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  • Un juez condena a casi 4 años de prisión a un vecino de Palos por agredir a dos enfermeros en el centro de salud

    • La delegada de Salud y Familias, Manuela Caro, ha mostrado su apoyo a los profesionales y ha destacado que esta sentencia ayuda a dignificar su labor

    El Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva ha condenado por delitos de atentado y de lesiones a tres años y diez meses de prisión al hombre que el pasado 23 de julio agredió a dos enfermeros en el centro de salud de Palos de la Frontera mientras atendían a su madre, que se encontraba en la consulta. El juez ha tenido en cuenta la circunstancia agravante de reincidencia y le ha impuesto también una pena de cuarenta días de multa con cuota diaria de seis euros, que deberá abonar a los profesionales, además del pago de las costas procesales.

    Los hechos se produjeron el pasado mes de julio, cuando el agresor, que acompañaba a su madre en la consulta de enfermería del centro de salud palermo, golpeó a ambos profesionales provocándoles diferentes lesiones, tales como fractura de arco costal, cervicalgia, heridas en las manos, laceraciones y arañazos en cuello y antebrazo.

    La sentencia recuerda que el artículo 550 del Código Penal establece que son reos de atentado los que acometan a la Autoridad o sus agentes o funcionarios públicos, entre ellos los profesionales sanitarios, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden o les hagan resistencia activa grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos. Además, destaca que no existe lugar para la suspensión de la penas privativas de libertad al tratarse de reincidente, por lo que deberá cumplir dicha condena en prisión.

    La delegada territorial de Salud y Familias de Huelva, Manuela Caro, ha mostrado su satisfacción por esta sentencia, que está convencida que va a contribuir a dignificar el trabajo de los profesionales sanitarios, ya que deja muy claro que este tipo de agresiones no salen gratis.

    La responsable provincial ha recordado que los profesionales sanitarios tienen consideración de autoridad cuando están ejerciendo sus funciones, lo que supone un gran paso adelante, ya que las consecuencias penales son mucho más graves. Además, ha destacado el esfuerzo que está realizando la Consejería de Salud y Familias en este ámbito, con la creación de un nuevo plan de prevención y atención que se encuentra ya en fase de elaboración.

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    En este sentido, la Junta considera que el sistema sanitario público de Andalucía debe profundizar en el respeto del ejercicio de los derechos que tienen reconocidos las personas usuarias, pero también, de forma recíproca, debe exigírsele a estos el cumplimiento de sus deberes, como es hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios en un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto, en aras de la mejora de las relaciones entre la ciudadanía y los profesionales de la salud.

    Entre las principales medidas del nuevo plan, cuyo diseño y aplicación está contando con la participación directa de los propios profesionales, se encuentra la puesta en marcha de un programa especial de acompañamiento al trabajador agredido. En este sentido, se va a promover la habilitación de canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, no esté sola momentos después que se produzca. Así, se ofrecerá apoyo desde el primer momento y se facilitará la realización de las actuaciones contempladas.

    Una novedad más es la adopción de medidas dirigidas a concienciar a pacientes y usuarios con campañas informativas explicando cómo funciona el sistema sanitario andaluz y qué puede o no puede hacer un profesional. Desde el SAS se remarca que este desconocimiento lleva, en muchas ocasiones, a realizar exigencias que sobrepasan el ámbito de actuación del profesional. Además, es fundamental que los ciudadanos tomen conciencia de que un problema nunca se resuelve con una agresión.

    Dentro de las líneas del Plan de Prevención y Atención de Agresiones se incluye un protocolo de actuación que se activa ante la notificación de una agresión en un centro sanitario y que conlleva la asesoría jurídica al personal agredido por parte de los Servicios Jurídicos del SAS.

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