-El diputado por Huelva registró el 10 de enero junto a Ortega Smith una iniciativa para desbloquear las obras del Túnel de San Silvestre.
-Entre otras cuestiones, apremiaba a la puesta en marcha del órgano, tal y como exige desde hace más de un año la ley 10/2019 de 5 de septiembre.
El diputado de VOX por Huelva, Tomás Fernández Ríos, ha mostrado hoy su satisfacción tras conocer que el Gobierno ha emitido finalmente la orden correspondiente para la creación de la Comisión de Gestión Técnica del trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos de agua de la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir (tal y como le exige desde hace más de un año la ley 10/2019 de 5 de septiembre), a raíz de que el 10 de enero el propio congresista registrase una batería de preguntas en la Cámara Baja para saber, entre otras cuestiones, si el Gobierno había nombrado ya a dicho órgano.
Tras publicar el diario ‘Huelva Información’ que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica, máximo responsable de la transferencia de agua, su intención de designar a Fernando González, de la Comunidad de Regantes Sur Andévalo, como el representante de usos agrarios del Tinto-Odiel-Piedras, Fernández Ríos se ha referido de nuevo a la importancia de la creación de la comisión, ya que, una vez que ésta funcione, “debe transmitir al Gobierno que es absolutamente indispensable el inicio de las obras del Túnel de San Silvestre para el cumplimiento de la Ley del Trasvase, que considera a esta infraestructura de interés general”.
No en vano, esta comisión, que estará constituida por 13 miembros, tiene como finalidad realizar el seguimiento y control anual del trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir.
VOX se está valiendo de su representación onubense en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento andaluz para promover las obras de esta infraestructura, bloqueadas por el enfrentamiento que Gobierno central y Junta de Andalucía mantienen por sus competencias. Así, como primera acción legislativa, Fernández Ríos registró en la Cámara Baja, junto al secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, una batería de preguntas que también han sido llevadas a la Cámara andaluza por el parlamentario andaluz por Huelva, Rafael Segovia.
Además de preguntar por la creación de la comisión, VOX también quiere saber si el Gobierno tiene preparado algún plan de contingencia que garantice el normal suministro de agua para el consumo humano, el Polo Químico y básico, el sector turístico y las explotaciones de regadío de la provincia en caso de que se produzca una rotura, avería o cualquier tipo de incidencia que colapse la infraestructura de canalización. “Ahora esperamos que el Gobierno nos informe del plan de contingencia preparado en caso de que se colapse el túnel y sobre cómo minimizar el impacto que este grave problema supondría en la provincia”, ha señalado Fernández Ríos.
Del mismo modo, tal y como señaló el diputado el pasado 14 de enero, durante una reunión con la Comisión de la Plataforma por el Túnel de San Silvestre, otras de las preguntas planteadas en el Congreso va dirigida a conocer “si el Gobierno está dispuesto a liderar la búsqueda entre las diferentes administraciones de la cofinanciación necesaria para la licitación y ejecución de las obras” y “en qué plazo de tiempo” se dispone el Gobierno a iniciar la licitación y ejecución de las obras.
Desde la propia formación se asegura que el desdoble del túnel ha estado y está muy presente en la agenda y el trabajo de VOX, tal y como evidencian las reuniones mantenidas con la plataforma y las intervenciones y propuestas que ha motivado también en el Parlamento en esta legislatura. De hecho, la formación presentó a inicios de noviembre a la Mesa de la Comisión de Hacienda, Industria y Energía de la Cámara andaluza una enmienda a los presupuestos de la Junta por valor de 1 millón de euros como punto de partida para el inicio de las obras. Sin embargo, el PP no la admitió a trámite, al alegar que es la Administración central la única competente al estar la obra declarada de Interés General del Estado.
