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  • Izquierda Unida rechaza el Tratado de Libre Comercio UE-Estados Unidos y advierte que acarreará graves perjuicios económicos a las cooperativas agro-ganaderas de Huelva, las pequeñas empresas locales y los ayuntamientos

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    Rafael Sánchez, portavoz de IU de la Diputación Provincial de Huelva en rueda de prensa.

    El responsable de Organización de IU-Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha explicado que su formación ha comenzado una ronda de reuniones con las organizaciones agrarias de la provincia onubense para explicar los problemas que sufrirá el sector que más mano de obra genera en Huelva.

    El responsable de Organización de Izquierda Unida y portavoz en la Diputación, Rafael Sánchez Rufo, ha mostrado su oposición al Tratado de Libre Comercio que se está negociando actualmente entre la Unión Europea y Estado Unidos porque “perjudicará al campo y a las empresas de Huelva”. Sánchez Rufo advierte que el Tratado pondrá en desventaja a las explotaciones ganaderas y cooperativas agrarias y fruteras de la provincia onubense al permitir la entrada de productos más baratos y con una regulación sanitaria, laboral y medioambiental mucho más laxa. Rufo asegura que “aunque la UE no permite legalmente la carne con hormonas, ni los pollos tratados con un elemento tóxico como es el cloro, ni los piensos transgénicos, ni los cerdos criados en jaulas de hacinamiento en batería, la UE sí reconocerá globalmente la seguridad alimentaria de la carne estadounidense para que pueda tener un acceso libre al mercado europeo y llegar a sus tiendas y consumidores”. En el caso del campo andaluz, éste tendrá que enfrentarse a la entrada de productos alimentarios fuertemente subvencionados.

    Desde Izquierda Unida se ha comenzado a informar a las organizaciones agrarias andaluzas y onubenses de los perjuicios que acarreará al campo la firma de un tratado como éste. Y cita entre estos perjuicios la disminución de la renta agraria, la reducción del número de explotaciones ganaderas y agrícolas y la entrega a las grandes compañías distribuidoras de la llave para marcar los precios. Evidentemente, todo esto acabará reduciendo el número de peonadas que el trabajo agrícola genera entre los trabajadores y trabajadoras de Huelva y Andalucía.

    A esta lista de perjuicios, Sánchez Rufo añade la zancadilla que el Tratado pone a la compra pública de productos de proximidad, lo que dificultará, por ejemplo, la venta de productos frescos a cooperativas locales para destinarlos a acción social. Y tampoco, los ayuntamientos podrán beneficiar a las empresas de servicios de cada pueblo porque el Tratado de Libre Comercio obligará a reformar normas y hasta relaciones laborales, en beneficio de las multinacionales. Un ejemplo: las obras de las plazas y calles de los pueblos podrán ser asumidas por grandes empresas porque las adjudicaciones a empresas locales serán consideradas ilegales si no hay libre concurrencia de ofertas abiertas al mercado global. Contratos públicos de agua, basura, limpieza serán adjudicados a grandes firmas internacionales al no poder competir las pequeñas y medianas empresas a las que hoy benefician los pequeños municipios a través de los ayuntamientos.

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    Rafael Sánchez Rufo añade que “Estados Unidos pretende que las empresas puedan denunciar a los Estados si aprueban una ley que perjudique a la actividad empresarial que se hubiera aprobado anteriormente”. Esto significaría, dice, dar un nuevo derecho y poder a las multinacionales estadounidenses para denunciar ante un “tribunal comercial transatlántico de nueva creación a cualquier ley o decisión judicial de carácter social, ambiental o sanitario”.

    Pero hay otro aspecto de los que han trascendido que puede acarrear graves perjuicios a los gobiernos locales, autonómicos y estatales pues, subraya IU, otra de las demandas claves de las patronales en todas las negaciones comerciales ha sido garantizar que la compra pública (contratos de gobiernos locales, autonómicos, estatales) sean abiertos a la competición global, especialmente de cara a los recientes programas económicos que pretenden favorecer contratos con pequeñas empresas locales frente a las empresas multinacionales como una vía de apoyar las economías locales para recuperarse de la crisis financiera, poniendo en riesgo los criterios de apoyo a la compra local o los avances que se puedan realizar en materia de cláusula social o compra ética.

    Fuente e imagen: Izquierda Unida Huelva.

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