Cada vez salen a la luz más casos de consumidores que detectan problemas en sus vehículos tras la actualización del software que Volkswagen decidió realizar a aquellos coches afectados por el llamado Dieselgate. Los problemas detectados incluyen desde ruidos extraños en el vehículo, rotura de flaps, hasta un mayor consumo de combustible y menor potencia. OCU denuncia que, en muchos casos, la factura que los consumidores deben pagar para solucionar estos problemas es elevada.

Por su parte, el grupo Volkswagen continúa afirmando que «las medidas técnicas realizadas no tendrán un impacto negativo en el consumo de combustible, emisiones de CO2, rendimiento del motor, o nivel de sonido del vehículo” y que “todos los datos relacionados con la aprobación del tipo de vehículo permanecerán sin cambios».

Además, Volkswagen se niega a entregar documentos o cualquier resultado de pruebas, y remite directamente a la KBA (autoridad de homologación alemana que aprobó la actualización de software propuesta por el grupo Volkswagen), para remediar cualquier problema que surja con el dispositivo defectuoso instalado por la compañía automovilística.

Ante esta situación, OCU se ha dirigido a la KBA para exigir responsabilidades. En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios ha solicitado formalmente a esta autoridad de homologación, que explique exactamente cómo verificaron las soluciones técnicas que proponía Volkswagen y si las actualizaciones de softwares están siendo correctas. Además, OCU solicita que entreguen todos los informes de prueba, así como la información necesaria que respalde su decisión de aprobación de estas soluciones.

Hasta la fecha, la KBA no ha proporcionado dicha documentación, y su decisión es incluso parte de una investigación criminal, por lo que las asociaciones de consumidores están encontrando fuertes obstáculos para verificar esta cuestión de manera objetiva.

Este hermetismo y falta de transparencia en la información por parte tanto de Volkswagen como de la KBA, hace que los consumidores aún no tengan claro si la actualización del software realmente resuelve el problema de las emisiones de CO2, sin que esto tenga ningún impacto negativo en su automóvil.

En el mismo sentido OCU considera inaceptable que se les pida a los consumidores que confíen en Volkswagen, cuando no se les está ofreciendo ninguna información sobre lo que están haciendo con su vehículo. En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios pide a la autoridad en materia de consumo que intervenga en este problema, y se asegure de que, en los talleres de Volkswagen, se informe adecuadamente a los consumidores afectados sobre esta actualización de software y los problemas que puede acarrear.

OCU exige además a Volkswagen que ofrezca soluciones a los consumidores que experimenten problemas con su vehículo después de la actualización del software, que deberán ver solucionado su problema de forma gratuita. Y a los que ya pagaron por la reparación, que se les reembolse el dinero entregado, ya que cualquier daño causado por la eliminación del software defectuoso es exclusivamente responsabilidad de la compañía.

OCU recuerda que ha demandado a Volkswagen mediante una acción judicial colectiva, representando a más de 7.500 afectados y exigiendo más de 22 millones de euros en indemnizaciones.