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Ecologistas en Acción alega contra la  transformación en regadío de la finca “Los Palmares”


Ecologistas en acción de Huelva ha presentado alegaciones contra la  transformación en regadío de la finca “Los Palmares”, en Trigueros y considera difícil de entender y aceptar, tras varias décadas de conciencia de la necesidad de preservar hábitats naturales de especial importancia, que una zona húmeda sea rodeada en su totalidad por una explotación de cultivos intensivos y que ello se haga además sobre monte público y sin garantías de contar con agua para el proyecto.

El grupo de fincas conocidos como “Los Palmares” de 358 has, es monte público catalogado y bien comunal de Trigueros, cuyo ayuntamiento  lo ha arrendado a una empresa agrícola por un periodo de 30 años sin estudio previo de viabilidad , en el que se hubiese tenido en cuenta la presencia de ecosistemas singulares o la disponibilidad de agua. “El arrendamiento de bienes comunales a empresas privadas por largos periodos de tiempo se está convirtiendo en una práctica habitual para la obtención de dinero fácil para algunos ayuntamientos onubenses (Villanueva de los Castilllejos abrió camino con Garcia Carrión y  El Granado y Punta Umbría son otros ejemplos recientes), que parecen actuar sólo en función del corto plazo y el interés electoral, privatizando en la práctica montes públicos, cuya transformación durante décadas hará imposible su restauración para los usos tradicionales por los que fueron catalogados”, se ha destacado desde Ecologistas.

En el caso de “Los Palmares”, Ecologistas en Acción recuerda además que ya propuso hace tiempo su inclusión en el Inventario de Huemedales de Andalucía y que el conjunto de fincas propuestas para su transformación, incluido el complejo de lagunas endorreicos que suponen un total de 425,19 has, conocidas como Dehesa Boyal conforman, en su conjunto, un ecosistema isla (conjunto de ecosistemas  o unidad funcional soporte tanto para los taxones protegidos de flora como por la fauna que alberga), cuyas características necesitan de la protección de todo el conjunto del territorio, en vez de resultar drásticamente parcelado e impactado por el proyecto de regadío.

La asociación ecologista recuerda también en sus alegaciones que “no está justificada ni documentada la existencia de agua necesaria en condiciones adecuadas para dicha transformación y las instalaciones anejas”, ya que todo el proyecto está basado en el uso de las aguas residuales tratadas procedentes Beas, Trigueros y San Juan del Puerto, sin que en la actualidad  existan experiencias de entidad de uso de aguas residuales para el cultivo de fresas o arándanos,  siendo muchas las dudas generadas y los problemas sanitarios detectados cuando se han realizado experiencias similares en otro tipo de cultivos, cuyos requerimientos sanitarios no son tan estrictos como en este sector.

Ecologistas en acción de Huelva lamenta que la provincia de Huelva se haya convertido en el espacio andaluz donde se está produciendo mayor pérdida de monte público y exige a la Junta de Andalucía que deje de ser cómplice en esta especie de nueva “desamortización” encubierta y defienda, como es su obligación, el patrimonio público y natural del territorio.

.Alegaciones Ecologistas en acción Proyecto Los Palmares (Trigueros)

Fuente e imagen: Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción denuncia que el nuevo reglamento del Ciclo Urbano de Andalucía no garantiza suficientemente el derecho humano al agua

– Hoy se reúne el Consejo Andaluz de Medio Ambiente.
-El punto cuarto del orden del día se dedica a la presentación de un Informe sobre el nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano que la Junta de Andalucía está redactando. 

Desde Ecologistas en Acción se ha informado que en estos momentos la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, está redactando un nuevo Reglamento para regular todo lo referente al abastecimiento, saneamiento y depuración del agua de las poblaciones. La iniciativa es encomiable y el borrador conocido contiene propuestas positivas. Sin embargo numerosas y variadas organizaciones representativas de la sociedad civil (AEOPAS, FACUA, ECOLOGISTAS EN ACCION, FNCA, CCOO, WWF, Fundación SAVIA, UGT e Ingeniería sin Fronteras) han mostrado su insatisfacción por algunos de sus contenidos.

Asimismo se apunta que en la formulación de principios en los que se basa se echa en falta claridad y actualidad de ideas, falta el principio de prioridad de la gestión pública, que es la garante del dominio público y el derecho humano, ausencia en el principio de planificación, imprescindible para prever, seleccionar y ordenar en el tiempo las inversiones necesarias para, entre otras, la prevención de los impactos futuros del cambio climático, y falta una definición adecuada del principio de participación social que incluya el derecho de los ciudadanos a intervenir en los procesos de decisión de manera efectiva.

El reglamento establece que para garantizar que a nadie se le corte el agua por motivos económicos o sociales las entidades suministradoras harán anualmente unas previsiones de gasto que en ningún caso podrán exceder el 0,7% de la facturación tarifaria del ejercicio inmediatamente anterior. “La expresión que en ningún caso podrá exceder es insólita por lo concreta y terminante en un caso abierto a circunstancias tan variables y singulares como este. Por su parte la dotación de 50 litros/persona/día es claramente insuficiente, produciendo una estigmatización de la pobreza ya que el consumo medio en España es de 127 litros”, ha remarcado desde la organización medioambiental.

El agua es una necesidad vital, imprescindible, insustituible, un servicio que se presta en régimen de monopolio (solo hay una empresa en cada población). Es un gran negocio (todos somos consumidores cautivos) que los ayuntamientos, agrupados en consorcios si hace falta, saben manejar muy bien. “No se trata de demonizar el papel fundamental de la empresa privada en nuestra economía y sociedad, sino de entender que el agua es un derecho humano y un elemento esencial del medio ambiente”, explican. Por eso es responsabilidad inalienable de la administración la prestación del servicio. Una gestión pública diferente a la que se ha producido frecuentemente (opaca, corporativa, a veces ineficiente). también se incide en la necesaria implantación de un nuevo modelo de gestión pública como viene definida en el Pacto Social por el Agua aprobado por el Parlamento de Andalucía (octubre de 2016) y por la Declaración de Cádiz sobre la gestión pública del agua (12 de noviembre de 2017).

Sin desconocer avances y puntos de interés, el borrador que conoce Ecologistas en Acción muestra un proyecto que parece diseñado, o que puede servir para consolidar, propiciar y facilitar la gestión privada de un servicio que debe de mantenerse en manos públicas.

Fuente: Ecologistas en Acción.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba)

Ecologistas en Acción pide cautela en el plan de restauración del incendio forestal de Doñana

· Un año después del incendio forestal que quemó más de 10.000 hectáreas en Doñana, las directrices para la restauración de la zona afectada hacen prever que sea necesaria una inversión muy superior a los cincuenta millones de euros.

· Ecologistas en Acción considera que un incendio forestal, además de ser una catástrofe ambiental, supone un duro golpe a la economía, e insiste en que la lucha contra los incendios forestales debería integrarse en una planificación de desarrollo rural integral y fomentarlo con apoyo político, financiero y social.

Ecologistas en Acción prevé que la restauración de la zona afectada por el incendio forestal en Doñana -hace un año que se inició el fuego- va a costar bastante más de cincuenta millones de euros que habrá que sumar al millón y medio que costó la extinción y a la pérdida de 9,8 millones de euros en valores ambientales, recreativos y económicos como la piña, pastos, madera, caza o plantas aromáticas.

Esta afirmación la hace la organización a la luz del documento de directrices para la restauración que ha sido entregado a los grupos de trabajo del Consejo de Participación del espacio protegido, previo a su presentación en el próximo Pleno de este órgano colegiado en julio. El documento, en el que ha colaborado una comisión multidisciplinar de entidades públicas, prevé preparar un plan de restauración muy diverso y heterogéneo en atención a los numerosos hábitats y ecosistemas, y teniendo en cuenta la respuesta de la vegetación y el banco de semillas.

Ecologistas en Acción acoge con buenas expectativas el documento de directrices pero exige que se aplique el principio de cautela. Así, solicitará que junto a la completa erradicación de especies exóticas prevista, apostando por las especies propias de Doñana, y previo a la tarea de eliminación de árboles quemados, los ejemplares afectados sean marcados por el equipo del espacio protegido cumpliendo exhaustivamente con los requisitos que se describan para las cortas. Esta exigencia responde a que existe un gran vacío de literatura científica relativa a la resiliencia del pino piñonero tras un incendio y sería necesario, por la falta de conocimiento científico, dar más margen a los árboles para ver la evolución. “La intervención para eliminar casi 173.000 toneladas de madera en una superficie de 7.183 hectáreas, con la tala de unos cinco millones de árboles, dejaría un paisaje desolador. La administración ambiental debería de realizar una selección exhaustiva para una primera actuación de corta de árboles completamente calcinados y podas en los ejemplares algo más afectados. Posteriormente, el seguimiento del arbolado afectado irá marcando la necesidad de nuevas labores y las pautas para avanzar en la restauración al ritmo de la naturaleza, evitando así una posible tala masiva que sólo beneficiaría a fábricas que se dedican a la producción de energía a partir de la biomasa”, se ha advertido desde la agrupación.

Para la organización ecologista, Doñana y su entorno están viendo disminuidos o devaluados los espacios forestales y no basta responder con modificaciones presupuestarias que favorezcan las restauraciones que haya que hacer, sino que es fundamental comenzar a paralizar los proyectos que supongan la pérdida de arbolado y de monte público. Esta organización lleva tiempo dando cuenta de algunos antecedentes de pérdida de arbolado que se vienen dando en la zona, como descatalogaciones de montes públicos, trabajos de entresaca de pinos en una zona próxima al Paraje Natural de la Laguna de las Madres o la tala indiscriminada de decenas de pinos verdes centenarios en terrenos del antiguo albergue Pedro Alonso Niño en Mazagón.

Ecologistas recuerda que los incendios forestales son verdaderos atentados contra el medio natural y contra la vida rural, y desgraciadamente los autores suelen quedar en el anonimato y con impunidad total en la mayoría de los casos. Para la organización “no aprendemos la lección de los incendios forestales y hacemos un gran esfuerzo sólo en verano, cuando sufrimos las consecuencias y nos entra pánico”. Finalmente, insisten en que la lucha contra los incendios forestales requiere una gestión preventiva y una apuesta decidida y firme por el desarrollo rural integral impulsado con apoyo político, financiero y social, porque “los montes siempre fueron vida y trabajo, y en términos económicos la prevención es más barata y beneficiosa que la posterior extinción y restauración”.

Fuente e imágenes: Ecologistas en Acción.

La Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho propone eliminar las urbanizaciones previstas en Valdevaqueros y Los Lances

Según informaciones de Ecologistas en Acción, la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho ha acordado proponer que se eliminen las cinco urbanizaciones previstas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tarifa a lo largo del litoral de Valdevaqueros y Los Lances. El PGOU vigente, que data de 1990, incluyó estas grandes urbanizaciones con una superficie total de 3.575.355 m2 que, de desarrollarse, supondría un impacto irreversible sobre el parque natural y el valiosísimo litoral de Tarifa.

Tras la reciente sentencia del TSJA que ha anulado el Plan Parcial de Valdevaqueros, Ecologistas en Acción propuso a la Junta Rectora que se adoptaran medidas para impedir que este tipo de proyectos urbanísticos vuelvan a plantearse, blindando a este litoral único –ubicado entre dos mares y dos continentes- de la especulación urbanística.

La Junta Rectora ha acordado proponer al Ayuntamiento de Tarifa que, en el marco de la revisión del PGOU, proceda a la desclasificación de los suelos considerados como urbanizables por el PGOU vigente en la zona de Valdevaqueros-Playa de Los Lances.

El alcalde de Tarifa Francisco Ruiz Giráldez apoyó esta propuesta por entender que es congruente con la opción del actual ayuntamiento por un nuevo modelo de desarrollo turístico, y que la inversión debe adaptarse a las circunstancias de Tarifa y no al contrario.

Ángel Acuña, delegado de la CMAyOT explicó a la Junta Rectora que la postura de la Consejería ha estado muy clara y es la que marcaba el Plan del Corredor del Litoral en el que se le otorgaba la máxima protección a esos terrenos, y que los criterios no han cambiado.

Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, mostró su satisfacción por este acuerdo que demuestra que la sociedad ha cambiado y demanda litorales vírgenes libres del ladrillo. Clavero felicitó al alcalde de Tarifa por anunciar que no recurrirá la sentencia que anula el proyecto urbanístico de Valdevaqueros y por el posicionamiento del actual equipo de gobierno en contra del modelo expansivo que consagra el actual PGOU, un modelo obsoleto e insostenible.

“La revisión de un PGOU para desclasificar suelos urbanizables en el litoral sería un hecho sin precedentes, y pondría al municipio de Tarifa en primera línea en un nuevo modelo que garantice la sostenibilidad medioambiental y territorial”, han valorado desde la organización ecologista.

 

 

Fuente e imagen: Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción denuncia un macrovertedero ilegal en una antigua cantera entre Guillena y La Algaba

 

La organización ecologista denuncia que hace años se dejó al aire la cantera abandonada que se han convertido en un macro vertedero ilegal de todo tipo de residuos, muchos de ellos peligrosos y sujetos a ningún sistema integral de gestión: envases de pintura, de productos químicos y fitosanitarios, plásticos industriales, gomas, neumáticos, piezas de vehículos, colchones, electrodomésticos, uralita

– Su abandono en la naturaleza contraviene tanto las directivas europeas como la legislación nacional vigente

Ecologistas en Acción ha informado de que en la antigua cantera de áridos Borbolí, de 50 hectáreas situada en Guillena y La Algaba en el lugar conocido como Torre de la Reina, tiene una orden de paralización de actividad en 2013 que presuntamente se estaría incumpliendo. Además se destaca que no se han llevado a cabo los trabajos preceptivos posteriores a la explotación, que incluyen la restauración morfológica y ambiental, la mejora del suelo y de la fauna, ni mucho menos la revegetación.

Al contrario, hace años se dejó al aire la cantera abandonada se han convertido en un macro vertedero ilegal de todo tipo de residuos, muchos de ellos peligrosos y sujetos a algún sistema integral de gestión: envases de pintura, de productos químicos y fitosanitarios, plásticos industriales, gomas, neumáticos, piezas de vehículos, colchones, electrodomésticos, uralita…. Su abandono en la naturaleza contraviene tanto las directivas europeas como la legislación nacional vigente. Cabe destacar que se han creado balsas de aguas ponzoñosas están a 10 metros de la Rivera de Huelva y que se están filtrando y afectando a los pozos vecinos y a los ríos Rivera de Huelva y Guadalquivir.

“Por si fuera poco, el paraje se encuentra protegido por el Plan especial de protección del Medio físico y Catálogo de la Provincia de Sevilla y en la “Zona de Especial Protección”, Complejo Ribereño de Interés Ambiental”, han destacado desde Ecologistas en Acción.

Los camiones cargados solamente pueden acceder al punto de vertido por el camino que sale de la carretera SE-188, y para entrar en el recinto deben franquear una verja cerrada con candado. Es decir que deben ser admitidos por la propiedad. Esta situación contrasta con las declaraciones del Consejero de Medio ambiente, que el pasado martes destacaba los trabajos del Gobierno andaluz para dar cumplimiento a la Directiva europea sobre vertido de residuos. En este sentido “España acumula varias multas de la Unión Europea por ese reiterado incumplimiento”, se ha remarcado.

Este vertedero ya fue denunciado hace cuatro años al Seprona y a los Ayuntamientos de Guillena y La Algaba por Ecologistas en Acción, que consideran muy grave que no se hayan tomado medidas para atajar la contaminación y detener el tráfico ilegal de residuos, que incluso parece haber aumentado. También han solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a la unidad especializada de la Guardia Civil que analicen las aguas del acuífero.

Esta vez han acudido además a la Fiscalía de Medio ambiente, por si pudiera haber omisión y/o dejación de funciones por parte de autoridades o funcionarios y por supuesto se ha exigido que se repongan los daños ocasionados al medio ambiente, se restaure el suelo contaminado y se limpie toda la zona.

Fuente e imágenes: Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción defiende la preservación de los espacios forestales del Andévalo Occidental, frente a los proyectos  de expansión del regadío en más de 5000 hectáreas de esa comarca

Imagen de zona forestal en la Puebla de Guzmán.

Ecologistas en Acción ha presentado sendas alegaciones a la concesión de aguas para el riego de más de 5000 nuevas hectáreas en el Andévalo Occidental, así como a la transformación en regadío de dichos suelos, de los que más de la mitad en la actualidad son suelos forestales.

Para Ecologistas en Acción es fundamental mantener la globalidad de los recursos forestales de Huelva, contribuyendo así a salvaguardar la biodiversidad y luchar contra el cambio climático. De las 5.177 has que se proponen conceder para regadío en el Andévalo Occidental, 2.744 son forestales. Una transformación de esa entidad en espacios agrícolas de regadío no debería ser admitida por una administración andaluza que hace gala de voluntad de defensa del medio ambiente.

Además, una parte considerable de las fincas que proponen transformar en regadío se encuentran dentro de la ZEC  Andévalo Occidental de la Red Natura 2000, lo que provocaría la pérdida de los valores ambientales que este espacio  que la Unión Europea obliga a preservar. El propio Plan de Gestión del ZEC considera que las amenazas y presiones del regadío son altas y generan impactos para las aves esteparias y la conectividad ecológica. Las medidas que sugiere la Consejería de Medio Ambiente para mantener la Conectividad Ecológica (arroyos como corredores, vallados permeables, “islas refugio” con vegetación natural, etc.) son totalmente insuficientes y no garantizan la defensa de los valores y hábitats de la citada Zona de Especial Conservación.

“Conocido el funcionamiento  habitual de las fincas de regadío, así como los escasos medios para su vigilancia y control con que cuenta la Consejería de Medio Ambiente queda claro que se proponen medidas correctoras imposibles de aplicar. El respeto de los pies arbóreos presentes en la finca, la plantación en las franjas de protección de los arroyos, el respeto del dominio público hidráulico y su zona de servidumbre, zonas sin cultivar en márgenes de arroyo, etc, pueden ser medidas de interés, pero que no tienen visos de ser respetadas ni controladas tras su aprobación por dicha Consejería” se ha remarcado desde Ecologistas. También se ha recordado desde la organización que hay fincas sancionadas recientemente por infringir la Ley Forestal de Andalucía a las que sólo se les reduce la superficie de riego, sin que ni siquiera se les haya exigido la  restauración completa de los daños causados al patrimonio forestal.

Ecologistas en Acción considera que no es posible admitir una transformación de esta índole en tan enorme cantidad de hectáreas y en espacios ambientalmente importantes, sin hacer una evaluación global de los impactos generables y máxime, teniendo en cuenta todas las transformaciones continuas y de enorme repercusión ambiental que se vienen produciendo en la provincia de Huelva y principalmente en el Andévalo y en la Cuenca Minera.

 

 

 

Fuente: Ecologistas en Acción.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba)

Izquierda Unida y EQUO Huelva llevan la denuncia de posibles vertidos en el río Tinto al Parlamento andaluz

-Registran una pregunta en la Comisión de Medio Ambiente solicitando al Gobierno andaluz que explique qué medidas ha tomado tras la denuncia realizada junto a Ecologistas en acción. 

-Instan además a proteger el río y sus inmediaciones, exigiendo al Gobierno de la Junta que proteja el derecho de los onubenses a un medio ambiente limpio.

El parlamentario de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz José Antonio Castro ha registrado dos preguntas dirigidas al consejero de Medio Ambiente en relación a la denuncia presentada el pasado día 11 de abril por Izquierda Unida, EQUO y Ecologistas en Acción relativa a un más que probable vertido al cauce del río Tinto.

La denuncia fue presentada al detectar integrantes de estas organizaciones en un recorrido por el río Tinto un vertido espumoso de apariencia sospechosa y fuerte olor ácido. Como señalaron en su momento, su magnitud era especialmente significativa a la salida del embalse de La Marismilla, en término municipal de Nerva, en la confluencia del arroyo el Ventoso, así como en el puente de la carretera de Berrocal; pero la presencia de espumarajos presumiblemente contaminantes se podía apreciar a lo largo de varios kilómetros río abajo.

En la pregunta registrada en la comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se solicita la valoración de la Consejería respecto al vertido citado y se cuestiona acerca de las actuaciones que ha puesto o tiene previsto poner en marcha a fin de esclarecer su origen, iniciar las medidas correctoras necesarias y, en su caso, incoar el correspondiente expediente de carácter sancionador y/o informativo.

Pepa Beiras responsable andaluza del área de Medio Ambiente de Izquierda Unida, ha señalado que “resulta indignante observar el estado de abandono en el que se encuentra la comarca en las inmediaciones, con todo tipo de residuos en las márgenes de un río que es un patrimonio natural de renombre internacional. Indignante la pestilencia procedente del vertedero de Nerva que provoca picor en vías respiratorias, el ingente caudal de aguas residuales sin depurar vertiéndose al Tinto, y el rebose de lixiviados procedentes de los recintos del vertedero. La incapacidad del gobierno de la Junta de Andalucía para resolver los graves problemas ambientales ocasionados por décadas de nefasta gestión resulta patente”.

Por su parte, Isabel Brito, coportavoz de EQUO en Huelva, ha insistido en que “el río Tinto es patrimonio natural y cultural de todos los onubenses y no vamos a permitir que se convierta en un vertedero permanente de las empresas mineras o de residuos que sólo miran a nuestra provincia para lucrarse a costa de la degradación de nuestro territorio y de la calidad de vida de la población de la Cuenca Minera”.

“No vamos a consentir este engaño permanente, ni mucho menos la pasividad de la Junta de Andalucía, que sigue alimentando con las autorizaciones que les concede a estas empresas los vertidos, la insalubridad y la insostenibilidad de nuestros parajes”. Para Brito, un paisaje protegido como lo es el río Tinto “no merece que se mantenga en su ámbito un vertedero de residuos peligrosos en Nerva, cuyo control y seguimiento por parte de la Junta de Andalucía ponemos en cuestión y sobre el que hay transparencia cero; ni que se siga alimentando el río de vertidos de aguas residuales sin tratar por el incorrecto funcionamiento o ausencia de depuradoras que garanticen un tratamiento adecuado conforme a las exigencias normativas”.

“Europa no puede seguir poniéndonos la cara colorada por la pasividad de nuestro Gobierno andaluz para proteger el derecho de los onubenses a un medio ambiente limpio”, concluyen desde ambas organizaciones.

 

 

Fuente e imágenes: EQUO Huelva.

 

Ecologistas en Acción vuelve a advertir sobre el peligro de rotura de balsas en la explotación minera de Riotinto 

Actividad minera en Riotinto.

-La rotura de la presa del Proyecto Riotinto podría provocar un vertido tóxico 10 veces superior a la catástrofe de Aznalcóllar de 1998

 

-Ecologistas en Acción denuncia que la mala gestión de la presa por parte de Atalaya Mining está acelerando su deterioro e inseguridad y exige a la Junta de Andalucía que no mire para otro lado

-Zonas pobladas de Gibraleón y Huelva podrían ser inundadas por una onda de vertido tóxico de hasta 5 metros, no descartándose la pérdida de vidas humanas.

Ecologistas en Accion advierte que la presa de lodos del Proyecto Riotinto ya rebosó con las pasadas lluvias del mes de abril y en caso de rotura podría verter un volumen conjunto de agua contaminada y lodos de 66,28 millones de m3, según los cálculos realizados en octubre de 2014 por la empresa AYESA para la minera Emed Tartessus, actualmente Atalaya Mining. Esto supondría más de 10 veces la cantidad de lodos tóxicos que vertió la balsa de Boliden en Aznalcóllar hace 20 años, que supuso en grave riesgo el Parque Nacional de Doñana.

La presa del Proyecto Riotinto, en el momento de la paralización de la actividad minera en 2001, ocupaba 530 hectáreas y contenía 340 millones de toneladas de residuos. Está formada por tres secciones dispuestas en cascada, denominadas Gossan (ya colmatada), Cobre (iniciada en 1970 y recrecida en 2016) y Aguzadera (iniciada en 1987 y recrecida en 2016).

Desde Ecologistas en Acción se advierte que la rotura de una de estas tres secciones podría provocar una rotura en cadena de todas. En cualquier caso, los lodos caerían desde alturas de entre 46 y 64 metros (según el punto de rotura), al arroyo Rejoncillo y/o al barranco de la Aguzadera, y en poco más de 30 minutos llegarían al río Odiel.

El estudio de rotura de 2014 sólo prevé roturas, por separado, de la sección de Cobre o de Aguzadera. Sin embargo, lo que se califica por parte de la organización ecologistas  de “mala gestión actual” realizada por Atalaya Mining está provocando una situación de alto riesgo en la sección de Aguzadera, cuya rotura podría arrastrar por succión a los lodos de Cobre.

El contenido de estas secciones incluye -además de residuos mineros- otros residuos muy tóxicos procedentes del polo químico de Huelva, que fueron depositados ilegalmente durante la pasada década de los 90, del mismo modo que estos residuos químicos aparecieron en el vertido de Aznalcóllar el 25 de abril de 1998.

Ecologistas en Acción denuncia malas prácticas de Atalaya Mining en la gestión de la presa, que están acelerando el deterioro y la inseguridad de la misma. No están respetando la distancia de seguridad de 50 metros de playas entre el agua y los muros de contención, lo que indica que han sobrepasado con creces la capacidad permitida, y el agua está erosionando esos muros muy peligrosamente. Asimismo se ha indicado que esto se debe a que Atalaya Mining no está espesando los lodos antes de verterlos a la presa, incumpliendo la obligación establecida en la autorización ambiental de marzo de 2014 y en la autorización de reinicio de la actividad minera de enero de 2015. Ambas obligan a reducir por debajo del 50% el contenido de agua en los lodos.

“Para ahorrar costes, Atalaya Mining ni siquiera ha construido la planta de espesado de lodos y los está vertiendo a la presa con un contenido líquido del 70%.  También ha modificado el sistema de vertido de lodos en la presa, reduciendo costes en detrimento de la seguridad”, se ha recalcado.

El sistema usado de ‘spigotting’ hace que esos lodos, demasiado líquidos, caigan muy cerca de los muros de contención, que además han sido recrecidos con técnicas y materiales similares a los que se usaron en la maltrecha balsa de Aznalcóllar. Se infringe así el sistema físico de vertido mediante ‘ciclonado de arenas’, que garantizaba una mayor consistencia de los recrecimientos.

Ecologistas en Acción denuncia también las actuaciones de la Junta de Andalucía en relación a estos hechos y pide a la misma que no mire para otro lado. La Junta de Andalucía conoce y permite los incumplimientos de Atalaya Mining. En abril de 2016, la autoridad minera de Huelva acordó la paralización de la actividad de vertido de lodos, por incumplimiento de las condiciones de espesado, pero en apenas tres semanas la Dirección General de Minas levantó esa paralización, permitiendo durante los últimos dos años el vertido de lodos líquidos, y haciéndose con ello corresponsable de las futuras consecuencias catastróficas que pudieran suceder.

 

 

 

Fuente: Ecologistas en Acción.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba)

Ecologistas en Acción pide planes de ozono en las ocho zonas andaluzas más afectadas

  • Ecologistas en Acción ha pedido la elaboración de Planes de Mejora de la Calidad del Aire respecto al ozono en Andalucía. En esta comunidad, 16 de las 60 estaciones que miden ozono han superado los objetivos legales de protección de la salud. Al mismo tiempo, el valor objetivo para la protección de la vegetación se supera en todo el territorio. La Junta de Andalucía sigue incumpliendo la obligación de actuar sobre el tráfico y la industria para mejorar el aire que respiran dos de cada tres habitantes de la Comunidad.

Tal y como exige la Ley estatal de calidad del aire ante el incumplimiento de los objetivos establecidos sobre contaminación por ozono, Ecologistas en Acción ha registrado una petición en la Junta de Andalucía para que se pongan en marcha planes de mejora de la calidad del aire respecto a este contaminante. Peticiones similares se han registrado en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y entras comunidades autónomas. Además se ha interpuesto una demanda contra el Gobierno central en la Audiencia Nacional por no haber elaborado el Plan Nacional de ozono comprometido hace ya casi tres años.

Ecologistas en Acción denuncia que entre 2015 y 2017 se han incumplido los objetivos legales de protección de la salud y de la vegetación respecto al ozono en ocho zonas de Andalucía. Los objetivos legales se han superado en 16 de las 60 estaciones que miden ozono en dicha comunidad. La contaminación se ha extendido por la mayor parte de la comunidad como consecuencia de las emisiones del tráfico rodado de las áreas metropolitanas de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla y de las industrias de las Bahías de Algeciras y Cádiz, del polo químico de Huelva o de la zona de Carboneras (Almería)

La contaminación por ozono afecta a la salud de casi seis millones de personas en Andalucía, el 70% de la población, especialmente en las áreas del interior, destacando el Valle del Guadalquivir desde Huelva hasta Jaén. Esta situación se repite por todo el estado español donde se ven afectados casi 19 millones de habitantes, dos de cada cinco. La OMS estima en 1.600 los fallecimientos prematuros anuales en España producidos por la exposición a niveles de ozono como los registrados en buena parte de España.

Por otra parte Andalucía incumple el valor objetivo para la protección de la vegetación, un valor que se evalúa cada cinco años, en la totalidad de su territorio. La contaminación por ozono tiene efectos importantes sobre las plantas causando daños a cultivos agrícolas, reduciendo su productividad, y afectando también a ecosistemas naturales.

Para informar de este grave problema ambiental y sanitario, Ecologistas en Acción viene desarrollando durante esta primavera diversas actuaciones de sensibilización en Andalucía occidental, entre otros territorios del Estado español. Tras recorrer con una exposición itinerante diversos centros educativos y sociales de Córdoba, Huelva y Jaén, esta semana se desarrollarán actividades docentes en el Instituto de Secundaria “La Marisma” de Huelva, para pasar en semanas próximas a la provincia de Sevilla (Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas) hasta culminar en una jornada que se desarrollará el martes 5 de junio en Sevilla capital.

 

 

 

Fuente e imagen: Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción denuncia que el Ayuntamiento de Hinojos sentencia 300 pinos de gran porte


Según fuentes de Ecologistas en Acción en Huelva unos 300 pinos de gran porte han sido marcados con una cruz que los sentencia a ser talados. El motivo de la tala masiva del arbolado sería garantizar la seguridad de personas e infraestructuras, pero la ausencia de informes técnicos que respalden la decisión hace que ésta sea, a juicio de Ecologistas en Acción, arbitraria e injustificada.

La muerte de un operario municipal, que trabajaba sobre un pino abatido por el viento, ha generado una psicosis arboricida injustificada que va a suponer eliminar buena parte de la arboleda periurbana de Hinojos. Este pinar  tiene, además de innegables valores ecológicos, una gran vinculación con el pueblo que vive en buena parte de los recursos forestales del pinar público municipal, siendo este pinar de transición la conexión natural entre el pueblo y la zona forestal.

El hecho de que la mayoría de los pinos sentenciados estén en suelo urbano hace recaer las competencias en el ayuntamiento, con lo que a falta de ordenanza de arbolado urbano, como parece ser el caso, el ayuntamiento es juez y parte y decide, sin más argumentación ni exigencias que el criterio propio, qué arboles serán abatidos.

Se da la circunstancia de que la tala afectaría a la población de aves que utilizan estos ejemplares para instalar sus nidos y sacar adelante sus nidadas al encontrarnos en plena época de reproducción, pero al no haber evaluación ambiental  estas cuestiones de prevención básica no son tenidas en cuenta.

De perpetrarse el arboricidio se vendría a sumar a otros casos en los que la población no entiende cómo se pueden adoptar medidas como esta sin una justificación basada en informe técnico, ni con unos mínimos plazos de participación pública que permitan tomar en consideración las opiniones de la ciudadanía. En este sentido desde Ecologistas en Acción se ha recalcado que se hace cada vez más necesaria una ley de rango autonómico de protección del arbolado urbano que exija el cumplimiento de esos mínimos ante cualquier actuación que pretenda la tala de árboles en pueblos y ciudades.

 

 

 

 

Fuente e imagen: Ecologistas en Acción Huelva.