporte y Mantenimiento de Vehículos, y Fabricación Mecánica.

El artículo 39.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, atribuye al Gobierno la función de establecer las titulaciones de formación profesional y los aspectos básicos de su currículo, previa consulta a las Comunidades Autónomas. Por ello, ambos proyectos de Real Decreto fueron elaborados en el seno de un grupo de trabajo con representantes de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y expertos educativos.

Se han recabado los informes del Consejo General de la Formación Profesional, que reúne agrupaciones empresariales, agentes sociales y Administraciones educativas y laborales, de la Comisión de Formación Profesional de la Conferencia de Educación, en la que participan todas las Comunidades Autónomas, y del Consejo Escolar del Estado, como órgano consultivo de participación de la comunidad educativa.

Los reales decretos determinan, para cada título, su identificación, su perfil y entorno profesional, la prospectiva del título en el sector, las enseñanzas del ciclo formativo, la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención, y los parámetros básicos de contexto formativo.

En cada título se determinan los accesos a otros estudios, las convalidaciones, exenciones y equivalencias, y cuando proceda la información sobre los requisitos necesarios para el ejercicio profesional, según la legislación vigente.

 

Título profesional básico en acceso y conservación en instalaciones deportivas

La consolidación de la actividad físico-deportiva en los ámbitos profesional, cultural, del ocio y de la educación ha generado una demanda creciente en estos servicios y la proliferación de instalaciones deportivas, que se han cuadriplicado en los últimos 30 años. El funcionamiento y organización de los servicios requiere de profesionales con formación técnica especializada.

La diversidad de actividades deportivas y de usuarios de las instalaciones, la necesidad de dar cobertura a horarios de utilización cada vez más amplios, y los requerimientos de la normativa actual, exigen perfiles profesionales técnicos que puedan organizar adecuadamente espacios, recursos y actividades para dar satisfacción a los nuevos hábitos físicos deportivos, a las necesidades del sector, y a las exigencias de calidad y accesibilidad.

El título profesional básico en acceso y conservación en instalaciones deportivas prepara al alumno para realizar tareas relacionadas con operaciones auxiliares en el control de acceso, circulación y asistencia a los usuarios de la instalación deportiva, apoyo a la organización de actividades físico deportivas, prevención para la mejora de la seguridad dentro del recinto, y reposición y reparación de averías de nivel básico.

 

Técnico en montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos

El auge del turismo y el desarrollo económico mundial han incrementado la demanda de aviones más eficientes, seguros y que permitan una movilidad sostenible y el ahorro energético. La industria aeroespacial española es un sector puntero, generador de riqueza y alto valor añadido, que ha llevado a España al liderazgo mundial en desarrollo y fabricación de aeroestructuras y componentes en materiales compuestos.

El sector requiere de un perfil profesional cualificado y polivalente, competente no sólo en los aspectos técnicos que el trabajo requiere sino también con capacidad para asegurar la calidad y la protección del medioambiente, para innovar y para trabajar en equipos internacionales multidisciplinares.

 

Impactos

Los impactos sobre la infancia y la adolescencia y sobre la familia son positivos para ambos títulos, dado que los alumnos tendrán por regla general entre 16 y 18 años en el título de Grado Medio, y entre 15 y 17 años en el título profesional básico, y que al finalizar obtendrán un título que les facilitará un puesto de trabajo en sectores en crecimiento.

También es positivo el impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, pues se establece la necesaria inclusión en el currículo de elementos para la formación en “diseño para todas las personas”, así como la obligación para las Administraciones educativas de garantizar la accesibilidad al ciclo formativo de las personas con discapacidad.

Con los dos nuevos títulos, el sistema educativo cuenta ya con 163 títulos de Formación Profesional.

El número de alumnos matriculados en ciclos de Formación Profesional ha pasado de 454.053 en el curso 2005-2006 a los 810.621 alumnos del curso 2017-2018, un 78% más. De ellos, 24.000 realizan sus estudios en formato dual, que asegura al menos un 33% de formación en el centro de trabajo, y en general todos los alumnos de FP realizan un mínimo de un 20% de formación en el centro de trabajo.

 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Imagen: Pixabay.

Los empresarios de la FOE exigen al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía obras imprescindibles para el desarrollo provincial 

Imagen de las obras del desdoble de la N-435, que actualmente ejecuta el Ministerio de Fomento en Huelva.

  • La Junta Directiva de la Organización aprueba un documento de prioridades

Los empresarios ya han ‘tocado fondo’ con el tema de las infraestructuras como se ponía de manifiesto en la última junta directiva de la FOE donde se aprobaba un documento de prioridades que se les hará llegar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, en función de las competencias que cada Administración tiene atribuidas sobre aquellas.

“La paciencia con la que se ha estado abordando el déficit de la obra pública en nuestra provincia -acudiendo a todos los foros constituidos o promoviendo manifiestos que se quedaron sobre el papel- ha llegado a su fin en la FOE”, han apuntado desde esta organización empresarial;  pasándose a una actitud mucho más dinámica e independiente ya que están en juego importantes inversiones económicas que darían al traste si no se avanza en proyectos de los que se viene hablando desde hace décadas.

En ese escenario de profunda preocupación, los empresarios aprobaban un informe donde se plasmaban las necesidades de Huelva, priorizando en un principio en aquellas inversiones que se consideran elementales de base. Así, en materia de ferrocarril, se hace alusión a la mejora del trazado Huelva-Sevilla adaptándolo a la Alta Velocidad; la modernización de la línea Huelva-Zafra; y la ampliación de horarios en los trenes con destino Huelva-Madrid y Madrid-Huelva. Sobre carreteras, se apunta al desdoble de la N435 y la conexión de esa carretera con la Ruta de la Plata; los accesos de la A49 con la costa; el desarrollo del Area Metropolitana de Huelva; y la conexión del Parque Científico y Tecnológico de Aljaraque con la A49. En cuanto a infraestructuras hidráulicas, el catálogo se amplia con la construcción de la presa de Alcolea y el Canal de Trigueros, junto a las necesidades de canalización del embalse del Andévalo, en tanto que las necesidades energéticas están relacionadas con las redes de distribución eléctrica para complementar el mallado provincial y las de gas natural licuado, también con escasa presencia en el territorio onubense.

Especial interés tiene para la FOE la intervención en el dragado de la Ría donde no sólo es imprescindible para el futuro del Puerto mantener su calado sino ampliarlo para facilitar el acceso a buques de gran tonelaje.

Por su incidencia en el sector turístico, se demanda a la Administración central agilizar la tramitación administrativa del Aeropuerto ‘Cristóbal Colón’ a fin de ponerlo en marcha en el menor tiempo posible y un plan de regeneración del litoral a largo y medio plazo que acabe con su degradación actual.

A tenor de todo ello, la FOE concluye que “la provincia de Huelva es altamente deficitaria en infraestructuras de todo tipo y que al ritmo de inversión que se están acometiendo nos será muy difícil converger en igualdad de oportunidades que el resto de provincias españolas y andaluzas”.

Y es que, como recoge el documento, una de las herramientas más importantes para alcanzar el crecimiento económico y social equilibrado pasa por contar con una moderna y eficaz red de infraestructuras que permita vertebrar el territorio potenciando el grado de integración del tejido productivo, a la vez que favorece la relación con los principales mercados de consumo.

 

Cartas al ministro de Fomento y a la presidenta de la Junta de Andalucía

Así las cosas, tras finalizar esta reunión, del sentir que se ha vivido en la misma se daba traslado al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con sendos escritos donde se les ha solicitado un encuentro para abordar en profundidad el análisis empresarial que se le avanza en los mismos.

Un análisis en el que se pone de manifiesto que “la provincia de Huelva genera una capacidad productiva merced a la actividad generada por distintos sectores económicos, los cuales están posicionándola en los primeros puestos a nivel nacional e internacional. Buenos ejemplos de ello son la industria química, básica y energética; la minería, actividad milenaria en esta provincia que resurge con liderazgo mundial, o la fuerza tractora del sector agroalimentario y su industria asociada, además de otros sectores pujantes, como puede ser un turismo diversificado de calidad y la condición de ser puerta de entrada a Europa o de salida al resto del mundo a través de nuestro Puerto”.

“Todo este esfuerzo -expone la FOE en dichas misivas- que básicamente viene de la mano de la iniciativa privada, ha permitido generar un volumen de riqueza y empleo del que se beneficia el conjunto de nuestro país. Esta ha sido nuestra responsabilidad: hacer todo cuanto hemos sido capaces para no perder las oportunidades que nuestra posición estratégica nos ha permitido y contribuir así a incrementar el PIB de España y de Andalucía”.

“Sin embargo -se advierte desde la FOE- tenemos serias dudas de la continuidad y viabilidad de estas potencialidades si no contamos con la debida y merecida inversión”, de ahí que se haya exigido tanto al ministro como a la presidenta andaluza -cada uno en la competencia que tiene atribuida- “una apuesta decidida con nuestra provincia para el desarrollo de infraestructuras de comunicación que permitan reducir el déficit de competitividad y en algunos casos de aislamiento o bloqueo que padecemos”.

Toda vez que se produzcan las reuniones solicitadas, del resultado de las mismas dependerán las acciones que desde la FOE no se duda emprender en defensa de la actividad económica de la provincia, de la que depende miles de puestos de trabajo cuya continuidad está en juego y esa responsabilidad exigirá una respuesta a la altura de las circunstancias.

 

 

 

Fuente: FOE.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba).

 

El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo

-Dolors Montserrat: “Avanzamos en la protección de la salud de los fumadores y de los fumadores pasivos”; “Al equiparar ciertas restricciones entre los productos de tabaco, ya contempladas en la ley vigente, con los cigarrillos electrónicos y envases de recarga, y al aplicar criterios similares en la comercialización de estos productos, vamos a mejorar la protección de la salud, principalmente a los jóvenes”

-Este Real Decreto-Ley introduce, entre las novedades principales, las limitaciones a la venta a distancia de los dispositivos susceptibles de liberar nicotina (cigarros electrónicos y envases de recarga), y equipara la publicidad, la promoción y el patrocinio de estos dispositivos a las de los productos del tabaco.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, el Real Decreto-ley por el que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, para transponer la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014.

Este Real Decreto-Ley es un paso más hacia la culminación de la trasposición de la normativa europea de tabaco, la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, con el objetivo de “avanzar en la protección de la salud de los fumadores de tabaco y productos relacionados e, indirectamente, de los fumadores pasivos”.

Las principales novedades que introduce este Real Decreto-Ley son las limitaciones a la venta a distancia de los dispositivos susceptibles de liberar nicotina, como son los cigarros electrónicos, y envases de recarga. Además, se equipara la publicidad, la promoción y el patrocinio de estos dispositivos a las de los productos del tabaco.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha recordado que nuestra Ley prohíbe la venta a distancia transfronteriza para productos de tabaco y ahora con este Real Decreto Ley se incluye la prohibición de la venta a distancia transfronteriza también para dispositivos susceptibles de liberación de nicotina (cigarrillos electrónicos y envases de recarga). “Esto supone aplicar criterios similares en la comercialización de productos de tabaco y de dispositivos susceptivos de liberación de nicotina, por la especial atención a la protección de la salud que pretendemos dar a determinados grupos de población, principalmente jóvenes”.

Asimismo, se recoge el régimen de infracciones con el fin de contemplar los incumplimientos a las nuevas obligaciones que se introducen con este Real Decreto-Ley y con el Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados, que fue aprobado en junio.

Esta trasposición de la normativa europea ya se incorporó en su mayor parte (al 95%) al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados.

La culminación de la trasposición requiere que las modificaciones introducidas temporalmente por este Real Decreto-Ley se hagan con rango de Ley, que es el objetivo final del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

 

 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Imágenes: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba) /Pixabay.

El Gobierno central aprueba el nuevo bono social y diversas medidas de protección para los consumidores

-Se pone en marcha un nuevo bono social basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan

-El descuento en la factura eléctrica será del 25% para los consumidores vulnerables, del 40% para los vulnerables severos y del 50% si además están siendo atendidos por los servicios sociales

-Se regula un mecanismo para evitar los cortes de suministro en el caso de los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social

-Quienes ya disponen del bono social lo podrán mantener durante los próximos seis meses sin necesidad de renovarlo 

El Gobierno ha aprobado hoy un Real Decreto que regula la aplicación del bono social de electricidad para los consumidores vulnerables. De esta forma, una vez publicado en el BOE y aprobada la Orden Ministerial que desarrolla el mecanismo de solicitud del bono, aquellos consumidores que cumplan con los requisitos establecidos podrán solicitarlo de manera inmediata. El bono social es un descuento en la factura eléctrica al que pueden acogerse los consumidores domésticos según su nivel de renta y determinadas circunstancias personales.

Descuentos y consumidores que pueden acogerse al bono social.

1) Los consumidores serán considerados como vulnerables y tendrán un 25% de descuento en su factura si cumplen los siguientes requisitos:

‐ La renta anual de la unidad familiar sea inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. El umbral se incrementará para el caso de personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo.

‐ Los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables.

2) Se amplía el descuento hasta el 40% para los consumidores vulnerables severos, que serán aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables. Se establecen además unos límites máximos de consumo eléctrico a los que será aplicable el descuento del bono social con la finalidad de asegurar la eficiencia en el consumo energético.

Financiación del bono social por las compañías eléctricas

Se regula la obligación a las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) de financiar el bono social, en función de su cuota de clientes.  De esta forma, se mantiene el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por las empresas comercializadoras como un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o los Presupuestos Generales del Estado.

Medidas para reforzar la protección del consumidor en la comercialización y ante los cortes de suministro.

– Las comercializadoras estarán obligadas a comunicar los impagos en un plazo máximo de dos meses, para evitar que se acumulen retrasos que no sean detectados por los consumidores.

– Las compañías eléctricas deberán informar expresamente al consumidor que decidiera contratar en el mercado libre, de que está renunciando a su derecho a percibir el bono social.

– En el caso de los consumidores vulnerables, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro, una vez que se ha producido el impago. Así será posible actuar con mayor eficacia en la detección de los casos donde deban adoptarse medidas de política social para atender a los hogares en peor situación.

– Además, en caso de impago, las compañías eléctricas deberán informar a los consumidores de la posibilidad de acogerse al bono social, sin asumir costes por el cambio de contrato, de forma que la aplicación del mismo pueda ser una primera medida para recuperar la normalidad de los pagos.

– Se regula además un mecanismo para evitar los cortes de suministro en los casos con mayor riesgo social. Aquellos consumidores vulnerables severos que estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local que financie al menos el 50 por ciento del importe de su factura, debido a su especial protección, serán considerados como consumidores en riesgo de exclusión social. Para este colectivo, las comercializadoras de electricidad deberán asumir el resto de la factura y no podrá, por tanto, procederse al corte de suministro en caso de impago. En estos casos, se establece un mecanismo para que las comercializadoras de electricidad realicen una aportación financiera adicional a la hora de evitar cortes de suministro.

Solicitud y renovación del bono social

Aquellos consumidores que actualmente ya disponen del bono social lo podrán mantener durante seis meses sin necesidad de renovación, disfrutando así de un descuento en su factura durante todo el período invernal.

Los consumidores podrán presentar su solicitud para acogerse al bono social y la documentación acreditativa por diversos medios: por teléfono, en la web de la empresa comercializadora; en las oficinas de la empresa; por fax, por correo postal o por e-mail a la dirección que señale el comercializador. Para agilizar la comprobación de los requisitos de renta, se dispondrá próximamente de una aplicación informática para verificar la información disponible en la Agencia Tributaria.

 

 

Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Imágenes: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba)

El Ayuntamiento de Huelva cataloga el edificio de la farmacia de la calle Concepción para exigir la conservación de su fachada

  • Con la aprobación inicial del procedimiento por parte de la Junta de Gobierno municipal quedan en suspenso las licencias para intervenir en el edificio.
  • Hasta que no se estabilice la fachada no se podrá proceder al derribo parcial del inmueble

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva aprobó en la jornada de ayer inicialmente la catalogación del edificio de la antigua farmacia y laboratorio de la calle Concepción para que se mantenga íntegramente la fachada de este inmueble que data de 1857.

Como ha señalado el concejal de Urbanismo y Patrimonio Municipal, Manuel Gómez Márquez, “aunque este edificio fue declarado en ruina urbanística por el Ayuntamiento hace ya siete años y, a cuentas de un pulso judicial con el inquilino, ha llegado a un estado de grave deterioro, consideramos que es necesario conservar los elementos singulares que aún se pueden salvar. Por eso hemos dado un paso más y, en la línea que ya anunciamos, vamos a obligar al mantenimiento de la fachada, contando a tal efecto con el instrumento jurídico de la inclusión de este edificio, el 4-D de la calle Concepción, en el Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios Urbanos de Valores Singulares del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Huelva”.

En esta línea, Gómez Márquez ha incidido en que, si bien “anteriormente no se consideró de interés esta fachada del siglo XIX y sus característicos azulejos, no estamos dispuestos a perder más señas de identidad de la Huelva antigua, rincones que aunque no destaquen especialmente por su valor arquitectónico sí son una referencia de nuestro pasado y forman parte del patrimonio sentimental de la ciudad”.

Así pues, con esta inscripción, el edificio quedará catalogado con grado P3, protección limitada a la configuración exterior o fachada.

Teniendo en cuenta el estado de ruina del inmueble, en aras de dar prioridad en todo caso a la seguridad de las personas y los bienes, en este expediente se prima la ejecución de todas las medidas que sean necesarias para estabilizar el edificio hasta que se produzca su demolición parcial acorde con la protección iniciada y en relación con el mantenimiento en pie de la fachada con los medios adecuados durante el tiempo que medie hasta la construcción de la nueva edificación.

La aprobación inicial que tuvo lugar en la jornada de ayer en la Junta de Gobierno es el pistoletazo de salida a un procedimiento que aún tiene que someterse a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de un mes y aprobarse definitivamente en el Pleno del Ayuntamiento, previa luz verde de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Sin embargo, el inicio del procedimiento ya implica la suspensión de las licencias para la demolición del inmueble. “Hasta que no se adopten las medidas para proteger la fachada y los azulejos no podremos autorizar el derribo del interior del edificio”, ha concluido el concejal.

Como medidas preventivas de seguridad, a instancias del Ayuntamiento, ya se procedió el mes pasado a limitar el acceso con un vallado de obra, se colocó un paso protegido para acceder a la farmacia, se apuntalaron huecos y forjados y se instaló en la fachada del inmueble una malla retenedora.

Fuente e imagen: Ayuntamiento de Huelva.

El Consejo de Ministros acuerda destinar 321,61 millones de euros a ayudas estatales a la vivienda durante el año 2017

Imagen de viviendas en la ciudad de Huelva.

 – El Consejo de Ministros ha aprobado aportar 321,61 millones de euros en ayudas a la vivienda para la prórroga del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 durante el año 2017

– Estas ayudas se destinarán al fomento del alquiler de viviendas y a la rehabilitación y renovación de viviendas y barrios

El Consejo de Ministros aprobó el pasado jueves el Acuerdo por el que se establecen las cuantías máximas de las ayudas estatales para las subvenciones de la prórroga durante al año 2017 del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016.

En concreto, ha aprobado destinar 321,61 millones de euros para ayudas estatales al alquiler de viviendas y a la rehabilitación y renovación de viviendas y barrios. El mismo importe que para el mismo objeto se destinó en el año 2016.

En este sentido se prevé que dicha inversión posibilite la concesión de más de 100.000 ayudas al alquiler y la rehabilitación o renovación de aproximadamente 35.000 viviendas. Ello supondrá la generación de aproximadamente 12.700 puestos de trabajo. A estas ayudas hay que sumar 140 millones de euros que aportará el Ministerio de Fomento durante el ejercicio 2017 para las ayudas de subsidiación de préstamos vinculados a la vivienda. De estas ayudas se beneficiarán 140.000 familias.

Fuente: Ministerio de Fomento /Subdelegación del Gobierno en Huelva.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba).

La entidad urbanística de conservación del Parque Huelva Empresarial aprueba para 2017 un presupuesto de 224.566 €

  • Este mes ya estará lista la Hoja de Ruta del parque tras haber culminado el Ayuntamiento la ronda de contactos para crear alianzas que atraigan inversiones

El Parque Huelva Empresarial contará este año 2017 con un presupuesto que asciende a un total de 224.596 €, tras su reciente aprobación por parte de la Entidad Urbanística de Conservación y por unanimidad en la Junta de Gobierno celebrada para ello, con lo que se garantiza la total continuidad de la prestación de los servicios de la EUC en este importante espacio industrial de la capital onubense.

En este marco, el Ayuntamiento de Huelva asume la prestación en el parque de los servicios obligatorios que corren a cargo de la administración, como son el abastecimiento de aguas y el coste del suministro eléctrico, así como las labores de vigilancia y policía, participando también en la Entidad de Conservación como propietario de parcelas.

Además, tal como ha destacado el concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Proyectos, Jesús Manuel Bueno, “este mes de enero está prevista la Hoja de Ruta que determinará el futuro del parque tras haber culminado el Consistorio la ronda de contactos para crear alianzas que atraigan inversores”.

Así, en breve “contaremos con un plan de acción y un calendario destinado a poner en valor el PHE atrayendo nuevas actividades, ya sean agroindustriales, logísticas, comerciales, científico-tecnológicas o deportivas, captando operadores que dinamicen el parque, grandes empresas tractoras y buscando también financiación europea”.

Para Bueno, la puesta en común con distintas entidades como el Puerto de Huelva, la Universidad, la Federación Onubense de Empresarios y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Huelva, así como con otras instituciones públicas y privadas ha permitido poder marcar los pilares básicos de esta Hoja de Ruta, así como poder contar con la información base, las necesidades y requerimientos de estos agentes socioeconómicos para el Parque.

En este sentido, durante los últimos meses se ha venido realizando un Mapa de Capacidades y Análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que va a permitir poner en valor el potencial de todo este espacio y determinar su área de influencia, así como los posibles nichos y huecos de mercado.

Por otra parte, hay que destacar que para impulsar la reactivación empresarial en el Parque, el Consistorio cuenta con bonificaciones fiscales de las que pueden beneficiarse todas aquellas empresas que lleven a cabo su actividad de negocio en este espacio.

Entre ellas, destaca la bonificación del 50% de la cuota correspondiente a quienes impulsen aquí cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal; o del 40% de la cuota del ICIO.

Fuente e imagen: Ayuntamiento de Huelva.

Aprobada una moción de Izquierda Unida para garantizar rampas de varado públicas en El Rompido

Imagen de un embarcadero en El Rompido.

El Ayuntamiento de Cartaya ha aprobado una moción de IU para reclamar a la Agencia Pública de Puertos (APPA) que garantice el uso público de las rampas de varado de La Barreta (Club Náutico Río Piedras) y Puerto Pesquero de El Rompido (Broker Servicios Náuticos S.L.).

En el debate de la moción, IU defendió que “la náutica no es deporte exótico ni lujo para poblaciones costeras como El Rompido, sino parte fundamental de su identidad y su patrimonio cultural. El río no es para los rompieros sólo espacio de recreo, sino forma de vida, y no debemos permitir que lo conviertan definitivamente en parque acuático para ricos. Ese tipo de desarrollo amenaza la idiosincrasia del lugar y su paisaje, valores que son precisamente los que atraen a los visitantes”.

En El Rompido, el agresivo modelo turístico de golf y deportes náuticos ha generado más crecimiento que desarrollo social, más explotación que sostenibilidad, más capital privado que reparto de la riqueza, menos inversión pública y más privatización.

El paraje natural, a manos de grandes cadenas hoteleras, acoge guetos turísticos del todo incluido que se aíslan de la comunidad mientras se escaquean fiscalmente. La ría, a manos de clubs náuticos, aspira a convertirse en un vulgar parque acuático reservado a quien pueda permitírselo.

Estas políticas expansivas basadas en la especulación urbanística y la privatización han multiplicado el número de embarcaciones de alta cilindrada en la ría, que ya superan las 2000. La población local y sus tradiciones, cada vez más arrinconados, sólo son objeto de políticas de apaciguamiento y control.

Es el caso de los amarraíllos históricos, que hubieran sido eliminados si la población local no lo hubiera impedido con sus movilizaciones, que se tradujeron en una moción de IU unánimemente aprobada por la Corporación municipal. El acuerdo forzó a la Agencia Pública de Puertos a desistir de su intento de echar a las pateras tradicionales de la ría, pero, tras más de un año de lucha, aún no se ha cumplido el compromiso de regularización formal.

Este tipo de políticas náuticas expansivas e insensibles producen irreparables pérdidas a nivel medioambiental y etnográfico, amenazando cientos de especies protegidas y condenando a la desaparición al patrimonio etnográfico local.

IU, con los vecinos, ha logrado que el Ayuntamiento reclame a la Junta de Andalucía que garantice el uso y acceso público a rampas de varado en El Rompido.

Fuente e imagen; IU Huelva.

El Consejo Social aprueba las cuentas anuales de la Universidad de Huelva

Imagen del Pleno del Consejo Social de la UHU.

  • La Universidad de Huelva reduce el déficit en línea con los compromisos del Plan de Reequilibrio Económico-Financiero 2014-2017.

El Pleno del Consejo Social aprobó las cuentas correspondientes al ejercicio 2015. Es destacable la reducción del déficit de tesorería genérico en más de un 50% durante el ejercicio, siendo también reseñable el incremento de la financiación como resultado de mayores transferencias por parte de la Junta de Andalucía, tanto para operaciones corrientes como de capital.

El informe de auditoría refleja que se ha mantenido el esfuerzo inversor en activos fijos, entre otros con la terminación del nuevo maxi-aulario.

Por último, se han aprobado las Tasas correspondientes a Actividades Deportivas y las del Servicio de Lenguas Modernas para el curso académico 2016-2017. Así mismo, se aprobó el catálogo de másters de la Universidad de Huelva para el próximo curso académico.

Fuente e imagen: UHU.