Foto: Pool Moncloa / Fernando Calvo
El Ejecutivo rebaja al 5% el IVA de la luz, prorroga la limitación de la subida del alquiler y la bonificación del carburante, aprueba incentivos para el transporte público y una ayuda de 200 euros para las rentas bajas y eleva un 15% las pensiones no contributivas.
Tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que el Ejecutivo es muy consciente de las dificultades que atraviesan las familias y las empresas debido a la escalada de los precios.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del «Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania», cuya vigencia se amplía hasta el 31 de diciembre. Al respecto se destaca desde el Ejecutivo que el texto supondrá un esfuerzo presupuestario superior a los 9.000 millones de euros -unos 5.500 en gasto y 3.600 en reducción de ingresos por rebajas fiscales-. En total, hasta final de 2022, el Gobierno habrá destinado a este objetivo cerca de 15.000 millones de euros, según ha explicado el jefe del Ejecutivo.
El primer Plan de Respuesta -ha añadido- ha amortiguado los efectos de esa crisis internacional, pero la inflación sigue frenando la recuperación y se mantiene la incertidumbre en todo el mundo, por lo que son necesarias medidas adicionales, estimando la Administración Central que el conjunto de actuaciones permitirá contener en 3,5 puntos la subida de los precios.
Pedro Sánchez ha subrayado que «este es el mismo Gobierno que se enfrentó al COVID, aprobó una reforma laboral que ha generado más empleo y de mayor calidad, consiguió unos fondos europeos para transformar la economía y logró un mecanismo excepcional que ha amortiguado la subida de los precios energéticos. La respuesta ante la situación actual -ha manifestado- será la misma: proteger a las familias y las empresas, empezando por las más vulnerables y poniendo el interés general y el reparto equitativo de las cargas por encima de los intereses egoístas.
Apoyo a los sectores más afectados
Otro grupo de actuaciones se centra en los sectores más afectados por la subida de los precios: se prorroga hasta septiembre el aplazamiento en el pago de cuotas de la Seguridad Social para el sector pesquero, agrario y del transporte urbano y por carretera; se destinan ayudas directas a las industrias gasintensivas y se amplían las ya existentes contra la sequía, entre otras iniciativas.
El Real Decreto-ley amplía, igualmente, las medidas de protección a las personas afectadas por la erupción volcánica de la Palma y prorroga el tipo reducido del 4% en el IVA para las mascarillas quirúrgicas hasta fin de año.
Impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas
Al margen del decreto-ley, Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno está diseñando un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como consecuencia del alza de los precios de la energía.
El presidente ha subrayado que esta iniciativa sintoniza con otras similares que se están adoptando en los países europeos y atiende a las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Europea, la OCDE y el FMI. Sánchez ha defendido que las cargas de la situación deben repartirse de manera justa y que quienes están obteniendo réditos indirectos de la subida de precios deben realizar una «aportación adicional al esfuerzo colectivo».
El impuesto será presentado en las próximas semanas como proposición de ley por los dos partidos de la coalición de Gobierno para que entre en vigor el 1 de enero del 2023, según ha detallado.
Tercer desembolso de los fondos europeos
Durante la rueda de prensa, el presidente ha insistido en que el Gobierno mantendrá el rumbo de modernización del modelo productivo con la ayuda de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En este sentido, ha avanzado que confía en que, a lo largo de la próxima semana, la Comisión Europea apruebe el tercer desembolso de fondos europeos por un valor de 12.000 millones de euros, con lo que ya serán 31.000 millones los recibidos por España gracias al cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan.
