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  • Organizaciones de Derechos Humanos exigen al Ministerio de Interior que los cuerpos policiales actúen con proporcionalidad durante el Estado de Alarma

    Por medio de una carta enviada al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández, organizaciones de derechos humanos como Novact, Irídia, Legal Sol, Institut de Drets Humans de Catalunya, Calala, Ecologistas en Acción, Stop Represión Granada y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, agrupadas en la plataforma Defender a Quien Defiende, junto con otras organizaciones de derechos humanos como la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, la Cooperativa Red Jurídica, la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, el Grupo Motor de No Somos Delito y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB, han denunciado que agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en al menos cuatro ocasiones, incurrieron presuntamente en uso de la fuerza no autorizado por los reglamentos de actuación contra ciudadanos en el marco de su actuación durante el Estado de Alarmadecretado por el Gobierno para la gestión de la pandemia del COVID-19. Ante esta situación, exigen que se accionen los canales internos de investigación y depuración de responsabilidades, y que se garantice que el actuar de los cuerpos y fuerzas de seguridad esté regido por el principio de legalidad y respeto a los derechos fundamentales. Asimismo, consideran que en los casos que haya indicios de delito cometidos por los agentes, el Ministerio debe activar de manera urgente todos los mecanismos de investigación y dar cuenta a las autoridades judiciales.

    En los cuatro casos, documentados a través de las grabaciones de personas que denunciaron los hechos a través de las redes sociales, puede observarse cómo, en distintos puntos del Estado, agentes del Cuerpo Nacional de Policía propinan bofetadas, agreden con armas reglamentarias o reducen de forma violenta y con insultos a personas que transitan por la vía pública. Todas estas actuaciones, pese al Estado de Alarma, son contrarias a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que deben regir cualquier acción policial.

    Si bien nos encontramos ante una situación excepcional que legalmente prevé la limitación de la libertad de circulación de las personas, según lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, el Ministerio de Interior y la Dirección General del Cuerpo de Policía Nacional tienen la obligación legal de proteger los derechos de la ciudadanía en las intervenciones de sus agentes y garantizar que el marco democrático de derechos fundamentales sea el que rija todo accionar institucional.

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    En esa misma línea, se han manifestado recientemente especialistas de Naciones Unidas, junto con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en dos comunicados distintos en los que instan a los Estados a gestionar la pandemia del COVID-19 bajo un enfoque de derechos humanos, al tiempo que recuerdan que las declaraciones de estados de emergencia están regidas por el derecho internacional, de modo que no pueden usarse “para la acción represiva bajo pretexto de proteger la salud”.

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