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Agentes de Medio Ambiente se movilizan para reclamar unas condiciones laborales dignas

Los sindicatos CSIF, CCOO, ISA, SAF y UGT, junto a la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (AAMAA), se han movilizado esta mañana en la Delegación Territorial de Medio Ambiente para reclamar soluciones a “los graves y acuciantes problemas asociados a la participación del colectivo de Agentes de Medio Ambiente en el dispositivo INFOCA en la provincia”. Alrededor de medio centenar de personas ha participado en la protesta convocada por las organizaciones sindicales ante “la situación límite” que se ha alcanzado poniendo en riesgo la seguridad y salud de los agentes, que se agrava con la participación en intervenciones de riesgo asociadas a las labores de extinción de incendios forestales. Estos problemas -aseguran- se derivan del “histórico abandono” al que está sometido el colectivo y se plasman, entre otros, en su participación en el Plan INFOCA.

En este sentido, las organizaciones sindicales denuncian el lamentable estado de la flota de vehículos que presenta graves carencias por la falta de mantenimiento y el elevado kilometraje. Algunos de estos coches tienen más de 15 años y 400.000 kilómetros. “Esta situación pone en peligro al personal tanto en su trabajo diario como en la intervención en las emergencias por incendios forestales”, han destacado desde CSIF.

Por otra parte, los convocantes de la protesta han alertado de la “alarmante reducción de la plantilla” y el envejecimiento asociado por falta de reposición. Los más de 60 puestos perdidos en la provincia de Huelva en los últimos 25 años -afirman- no se solucionan con cinco plazas en las ofertas públicas de empleo. Abogan, además, por realizar un llamamiento urgente de interinos dada la escasez de personal debido a las jubilaciones de los últimos años que han tenido hasta ahora una tasa de reposición real del 0%, así como para atender el envejecimiento paulatino de la plantilla.

Otra de las reivindicaciones del colectivo es la falta de aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales, la dotación de Equipos de Protección Individual (EPIs) en todas sus funciones y regular las excesivas jornadas laborales que se realizan durante la adscripción al plan INFOCA limitando el máximo de horas a realizar dado el especial trabajo que realizan (en ocasiones, se han superado las veinte horas sin descanso). El objetivo es garantizar la seguridad de los agentes y de los ciudadanos.

Igualmente, “resulta imprescindible abordar la negociación de unas retribuciones justas y acordes con la responsabilidad asumida por este personal en las tareas de extinción de incendios forestales”.

Finalmente, las organizaciones convocantes aseguran que emprenderán “todas las medidas de presión que sean necesarias para hacer que la Consejería de Medio Ambiente aborde de forma decidida y negociada con los representantes legales de los trabajadores las medidas necesarias para solucionar estas cuestiones que tanta relevancia tienen en la seguridad y salud del personal”.

 

 

Fuente e imagen: CSIF Huelva.

CSIF denuncia la sobreocupación del Centro de Protección de Menores

-La ratio establece un límite de 24 menores en este centro. Actualmente hay 46, casi el doble de lo estipulado en la normativa. La plantilla se mantiene igual a pesar del aumento, lo que está derivando en problemas de asistencia

-CSIF destaca los problemas con el idioma ante la falta de traductores y el aumento de las agresiones verbales y físicas

El sindicato CSIF ha denunciado la sobreocupación del Centro de Protección de Menores Juan Ramón Jiménez de Huelva que, a día de hoy, está al 190% de su capacidad con un total de 37menores sobrepasando en 12 las plazas límite que establece la normativa. La ratio se sitúa en un máximo de 24 menores en este centro por lo que, ante este incremento, se están produciendo numerosos problemas de atención a los menores por la saturación de trabajo ya que la plantilla se mantiene igual, con un total de 55 trabajadores incluyendo todas las funciones del centro.

Esta sobrecarga está agravando los problemas de convivencia dándose situaciones de tensión e incluso agresiones verbales y físicas a los trabajadores del centro que se ven desbordados por la falta de ayuda, medios técnicos y recursos humanos además de la ausencia de asistencia jurídica por parte de la Administración. Esta problemática, que se deriva de la relación de agresor y agredido, se acentúa por la ausencia de centros específicos donde poder derivar a estos menores para trabajar la conducta o, en algunos casos, tratar los casos de drogadicción.

Por otra parte, ante la falta de traductores, CSIF alerta de que “con algunos menores es imposible poder comunicarse porque sólo hablan sus idiomas nativos, sobre todo los que proceden de África”. Además, se hace necesario un protocolo de salud a través del cual el menor reciba asistencia médica antes de su ingreso en el centro, incluyendo analíticas específicas que permitan evaluar su salud de forma precoz y preventiva y, por otra parte, realizar la prueba ósea para poder determinar la edad en aquellos casos que sea necesario.

Esta falta de información de los menores “dificulta enormemente el trato y la convivencia con ellos a lo que se suma, por otra parte, la escasez de personal y de recursos por el abandono de la Junta de Andalucía”, lamenta la central sindical. Todos estos condicionantes suponen además un riesgo añadido en el Centro de Protección de Menores, una peligrosidad que no es reconocida por la Administración. “La atención a los menores se ha convertido en una labor de asistencialismo, control y vigilancia, mezclando los programas de Acogida Inmediata y Residencial Básico, así como los tramos de edad en un mismo centro distorsionando de esta forma la labor socioeducativa”, explica CSIF.

Campaña de CSIF

En este contexto, la central sindical ha recordado que en octubre de 2017 inició la campaña de acción sindical Por una intervención psicosocial, Educativa e Integradora en los Centros de Protección de Menores con el objetivo de “restablecer la intervención psicosocial y educativa recuperando un entorno normalizador e integrador y defender al colectivo de trabajadores, su dignidad profesional y sus derechos laborales. También se piden modificaciones en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de los centros para adecuar las plantillas a las necesidades reales de personal contemplando, entre otras cuestiones, la figura de un intérprete.

Finalmente, ante la situación de emergencia que se está viviendo en estos momentos, y que previsiblemente se mantendrá durante todo el periodo estival, CSIF pide a la Administración un plan de choque en los centros dotándolos de más personal mientras se mantengan los altos índices de ocupación. Asimismo, la central sindical indica que “ciertamente están obligados a acoger a los menores pero para este sindicato no vale todo, puesto que defendemos que la dignidad laboral no pasa por las situaciones de estrés y ansiedad por la que estos trabajadores están pasando y que, junto a la falta de medios, impide prestar una atención adecuada a los menores”.

 

 

 

Fuente e imagen: CSIF Huelva.

CSIF exige más personal en Huelva para afrontar unas tasas de litigiosidad que están por encima de la media nacional

  • Esta situación provoca “la desatención de los órganos judiciales y del ciudadano y la sobrecarga de trabajo de las escuetas plantillas de la Administración”

El sindicato CSIF se ha concentrado hoy en el Palacio de Justicia de Huelva dando continuidad al calendario de movilizaciones que inició el sindicato el pasado 28 de mayo en todas las provincias andaluzas exigiendo a la Administración que “no ignore a los funcionarios de Justicia”. La central sindical acusa a la Junta de Andalucía de “parálisis y abandono” lo que está agravando los problemas que este servicio público mantiene desde hace años.

CSIF ha denunciado en la concentración las “lamentables condiciones laborales” de los empleados públicos y la “alarmante falta de recursos, medios, personal e inversiones” a pesar de tener unas tasas de litigiosidad y pendencia que están por encima de la media nacional. Todo ello supone “la desatención de los órganos judiciales y del ciudadano y la sobrecarga de trabajo de las escuetas plantillas de la Administración”.

“Ante la pasividad de la Junta y ante el descontento de los empleados públicos de la Administración de Justicia”, CSIF ha protestado hoy en las puertas del Palacio de Justicia exigiendo “unas condiciones laborales dignas y un servicio público de calidad para los ciudadanos”.

En la capital, la central sindical incide en el problema de la sobrecarga de trabajo que tienen que soportar los empleados públicos, con las mismas plantillas desde hace 25 años. Las agendas para realizar los señalamientos de los juicios están cubiertas por lo que las demoras pueden extenderse hasta más de un año. Al contrario que en otras provincias, en Huelva siguen produciéndose numerosos despidos y cierres de empresas. Tal y como ha reconocido el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras realizar las inspecciones “la situación en Huelva es desbordante”.

Este problema tiene especial incidencia en los juzgados de lo Social con una media de 1.500 demandas por juzgado cada año. Así las cosas, la pendencia de juicios por despidos es de entre año y medio y dos años, y las reclamaciones de cantidades también se demoran más de dos años. Los penales -según CSIF- también están “sobrepasados” y en el caso de los civiles se han asumido nuevas funciones y competencias como el sistema Lexnet. Este programa es incompatible con los equipos informáticos que están obsoletos, por lo que se suelen registrar errores que ralentizan los procedimientos y provoca demoras en las firmas. Esta situación duplica el trabajo ya que hay que realizarlo telemáticamente y también en papel debido a estos errores informáticos.

En la provincia, en La Palma del Condado, Ayamonte y Moguer, “los juzgados no son capaces de resolver toda la litigiosidad teniendo en cuenta que son órganos judiciales localizados en municipios donde la población ha crecido notablemente”, explica CSIF.

Por todo ello, el sindicato exige una negociación colectiva real en la Mesa Sectorial de Justicia donde se aborden estos problemas. En este sentido, exige un plan de inversiones y la contratación de personal. Además, insiste en que se haga el nombramiento de interinos al mes de producirse una baja; que se revisen las sustituciones; el sistema consolidación de los refuerzos estructurales en las plantillas (ya que algunos llevan más de 10 años y aún no se han creado sus plazas); planes de actuación en las jurisdicciones más sobrecargadas y olvidadas por la Administración; y mejores condiciones laborales y retributivas para unas plantillas que están asumiendo, en muchas ocasiones, más carga de trabajo de la que establece el propio CGPD.

 

 

Fuente e imagen: CSIF- Huelva.

CCOO, UGT y CSIF exigen un salario mínimo de 1.200 euros en la Administración General del Estado

  • Empleados/as públicos se concentraron hoy ante la Subdelegación del Gobierno en Huelva para reclamar mejoras retributivas, más empleo público y recuperación de sus derechos

Los sindicatos denuncian que la Administración General del Estado ha sido castigada de manera especial durante los últimos años por el Gobierno para cumplir los parámetros de contención del gasto, tanto en la reposición de efectivos como en las condiciones retributivas del personal y por los recortes efectuados con la excusa de la crisis.

“Esto ha provocado un grave deterioro de los servicios públicos, que es necesario atajar porque son imprescindibles para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, han matizado. Las organizaciones coinciden en señalar que el personal público es quien garantiza los derechos, la igualdad y la cohesión social.

Por eso, los sindicatos reclaman un salario mínimo de 1.200 euros y homologar las condiciones retributivas del personal laboral y el personal funcionario. Para paliar la pérdida de poder adquisitivo acumuladas en los últimos diez años, que supera el 14%, proponen un incremento salarial lineal de 200 euros y una dotación presupuestaria de 100 euros más para el establecimiento de la carrera profesional para todas las empleadas públicas y todos los empleados públicos de la Administración del Estado.

Además, CCOO, UGT y CSIF reclaman el desarrollo del II Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado el pasado de 9 de marzo, con la apertura de los ámbitos de negociación establecidos en el pacto para lograr avanzar en tres ejes: empleo, derechos (restablecimiento del 100 % de las retribuciones en situación de incapacidad temporal y la recuperación del carácter máximo de la jornada de 37,5 horas) y salario. Los sindicatos también reclaman el desarrollo y aplicación de la jubilación parcial en el ámbito.

Las centrales sindicales exigen también el desbloqueo del IV Convenio Único del personal laboral, que lleva más de dos años sin avances significativos, y el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo, entre otras cuestiones, el derecho a la carrera profesional o la adaptación de la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones.

Esta campaña de movilizaciones conjunta se inició en Albacete y Melilla el pasado 21 de mayo, y tiene previsto recorrer más de una treintena de provincias antes de llegar a Ceuta el 21 de junio. Los sindicatos avisan de que sí no se logran sus objetivos, convocarán paros parciales e incluso huelga en la Administración General del Estado.

 

 

Fuente e imágenes: CCOO, UGT y CSIF.

El sindicato CSIF denuncia los altos niveles de pobreza y desigualdad salarial 

-El sindicato reivindicó el Primero de mayo “una distribución justa de la riqueza, que debe llegar a pensionistas, empleados públicos y trabajadores en general”

-CSIF señala que el objetivo debe ser que “los ciudadanos recuperen calidad respecto al estado de bienestar y de justicia social”

El sindicato CSIF reivindicó con motivo del 1 de Mayo “una distribución justa de la riqueza, que debe llegar a pensionistas, empleados públicos y trabajadores en general, basándose esa búsqueda en el acuerdo y en la recuperación económica de todos los ciudadanos”.

El sindicato señaló en un manifiesto que “la recuperación del mercado de trabajo en los tres últimos años no ha conseguido cerrar las profundas heridas de la dilatada crisis y de la fuerte devaluación laboral sufrida”, indicando que “un tercio de la ciudadanía vive en riesgo de exclusión social, casi 1,2 millones de hogares se encuentra con todos sus miembros en el paro y más 650.000 familias no cuentan con ningún ingreso. Todo ello configura esa otra realidad donde todavía existen demasiadas personas con elevados niveles de pobreza y desigualdad salarial; de hecho, tenemos unos de los niveles más altos de la Unión Europea”.

Por otra parte, CSIF recordó que “la crisis económica ha deteriorado los servicios públicos: la educación, la sanidad, la justicia, la administración, la seguridad…, que son pilares fundamentales de la sociedad del bienestar”. La prestación de estos servicios “ha permitido garantizar los derechos de los ciudadanos gracias a los esfuerzos de los empleados públicos, a pesar de que durante todos estos años los trabajadores han sufrido todo tipo de recortes en sus salarios y en sus condiciones laborales”.

Para CSIF, debe ser un objetivo primordial “que los ciudadanos en España recuperen la posición que merecen en el estado de bienestar y de justicia social. Para ello debemos superar el obstáculo que supone la obsoleta normativa sindical, recuperando una verdadera negociación colectiva que nos lleve a acuerdos que permitan avanzar en la recuperación salarial y de condiciones laborales”.

Además, el sindicato no quiere olvidar “la situación de los pensionistas españoles y de la ridícula revalorización del 0,25, y los señala como ejemplo de la lucha reivindicativa tomando la calle en defensa de sus derechos”. CSIF los anima “a recuperar unas pensiones dignas, fruto de tantos años de esfuerzo y trabajo y sin merma de poder adquisitivo”.

Finalmente, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha insistido en las dificultades del tejido productivo español en el que, desde el año 2008, se ha sufrido “una importante desvalorización del mercado laboral” acentuado en las pymes, que representan más del 80% de las empresas. De igual modo -ha asegurado- “ahora que la mayoría de los sectores proclaman un aumento importante de producción, debemos procurar una redistribución justa de los beneficios que compense los desequilibrios y las desigualdades sociales, y ayude a todos los ciudadanos a recuperar su estabilidad económica y laboral”.

 

 

Fuente e imagen: CSIF.

CSIF denuncia dos agresiones en el centro de salud de Lepe

-Se produjeron sobre la misma persona, una celadora que atiende en el servicio de Admisión de Urgencias, resultando herida leve en uno de los incidentes

-El sindicato pide al SAS más “medidas de seguridad y control necesarias” como la instalación de cámaras de vigilancia en la zona de Urgencias o mantener al vigilante de seguridad durante las noches

El sindicato CSIF ha denunciado dos nuevas agresiones en el centro de salud de Lepe ocurridas durante la pasada Semana Santa, concretamente el martes 27 y el miércoles 28 de marzo. Estas agresiones se produjeron, además, sobre la misma persona, una celadora del centro que trabaja en el servicio de Admisión de Urgencias. En una de ellas, esta trabajadora resultó lesionada leve. En el caso del martes, el incidente se produjo por la tarde y el miércoles fue durante el turno de noche. En este último caso, la central sindical explica que “el usuario esperó a que el vigilante de seguridad se fuera a las diez de la noche para agredir a la celadora”. Además, esta profesional fue grabada en vídeo con “intenciones intimidatorias”.

El responsable provincial de Sanidad de CSIF, César Cercadillo, ha trasladado “el miedo y el malestar de la plantilla” del centro de salud de Lepe ante las continuas agresiones ya sean físicas o verbales. Cercadillo lamenta cómo “precisamente durante la Semana Santa, que es un periodo de más afluencia de visitantes en la zona, se han dado dos agresiones en días consecutivos. No es casualidad que cuando más demanda asistencial se registra se den este tipo de situaciones conflictivas ya que la falta de personal, los cupos y el tiempo de atención generan esperas entre los usuarios que, en situaciones cada vez más frecuentes, derivan en agresiones al personal que padece directamente las consecuencias del enfado y la frustración de los pacientes”.

El de Lepe es el centro de salud del distrito Huelva-Costa donde se registran más agresiones al personal por la afluencia de visitantes, el incremento de la población en épocas estivales y en campañas agrícolas, y por su situación geográfica. Según los datos que maneja CSIF, en 2017, se produjeron 21 agresiones (20 de ellas verbales y 1 física); la mayoría de ellas relacionadas con la demanda de prestaciones que no pueden ser atendidas por los profesionales (pruebas, citas con especialistas, medicación específica…) o de atención inmediata sin cita previa. Los servicios donde se produce una mayor incidencia son las consultas médicas y de enfermería, y Urgencias. Del total de trabajadores agredidos en el conjunto del distrito Huelva-Costa el año pasado (46), 33 fueron mujeres lo que supone un porcentaje superior al 71%. De las tres agresiones físicas registradas, 2 fueron también a mujeres. El problema es tal -lamenta CSIF- que “alguno de los empleados públicos agredidos ha tenido que coger la baja laboral y, en otro caso de 2017, se trasladó a un médico de centro de trabajo como medida preventiva como consecuencias de agresiones y amenazas graves”.

Por estos motivos, desde CSIF se exige al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que mantenga las medidas de seguridad y control necesarias. El sindicato se refiere, concretamente, a mantener un vigilante de seguridad durante las noches y a volver a instalar las cámaras de video-vigilancia en la zona de Urgencias. La central sindical explica que estas cámaras se quitaron para la realización de unas obras de acondicionamiento en el centro de salud y, una vez concluidas, no se han vuelto a poner. Por ello, reclama que “de forma urgente se instalen estos dispositivos y se aumenten las medidas de seguridad” al mismo tiempo que reclama “más y mejores contrataciones de personal para evitar las demoras que son el principal foco de conflicto con los usuarios”.

Agresiones en 2017

Con motivo del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, que se celebró el pasado 16 de marzo, precisamente CSIF reclamó medidas urgentes de seguridad para evitar cualquier tipo de agresión o acto violento en la sanidad pública. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ofrecía entonces los datos de agresiones en 2017 en el conjunto de la provincia de Huelva (completando las cifras concretas del distrito Huelva-costa ya mencionadas), que ascendieron a 95, de las cuales 12 (12,6%) fueron físicas y 83 (87,4%) verbales, como gritos, amenazas o insultos. Del total de agresiones que se produjeron en la comunidad andaluza el año pasado, las cifras registradas en el ámbito onubense supusieron un 9% (sobre el total de 1.115 agresiones en Andalucía). Estos datos, a juicio de CSIF, son “alarmantes y preocupantes” y reflejan “una gravísima tendencia al alza” en los últimos años. En 2015, se registraron 59 agresiones en la provincia de Huelva y en sólo dos años se han incrementado en 36 más, lo que supone un crecimiento de un 37,89%.

De forma paralela, el sindicato continúa con el trabajo de concienciación sobre el respeto en los centros de trabajo; este año con el lema “El respeto es tarea de todos” para conseguir la erradicación de la violencia en el trabajo. El objetivo es sensibilizar a las Administraciones Públicas, a los propios profesionales y a los ciudadanos del grave problema que suponen las agresiones a los empleados públicos que desarrollan su trabajo en el entorno de los servicios de salud”.

CSIF asegura que existe una normalización ante la agresividad que hay que erradicar. “Todos podemos colaborar para que se reduzca la siniestralidad derivada de las agresiones luchando contra la permisibilidad ante ella”.  En este sentido se ha perdido el respeto a los profesionales que nos cuidan y el deber de trabajar para reinstaurarlo.

 

 

 

Fuente: CSIF.

Imagen: Google / Víctor José Tornet.

CCOO, CSIF y UGT anuncian movilizaciones en primavera contra el desmantelamiento de Correos sin descartar una huelga general 

-CCOO, CSIF y UGT , organizaciones sindicales que suman el 100% de la representación de los trabajadores y trabajadoras de Correos, han anunciado movilizaciones durante los próximos meses ante la ausencia clara de iniciativas del Gobierno para garantizar la viabilidad de la empresa pública y del servicio que presta a millones de ciudadanos y ciudadanas. 

-Denuncian el recorte de dos tercios en la financiación del Servicio Postal Universal (servicio público a la ciudadanía) en 2017, que lo ha reducido a la irrisoria cantidad de 57 millones de €, el bloqueo por parte del Gobierno del Plan Estratégico, la destrucción de 15.000 puestos de trabajo desde 2008, y la implantación de un modelo de empleo precario, con un peso cada vez mayor de la contratación temporal y a tiempo parcial

-Ante la falta de respuesta a las demandas y propuestas sindicales tanto del Gobierno, como de SEPI ,de quien depende Correos, y ante la previsible pérdida de 30.000 puestos de trabajo en todo el Estado a medio plazo, más de 100 a nivel provincial los tres sindicatos han adelantado un calendario de movilizaciones que se iniciará en mayo y que será gradual y creciente en el tiempo, sin descartar la huelga general, en tanto no se dé respuesta a la exigencia de medidas para garantizar la continuidad de la mayor empresa del sector postal público

CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre, organizaciones sindicales mayoritarias y que suman el 85% de la representación de los 57.000 trabajadora y trabajadores de Correos, han anunciado movilizaciones conjuntas en todo el Estado durante los próximos meses, ante la ausencia de iniciativas del Gobierno para garantizar la viabilidad de la empresa pública y del servicio que presta a la ciudadanía.

Las cuatro organizaciones sindicales comparten el diagnóstico, nada alentador, sobre la situación de Correos, motivado por una acción de Gobierno y una política en materia de servicio postal público que se ha caracterizado por el recorte y el bloqueo de iniciativas para la modernización de Correos.

Así, en la presente legislatura, se ha producido un recorte sin precedentes en la financiación del Servicio Postal Universal, que ha pasado de 180 a 57 millones de euros en 2017, que se repetirá en 2018 en caso de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y que se ha trasladado directamente a la cuenta de resultados, provocando el déficit más alto de la historia de Correos, unos 150 millones de euros. Además, el Gobierno se comprometió con los cuatro sindicatos en junio pasado a restituir el recorte, lo que no ha hecho, y a poner en marcha un grupo de trabajo para elaborar el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal -que determinará el modelo y las cuantías de financiación del mismo- del que tampoco se ha tenido noticia alguna en más de 8 meses.

Además, el mercado postal viene transformándose en los últimos años como consecuencia de la sustitución del correo tradicional -con descensos del 5% anual- por comunicaciones electrónicas, de un lado, y de otro, por el incremento de la paquetería a raíz del desarrollo del comercio electrónico -con incrementos del 25% anual-. Ante esta situación, todos los grandes Correos europeos, con el apoyo de sus Gobiernos, han optado por ampliar su actividad logística y de paquetería ante el progresivo descenso de la carta tradicional, al tiempo que han mantenido su Banco Postal. Correos es una preocupante excepción, al depender de la carta en un 85% de sus ingresos y verse por tanto con una disminución de ingresos, envíos gestionados y beneficios. La necesaria apuesta por la diversificación, entrando de lleno en la paquetería, los servicios financieros o la restitución del Banco Postal, es la gran cuenta pendiente de Correos, así como la aprobación de un Plan Estratégico que Hacienda, propietario de la empresa pública, que mantiene incomprensiblemente bloqueado y que impide su modernización y adaptación a la actual realidad del sector.

El empleo es el tercer elemento que los sindicatos denuncian como motivo del conflicto. Los sindicatos han señalado la destrucción de 15.000 empleos en los últimos nueve años a nivel estatal, apenas mitigados por las dos últimas e insuficientes ofertas de empleo y con carencias claras en la prestación del servicio público postal a la ciudadanía como ya se está palpando en los distritos de la capital y en los municipios de Calañas, Sotiel, Silos, Valdelamusa o La Antilla por poner algunos ejemplos.

Las cifras que barajan los sindicatos si se mantiene el recorte presupuestario de más de 120 millones de euros, sería la supresión de 30.000 puestos a nivel estatal a medio plazo así como en Huelva y provincia, que dejaría a la ciudadanía prácticamente sin reparto y se convertiría en un drama social.

Señalan, igualmente, la pérdida de poder adquisitivo, con los salarios congelados y recortados desde 2010, el deterioro de las condiciones laborales y la instauración durante los últimos años de modalidades de empleo precario alcanzando cifras vergonzantes como un 35% de contratos eventuales y un 22% de puestos a tiempo parcial de entre cuatro, 8 y 16 horas semanales.

Ante esta situación, CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre han reiterado sus demandas -condicionando el desarrollo del conflicto a la respuesta del Gobierno- para que se desbloqueen los elementos que mantienen en zona de riesgo la continuidad del Correo Público: que se restituya el recorte de financiación, se apruebe el Plan de Prestación con una dotación suficiente y se dé vía libre a un necesario Plan Estratégico para la diversificación de la actividad. Y finalmente, para que se garantice la plantilla suficiente, con tasas de reposición por encima del 100% que permitan recuperar empleo, incrementos salariales por encima del IPC, el poder adquisitivo perdido con incrementos específicos, más allá de los pactados en el ámbito de la Función Pública para Correos y una regulación de las condiciones de trabajo que ponga fin a la creciente precariedad en el modelo de empleo.

 

 

 

Fuente e imagen: CCOO /CSIF /UGT.

El sindicato CSIF reclama el aumento de la plantilla en el Parque de Bomberos de Huelva

-CSIF estima que hacen falta 40 bomberos más en una plantilla que ha perdido el 20% de personal y tiene una media de 48 años

-El sindicato también plantea la posibilidad de cambiar de ubicación el Parque Municipal de Bomberos por la falta de espacio y de instalaciones para hacer las prácticas de formación

-CSIF exige un Plan de Prevención de Riesgos Laborales para evitar accidentes. “El año pasado se registraron dos incidentes de gravedad”, ha remarcado el sindicato.

-Asegura que el Ayuntamiento no abona desde 2012 el mantenimiento de los animales de la Unidad Canina de Rescate

El sindicato CSIF ha estimado que en Huelva capital hacen falta 40 bomberos más en una plantilla que desde el año 2012, cuando se aprobó el plan de ajuste municipal, ha perdido un 20% de personal. En este contexto también se ha indicado que desde hace cinco años, no se cubren las jubilaciones y se han amortizado más de 30 plazas. Se ha pasado, así, de los más de 100 efectivos en 2012 a sólo 80 en la actualidad. El sindicato afirma que este déficit de personal está repercutiendo en la organización del trabajo ya que “el volumen es el mismo, incluso más, pero la plantilla se reduce año tras año”. Para cualquier intervención se movilizan como mínimo cinco bomberos, una cifra que puede aumentarse hasta nueve efectivos en casos de incendios.

Además, al no haber promoción interna no se cubren los puestos en la escala de mando por lo que los efectivos que podían haberse jubilado “están aguantando para no dejar aún más descubierta la plantilla”. CSIF asegura que desde el 2016 está planteando estos problemas al concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico, Enrique Gaviño, pero hasta el momento no ha dado soluciones. Esto repercute, además, en el envejecimiento de la plantilla que el sindicato fija en 48 años de media.

Por otra parte, en cuanto a las dotaciones, CSIF propone al Ayuntamiento capitalino que estudie la posibilidad de trasladar el Parque Municipal de Bomberos a otra ubicación. La central sindical asegura que “las instalaciones se han quedado pequeñas, obsoletas, y se necesita más espacio para realizar las prácticas de formación. Los bomberos tienen que ejecutar maniobras de entrada y salida, probar herramientas, revisar vehículos y medios materiales o realizar prácticas, y toda esa actividad se hace en la zona urbana delante del Parque, que es un lugar de tránsito rodeado de edificios”, asegura el sindicato. “Por la seguridad de los efectivos y de los propios ciudadanos, se debería estudiar el cambio de ubicación y, de esta forma, contar con unas instalaciones adecuadas ya que desde su inauguración en 1985, el Parque Municipal de Bomberos no se renueva”.

En este sentido, CSIF afirma que el Ayuntamiento tiene previsto realizar una inversión para incluir una torre de prácticas pero, su juicio, “esto no acabará con el problema de la falta de espacio para realizar las prácticas y ampliar el Parque, por ejemplo, con instalaciones acuáticas que son necesarias para la formación de los buceadores y de maniobras de achique”.

Desde la central sindical se hace especial hincapié en la seguridad de la plantilla y, en este sentido, reclama a la corporación “la inmediata puesta en marcha de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, imprescindible para valorar los riesgos y evitar accidentes tanto en las maniobras como en las intervenciones, el manejo de herramientas o las prácticas de formación”. CSIF asegura que sólo el año pasado se registraron dos incidentes de gravedad: “no es lógico que los Bomberos de Huelva no cuenten con un Plan de Riesgos Laborales y que a los nuevos vehículos aún no se les haya realizado la evaluación de riesgos”.

 

Sin pagar a la Unidad Canina

CSIF ha denunciado, además, el incumplimiento del reglamento del Grupo de Rescate y Salvamento de Bomberos (GRES) que agrupa a la Unidad Canina de Rescate, la Unidad de Rescate en Altura y la Unidad de Rescate Urbano. La central sindical asegura que la corporación municipal “no lo cumple al 100% por dos motivos principalmente”. Uno de ellos es que, desde el año 2012, el Ayuntamiento no paga el mantenimiento de los animales de la Unidad Canina por lo que los bomberos tienen que abonar de su bolsillo el alimento y los cuidados médicos-sanitarios. Por ello, el sindicato exige a la corporación que abone las facturas de los últimos cinco años y vuelva a asumir el mantenimiento de los perros, tal y como se recoge en el mencionado reglamento.

Por otra parte, el Ayuntamiento no está cubriendo la totalidad de las plazas de especialistas de las tres unidades. “Podemos tener hasta cinco buceadores y actualmente sólo contamos con tres”, explica CSIF.

Finalmente, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios se aboga por el cumplimiento de toda la normativa y asegura, en este sentido, que “en las pocas plazas que se cubren, la corporación se salta los criterios y adjudica a dedo algunos puestos que necesitan titulación específica”. Todos estos problemas, asegura CSIF, “se solucionarían si se diera un impulso a Ley del Fuego, que coordinaría a todos los bomberos de Andalucía”. El sindicato está presente en las negociaciones de esta Ley que se retomaron a finales del año pasado. “Con esta normativa se homogeneizarían las plantillas, la organización, el funcionamiento interno, el sistema de acceso o la adjudicación de plazas evitando el descontrol y la arbitrariedad actual”, ha concluido CSIF.

 

 

Fuente: Sindicato CSIF.

Imagen: Ayuntamiento de Huelva.

CSIF denuncia el retraso en el pago de la nómina y una deuda de hasta 3.000 euros con algunos trabajadores del Ayuntamiento de Niebla

-No es la primera vez que se ha demorado el abono de la nómina a la plantilla municipal

-El consistorio no paga las ayudas sociales desde 2016, no abona el concepto de trienios en la nómina y no ha liquidado unas indemnizaciones pendientes desde 2012 a algunos trabajadores

-Después de más de un año de peticiones de la plantilla, el Ayuntamiento se niega a renovar la uniformidad

Los trabajadores del Ayuntamiento de Niebla, a 16 de febrero, aún no han percibido la nómina del mes de enero y hasta el momento no han recibido ninguna explicación de esta demora por parte del área de personal del consistorio. Así lo ha denunciado el sindicato CSIF recordando que no es la primera vez que se retrasa el abono de los salarios a la plantilla ya que, sólo en 2017, se produjeron demoras hasta en cinco ocasiones. La corporación “siguiendo su política de oscurantismo, se niega a dar explicaciones y ni siquiera nos informa de la situación para que los trabajadores puedan tener una previsión de sus gastos”, afirman desde la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento iliplense.

“Estos impagos han creado un clima de incertidumbre entre la plantilla, una situación que sumada a la nula comunicación de la jefa de personal del consistorio nos hace temer que se vaya incrementando aún más deuda con los empleados públicos”, lamenta el sindicato. Y es que, además de los problemas para pagar la nómina, el consistorio no abona las ayudas sociales (estudios y prestaciones sanitarias principalmente) a la plantilla desde el año 2016 acumulando un débito que oscila entre los 200 y los 3.000 euros en algún caso.

Además, el equipo de gobierno no reconoce el concepto de trienios en la nómina, una medida que ha sido llevado ante el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) para que el consistorio abone este complemento salarial. El plazo vence el próximo mes de mayo y, a falta de tres meses, aún no se ha pronunciado.

Estos impagos se hacen extensivos a las indemnizaciones que el Ayuntamiento tiene que abonar a un grupo de trabajadores por despidos improcedentes pendientes desde el año 2012.

“Esta dejadez del equipo de Gobierno también se refleja”, según la central sindical, en un “desinterés absoluto” por el trabajo de la plantilla municipal que desde hace más de un año viene reclamando la renovación de la uniformidad que sufre “un desgaste vergonzoso”, sobre todo la ropa de trabajo de los empleados que se dedican a las labores de mantenimiento, jardinería o albañilería.

Ante esta situación de retrasos e impagos, el consistorio ha optado por no dar información: “la comunicación es nula. No se aborda la problemática con los trabajadores. Vivimos en la incertidumbre constante, entre rumores y la falta de soluciones para garantizar el pago de las nóminas y normalizar la situación económica”.

La única respuesta, según CSIF, es que el Ayuntamiento “no tiene dinero, un argumento totalmente incongruente ya que tenemos constancia de que se están asumiendo incrementos en gastos. Si no hay sustento económico, según el equipo de gobierno, para abonar las nóminas no entendemos cómo se sigue acumulando más gastos”.

El sindicato exige al consistorio “transparencia, un informe detallado de la situación económica y un plan municipal para garantizar los pagos de forma inmediata con una comunicación directa con la plantilla”. CSIF insta al Ayuntamiento a “dialogar y negociar” para que no vuelvan a producirse más situaciones de impagos y se afronte la deuda pendiente con los empleados municipales.

 

 

 

Fuente e imagen: CSIF.

CSIF-Huelva alerta del “alarmante deterioro” de los vehículos de vigilancia de la Junta de Andalucía

-Algunos coches tienen más de 15 años y superan los 600.000 kilómetros

-El sindicato exige a la Administración un plan de inversión para renovar la flota de vehículos de tres delegaciones territoriales

La flota de vehículos que emplea la Junta de Andalucía para labores de vigilancia del medio natural, marítimo y carreteras cuenta con coches que, según ha denunciado el sindicato CSIF, están “obsoletos y deteriorados” y suponen “un peligro” para los trabajadores que los utilizan a diario. La central sindical ha denunciado, en este sentido, que algunos vehículos cuentan con más de 15 años de servicio y la mayoría de ellos tienen un elevado kilometraje superando los 400.000 y, en algunos casos, llegan a los 600.000. El problema, según CSIF, es que la demanda para utilizar estos coches es muy alta y la flota resulta insuficiente. A ello se suma, la falta de mantenimiento y la escasa renovación de los vehículos que hace la Administración.

Esta situación se da en tres delegaciones territoriales de Huelva; en concreto, en Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en Fomento y Vivienda y en la Delegación de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  La central sindical urge a la Junta a aprobar un plan de inversión para sustituir estos coches de forma urgente, así, Manuel Antonio Conde, responsable provincial del sector de Administración General de la Junta de Andalucía, asegura que desde el sindicato se lleva advirtiendo del problema desde hace varios años y que “la respuesta continúa siendo el silencio a nuestras innumerables denuncias y escritos”. Conde lamenta que la Junta “no sea consciente del riesgo que corren los empleados públicos que utilizan estos vehículos y del peligro que supone para su integridad física”. Esa inseguridad se deriva de la falta de mantenimiento, la antigüedad y el desgaste.

CSIF asegura, en este sentido, que la Junta de Andalucía está incumpliendo su propia normativa (Instrucción de la Viceconsejería de Economía y Hacienda de 8 de mayo de 2008) sobre la adquisición de vehículos donde se recogen los criterios de antigüedad y kilometraje que se tienen en consideración para realizar la sustitución. En el caso del coche todoterreno se establece una antigüedad de 6 años y de 300.000 kilómetros, un criterio que la Administración no está aplicando en la provincia de Huelva, según el sindicato.

En la Delegación de Medio Ambiente, una de las últimas actuaciones, que la propia Junta de Andalucía publicó como algo meritorio, fue la renovación en el año 2016 de cuatro de los aproximadamente 78 vehículos con los que cuentan los Agentes de Medio Ambiente para las labores de vigilancia y custodia del medio natural, de realización de informes y actas de inspección y de control de condicionados. Esto pone de manifiesto que “la Junta no tiene ningún plan de mejora progresiva de la flota de vehículos para ninguna de estas tres delegaciones -insiste Manuel Antonio Conde- y desde CSIF entendemos que estos vehículos son una herramienta básica para la prestación de los servicios públicos por lo que debe tomarse en serio este problema y atajarlo urgentemente”.

Finalmente, el portavoz de CSIF remarca que “entendemos que la Junta de Andalucía, una vez más, incumple deliberadamente su propia normativa reguladora de la flota de vehículos poniendo en serio peligro a los empleados públicos que utilizan diariamente estos coches obsoletos y peligrosos para la realización de su trabajo de custodia, vigilancia y preservación de nuestras carreteras y nuestro entorno natural y marítimo”.

 

 

 

Fuente: CSIF.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba)