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Comisiones Obreras denuncia que el proyecto de Ley de Servicios Sociales apuesta por una gestión privada

CCOO Huelva.

– El sindicato no comparte el modelo de Servicios Sociales que propone “ya que no establece un verdadero Sistema de Servicios Sociales Público, sino que tiende a su privatización y externalización”

– Advierte que “se hace una discriminación entre los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales” y plantea una regulación que modifica la Ley de Contratación Pública para favorecer a un “determinado” tipo de empresas

– CCOO reivindica una estructura organizativa autónoma de gestión del Sistema, “necesaria para que sea realmente público”

Si bien el sindicato matiza que es positivo que “por fin” se presente un proyecto de Ley de Servicios Sociales para su discusión en el Parlamento de Andalucía, y que parece que el documento ha recogido varias aportaciones de CCOO en lo que se refiere a la protección jurídica de los derechos de las personas, la inclusión como principio rector de la equidad, o la clarificación de la situación de los Servicios Sociales Comunitarios ante la aplicación de la Ley de racionalización de la Administración Local, la organización sindical no comparte en términos generales el modelo que se propone por parte del gobierno andaluz.

El principal motivo es, según se argumenta desde CCOO, que hay una clara apuesta por externalizar y privatizar estos servicios. “No se establece un verdadero Sistema de Servicios Sociales Público con una estructura organizativa autónoma que establezca una Red Pública de Servicios que garantice la atención de calidad a las personas, y la calidad del empleo”. “Se tiende hacia un modelo aún peor que el utilizado por el PP para el Sistema Sanitario que tan duramente ha criticado el PSOE”.

“El proyecto es engañoso desde el momento en el que no tiene una auténtica memoria Económica que establezca cómo se va a financiar y se limita a reflejar los presupuestos aprobados en 2015 y 2016, que entendemos son insuficientes si realmente el Gobierno tuviera la intención de ampliar los derechos y establecer un Sistema Público de Servicios Sociales”. “Una ley que basa parte de su financiación en las posibles aportaciones voluntarias, de personas, entidades o empresas, consolida el concepto de caridad y voluntarismo a diferencia de otros Sistemas de Derechos Sociales”.

Por otra parte, CCOO ha explicado que en esta Ley se incluye una regulación que modifica la Ley de Contratación Pública para favorecer a un “determinado” tipo de empresas. “Entendemos que así se elimina la transparencia en la contratación de los Servicios Públicos externalizados, estableciendo un sistema arbitrario, oscurantista y clientelar, al que no se le exigen cláusulas sociales que protejan a las personas trabajadoras”.

Precisamente la discriminación que se hace entre los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales, es otro de los motivos que genera el rechazo de CCOO al Proyecto. “Se establece que las personas trabajadoras que no ocupen puestos de categorías para las que son necesarias titulaciones universitarias no tengan derecho a participar en las condiciones de trabajo, de organización y gestión de los Servicios Sociales”. Para ello el Gobierno andaluz se apoya en legislaciones “de origen franquista, violentando la igualdad de oportunidades y la representación democrática de los trabajadores y trabajadoras establecida en la Constitución y las Leyes y da un tratamiento corporativo, clasista y elitista a la consideración y participación de las personas”.

CCOO ha pedido asimismo que haya una estructura organizativa única de gestión del Sistema, “necesaria para que sea realmente público”, porque en el Proyecto se mantiene la ambigüedad del papel de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA).

Fuente e imagen: CCOO Huelva.