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El Partido Socialista denuncia “el caos en la facturación del agua” que los olontenses pagan “a precio de oro” tras la privatización del servicio.

imagen de un grifo 

Los socialistas aseguran que hasta las oficinas de Aqualia “están llegando cientos de quejas de vecinos”

El Partido Socialista de Gibraleón ha denunciado “el caos en la facturación del agua” desde tras la privatización del servicio con los votos a favor del equipo de Gobierno del Partido Popular  y de los dos concejales de Izquierda Unida. Así, el secretario general de los socialistas en el municipio, José Manuel Álvarez, destacó que “después de la venta del agua a la empresa Aqualia, “las facturas se han llevado meses sin llegar, y ahora nuestros vecinos se enfrentan a elevadas facturas, a las que muchos no pueden hacer frente”.

En este sentido, el también concejal socialista afirmó que “nos hacemos eco del enfado generalizado que hay en Gibraleón, ya que prometieron bajar el precio y, sim embargo, “los olontenses la estamos pagando a precio de oro”. Además, “los desorbitados recibos llegan y nadie explica a qué se deben tales cantidades”.

De este modo, Álvarez ha culpado directamente de la situación al alcalde del Partido Popular, José Ramón Gómez Cueli, y al portavoz de IU, Domingo González, “como ideólogos de la operación de venta e impulsores de la privatización”. A su juicio, “ambos le han mentido al pueblo cuando decían que se iba a pagar menos con la nueva empresa que con el servicio público que prestaba Giahsa”. Por tanto, para el PSOE, “Gómez Cueli y Domingo González son cómplices y culpables de esta desastrosa situación”, añadió.

Según el dirigente socialista, hasta las oficinas de Aqualia “están llegando cientos de quejas de vecinos ante el pésimo servicio y el incremento notable del precio, que en algunos casos supera el 100%”. Además, “las colas para reclamar son de hasta dos horas”. Según Álvarez, “a otros vecinos le han llegado a cobrar dos veces la misma factura, en un descontrol absoluto en la gestión”.

En esta línea, el secretario local del Partido Socialista, lamentó “que a pesar de la subida en la factura, el agua es de pésima calidad por el exceso de cloro algunos días, ha bajado la presión en muchas viviendas y hay numerosos cortes en el suministro”. Por tanto, “el alcalde del Partido Popular y el portavoz de Izquierda Unida tienen que responder por sus decisiones contra lo público y contra los intereses de los ciudadanos que pagan más por un peor servicio”.

Fuente: Partido Socialista.

Imagen: José Carlos Sánchez (Multimagenestudio)

La Junta Arbitral Provincial de Consumo recibió 360 reclamaciones en el primer semestre de 2014

Consumo

En la mayoría de las reclamaciones que se presentan en este organismo, los consumidores carecen de contrato.

La Junta Arbitral Provincial de Consumo, cuyos servicios se prestan a través de la Diputación de Huelva ha recibido, durante el primer semestre del año 2014, 360 reclamaciones de las que 145 se han cursado por los trámites del Arbitraje de Consumo y el resto se han resuelto mediante actuaciones previas al procedimiento arbitral. Desde la Junta Arbitral se ha destacado la entrada en vigor de la nueva Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada el 27 de marzo de 2014, que busca una mejor protección de los consumidores.

Esta nueva regulación nace para fortalecer los derechos de los consumidores y usuarios en una etapa en la que se dan fuertes abusos producidos por la contratación en masa, los contratos de adhesión y las imposiciones de las condiciones de la empresa en un contexto en el que se ha incrementado la contratación electrónica y telefónica.

Entre las principales modificaciones se encuentra la ampliación del plazo de derecho de desistimiento de siete a catorce días en los contratos a distancia o fuera del establecimiento mercantil, refuerzo de la información precontractual, en el caso de contratos telefónicos si el empresario llama por teléfono al consumidor y usuario para celebrar un contrato a distancia, deberá revelar su identidad así como indicar el objeto comercial, y deberá confirmar la oferta al consumidor y usuario por escrito en cualquier soporte de naturaleza duradera.

Otras modificaciones son las relativas a los pagos adicionales. En este caso, se debe tener el consentimiento expreso del consumidor con el objeto de no encontrarse con la facturación de servicios o productos no contratados, así como la prohibición de envíos y suministros no solicitados. Al mismo tiempo, los jueces podrán modificar el contenido de las cláusulas que se determinen abusivas.

Desde la Junta Arbitral Provincial de Consumo se asegura que el noventa por ciento de las reclamaciones recibidas responden a contratos de suministros. En estos contratos las empresas realizan contratos de adhesión en los que los usuarios no tienen la posibilidad de pactar las condiciones. Y además han sido realizados en su mayor parte por teléfono, interviniendo el factor sorpresa, no la voluntad del consumidor de dirigirse a la sede de la Empresa. De ahí nace la necesidad de fortalecer el derecho de desistimiento. Se requiere que el consumidor contrate un producto o servicio con un consentimiento libre.

En la mayor parte de las reclamaciones que se presentan en este organismo, los consumidores carecen de contrato, por lo que no pueden conocer el contenido del mismo. Esta situación provoca que en el momento de la facturación no coincida la información precontractual dada con lo verdaderamente contratado. Y de ahí se desprende la mayor parte de problemas como las permanencias no informadas ni consentidas sobre las tarifas y los equipos, los límites de consumo en el servicio no informados, la tarificación adicional, las penalizaciones no consensuadas, la portabilidad de líneas no consentidas, la falta de calidad por falta de cobertura, o la imposibilidad de resolver el contrato ante el incumplimiento de la empresa, entre otros.

Con estos cambios se pretende potenciar que lo pactado por el consumidor se corresponda con lo informado antes de contratar y en caso contrario pueda contar con los medios suficientes para resolver el contrato sin carga alguna.

Las Solicitudes de Arbitraje pueden presentarse a través de una OMIC, que cuentan con el asesoramiento y apoyo de la Diputación, a través del arbitraje electrónico o personalmente por el consumidor en la sede de la Junta Arbitral.

A través de esta Junta Arbitral se han adherido 3540 Empresas de la provincia. Manifestando de esta manera su apuesta por un Sistema extrajudicial de resolución de conflictos. Y una confianza en el procedimiento que se tramita en la Diputación.

Fuente e imagen: Diputación de Huelva.