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Ecologistas en Acción traslada al consejero de Medio Ambiente su indignación por la inexistencia de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para el Paraje Natural Marismas del Odiel y las ingerencias del Puerto de Huelva

Hace ya más de un año que en pleno agosto, de forma sorpresiva y fraudulenta se hacía público un borrador de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Paraje Natural Marismas del Odiel, que presentaba cambios sustanciales con respecto al que había sido sometido a información pública y presentado ante el Consejo Provincial de Biodiversidad y Medio Ambiente.

Este borrador modificaba los límites del Paraje Natural Marismas del Odiel en su margen derecha, dejando fuera los recintos creados para albergar material del dragado de la ría y que se habían han convertido en un importante hábitat para la nidificación de especies protegidas prioritarias. La Junta de Andalucía había venido considerando hasta ahora a dichos recintos como parte de este espacio protegido, ya que la ley de creación del Paraje Natural  de 1984 incluye dentro de sus límites toda la margen derecha de la ría. Las balsas de dragados se han ido integrando en el Paraje Natural, como consecuencia de su continuidad territorial y la creación de nuevas márgenes de la ría, de acuerdo con dicha ley.

Ecologistas en acción se dirigió a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía manifestando que“consideraría ilegal la modificación de los límites del Paraje Natural Marismas del Odiel, en el ámbito de una propuesta de PORN, y obligaría a realizar las correspondientes acciones de recurso legal y denuncia ante las instituciones europeas”, por lo que solicitaban la retirada del borrador dePlan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)  del Paraje Natural Marismas del Odiel, versión de agosto de 2017 y se vuelva a utilizar la delimitación del Paraje Natural Marismas del Odiel, acorde con la Ley 12/1984 de su creación y con los documentos anteriormente expuestos y los que se corresponden con los presentados para las propuestas de LICs de la Red Natura 2000 de la UE.”

Ecologistas en acción de Huelva no ha recibido respuesta ninguna, el PORN sigue sin ser aprobado y el borrador que permanece en la web de la Consejería de Medio Ambiente es el que pretende cambiar los límites del Paraje Natural (también Reserva de la Biosfera) en función de los intereses de la Autoridad Portuaria de Huelva. Mientras, el Puerto ha invadido y se ha adueñado de parte del espacio protegido, realizando actuaciones sin ningún tipo de evaluación ambiental, pasando por encima de la legislación vigente en materia de medio ambiente y espacios protegidos.

Por todo ello, Ecologistas en acción de Huelva, ha manifestado su repulsa y preocupación ante el Consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, que inauguraba un acto sobre el PN Marismas del Odiel en el Parque Moret de Huelva, presentándole pasquines con lemas como “El Puerto de Huelva intenta cambiar los límites de Paraje Natural Marismas del Odiel, Consejería de Medio Ambiente ¿cómplice?”.

 

Fuente e imagen: Ecologistas en Acción.

 

 

 

Más de 12.000 personas firman una petición demandando la paralización de las talas masivas de árboles en Sevilla

– Más de doce mil personas han firmado ya en contra de esta política.

– El Ayuntamiento hispalense prevé plantar sólo un 20% de los árboles que marca el PGOU.

– El Delegado remite a un borrador de nueve páginas donde ni siquiera aparece la evaluación de riesgo.

– Guevara se escuda en un supuesto informe singularizado que sorprendentemente no se ha hecho público.

– Parques y Jardines dice que las aves afectadas han sido trasladadas a Recuperación, pero en dicho Centro no consta. 

– Según el pliego, el Ayuntamiento ha dejado en manos de operarios de las empresas el cuidado de las especies de fauna protegida, sin asegurar presencia de expertos.

Más de doce mil personas han firmado, solo en las últimas tres semanas, una petición demandando la paralización de las talas masivas de árboles urbanos y la creación de un Plan Director y de Gestión de Arbolado de Sevilla que contemple el cuidado integral del arbolado y la reposición de todas estas talas. A pesar de esto, el alcalde de Sevilla no ha escuchado: el total de árboles talados es de 2806 según los datos reflejados en los planes publicados en la web municipal.

Según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por cada árbol talado el consistorio debe reponer cinco árboles con las especies adecuadas. Es decir, según las ordenanzas municipales se deberían plantar un total de casi 15.000 árboles por esta tala, y además asegurar la plantación de los aproximadamente 10.000 alcorques vacíos que existen en la ciudad. En este sentido, el Delegado de Parques y Jardines anunció hace un par de semanas la plantación de 5.000 árboles este otoño, es decir, tan sólo un 20% de los que se está obligados a plantar.

La polémica sobre el arboricidio se escenificó el pasado viernes al final del Pleno del Ayuntamiento, cuando tres organizaciones sociales, Red Sevilla por el Clima, Ecologistas en Acción y Ecourbe, formularon preguntas al respecto de la gestión y planificación de las talas y la futura plantación, dando voz a la Plataforma Salva tus Árboles Sevilla. El Alcalde de la ciudad, Juan Espadas, se ausentó durante parte de esta sección de Participación Ciudadana incluida en el orden de dicha sesión plenaria.

Las organizaciones preguntaron si era necesario talar y podar de “urgencia” un número tan elevado de árboles este verano, dado que la idoneidad de dichas talas está basada en un Plan de Gestión de Arbolado fechado hace tres años, el 1 de octubre de 2015. Frente a esta pregunta David Guevara remitió a un Plan borrador, según declara el propio texto del Plan, publicado en la web, que cuenta con tan solo nueve páginas y donde ni siquiera se mencionan los informes de evaluación de riesgo preceptivos.

David Guevara argumentó además que las talas se hacían una vez indicada la idoneidad de cada una con un informe técnico singularizado de evaluación de riesgo realizado por profesionales acreditados. A día de hoy- destacan desde Ecologistas en Acción-, ni uno solo de estos informes previos de evaluación de riesgo ha sido hecho público, ni en la web municipal, ni en respuesta a las peticiones ciudadanas, contraviniendo la Ley de Transparencia. Por otro lado, el concejal de IU Daniel González Rojas declaró el pasado 13 de julio, tras reunirse con el Director de Parques y Jardines Adolfo Fernández Palomares para requerir dichos informes, que a él mismo tampoco le han sido mostrados.

En este contexto, las organizaciones civiles se preguntam si existen realmente estos casi 3.000 informes singularizados de evaluación de riesgo realizados por profesionales acreditados y, en tal caso, porqué aún ninguno de ellos ha sido hecho público.

Otra de las cuestiones más significativos en esta gestión del Departamento de Parques y Jardines ha sido la falta de un estudio sobre la afección de las talas y podas a la biodiversidad y de cómo se van a recuperar los hábitats perdidos. El Delegado David Guevara declaró el pasado viernes durante el Pleno que las aves afectadas por las actuaciones habían sido trasladadas al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) por los operarios de las empresas contratadas. Sin embargo, en el CREA de San Jerónimo, no consta la recepción de aves afectadas por las talas y podas por parte de las empresas.

Salvo en el caso de los nóctulos, no se han realizado estudios sobre la afección de las talas y podas sobre otras especies de fauna urbana como son rapaces nocturnas, fringílidos y otras especies de quirópteros. Según el pliego de condiciones a las empresas, se deja en manos de los operarios contratados la gestión del cuidado y la aplicación de medidas compensatorias para la supervivencia de esta u otras especies, sin que se asegure la presencia de expertos en dicha gestión. El Ayuntamiento es sin embargo el responsable legal y político último de que se cumplan las condiciones de los pliegos, lo cual no está sucediendo.

Las respuestas del Delegado, por tanto, no sólo faltan a la verdad y a la ley, sino que faltan al respeto a la inteligencia de la ciudadanía. Las organizaciones Red Sevilla por el Clima, Ecologistas en Acción, Ecourbe, y cientos de ciudadanos organizados en la plataforma Salva Tus Árboles Sevilla demandan una investigación sobre posibles negligencias administrativas en la gestión del Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, así como la depuración de responsabilidades.

“El Ayuntamiento ha hecho una tala y poda indiscriminada, masiva, a las bravas, sin las necesarias garantías de transparencia y sin respetar las propias ordenanzas municipales. Esto es otra gran chapuza del alcalde Juan Espadas, y una que nos deja sin sombra, con una ciudad empobrecida en biodiversidad y habitabilidad, y además con numerosas preguntas sin resolver y desconfianza hacia la administración” declaró Reyes Tirado, presidenta de Red Sevilla por el Clima.

 

 

Fuente e imagen: Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción alega contra la  transformación en regadío de la finca “Los Palmares”


Ecologistas en acción de Huelva ha presentado alegaciones contra la  transformación en regadío de la finca “Los Palmares”, en Trigueros y considera difícil de entender y aceptar, tras varias décadas de conciencia de la necesidad de preservar hábitats naturales de especial importancia, que una zona húmeda sea rodeada en su totalidad por una explotación de cultivos intensivos y que ello se haga además sobre monte público y sin garantías de contar con agua para el proyecto.

El grupo de fincas conocidos como “Los Palmares” de 358 has, es monte público catalogado y bien comunal de Trigueros, cuyo ayuntamiento  lo ha arrendado a una empresa agrícola por un periodo de 30 años sin estudio previo de viabilidad , en el que se hubiese tenido en cuenta la presencia de ecosistemas singulares o la disponibilidad de agua. “El arrendamiento de bienes comunales a empresas privadas por largos periodos de tiempo se está convirtiendo en una práctica habitual para la obtención de dinero fácil para algunos ayuntamientos onubenses (Villanueva de los Castilllejos abrió camino con Garcia Carrión y  El Granado y Punta Umbría son otros ejemplos recientes), que parecen actuar sólo en función del corto plazo y el interés electoral, privatizando en la práctica montes públicos, cuya transformación durante décadas hará imposible su restauración para los usos tradicionales por los que fueron catalogados”, se ha destacado desde Ecologistas.

En el caso de “Los Palmares”, Ecologistas en Acción recuerda además que ya propuso hace tiempo su inclusión en el Inventario de Huemedales de Andalucía y que el conjunto de fincas propuestas para su transformación, incluido el complejo de lagunas endorreicos que suponen un total de 425,19 has, conocidas como Dehesa Boyal conforman, en su conjunto, un ecosistema isla (conjunto de ecosistemas  o unidad funcional soporte tanto para los taxones protegidos de flora como por la fauna que alberga), cuyas características necesitan de la protección de todo el conjunto del territorio, en vez de resultar drásticamente parcelado e impactado por el proyecto de regadío.

La asociación ecologista recuerda también en sus alegaciones que “no está justificada ni documentada la existencia de agua necesaria en condiciones adecuadas para dicha transformación y las instalaciones anejas”, ya que todo el proyecto está basado en el uso de las aguas residuales tratadas procedentes Beas, Trigueros y San Juan del Puerto, sin que en la actualidad  existan experiencias de entidad de uso de aguas residuales para el cultivo de fresas o arándanos,  siendo muchas las dudas generadas y los problemas sanitarios detectados cuando se han realizado experiencias similares en otro tipo de cultivos, cuyos requerimientos sanitarios no son tan estrictos como en este sector.

Ecologistas en acción de Huelva lamenta que la provincia de Huelva se haya convertido en el espacio andaluz donde se está produciendo mayor pérdida de monte público y exige a la Junta de Andalucía que deje de ser cómplice en esta especie de nueva “desamortización” encubierta y defienda, como es su obligación, el patrimonio público y natural del territorio.

.Alegaciones Ecologistas en acción Proyecto Los Palmares (Trigueros)

Fuente e imagen: Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción denuncia que el nuevo reglamento del Ciclo Urbano de Andalucía no garantiza suficientemente el derecho humano al agua

– Hoy se reúne el Consejo Andaluz de Medio Ambiente.
-El punto cuarto del orden del día se dedica a la presentación de un Informe sobre el nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano que la Junta de Andalucía está redactando. 

Desde Ecologistas en Acción se ha informado que en estos momentos la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, está redactando un nuevo Reglamento para regular todo lo referente al abastecimiento, saneamiento y depuración del agua de las poblaciones. La iniciativa es encomiable y el borrador conocido contiene propuestas positivas. Sin embargo numerosas y variadas organizaciones representativas de la sociedad civil (AEOPAS, FACUA, ECOLOGISTAS EN ACCION, FNCA, CCOO, WWF, Fundación SAVIA, UGT e Ingeniería sin Fronteras) han mostrado su insatisfacción por algunos de sus contenidos.

Asimismo se apunta que en la formulación de principios en los que se basa se echa en falta claridad y actualidad de ideas, falta el principio de prioridad de la gestión pública, que es la garante del dominio público y el derecho humano, ausencia en el principio de planificación, imprescindible para prever, seleccionar y ordenar en el tiempo las inversiones necesarias para, entre otras, la prevención de los impactos futuros del cambio climático, y falta una definición adecuada del principio de participación social que incluya el derecho de los ciudadanos a intervenir en los procesos de decisión de manera efectiva.

El reglamento establece que para garantizar que a nadie se le corte el agua por motivos económicos o sociales las entidades suministradoras harán anualmente unas previsiones de gasto que en ningún caso podrán exceder el 0,7% de la facturación tarifaria del ejercicio inmediatamente anterior. “La expresión que en ningún caso podrá exceder es insólita por lo concreta y terminante en un caso abierto a circunstancias tan variables y singulares como este. Por su parte la dotación de 50 litros/persona/día es claramente insuficiente, produciendo una estigmatización de la pobreza ya que el consumo medio en España es de 127 litros”, ha remarcado desde la organización medioambiental.

El agua es una necesidad vital, imprescindible, insustituible, un servicio que se presta en régimen de monopolio (solo hay una empresa en cada población). Es un gran negocio (todos somos consumidores cautivos) que los ayuntamientos, agrupados en consorcios si hace falta, saben manejar muy bien. “No se trata de demonizar el papel fundamental de la empresa privada en nuestra economía y sociedad, sino de entender que el agua es un derecho humano y un elemento esencial del medio ambiente”, explican. Por eso es responsabilidad inalienable de la administración la prestación del servicio. Una gestión pública diferente a la que se ha producido frecuentemente (opaca, corporativa, a veces ineficiente). también se incide en la necesaria implantación de un nuevo modelo de gestión pública como viene definida en el Pacto Social por el Agua aprobado por el Parlamento de Andalucía (octubre de 2016) y por la Declaración de Cádiz sobre la gestión pública del agua (12 de noviembre de 2017).

Sin desconocer avances y puntos de interés, el borrador que conoce Ecologistas en Acción muestra un proyecto que parece diseñado, o que puede servir para consolidar, propiciar y facilitar la gestión privada de un servicio que debe de mantenerse en manos públicas.

Fuente: Ecologistas en Acción.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba)

Ecologistas en Acción pide cautela en el plan de restauración del incendio forestal de Doñana

· Un año después del incendio forestal que quemó más de 10.000 hectáreas en Doñana, las directrices para la restauración de la zona afectada hacen prever que sea necesaria una inversión muy superior a los cincuenta millones de euros.

· Ecologistas en Acción considera que un incendio forestal, además de ser una catástrofe ambiental, supone un duro golpe a la economía, e insiste en que la lucha contra los incendios forestales debería integrarse en una planificación de desarrollo rural integral y fomentarlo con apoyo político, financiero y social.

Ecologistas en Acción prevé que la restauración de la zona afectada por el incendio forestal en Doñana -hace un año que se inició el fuego- va a costar bastante más de cincuenta millones de euros que habrá que sumar al millón y medio que costó la extinción y a la pérdida de 9,8 millones de euros en valores ambientales, recreativos y económicos como la piña, pastos, madera, caza o plantas aromáticas.

Esta afirmación la hace la organización a la luz del documento de directrices para la restauración que ha sido entregado a los grupos de trabajo del Consejo de Participación del espacio protegido, previo a su presentación en el próximo Pleno de este órgano colegiado en julio. El documento, en el que ha colaborado una comisión multidisciplinar de entidades públicas, prevé preparar un plan de restauración muy diverso y heterogéneo en atención a los numerosos hábitats y ecosistemas, y teniendo en cuenta la respuesta de la vegetación y el banco de semillas.

Ecologistas en Acción acoge con buenas expectativas el documento de directrices pero exige que se aplique el principio de cautela. Así, solicitará que junto a la completa erradicación de especies exóticas prevista, apostando por las especies propias de Doñana, y previo a la tarea de eliminación de árboles quemados, los ejemplares afectados sean marcados por el equipo del espacio protegido cumpliendo exhaustivamente con los requisitos que se describan para las cortas. Esta exigencia responde a que existe un gran vacío de literatura científica relativa a la resiliencia del pino piñonero tras un incendio y sería necesario, por la falta de conocimiento científico, dar más margen a los árboles para ver la evolución. “La intervención para eliminar casi 173.000 toneladas de madera en una superficie de 7.183 hectáreas, con la tala de unos cinco millones de árboles, dejaría un paisaje desolador. La administración ambiental debería de realizar una selección exhaustiva para una primera actuación de corta de árboles completamente calcinados y podas en los ejemplares algo más afectados. Posteriormente, el seguimiento del arbolado afectado irá marcando la necesidad de nuevas labores y las pautas para avanzar en la restauración al ritmo de la naturaleza, evitando así una posible tala masiva que sólo beneficiaría a fábricas que se dedican a la producción de energía a partir de la biomasa”, se ha advertido desde la agrupación.

Para la organización ecologista, Doñana y su entorno están viendo disminuidos o devaluados los espacios forestales y no basta responder con modificaciones presupuestarias que favorezcan las restauraciones que haya que hacer, sino que es fundamental comenzar a paralizar los proyectos que supongan la pérdida de arbolado y de monte público. Esta organización lleva tiempo dando cuenta de algunos antecedentes de pérdida de arbolado que se vienen dando en la zona, como descatalogaciones de montes públicos, trabajos de entresaca de pinos en una zona próxima al Paraje Natural de la Laguna de las Madres o la tala indiscriminada de decenas de pinos verdes centenarios en terrenos del antiguo albergue Pedro Alonso Niño en Mazagón.

Ecologistas recuerda que los incendios forestales son verdaderos atentados contra el medio natural y contra la vida rural, y desgraciadamente los autores suelen quedar en el anonimato y con impunidad total en la mayoría de los casos. Para la organización “no aprendemos la lección de los incendios forestales y hacemos un gran esfuerzo sólo en verano, cuando sufrimos las consecuencias y nos entra pánico”. Finalmente, insisten en que la lucha contra los incendios forestales requiere una gestión preventiva y una apuesta decidida y firme por el desarrollo rural integral impulsado con apoyo político, financiero y social, porque “los montes siempre fueron vida y trabajo, y en términos económicos la prevención es más barata y beneficiosa que la posterior extinción y restauración”.

Fuente e imágenes: Ecologistas en Acción.

La Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho propone eliminar las urbanizaciones previstas en Valdevaqueros y Los Lances

Según informaciones de Ecologistas en Acción, la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho ha acordado proponer que se eliminen las cinco urbanizaciones previstas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tarifa a lo largo del litoral de Valdevaqueros y Los Lances. El PGOU vigente, que data de 1990, incluyó estas grandes urbanizaciones con una superficie total de 3.575.355 m2 que, de desarrollarse, supondría un impacto irreversible sobre el parque natural y el valiosísimo litoral de Tarifa.

Tras la reciente sentencia del TSJA que ha anulado el Plan Parcial de Valdevaqueros, Ecologistas en Acción propuso a la Junta Rectora que se adoptaran medidas para impedir que este tipo de proyectos urbanísticos vuelvan a plantearse, blindando a este litoral único –ubicado entre dos mares y dos continentes- de la especulación urbanística.

La Junta Rectora ha acordado proponer al Ayuntamiento de Tarifa que, en el marco de la revisión del PGOU, proceda a la desclasificación de los suelos considerados como urbanizables por el PGOU vigente en la zona de Valdevaqueros-Playa de Los Lances.

El alcalde de Tarifa Francisco Ruiz Giráldez apoyó esta propuesta por entender que es congruente con la opción del actual ayuntamiento por un nuevo modelo de desarrollo turístico, y que la inversión debe adaptarse a las circunstancias de Tarifa y no al contrario.

Ángel Acuña, delegado de la CMAyOT explicó a la Junta Rectora que la postura de la Consejería ha estado muy clara y es la que marcaba el Plan del Corredor del Litoral en el que se le otorgaba la máxima protección a esos terrenos, y que los criterios no han cambiado.

Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, mostró su satisfacción por este acuerdo que demuestra que la sociedad ha cambiado y demanda litorales vírgenes libres del ladrillo. Clavero felicitó al alcalde de Tarifa por anunciar que no recurrirá la sentencia que anula el proyecto urbanístico de Valdevaqueros y por el posicionamiento del actual equipo de gobierno en contra del modelo expansivo que consagra el actual PGOU, un modelo obsoleto e insostenible.

“La revisión de un PGOU para desclasificar suelos urbanizables en el litoral sería un hecho sin precedentes, y pondría al municipio de Tarifa en primera línea en un nuevo modelo que garantice la sostenibilidad medioambiental y territorial”, han valorado desde la organización ecologista.

 

 

Fuente e imagen: Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción denuncia un macrovertedero ilegal en una antigua cantera entre Guillena y La Algaba

 

La organización ecologista denuncia que hace años se dejó al aire la cantera abandonada que se han convertido en un macro vertedero ilegal de todo tipo de residuos, muchos de ellos peligrosos y sujetos a ningún sistema integral de gestión: envases de pintura, de productos químicos y fitosanitarios, plásticos industriales, gomas, neumáticos, piezas de vehículos, colchones, electrodomésticos, uralita

– Su abandono en la naturaleza contraviene tanto las directivas europeas como la legislación nacional vigente

Ecologistas en Acción ha informado de que en la antigua cantera de áridos Borbolí, de 50 hectáreas situada en Guillena y La Algaba en el lugar conocido como Torre de la Reina, tiene una orden de paralización de actividad en 2013 que presuntamente se estaría incumpliendo. Además se destaca que no se han llevado a cabo los trabajos preceptivos posteriores a la explotación, que incluyen la restauración morfológica y ambiental, la mejora del suelo y de la fauna, ni mucho menos la revegetación.

Al contrario, hace años se dejó al aire la cantera abandonada se han convertido en un macro vertedero ilegal de todo tipo de residuos, muchos de ellos peligrosos y sujetos a algún sistema integral de gestión: envases de pintura, de productos químicos y fitosanitarios, plásticos industriales, gomas, neumáticos, piezas de vehículos, colchones, electrodomésticos, uralita…. Su abandono en la naturaleza contraviene tanto las directivas europeas como la legislación nacional vigente. Cabe destacar que se han creado balsas de aguas ponzoñosas están a 10 metros de la Rivera de Huelva y que se están filtrando y afectando a los pozos vecinos y a los ríos Rivera de Huelva y Guadalquivir.

“Por si fuera poco, el paraje se encuentra protegido por el Plan especial de protección del Medio físico y Catálogo de la Provincia de Sevilla y en la “Zona de Especial Protección”, Complejo Ribereño de Interés Ambiental”, han destacado desde Ecologistas en Acción.

Los camiones cargados solamente pueden acceder al punto de vertido por el camino que sale de la carretera SE-188, y para entrar en el recinto deben franquear una verja cerrada con candado. Es decir que deben ser admitidos por la propiedad. Esta situación contrasta con las declaraciones del Consejero de Medio ambiente, que el pasado martes destacaba los trabajos del Gobierno andaluz para dar cumplimiento a la Directiva europea sobre vertido de residuos. En este sentido “España acumula varias multas de la Unión Europea por ese reiterado incumplimiento”, se ha remarcado.

Este vertedero ya fue denunciado hace cuatro años al Seprona y a los Ayuntamientos de Guillena y La Algaba por Ecologistas en Acción, que consideran muy grave que no se hayan tomado medidas para atajar la contaminación y detener el tráfico ilegal de residuos, que incluso parece haber aumentado. También han solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a la unidad especializada de la Guardia Civil que analicen las aguas del acuífero.

Esta vez han acudido además a la Fiscalía de Medio ambiente, por si pudiera haber omisión y/o dejación de funciones por parte de autoridades o funcionarios y por supuesto se ha exigido que se repongan los daños ocasionados al medio ambiente, se restaure el suelo contaminado y se limpie toda la zona.

Fuente e imágenes: Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción defiende la preservación de los espacios forestales del Andévalo Occidental, frente a los proyectos  de expansión del regadío en más de 5000 hectáreas de esa comarca

Imagen de zona forestal en la Puebla de Guzmán.

Ecologistas en Acción ha presentado sendas alegaciones a la concesión de aguas para el riego de más de 5000 nuevas hectáreas en el Andévalo Occidental, así como a la transformación en regadío de dichos suelos, de los que más de la mitad en la actualidad son suelos forestales.

Para Ecologistas en Acción es fundamental mantener la globalidad de los recursos forestales de Huelva, contribuyendo así a salvaguardar la biodiversidad y luchar contra el cambio climático. De las 5.177 has que se proponen conceder para regadío en el Andévalo Occidental, 2.744 son forestales. Una transformación de esa entidad en espacios agrícolas de regadío no debería ser admitida por una administración andaluza que hace gala de voluntad de defensa del medio ambiente.

Además, una parte considerable de las fincas que proponen transformar en regadío se encuentran dentro de la ZEC  Andévalo Occidental de la Red Natura 2000, lo que provocaría la pérdida de los valores ambientales que este espacio  que la Unión Europea obliga a preservar. El propio Plan de Gestión del ZEC considera que las amenazas y presiones del regadío son altas y generan impactos para las aves esteparias y la conectividad ecológica. Las medidas que sugiere la Consejería de Medio Ambiente para mantener la Conectividad Ecológica (arroyos como corredores, vallados permeables, “islas refugio” con vegetación natural, etc.) son totalmente insuficientes y no garantizan la defensa de los valores y hábitats de la citada Zona de Especial Conservación.

“Conocido el funcionamiento  habitual de las fincas de regadío, así como los escasos medios para su vigilancia y control con que cuenta la Consejería de Medio Ambiente queda claro que se proponen medidas correctoras imposibles de aplicar. El respeto de los pies arbóreos presentes en la finca, la plantación en las franjas de protección de los arroyos, el respeto del dominio público hidráulico y su zona de servidumbre, zonas sin cultivar en márgenes de arroyo, etc, pueden ser medidas de interés, pero que no tienen visos de ser respetadas ni controladas tras su aprobación por dicha Consejería” se ha remarcado desde Ecologistas. También se ha recordado desde la organización que hay fincas sancionadas recientemente por infringir la Ley Forestal de Andalucía a las que sólo se les reduce la superficie de riego, sin que ni siquiera se les haya exigido la  restauración completa de los daños causados al patrimonio forestal.

Ecologistas en Acción considera que no es posible admitir una transformación de esta índole en tan enorme cantidad de hectáreas y en espacios ambientalmente importantes, sin hacer una evaluación global de los impactos generables y máxime, teniendo en cuenta todas las transformaciones continuas y de enorme repercusión ambiental que se vienen produciendo en la provincia de Huelva y principalmente en el Andévalo y en la Cuenca Minera.

 

 

 

Fuente: Ecologistas en Acción.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba)

Izquierda Unida y EQUO Huelva llevan la denuncia de posibles vertidos en el río Tinto al Parlamento andaluz

-Registran una pregunta en la Comisión de Medio Ambiente solicitando al Gobierno andaluz que explique qué medidas ha tomado tras la denuncia realizada junto a Ecologistas en acción. 

-Instan además a proteger el río y sus inmediaciones, exigiendo al Gobierno de la Junta que proteja el derecho de los onubenses a un medio ambiente limpio.

El parlamentario de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz José Antonio Castro ha registrado dos preguntas dirigidas al consejero de Medio Ambiente en relación a la denuncia presentada el pasado día 11 de abril por Izquierda Unida, EQUO y Ecologistas en Acción relativa a un más que probable vertido al cauce del río Tinto.

La denuncia fue presentada al detectar integrantes de estas organizaciones en un recorrido por el río Tinto un vertido espumoso de apariencia sospechosa y fuerte olor ácido. Como señalaron en su momento, su magnitud era especialmente significativa a la salida del embalse de La Marismilla, en término municipal de Nerva, en la confluencia del arroyo el Ventoso, así como en el puente de la carretera de Berrocal; pero la presencia de espumarajos presumiblemente contaminantes se podía apreciar a lo largo de varios kilómetros río abajo.

En la pregunta registrada en la comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se solicita la valoración de la Consejería respecto al vertido citado y se cuestiona acerca de las actuaciones que ha puesto o tiene previsto poner en marcha a fin de esclarecer su origen, iniciar las medidas correctoras necesarias y, en su caso, incoar el correspondiente expediente de carácter sancionador y/o informativo.

Pepa Beiras responsable andaluza del área de Medio Ambiente de Izquierda Unida, ha señalado que “resulta indignante observar el estado de abandono en el que se encuentra la comarca en las inmediaciones, con todo tipo de residuos en las márgenes de un río que es un patrimonio natural de renombre internacional. Indignante la pestilencia procedente del vertedero de Nerva que provoca picor en vías respiratorias, el ingente caudal de aguas residuales sin depurar vertiéndose al Tinto, y el rebose de lixiviados procedentes de los recintos del vertedero. La incapacidad del gobierno de la Junta de Andalucía para resolver los graves problemas ambientales ocasionados por décadas de nefasta gestión resulta patente”.

Por su parte, Isabel Brito, coportavoz de EQUO en Huelva, ha insistido en que “el río Tinto es patrimonio natural y cultural de todos los onubenses y no vamos a permitir que se convierta en un vertedero permanente de las empresas mineras o de residuos que sólo miran a nuestra provincia para lucrarse a costa de la degradación de nuestro territorio y de la calidad de vida de la población de la Cuenca Minera”.

“No vamos a consentir este engaño permanente, ni mucho menos la pasividad de la Junta de Andalucía, que sigue alimentando con las autorizaciones que les concede a estas empresas los vertidos, la insalubridad y la insostenibilidad de nuestros parajes”. Para Brito, un paisaje protegido como lo es el río Tinto “no merece que se mantenga en su ámbito un vertedero de residuos peligrosos en Nerva, cuyo control y seguimiento por parte de la Junta de Andalucía ponemos en cuestión y sobre el que hay transparencia cero; ni que se siga alimentando el río de vertidos de aguas residuales sin tratar por el incorrecto funcionamiento o ausencia de depuradoras que garanticen un tratamiento adecuado conforme a las exigencias normativas”.

“Europa no puede seguir poniéndonos la cara colorada por la pasividad de nuestro Gobierno andaluz para proteger el derecho de los onubenses a un medio ambiente limpio”, concluyen desde ambas organizaciones.

 

 

Fuente e imágenes: EQUO Huelva.

 

Ecologistas en Acción vuelve a advertir sobre el peligro de rotura de balsas en la explotación minera de Riotinto 

Actividad minera en Riotinto.

-La rotura de la presa del Proyecto Riotinto podría provocar un vertido tóxico 10 veces superior a la catástrofe de Aznalcóllar de 1998

 

-Ecologistas en Acción denuncia que la mala gestión de la presa por parte de Atalaya Mining está acelerando su deterioro e inseguridad y exige a la Junta de Andalucía que no mire para otro lado

-Zonas pobladas de Gibraleón y Huelva podrían ser inundadas por una onda de vertido tóxico de hasta 5 metros, no descartándose la pérdida de vidas humanas.

Ecologistas en Accion advierte que la presa de lodos del Proyecto Riotinto ya rebosó con las pasadas lluvias del mes de abril y en caso de rotura podría verter un volumen conjunto de agua contaminada y lodos de 66,28 millones de m3, según los cálculos realizados en octubre de 2014 por la empresa AYESA para la minera Emed Tartessus, actualmente Atalaya Mining. Esto supondría más de 10 veces la cantidad de lodos tóxicos que vertió la balsa de Boliden en Aznalcóllar hace 20 años, que supuso en grave riesgo el Parque Nacional de Doñana.

La presa del Proyecto Riotinto, en el momento de la paralización de la actividad minera en 2001, ocupaba 530 hectáreas y contenía 340 millones de toneladas de residuos. Está formada por tres secciones dispuestas en cascada, denominadas Gossan (ya colmatada), Cobre (iniciada en 1970 y recrecida en 2016) y Aguzadera (iniciada en 1987 y recrecida en 2016).

Desde Ecologistas en Acción se advierte que la rotura de una de estas tres secciones podría provocar una rotura en cadena de todas. En cualquier caso, los lodos caerían desde alturas de entre 46 y 64 metros (según el punto de rotura), al arroyo Rejoncillo y/o al barranco de la Aguzadera, y en poco más de 30 minutos llegarían al río Odiel.

El estudio de rotura de 2014 sólo prevé roturas, por separado, de la sección de Cobre o de Aguzadera. Sin embargo, lo que se califica por parte de la organización ecologistas  de “mala gestión actual” realizada por Atalaya Mining está provocando una situación de alto riesgo en la sección de Aguzadera, cuya rotura podría arrastrar por succión a los lodos de Cobre.

El contenido de estas secciones incluye -además de residuos mineros- otros residuos muy tóxicos procedentes del polo químico de Huelva, que fueron depositados ilegalmente durante la pasada década de los 90, del mismo modo que estos residuos químicos aparecieron en el vertido de Aznalcóllar el 25 de abril de 1998.

Ecologistas en Acción denuncia malas prácticas de Atalaya Mining en la gestión de la presa, que están acelerando el deterioro y la inseguridad de la misma. No están respetando la distancia de seguridad de 50 metros de playas entre el agua y los muros de contención, lo que indica que han sobrepasado con creces la capacidad permitida, y el agua está erosionando esos muros muy peligrosamente. Asimismo se ha indicado que esto se debe a que Atalaya Mining no está espesando los lodos antes de verterlos a la presa, incumpliendo la obligación establecida en la autorización ambiental de marzo de 2014 y en la autorización de reinicio de la actividad minera de enero de 2015. Ambas obligan a reducir por debajo del 50% el contenido de agua en los lodos.

“Para ahorrar costes, Atalaya Mining ni siquiera ha construido la planta de espesado de lodos y los está vertiendo a la presa con un contenido líquido del 70%.  También ha modificado el sistema de vertido de lodos en la presa, reduciendo costes en detrimento de la seguridad”, se ha recalcado.

El sistema usado de ‘spigotting’ hace que esos lodos, demasiado líquidos, caigan muy cerca de los muros de contención, que además han sido recrecidos con técnicas y materiales similares a los que se usaron en la maltrecha balsa de Aznalcóllar. Se infringe así el sistema físico de vertido mediante ‘ciclonado de arenas’, que garantizaba una mayor consistencia de los recrecimientos.

Ecologistas en Acción denuncia también las actuaciones de la Junta de Andalucía en relación a estos hechos y pide a la misma que no mire para otro lado. La Junta de Andalucía conoce y permite los incumplimientos de Atalaya Mining. En abril de 2016, la autoridad minera de Huelva acordó la paralización de la actividad de vertido de lodos, por incumplimiento de las condiciones de espesado, pero en apenas tres semanas la Dirección General de Minas levantó esa paralización, permitiendo durante los últimos dos años el vertido de lodos líquidos, y haciéndose con ello corresponsable de las futuras consecuencias catastróficas que pudieran suceder.

 

 

 

Fuente: Ecologistas en Acción.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba)