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OCU pide una revisión completa del sistema eléctrico para reducir la factura de la luz

-Tras las medidas propuestas por el Gobierno

-La Organización de Consumidores cree que la eliminación del Impuesto a la Generación solo beneficia a la industria y no supondrá una rebaja en el precio de la energía para los consumidores

-OCU ve necesaria una revisión completa del sistema energético, en el que los diferentes agentes que participan en él reciban una remuneración razonable, pero también en el que los consumidores tengan unas tarifas transparentes, justas y accesibles para todos los hogares

El mercado mayorista acumula desde marzo seis meses de continuas subidas. Además, según OCU, el mes de septiembre se podría cerrar con precio en torno a los 70 €/MWh, lo que supondrá un nuevo incremento en la factura de la luz en otro 3,3%. Así, un hogar medio acumula durante 2018 una factura de 598 euros, 16 euros más que en el mismo periodo (enero- septiembre) del pasado año y 80 euros más que la factura de ese mismo periodo en 2016.

Estos incrementos afectan directamente a los hogares con la tarifa PVPC y a los beneficiarios del bono social, e indirectamente al resto de consumidores que tienen contrato con una comercializadora en el mercado libre, que ven cómo sus revisiones de tarifa también aumentan, pese a que mucho de ellos ya sufrían tarifas mucho más elevadas que la tarifa PVPC.

Ante esta situación, OCU valora positivamente el avance que supone que el Ministerio de Transición Ecológica identifique como un problema el sistema de fijación de precio del mercado mayorista y que plantee la necesidad de revisar el bono social ampliándolo también a la calefacción, sin embargo, la ausencia de detalles concretos sobre las medidas propuestas genera serias dudas sobre su utilidad real para el consumidor.

En este sentido, OCU considera que la única medida concreta planteada, basada en la eliminación del Impuesto a la Generación, a corto plazo sólo traerá consigo que la industria se ahorre un importante coste, que era empleado para aliviar la importante factura de los peajes que también paga el consumidor final. OCU considera que la medida anunciada no provocará de forma automática una rebaja en el precio de la energía y según OCU, puede provocar, si no se cuenta con ingresos adicionales, que haya una subida de las tarifas de acceso en enero de 2019.

Ante la declaración de intenciones planteada por el Gobierno, OCU pide que se concreten las acciones y propone una combinación de medidas que permitan una factura más justa. Entre otras, retirar o limitar conceptos que incrementan artificialmente la factura, asignar una mejor distribución de los costes entre los diferentes tipos de consumidores, aplicar mecanismos para frenar el incremento artificial del precio de la energía en el mercado mayorista y destinar recursos para proteger a los hogares más desfavorecidos.

De manera concreta, OCU propone:

  • Revisión de sistema de precios mayorista: según OCU, es imprescindible que este sistema incorpore nuevos ajustes que remuneren de forma justa a las tecnologías más caras e infrautilizadas, pero sin que eso suponga que las tecnologías con costes más reducidos como la nuclear o la hidráulica se beneficien de esos elevados precios. En este sentido se valora positivamente que el Gobierno por fin comparta este análisis de la situación.
  • Penalizar las manipulaciones del mercado: esta revisión del mercado mayorista debe completarse con una estricta supervisión y fuertes penalizaciones para prevenir esa manipulación.
  • Revisión y redistribución de los peajes de acceso: los peajes de acceso deben ser revisados y en algún caso eliminados del sistema eléctrico, pero sobre todo es importante que se haga una correcta distribución de estos peajes, de manera que no sean los pequeños consumidores los que subvencionen los costes a los grandes fabricantes.
  • Revisión del IVA: la luz es un producto de primera necesidad y el tipo impositivo del 21% debería revisarse a la baja, aplicando tipos impositivos reducidos como ya hacen otros países europeos.
  • Eliminación del Impuesto de la Electricidad: antes de abordar el Impuesto a la Generación, OCU considera imprescindible que se elimine el Impuesto de Electricidad. Este impuesto supone encarecer la factura eléctrica en un 5.11% y supone una recaudación de aproximadamente 1.500 millones. Con la eliminación de este impuesto a los consumidores se podría compensar la reciente subida de la electricidad.
  • Impulso del Bono Social: sobre una previsión de 2,5 millones de hogares como potenciales beneficiarios de esa tarifa, solo un 28% lo ha solicitado. Por ello, OCU cree que se debe facilitar su tramitación simplificando el proceso con fórmulas de aplicación automática como ya se hace en otros países. Además, cree que el bono social debe ampliarse a otros servicios, como el suministro de gas.
  • Transparencia en las tarifas aplicadas: el desconocimiento del mercado energético por el consumidor y la confusión interesada provocada por las comercializadoras de energía hace que muchos clientes estén en el mercado libre con tarifas muy elevadas. OCU exige transparencia sobre las tarifas que las comercializadores aplican en las revisiones de contrato a sus clientes, que son totalmente opacas para la administración y en la práctica, también para los clientes.
  • Afrontar en beneficio de los consumidores los nuevos retos y posibilidades que ofrece el mercado: eliminando barreras al autoconsumo y diseñando nuevas relaciones entre consumidores-distribuidora-comercializadora aprovechando las posibilidades del nuevo contador digital.

Una investigación de la Universidad de Huelva establece la configuración geográfica del Espacio Natural de Doñana durante la época romana

Paleogeografía del estuario del Guadalquivir en el siglo II-III d.C. y acción del tsunami.

Durante la época romana, la geografía de la desembocadura del río Guadalquivir, el Baetis romano, era bastante diferente a como la conocemos hoy día y los diferentes asentamientos existentes estaban supeditados a las variables dinámicas del medio, destacando entre éstos los episodios de olas extremas –tormentas y tsunamis– y la progresiva acumulación de sedimentos.

Esta es la conclusión a la que ha llegado un nutrido y multidisciplinar equipo de investigación liderado por el profesor del Departamento de Geodinámica y Paleontología de la Universidad de Huelva, Antonio Rodríguez Ramírez. A partir de un estudio geomorfológico y sedimentológico de las diferentes formaciones geológicas y una exhaustiva revisión de textos antiguos, se ha podido establecer la historia geológica de este incomparable marco natural que es la desembocadura del río Guadalquivir, donde se ubica Doñana. El trabajo se inició en el año 2013 y finalmente se ha visto culminado con su publicación en la revista científica Geomorphology, con el título “Geomorphological record of extreme wave events during Roman times in the Guadalquivir estuary (Gulf of Cadiz, SW Spain): An archaeological and paleogeographical approach”.

Durante los siete siglos de presencia romana en la Península Ibérica (218 a. EC – 475 d. EC) el estuario evolucionó “desde un lago costero, el llamado Lacus Ligustinus, bien comunicado con el mar a través de dos desembocaduras fluviales que rodeaban la flecha de La Algaida, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), a una marisma de marea muy sedimentada y con una única desembocadura, ya que La Algaida se uniría a tierra firme mediante un tómbolo – barra arenosa que une dos islas, o una isla con tierra firme–a partir del siglo I de nuestra era”, según muestra el citado trabajo de investigación.

En el transcurso de esta evolución, fuertes tormentas y un tsunami en el siglo II-II de nuestra era sacudieron el perfil costero, dando lugar a llamativas morfologías erosivas y lechos sedimentarios. “Geológicamente este gran episodio catastrófico tuvo consecuencias importantes para para las formaciones costeras, dando lugar a un escape erosivo muy importante en la flecha litoral de Doñana y abanicos de derrame asociados”, afirma el profesor de La Onubense Antonio Rodríguez Ramírez.

Del mismo modo, la investigación publicada releva que “en la marisma los efectos no fueron tan destructivos, precisamente por la protección de la propia flecha, que dio lugar a un llamativo lecho sedimentario constituido por conchas de bivalvos y arena, así como a la erosión de algunos malecones fluviales y su consiguiente inundación marina”.

Arqueológicamente este episodio sería el responsable de un declive temporal en la actividad del asentamiento romano del Cerro del Trigo, así como de otros del Golfo de Cádiz. Muy posiblemente, el terremoto que destruye Baelo Claudia -actual Bolonia- en la misma época, estaría relacionado con dicho tsunami, asegura Antonio Rodríguez Ramírez.

Los diferentes asentamientos romanos de la desembocadura del río Guadalquivir se vieron muy condicionados por los diferentes procesos geodinámicos del medio. Como norma general, en el Guadalquivir los romanos siempre buscaban una buena comunicación con el mar, preferentemente a través de la desembocadura principal del río -la más occidental- y protección ante las grandes tormentas marinas y posibles tsunamis, ubicándose siempre en la zona de sotavento -zona opuesta a aquella de donde viene el viento y las olas-de las barreras arenosas.

Los diferentes episodios catastróficos, elprogresivo aislamiento del estuario por el crecimiento de las flechas litorales y extensión de la marisma, dieron lugar al colapso y desplazamiento de las vías fluvio-mareales de comunicación, provocando a su vez el paulatino abandono de estos sitios. El abandono del asentamiento romano de La Algaida-El Tesorillo- coincide con la desaparición del brazo izquierdo del río y la progresiva colmatación del entorno y el del Cerro del Trigo con el estrechamiento y paulatino desplazamiento del cauce principal hacia el sur.

Del mismo modo, Ébora quedaría aislada por la desaparición del canal mareal que comunicaba con el cauce principal del río. Posiblemente, lugares como Chipiona o Sanlúcar de Barrameda empezaron a tener más importancia a raíz del abandono de estos asentamientos, buscando lugares con mejor conexión marina.

De otro lado, este trabajo ha puesto de manifiesto también que el catálogo para tsunamis en el Golfo de Cádiz durante la época romana, realizado por el geógrafo José Galbis Rodríguez y publicado por la Dirección General del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística en los años 1932 y 1940, utilizado reiteradamente en otros trabajos científicos relacionados con la materia, “se nos antoja poco fiable y por tanto no debería usarse, por lo que para establecer tales eventos debemos recurrir al registro geológico y arqueológico”, concluye el responsable de la investigación.

Fuente e imagen: UHU.