El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía participa en una campaña de recogida de firmas en Huelva, junto a colectivos sociales y juveniles de su formación, que impulsan una Iniciativa Legislativa Popular por el desarrollo de una Ley de Renta Básica que en Huelva beneficiaría a un mínimo de 20.000 personas que no cobran ningún tipo de prestación.
El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, participó ayer en Huelva en una recogida de firmas para reclamar la Renta Básica Estatal, junto a un amplio grupo de representantes de organizaciones sociales y juveniles de IU. Maíllo, que encuadró el acto dentro de la convocatoria de las Marchas de la Dignidad que culminarán el sábado en Huelva con una manifestación, ha asegurado que la “renta básica forma parte esencial del nuevo modelo de país que propone Izquierda Unida” y que se apoya en una banca pública, la lucha contra el fraude y una amplía reforma fiscal que “sea costeada por los que más tienen”. Maíllo explicó que hay margen para gravar las rentas del capital y no sólo las del trabajo.
El coordinador general de IU subrayó que la Iniciativa Legislativa Popular pretende también que se reconozca el derecho estatutario a una renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas y elimine el riesgo de exclusión social, personal y laboral, facilitando la inclusión de quienes carezcan de recursos suficientes.
La renta básica es una reivindicación que Izquierda Unida viene planteando desde 2009 a nivel nacional y que después, a nivel andaluz, ha sido tumbada por los órganos parlamentarios y que ahora, tras el acuerdo de Gobierno, quiere desarrollarse y agilizarse en la presente legislatura.
En el documento presentado ayer por Izquierda Unida para su firma se apunta el “establecimiento del derecho de toda persona, por el hecho de haber nacido, a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas”. Y se añade que la cuantía de la renta básica será la equivalente al umbral de la pobreza fijado en el 60% de la mediana de la distribución de los ingresos por unidad de consumo adjudicados a las personas. La cuantía, estipulada entorno a los 600 euros, se aplicaría gradualmente. Y afectaría a todas las personas domiciliadas en el Estado español e inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal correspondiente a cada territorio, que no tengan cobertura por desempleo ni dispongan de otros ingresos. En una segunda fase, se beneficiarían las personas cuyas rentas, ya provengan de salarios, subsidios o pensiones públicas, sean inferiores a la cuantía de la renta básica.
Según el coordinador local de Izquierda Unida en Huelva, Juan Manuel Arazola, la aplicación de la renta básica en una primera fase en la provincia de Huelva beneficiaría a un mínimo de 20.000 personas, que se encuentran inscritas como demandantes de empleo pero no perciben ningún tipo de prestación. Arazola señaló que la campaña de Izquierda Unida hace frente a la política del Partido Popular que “en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 permite que las prestaciones por desempleo disminuyan un 16,5% y el gasto en protección social se contraiga un 35%”.
Fuente e imagen: Izquierda Unida.
