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Mesa de la Ría presenta un nuevo incidente de ejecución ante la Audiencia Nacional para evitar que Fertiberia deje sin restaurar la zona 4 de las balsas de fosfoyesos

Rafale Gavilán durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Huelva.

  • La Junta de Andalucía ha respondido al requerimiento de Mesa de la Ría, manifestando que la zona 4 de las balsas de fosfoyesos se encuentra sin restaurar, a diferencia de lo que alegan tanto Fertiberia como el Ministerio de Medio Ambiente.
  • Mesa de la Ría afirma que la zona 4 es un reactor químico en plena actividad.

La Mesa de la Ría ha dirigido un nuevo requerimiento a la Audiencia Nacional, para evitar que Fertiberia se inhiba de acometer una restauración medioambiental a las 278 hectáreas que conforman la zona 4 de las balsas de fosfoyesos.

Cabe recordar, que el proyecto que ha presentado Fertiberia para enterrar los fosfoyesos únicamente contempla actuaciones sobre 442 hectáreas (la zonas 2 y 3), del total de las 720 sobre las que vertió dichos residuos, alegando que la citada zona 4 ya se fue restaurada medioambientalmente por EGMASA. Incompresiblemente, esta misma tesis está siendo defendida también ante la Audiencia Nacional por el propio Ministerio de Medio Ambiente.

Por ello, Mesa de la Ría solicitó mediante escrito a la Junta de Andalucía que se manifestara sobre el estado de restauración de las 278 hectáreas de la zona 4, sobre el cual ha obtenido respuesta en el sentido de que no existe pronunciamiento alguno sobre el estado de restauración de la citada zona. Desde Mesa de la Ría se ha reenviado dicho posicionamiento de la Junta de Andalucía a la Audiencia Nacional para que ésta, o bien obligue a Fertiberia a extender a la totalidad de las 720 hectáreas el proyecto que finalmente resulte aprobado, o bien para que sea la propia Audiencia Nacional quien solicite a la Junta de Andalucía información sobre el estado de restauración de la citada zona 4.

Imagen de la zona.

Imagen de la zona.

Según técnicos especialistas en la materia, la zona 4 de las balsas de fosfoyesos se ha convertido en un verdadero reactor químico donde por la interacción de los diferentes residuos allí depositados se están produciendo reacciones químicas de manera permanente, habiendo dado lugar a minerales de neoformación. Con esto se demuestra que en ningún caso dicha zona permanece estable y restaurada medioambientalmente. En este mismo lugar se encuentran enterrados los residuos radiactivos contaminados por Cesio 137 procedentes de Acerinox, que ni el Consejo de Seguridad Nuclear, ni ENRESA, ni el Gobierno pueden dar por autorizado y menos por restaurado.

Fuente e imagen: Mesa de la Ría.

La Mesa de Participación de los Fosfoyesos creará una subcomisión para buscar financiación público-privada con el objetivo de desarrollar “el mejor proyecto” de recuperación de la marisma

Imagen de la La Mesa de Participación de los Fosfoyesos celebrada en el día de ayer.

Estará formada por la Universidad y las Administraciones y asumirá el objetivo de conseguir los fondos que necesita el Comité de Expertos para abordar estos trabajos en 18 meses

La Mesa de Participación de los Fosfoyesos acordó en la jornada de ayer la creación de una subcomisión integrada por el Ayuntamiento de Huelva, el Gobierno central, la Junta de Andalucía y la Universidad de Huelva con el objetivo de buscar financiación público-privada para que el Comité de Expertos desarrolle íntegramente los trabajos necesarios para definir la mejor solución para la restauración ambiental de las marismas del Tinto.

Por otra parte, en esta reunión se consensuó que sea el propio Consistorio onubense el que coordine con el resto de instituciones públicas una serie de gestiones en materia administrativa -entre ellas, los permisos de acceso a los depósitos de fosfoyesos- para facilitar la labor de este equipo científico.

Así lo avanzó el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, tras la celebración de una sesión en la que, “desde una amplia base de participación, hemos tomado varias determinaciones para seguir trabajando conjuntamente desde la aspiración de recuperar esas 1.200 hectáreas para la ciudad. Un objetivo irrenunciable con el que estamos fuertemente comprometidos, porque se trata de una de las principales preocupaciones de los onubenses. Y estamos convencidos” -enfatizó Cruz- “de que la mejor solución ante este problema pasa necesariamente por la participación, por lo que estamos abordando este asunto contando con los grupos ecologistas, colectivos vecinales, empresarios, Puerto, Cámara de Comercio y Administraciones”.

De manera transversal, ha quedado patente en esta reunión el malestar general por la retirada de Fertiberia de este órgano de participación.

Por su parte, el director del Comité de Expertos, el catedrático del área de Estratigrafía y Sedimentología de la UHU José Borrego Flores, dio cuenta de los pasos dados desde que se constituyera el equipo en diciembre, que básicamente han consistido en una toma de conocimiento y compilación de toda la documentación existente sobre este asunto hasta la fecha, por lo que, según ha precisado, ahora se requiere un presupuesto de 795.000 euros para que el comité genere su propio estudio. Un trabajo que se desarrollaría a lo largo de 18 meses y para el que Borrego pide más apoyo de las Administraciones.

En esta línea, el rector de la UHU, Francisco Ruiz, señaló que la institución académica ha conseguido para este cometido 100.000 euros para este año a través del Consejo Andaluz de Universidades.

En el orden del día también se sometió a análisis la resolución de la delegación Territorial de Medio Ambiente, declarando la caducidad del procedimiento de modificación sustancial de la AAI (Autorización Ambiental Integrada) otorgada a Fertiberia como consecuencia del proyecto de clausura y restauración de las balsas. Al hilo de este asunto, los miembros de la mesa han decidido convocar una reunión de oficio de la misma cada vez que haya novedades de este calado en torno a los fosfoyesos.

Asimismo, en la sesión se dio parte a los participantes del informe de la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente requerido por la Audiencia Nacional, que concluye literalmente que “la solución que se baraje como mecanismo para la regeneración ambiental debe estar en connivencia con la ordenación urbanística, sin incurrir en incumplimiento o provocarle menoscabo”. Igualmente, se estableció que “la recuperación, regeneración y puesta en valor de estos suelos ha de contar con la participación activa de las Administraciones implicadas, en particular con la Administración municipal”.

Finalmente, se acordó dar traslado a la Audiencia Nacional de los trabajos que está realizando desde Huelva la Mesa de Participación de los Fosfoyesos.

Fuente e imagen: Ayuntamiento de Huelva.

Mesa de la Ría pide a la Audiencia Nacional que no se apruebe el proyecto de Fertiberia hasta que no se tramiten las autorizaciones ambientales 

Mesa de la Ría

La Mesa de la Ría ha presentado ante la Audiencia Nacional un nuevo incidente de ejecución en el que trata de evitar que el plan de Fertiberia de enterrar los fosfoyesos bajo una capa de tierra finalmente se lleve a cabo.

En su escrito, la Mesa de la Ría le plantea a la Audiencia cinco puntos que considera fundamentales para lograr este objetivo: en el primero de ellos, le solicita al tribunal que inste a Fertiberia a dar cumplimiento con carácter inmediato del Auto judicial que le obligaba a depositar un aval de 65,9 millones de euros para garantizar los trabajos de regeneración de la marisma. Desde Mesa de la Ría se argumenta que el hecho de que dicho Auto esté recurrido ante el Tribunal Supremo no exime de su ejecutoriedad. Asimismo, se pide a la Audiencia que embargue los bienes de la mercantil por dicho importe, de no dar cumplimiento a tal obligación en el plazo que la Sala le estipule.

En segundo lugar, la Mesa de la Ría pone de manifiesto mediante la aportación de un informe pericial elaborado al efecto, que el Proyecto de Fertiberia únicamente se ocupa de intervenir en 442 hectáreas sobre el total de 720 de las cuales fue objeto de concesión, dejando fuera la zona 4, donde se vertieron 30 millones de toneladas de fosfoyesos, con lo que solicita que se modifique el proyecto presentado de manera que se incluyan medidas de restauración para las 278 hectáreas que incomprensiblemente han sido excluidas y que están produciendo grandes filtraciones a la ría de Huelva, según investigaciones recientes de la Universidad de Huelva.

En tercer lugar, se acredita asimismo mediante dicho informe, que se han producido vertidos fuera de los límites de la concesión administrativa que obtuviera Fertiberia para depositar fosfoyesos, con lo que estos vertidos se encuentran de manera ilegal depositados en una zona perteneciente al dominio público marítimo terrestre y por tanto protegida por la legislación urbanística y ambiental. La zona afectada abarca a un mínimo de 20,65 hectáreas, para las cuales se le solicita a la Audiencia que inste a Fertiberia a contemplar en su proyecto las actuaciones necesarias para restaurar dichas zonas.

El informe aportado por Mesa de la Ría señala una doble protección urbanística de la zona, la que establece la Ley de Costas y el PGOU de Huelva. Por otro lado, en relación con el proyecto de incompatibilidad urbanística elaborado por los técnicos municipales y aportado recientemente a la Audiencia, se pone de manifiesto ante el citado órgano judicial que el proyecto de Fertiberia, de resultar finalmente aprobado, sería a todas luces inejecutable, pues existe una causa legal que impide que pueda materializarse, ya que contradice la legislación urbanística que resulta de obligada aplicación. Sobre esta cuestión se pronuncia en sentido similar el informe pericial aportado por la Mesa de la Ría junto con su escrito.

Por último, se solicita al Tribunal que con carácter previo a la aprobación por la Sala del proyecto de Fertiberia, se inste a las Administraciones Central y Autonómica a que tramiten las respectivas autorizaciones ambientales con objeto de comprobar previamente la viabilidad jurídica, urbanística, ambiental y sanitaria de dicho proyecto, sin obviar las competencias tanto autonómica como municipales.

Fuente e imagen: Mesa de la Ría.

La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de la Mesa de la Ría contra el proyecto de tapado de los fosfoyesos

Vista aérea del los fosfoyesos.

Mediante Diligencia de 16 de junio de 2015, la Audiencia Nacional ha comunicado a la Mesa de la Ría la admisión a trámite del recurso planteado contra la decisión del Ministerio de aprobar el plan de enterrado de los fosfoyesos presentado por Fertiberia. En dicha comunicación, se da por admitido además otro recurso presentado contra el mismo acuerdo por la organización ecologista WWF Adena.

La oposición planteada por la Mesa de la Ria se basa en cuatro aspectos fundamentales: por un lado, considera que el plan de Fertiberia de tapado de las balsas no restaura la legalidad vulnerada, puesto que no devuelve la marisma a su estado original, sino que por el contrario perpetúa el daño causado, ya que su propósito es dejar los vertidos declarados ilegales en el mismo lugar donde fueron depositados indebidamente.

Por otro lado, se basa en el hecho de que la actual Ministra de Medio Ambiente, a quien en última instancia le correspondió tomar la decisión, no era imparcial en esta cuestión, pues fue Directiva de la empresa Fertiberia desde el año 2004 al 2012, con lo que no quedaba garantizada la correspondiente imparcialidad a la hora de tomar decisiones necesaria en todo servidor público.

Además, se pone en conocimiento de la Audiencia Nacional que el Ministerio contaba con dos proyectos de restauración alternativos, presentados por la Mesa de la Ría a requerimiento del propio Ministerio, y que ambos contemplaban la devolución de la marisma dañada a su estado original. Dichos planes, que sí contemplaban por tanto la restauración de la legalidad vulnerada por Fertiberia, ni siquiera fueron tenidos en cuenta para su análisis por el Ministerio, a pesar de contar dichos planes con los avales de la Empresa Pública Egmasa así como por el departamento de geología de la Universidad de Huelva.

Por último, la Mesa de la Ría ha planteado que el estudio necesario sobre la estabilidad de las balsas en casos de terremotos y maremotos no podía ser encargado a la propia empresa condenada, tal y como así se hizo por el Ministerio, sino a algún otro organismo independiente como pueden ser el Instituto Geológico Minero (IGME) o la propia Universidad de Huelva. Es inadmisible que un estudio de tal trascendencia, pues de su contenido podría depender la puesta en marcha del proyecto, sea encargado a la empresa condenada en lugar de hacerlo a algún organismo público que garantice la imparcialidad de su contenido y conclusiones.

Como hecho novedoso, resaltar que la Junta de Andalucía se ha personado ante la Audiencia Nacional a los únicos efectos de alegar su falta de competencia para emitir la necesaria declaración de impacto ambiental de dicho proyecto, tal y como se le requería por parte de la Audiencia. La Mesa de la Ría lamenta que no aprovechara esta oportunidad para pronunciarse además sobre la no idoneidad  de dicho Plan a los efectos de restaurar el medio ambiente dañado, cuestión de clarísima competencia Autonómica. De este modo, el nuevo Consejero de Medio Ambiente, D. José Fiscal, ha desperdiciado su primera oportunidad de implicarse de lleno en la solución de este problema, tal y como anunció públicamente en los momentos posteriores a su toma de posesión del cargo.

Desde la Mesa de la Ría destacan en que van a seguir insistiendo ante todas las Administraciones e instancias judiciales para que el plan de tapado de las balsas no se lleve a cabo. Ayuntamiento de Huelva y Junta de Andalucía deberán actuar firmemente en esa misma dirección para así cumplir con el compromiso adquirido con los ciudadanos y ciudadanas de Huelva. La Mesa de la Ría desde luego no va a dejar de hacerlo y va a liderar esta reivindicación tal y como están convencidos de que nos corresponde.

Fuente e imagen: Mesa de Ría.

La Audiencia Nacional admite a tramite la petición de la Mesa de la Ría de aumentar el aval a Fertiberia

Concentración de algunos de los integrantes de Mesa de Ría en la Plaza de las Monjas.

Queremos manifestar nuestra satisfacción por la decisión que ha tomado la Audiencia Nacional en lo que se refiere a la petición realizada por Mesa de la Ría la semana pasada de aumentar el importe del aval depositado por Fertiberia hasta los 2.546 millones de euros.

El hecho de admitir a trámite esta solicitud, aún habiendo dictado con anterioridad un Auto de Ejecución que decía ser definitivo, deja entrever que la tesis planteada por este colectivo ciudadano en su escrito tiene visos de ser considerada favorablemente. Cabe recordar que la Mesa de la Ría mostró su preocupación por el hecho de que el dueño de Fertiberia, Villar Mir, está realizando contactos con otros grupos empresariales para negociar una posible venta de la factoría, lo que podría significar un nuevo caso “Nilefos”, en el cual un empresario “fantasma” adquirió la antigua factoría de Rodhia con el único propósito de desaparecer con posterioridad y apropiarse ilícitamente de la subvención recibida por la Administración Andaluza, todo ello sin acometer la obligada descontaminación del suelo.

Para evitar que un caso similar vuelva a producirse, la Mesa de la Ría ha solicitado que se aumente el aval impuesto a Fertiberia hasta una cantidad suficiente para cubrir los gastos de restauración de la marisma, y de ese modo evitar que una nueva “espantada” deje a las marismas de Huelva sin un responsable a quien obligar a que acometa su regeneración ambiental.

Del mismo modo, desde la Mesa de la Ría lamentamos otras opiniones vertidas por algún dirigente político onubense, en las cuales se solicita que las Administraciones hagan uso de fondos públicos, y por tanto de los ciudadanos y ciudadanas de Huelva, para ayudar a sufragar los gastos de restauración de la marisma, a pesar de que en este caso existe una empresa que ha sido condenada a ello.

Mesa de la Ría no va a aceptar de ningún modo que seamos la ciudadanía quien sufrague los gastos que ha ocasionado una empresa con una actividad reconocida como ilegal por los tribunales de justicia. El dinero público debe utilizarse para otros fines, máxime en una situación de precariedad económica y social como la que nos encontramos, y nunca utilizarse para pagar una sanción a quien ha incumplido la Ley. Reprobamos esta actitud tan irresponsable, especialmente porque la Sentencia aun no ha sido ejecutada en su totalidad y dichas declaraciones podría estar interfiriendo de manera perjudicial en la decisión que aún tiene que tomar al respecto la Audiencia Nacional.

Fuente e imagen: Mesa de la Ría.