El responsable de Organización de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez, reclama que “la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, sea aprobada por el Parlamento Andaluz, y se le dote con partidas de los próximos Presupuestos de la Junta de Andalucía para garantizar que así se pongan en marcha sus medidas”.
Sánchez considera que “esta Ley debe ser aprobada para cumplir con las expectativas que creo el Anteproyecto, para cuya elaboración se contó con el trabajo y las aportaciones de los colectivos memorialistas que existen en Andalucía”. Sánchez recuerda que la Dirección General de Memoria Democrática, que llevó Izquierda Unida en el anterior gobierno andaluz, impulsó el Anteproyecto de Ley.
De este modo, la Ley de Memoria Democrática vendría a saldar “la inmensa deuda que se sigue manteniendo con las víctimas de la represión franquista, con las personas que lucharon y dieron su vida por la libertad y por la democracia”, expresa Sánchez Rufo.
La Ley debe incluir medidas como la elaboración de un censo de víctimas con carácter público. Además serviría para catalogar como víctimas a las miles de personas que fueron ejecutadas, a los guerrilleros antifranquistas, a los exiliados, a los familiares de desaparecidos y represaliados; a los que hay sumar los niños y niñas robados y las personas que fueron internadas en campos de exterminio nazis. De este modo, se garantizaría el homenaje y las medidas de reparación que se deben llevar a cabo con todas ellas. Entre estas, se cuenta con la declaración de nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas.
Además, con la Ley de Memoria Democrática se impulsará la dignificación de las fosas comunes y la creación de un catálogo de Lugares de la Memoria Democrática que, en el caso de Huelva, incluirá la antigua cárcel provincial, las fosas comunes de La Palma del Condado y del cementerio viejo de Almonte, la Isla Saltés, la aldea de Membrillo Bajo, en el término municipal de Zalamea la Real, y el muro del Parque Moret, en la ciudad de Huelva. Todos estos son emplazamientos donde miles de personas sufrieron la cruel represión franquista o fueron encarceladas y confinadas injustamente.
También, esta Ley debe poner en marcha un ambicioso plan, financiado por la Junta de Andalucía, para localizar las numerosas fosas comunes que siguen existiendo y así identificar y dignificar a las víctimas.
Otras medidas que debe poner en marcha esta Ley consisten en impulsar el estudio de la Memoria Democrática en la educación pública, así como promover su estudio e investigación, y reconocer y respaldar el trabajo del movimiento asociativo memorialista.
“Esta Ley debe servir para terminar con décadas de olvido y silencio, reparando los daños y humillaciones de víctimas y familiares, así como reconocer públicamente su lucha por la libertad, que es el único modo de cerrar definitivamente las heridas abiertas en nuestra historia”, precisa Sánchez Rufo.
Fuente e imagen: IU Huelva.
