- UGT destaca que es práctica habitual que la empresa de Miguel Ángel Ramírez abone con retraso el salario a sus trabajadores
En la jornada de ayer, se ha producido una concentración en las dependencias de la Subdelegación de Defensa en Huelva, de los/as trabajadores/as de la empresa Seguridad Integral Canaria, en protesta por los reiterados incumplimientos del convenio colectivo, siendo el más grave el retraso continuado en el pago del salario, pero pasando por incumplimientos en el tema de pagos de conceptos retributivos, de seguridad y salud en el trabajo, de EPI, de vacaciones etc.
Desde UGT se apunta que no se trata de una situación excepcional, siendo frecuente que la empresa se demore en el abono de sus nóminas, desde del pasado mes de agosto del 2016.
La FeSMC–UGT Huelva ha interpuesto denuncias en la Inspección de Trabajo y ha requerido, en numerosas ocasiones, a la empresa que abone los haberes en los plazos que marca el convenio colectivo. La empresa, hasta la fecha, ha hecho caso omiso en una clara interpretación de desprecio hacia sus profesionales que, sin duda, constituyen el valor más importante que tiene.
Destacar que las argumentaciones vertidas por la empresa de problemas comerciales entre el Ministerio de Defensa y su proveedor, Seguridad Integral Canaria, si es que los hubiese, en ningún caso pueden trasladarse a los profesionales que prestan seguridad privada en sus instalaciones.
Desde FeSMC-UGT Huelva, van a poner todos los medios jurídicos y de acción sindical a nuestro alcance, para que en Defensa, como en toda la Administración Pública, se realicen las contrataciones, con la garantía y el cumplimento del convenio colectivo estatal y la Ley de Seguridad Privada. También han apuntado que «es absolutamente prioritario que en el Ministerio de Defensa, se tenga la determinación y voluntad política de ser exigente con sus proveedores de seguridad privada, al objeto de velar que desde la administración pública, que con dinero público, que sostenemos entre todos, no se produzcan ni se permitan situaciones de fraude e ilegalidad como la que a través de la presente, queremos poner de manifiesto»
Y, por tanto, reiteran que la administración pública tiene la responsabilidad social de garantizar que las empresas con las que han externalizado sus servicios, cumplan con la legalidad vigente y garanticen que a los vigilantes, que custodian sus instalaciones, bienes y personas incluidas, se les aplique íntegramente el Convenio Colectivo de Seguridad Privada.
«Todos y las diferentes administraciones en primer lugar, debemos sumar esfuerzos para conseguir que empresas como Seguridad Integral Canaria, Marsegur o Sinergias (que son del mismo grupo empresarial que Seguridad Integral Canaria), operen en el mercado de la seguridad privada respetando el convenio colectivo estatal, ofertando servicios de calidad, no bajando los precios y precarizando el empleo» han remarcado finalmente desde UGT.
Fuente e imagen: UGT Huelva.
