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El peaje de las autopistas sube casi un 2% en 2018 tras dos años de descensos

– La subida coincide con la recuperación de los tráficos y con el rescate de las nueve vías de pago quebradas, previsto para enero, y su posterior relicitación a lo largo del próximo año.

El precio medio del peaje de la red de autopistas dependientes de la Administración del Estado subirá un 1,91% a partir del próximo 1 de enero de 2018, lo que supondrá su primer incremento en tres años, tras los descensos registrados en 2016 y este año 2017, según informaron a Europa Press en fuentes del sector. La subida coincide con la recuperación de los tráficos y con el rescate de las nueve vías de pago quebradas, previsto para enero, y su posterior relicitación a lo largo del próximo año por parte del Ministerio de Fomento.

Precisamente, el departamento que dirige Íñigo de la Serna optó finalmente por esta solución para estas autopistas ante la recuperación que viene experimentando su tráfico, uno de los factores que, junto con el sobrecoste de las expropiaciones, causaron su quiebra en plena crisis. En este sentido, la red de autopistas de peaje, de 2.550 kilómetros de longitud, se anotará al cierre de 2017 su cuarto ejercicio consecutivo de crecimiento de tráfico, toda vez que ya saldó los nueve primeros meses con un aumento del 4,7% y una media de 19.801 vehículos al día.

Además, se da la circunstancia de que las autopistas quebradas vienen registrando aumentos de tráfico superiores a la media. Entre enero y septiembre contabilizaron en conjunto una media de 7.610 vehículos, un 9,4% más. No obstante, el tráfico de la autopista AP-41 Madrid-Toledo llegó a crecer un 15,5% y el de la autopista radial R-5 Madrid-Navalcarnero se disparó un 34,6%.

Actualización automática ligada al IPC

La actualización del precio de los peajes de las autopistas es consecuencia de aplicar la fórmula de revisión automática anual que el sector pactó con el Gobierno hace quince años, en 2002. Se trata de una fórmula que tiene entre sus principales variables el IPC medio entre los meses de octubre de un año y del siguiente, y la evolución de los tráficos.

Las concesionarias de autopistas siguen utilizando este sistema para calcular la actualización anual del precio de sus tarifas, dado que el sector quedó fuera de la Ley de Desindexación que el Gobierno aprobó para desligar del IPC la evolución de los precios de determinados servicios y contratos. En virtud de esta fórmula, los peajes vuelven así a subir en 2018, tras los descensos del 0,4% y del 0,6% que se anotaron en 2017 y 2016, respectivamente, y la congelación del precio que tuvo lugar en 2015.

Del lado de las subidas, desde que en 2002 se articuló esta forma de revisión, los aumentos de los peajes han oscilado entre la del 1,44% que se calculó para 2011 y la del 4,46% de 2009.

 

 

Fuente e imagen: FACUA Consumidores en Acción.

OCU advierte de deficiencias en la información sobre alérgenos en alimentos a granel

-OCU ha analizado las condiciones de venta en 80 comercios de Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla

-El 97% de los vendedores solo informa verbalmente y únicamente el 26% lo hace leyendo la lista de ingredientes de la ficha del alimento

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha visitado 80 establecimientos de venta de productos de alimentación a granel para evaluar la información que proporcionan a los consumidores sobre la presencia de alérgenos en los productos en venta. Los resultados del estudio publicado en el número de diciembre de su revista OCU Salud, señalan que en la mayoría de los establecimientos se informa solo de forma verbal y que esta información presenta lagunas y deficiencias.

El estudio se ha realizado en supermercados, pastelerías/panaderías y tiendas de precocinados de 4 ciudades: Barcelona, Bilbao, Madrid y Sevilla. Por tipo de establecimientos, es más fácil encontrar información sobre alérgenos en un supermercado que en los otros tipos de establecimientos, ya que en dos tercios de supermercados se proporcionó información escrita sobre alérgenos frente al 23% en tiendas de precocinados y al 17% en pastelerías.

OCU señala que la información sobre la presencia de alérgenos en los alimentos es esencial para las muchas personas que padecen alergia o intolerancia a determinados alimentos. La presencia de alérgenos no deseada es el tercer motivo de notificaciones en la Red de Alerta Alimentaria Europea. Por ello, en la alimentación envasada es obligatorio identificar de forma destacada la presencia de 14 sustancias que causan alergia o intolerancia (gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche y lactosa, frutos de cáscara, semillas de sésamo, apio, dióxido de azufre y sulfitos, mostaza, altramuces y moluscos) en la etiqueta para facilitar al consumidor alérgico identificar estas sustancias.

En el caso de los alimentos vendidos a granel o envasados en el propio establecimiento, la legislación obliga a que se informe al consumidor cuando éste lo solicita. En el 97% de los establecimientos se informa a los consumidores de forma verbal, que, aunque está permitida por la legislación no es la forma más adecuada y solo el 26% de los vendedores informa leyendo la ficha técnica del producto lo que para OCU es lo deseable.

La información mayoritariamente verbal presenta lagunas.  Dos de cada tres vendedores en los establecimientos visitados nos contestan con seguridad. En 50 tiendas afirman que no hay alérgenos. En 15 establecimientos dicen que tienen alérgeno, pero no pueden garantizar que no exista contaminación cruzada. En 3 sí dicen que hay alérgeno y proporcionan un producto alternativo. Tan solo en 16 establecimientos la información del vendedor se basa en información escrita. Una garantía claramente insuficiente para una persona con alergia que en la mayoría de los casos los lleva a rechazar el producto y tener que buscar uno alternativo.

Otro de los aspectos que ha tenido en cuenta OCU en su estudio es si se toman medidas para evitar la contaminación cruzada. Solo en un 20% de los establecimientos se ha evitado la contaminación cruzada, algo bastante fácil en determinados alimentos porque se encuentran en contacto o se manipulan sin cuidado. En 60 de los 80 establecimientos visitados por OCU los alimentos se encontraban en el mismo mostrador sin ningún tipo de barrera, aunque solo 19 de ellos si tenían el cartel que indicaba la presencia de alérgenos.

En cuanto a la manipulación, en 62 establecimientos no se cumplieron las normas mínimas para garantizar que no existiera contaminación cruzada, y eso a pesar de que se advertía que era un alimento para una persona alérgica. A la vista de los resultados de este estudio, para OCU queda mucho trabajo por hacer en cuanto a la información proporcionada a los consumidores y la formación del personal, considerando necesario que:

-Se proporcione información específica del producto por escrito sobre la presencia de alérgenos en cada producto y no contentarse con el mero letrero general que exige la norma.

-Los dependientes que dispensan los productos deben informar al cliente que lo solicita leyendo la lista de ingredientes.

-Debe haber más formación del personal para evitar la contaminación cruzada en la elaboración y venta del producto.

En este sentido, OCU, junto con las organizaciones de consumidores belga (Test Achats), italiana (Altroconsumo) y portuguesa (DECO) va enviar una petición a la Comisión Europea para pedir la puesta en marcha de un protocolo para informar a los consumidores sobre la posible contaminación cruzada o no intencionada en alimentos que causan alergias o intolerancias. Para estas organizaciones es importante una redacción uniforme del posible riesgo de presencia no intencional (contaminación cruzada), preferiblemente con el término “puede contener …”. Además, es importante que estas advertencias de precaución solo se utilicen en solo en casos en que las buenas prácticas de fabricación (limpieza y separación en el lugar o el tiempo) no puedan excluir la posible presencia de alérgenos en umbrales predefinidos y no de forma generalizada.

 

 

Fuente: OCU

Imagen: (Alexas_Fotos)-Pixabay.

CCOO y UGT acusan al Gobierno central de desidia en la gestión de Correos

  • En Huelva, en concreto, el recorte de la financiación y el bloqueo del plan estratégico se traducirían a futuro en 150 empleos menos, y una clara e inmediata desatención de poblaciones y entidades más pequeñas, las primeras en notar el recorte

CCOO y UGT han acusado al Gobierno de desidia y de promover con ello el desmantelamiento del Servicio Postal Universal y la inviabilidad de Correos, puesto que ha recortado a la empresa pública en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dos tercios de la financiación en el Servicio Postal Público prestado a los ciudadanos. El Plan Estratégico está bloqueado y, con ello, la diversificación necesaria de la actividad de Correos en vía muerta, la paralización de los proyectos en marcha relacionados con el e-commerce y la paquetería, está poniendo en riesgo de pérdida los acuerdos previstos con grandes clientes como Amazon o Alibaba. En el ámbito social, se mantiene “congelado” el Convenio y Acuerdo Colectivos desde hace casi cuatro años con una importante pérdida de poder adquisitivo a lo que hay que añadir el desmesurado recorte de plantilla realizado durante los últimos ocho años que están provocando acumulaciones de objetos postales y retrasos importantes en la entrega.

De perpetuarse la inacción gubernamental, los sindicatos CCOO y UGT advierten que las consecuencias serían dramáticas e irreversibles. Esta situación descrita refleja una ceguera alarmante del Gobierno y puede llevar a situar y condenar a Correos a ser una empresa pública residual, ineficaz e ineficiente, con un déficit del que difícilmente podría recuperarse y con pérdida paulatina de miles de empleos, de reducción de puntos de atención a los ciudadanos lo que perjudicaría la regularidad y calidad del servicio postal público prestado a millones de ciudadanos y empresas.

En Huelva, en concreto, el recorte de la financiación y el bloqueo del plan estratégico se traducirían a futuro en 150 empleos menos, y una clara e inmediata desatención de poblaciones y entidades más pequeñas, las primeras en notar el recorte.

CCOO y UGT han apremiado al Ejecutivo para que rectifique de inmediato su “pasotismo” o de lo contrario, iniciarán un proceso de movilización gradual y ascendente abierto a otras organizaciones sindicales del ámbito postal que, en su fase inicial, abarcaría entre finales de año y principios del que viene para exigir una apuesta clara por Correos como operador postal, logístico, financiero y diversificado, reforzando su papel vertebrador de la cohesión social y económica del país que debería posibilitar que Correos retomara su papel histórico como referente de calidad de servicio público para millones de ciudadanos y empresas.

CCOO y UGT acusan al Gobierno de desidia, tras meses en los que la única medida adoptada ha ido encaminada a recortar la financiación del Servicio Postal Público prestado a los ciudadanos en dos tercios. La presión sindical y parlamentaria obligó a crear una Comisión de seguimiento entre Fomento, Hacienda y Correos para fijar la cuantía del Plan de Prestación -pendiente desde hace seis años y estimado por ambos sindicatos entre 200-230 millones €-, y de cuya negociación se mantiene en el más absoluto secreto.

En esta misma línea, CCOO y UGT han acusado al Gobierno de hacer una renuncia explícita hacia la empresa pública y a los proyectos de futuro, al bloquear el Plan Estratégico de Correos, impidiendo la diversificación hacia cualquier proyecto de paquetería, financiero y de internacionalización y en la práctica, abriendo la puerta a la pérdida de grandes clientes vinculados al e-commerce y paquetería , ocasionando con ello una importante reducción, más aún si cabe que la producida hasta la fecha (16.000 puestos menos) de la ya mermada plantilla, en un escenario que refleja una caída de la carta anual entre el 5-7% y un crecimiento exponencial de la paquetería y el e-commerce entre y un 20-25% anual.

Para CCOO y UGT es inadmisible el bloqueo político, institucional y empresarial al que se está sometiendo a la empresa y, por extensión, el daño a los ciudadanos y trabajadores/as, que por los recortes presupuestarios están sufriendo retrasos en la entrega y en la calidad, en el primer caso, y una sobrecarga de trabajo, en el segundo, por la reducción drástica de plantilla.

De perpetuarse la inacción gubernamental, ambos sindicatos han advertido que las consecuencias serían dramáticas e irreversibles: Correos estaría condenada a ser una empresa pública residual, prestando un Servicio Postal Universal de forma ineficaz e ineficiente, con un déficit del que difícilmente podría recuperarse y con pérdida de miles de empleos, reducción de puntos de atención al usuario y cliente que perjudicaría la regularidad y la calidad del Servicio Postal Público prestado a millones de ciudadanos y empresas.

Por ello, CCOO y UGT han apremiado al Ejecutivo para que rectifique su política hacia Correos e introduzca en su agenda política en los próximos meses sin más demora, medidas que han de pasar por la recuperación de la financiación pública postal recortada en presupuestos, estabilización del Plan de Prestación del Servicio postal Universal con una cuantía entre 200-230 millones de euros y la aprobación del Plan Estratégico para impulsar el desarrollo de Correos como operador postal moderno, tecnológicamente avanzado, logístico, financiero y diversificado, manteniendo al mismo tiempo su papel esencial como Servicio Postal Universal, vertebrador social, territorial y económico del país.

Igualmente, en este marco, CCOO y UGT han exigido unos nuevos Convenio Colectivo y Acuerdo funcionarial actualizados que recojan el incremento y adecuación de la plantilla fija mediante la trasformación del empleo estructural cubierto con personal eventual en fraude de ley, un aumento salarial acorde con la especificidad profesional y singular actividad del operador postal, junto con la mejora de las condiciones laborales, así como, la finalización de la actual y galopante desregulación de la organización del trabajo y la introducción de miles de minijobs impulsada en los últimos años.

 

Movilizaciones en Correos

CCOO y UGT han advertido que si el Gobierno mantiene su “desidia y pasotismo postal”, iniciarán un proceso de movilización gradual y ascendente abierto al resto de organizaciones sindicales, que en su fase inicial, abarcaría entre finales de año y principios del que viene, para exigir una apuesta clara, firme y rotunda por impulsar y fortalecer a Correos como prestador de Servicio Postal Universal y como empresa pública eficaz y eficiente de referencia en España.

 

 

Fuente: CCOO Huelva.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba).

UPA advierte que el 25% de las explotaciones españolas de ovino de leche podrían cerrar en 2018

La cuarta parte de las explotaciones dedicadas al ovino de leche en España ve peligrar su supervivencia en 2018. El motivo: las fuertes presiones que grandes industrias lácteas están trasladando a los ganaderos. Tanto los precios que están ofreciendo estas empresas a los productores, como las condiciones de los contratos ponen, según ha denunciado la organización ganadera UPA, en “serio riesgo de desaparición” a muchas explotaciones. De hecho, en el último año ya han echado el cierre en España casi 170 granjas de ovino lácteo, de las 6.500 explotaciones que existen en España.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha mostrado su gran preocupación por la situación precaria que atraviesan, al menos, una cuarta parte de las explotaciones dedicadas al ovino de leche en España. Numerosos afiliados de esta organización han trasladado su malestar por las presiones de algunas industrias lácteas, tanto en precios como en condiciones de los contratos para 2018.

La situación afecta a toda España, según han explicado desde UPA, pero es especialmente grave en Castilla-La Mancha y en Castilla y León. Algunas industrias estarían dejando caer la amenaza de dejar de recoger la leche de granjas situadas en zonas más apartadas, lo que es, a juicio de esta organización, una “discriminación intolerable”.

A pesar de que los precios de la leche de oveja en origen continúan “estables dentro de la gravedad”, según UPA, las primeras ofertas que están llegando para los contratos del año próximo son “realmente preocupantes” y no permitirán revertir la tendencia de cierre de explotaciones que, entre septiembre de 2016 y de 2017, ha llevado a abandonar sus explotaciones a 167 ganaderos y ganaderas en toda España, “dato dramático”, en opinión de UPA.

UPA cree que nada justifica este comportamiento de algunas grandes empresas, que además podrían provocar un “efecto imitación” de otras industrias, ya que la situación general del mercado lácteo es de precios al alza para las producciones de vaca y cabra y con cotizaciones firmes de los principales productos industriales, especialmente de la grasa.

Por otra parte, UPA ha señalado que la gran distribución está volviendo a banalizar el queso puro de oveja, con ofertas reiteradas a 5,50 o 6 euros por kilo, en un producto de alto valor añadido, que de esta manera está perdiendo posicionamiento y valor ante los consumidores.

La organización de ganaderos ha instado a la industria láctea a “actuar responsablemente” y pagar un precio justo por la leche de oveja y ha requerido al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que tome conciencia de este problema y actúe para impedir que sigan cerrando más granjas.

 

 

 

 

Fuente e imagen: UPA.

El 82% de los mayores españoles quiere envejecer en su propia casa

-La encuesta de OCU revela que los españoles entre 65 y 84 años prefieren seguir viviendo en su casa antes que trasladarse a otra vivienda o a una residencia para mayores

-La situación económica y el nivel de dependencia son los principales factores que influyen para decidir un cambio de domicilio a edad avanzada

-El 93% de los encuestados vive en su propia casa, solo un 4% vive de alquiler, y el 3% reside en casa de familiares 

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado una encuesta entre 1.380 personas de entre 65 y 84 años con el fin de conocer dónde prefieren los mayores españoles pasar sus últimos años de vida. Los datos completos de esta encuesta se han publicado en la revista OCU-Compra Maestra de diciembre 2017.

La información de los cuestionarios recibidos refleja que el 82% de los mayores españoles tienen intención de quedarse en casa tanto tiempo como pueda. Solo el 4% cree que se mudará en breve y el 1% piensa que lo hará en un par de años. Además, los datos reflejan que las personas mayores con dificultades económicas tienen menos claro cómo afrontarán el futuro en relación con sus opciones de vivienda que aquellos que parten de una situación más acomodada.

Además de la situación económica, la encuesta de OCU refleja que el nivel de dependencia es también un factor que influye de forma determinante en la intención de trasladarse a otra vivienda. A mayor dependencia, mayor es la necesidad de cambiarse. Sin embargo, incluso entre quienes tienen un alto grado de dependencia, la gran mayoría (el 74%), prefiere seguir viviendo en su casa actual.

Por otro lado, de los pocos encuestados que tienen propósito de vivir en otro lugar, solo el 8% planea marcharse a una residencia para mayores.

 

El 93% de los mayores vive en su propia casa

Nueve de cada diez encuestados viven en una vivienda en propiedad. Solo un 4% vive de alquiler y el 3% reside en casa de familiares. El apego de los mayores a sus viviendas se refleja también en que la gran mayoría de ellos tiene su casa pagada (solo un 6% aún paga hipoteca), y en que el 63% de los encuestados lleva más de 30 años viviendo en la misma casa.

Para los mayores españoles, tener una casa cómoda y bien equipada es un requisito indispensable para permanecer en el hogar. En la mayoría de los casos, la vivienda de los mayores cuenta con suficientes habitaciones para los miembros del hogar, incluso con habitaciones de más. El 86% afirma que su casa está en buen o excelente estado, mientras que el 2% considera que está en mal estado. Esta situación afecta principalmente a quienes se encuentran en peor situación económica.

Además, la encuesta de OCU refleja que, aunque todavía no les urge, el 28% de los mayores prevé que en el futuro necesitará un equipamiento especial o infraestructura para moverse por casa, que será de más relevancia según sea el nivel de dependencia que lleguen a tener. A corto plazo, estos mayores tienen intención de realizar algunas adaptaciones, casi todos relacionados con el cuarto de baño (bañera e inodoro) y eliminación de barreras arquitectónicas (instalación de dispositivos elevadores).

La mitad de los encuestados también afirma que solo podrá quedarse a vivir en su casa si cuenta con ayuda para las tareas domésticas. En estos casos OCU recuerda que para afrontar los gastos que suponga contar con esta ayuda, así como los derivados de la adaptación de la casa, las Administraciones públicas disponen de ayudas económicas.

En este sentido, OCU recomienda a las personas mayores que necesiten esta ayuda, que soliciten una entrevista con el departamento de Servicios Sociales de su ayuntamiento, para informarse sobre las subvenciones, préstamos de ayudas técnicas y disponibilidad de servicios a domicilio para mayores.

La Organización de Consumidores y Usuarios tiene también disponible una serie de consejos para mayores sobre pequeñas reformas y ayudas técnicas en la vivienda, como eliminación de obstáculos y barreras arquitectónicas o reducción de alturas en la cocina.

Además, con el fin de conseguir que las personas mayores tengan más protección como consumidores, OCU tiene en marcha la campaña de movilización “Consumidor Mayor, Protección Mayor”. Con ella, la Organización pretende conseguir un apoyo unánime, que permita la modificación de la Ley de Consumidores en beneficio de los mayores, para que puedan disfrutar de forma plena y efectiva de todos sus derechos como se merecen.

Fuente: OCU.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba)

FACUA insta al Gobierno central a prohibir la comercialización de luz y gas ‘a puerta fría’

Una persona atiende a dos comerciales (Imagen: Ricardo Gamaza)

-Se están repitiendo las graves irregularidades de comienzos de la pasada década en el sector de las telecomunicaciones.

-La asociación ha contabilizado hasta 17 tipos de engaños para modificar los contratos.

FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a los ministros de Energía, Álvaro Nadal, y Sanidad, Dolors Montserrat -competente en materia de consumo- para solicitarles la prohibición de la comercialización puerta a puerta desarrollada por muchas compañías de luz y gas para ofrecer supuestos descuentos que acaban inflando las facturas de los usuarios. En su escrito, Paco Sánchez Legrán, presidente de la asociación, les pide que pongan en marcha las iniciativas legislativas necesarias para impedir estas prácticas.

FACUA advierte de que tras estas prácticas hay un fraude masivo por el que los comerciales acuden a los domicilios de los usuarios para cambiarles sus contratos mediante todo tipo de engaños, ante la pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas. La asociación denuncia que se están repitiendo las irregularidades que se produjeron en el sector de las telecomunicaciones a comienzos de la década pasada, cuando varias compañías se dedicaron a secuestrar las líneas de cientos de miles de usuarios mediante engaños e incluso la falsificación de contratos. Y una vez más, las administraciones no están tomando las medidas necesarias para acabar con este tipo de irregularidades.

A comienzos de año, el 59% de los contratos de electricidad (17,1 millones) estaban realizados con un comercializador de mercado libre, pese a que recientes estudios tanto de la CNMC como de FACUA ponen de manifiesto que generalmente las ofertas en estas tarifas resultan más caras que las del mercado semirregulado (PVPC). Si un consumidor cambia de compañía para acabar pagando más que antes, es obvio que se ha producido un fraude en la contratación, denuncia FACUA.

El año pasado, la asociación trasladó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) denuncias de 270 usuarios de toda España que habían sido víctimas de engaños por parte de comerciales de las compañías energéticas. La CNMC ha sancionado a varias compañías por este tipo de fraudes y en la actualidad analiza los casos denunciados por FACUA.

 

Una larga lista de mentiras

FACUA reclama al Gobierno que actúe para eliminar una práctica agresiva que deja desprotegidos a los consumidores ante los numerosos abusos y ofertas engañosas que reciben con estas visitas. La asociación viene recibiendo numerosas denuncias de afectados, por las que ha contabilizado hasta 17 tipos de engaños para realizar las modificaciones contractuales.

En muchos casos, los comerciales ni siquiera aclaran a los usuarios que les están ofertando otras tarifas, sino que les hacen creer que tienen que firmar un documento para autorizar a su compañía al cambio o reparación del contador, a la aplicación de un descuento o a actualizar su contrato porque el vigente ya no se ajusta a la ley.

En las visitas a puerta fría, los comerciales también confunden a los consumidores ofertándoles descuentos en el término de potencia, el de energía o en la totalidad de la factura que o no existen o no se aplican en el PVPC, sino sobre tarifas mucho más caras o incluso que están condicionadas a la contratación de otros productos. Además, con el cambio al mercado libre los usuarios con bono social pierden el derecho a este descuento, lo que agrava aún más la situación económica de los consumidores vulnerables.

En las cartas dirigidas a los Ministerios de Energía y el de Sanidad, FACUA advierte de que resultan especialmente gravoso para los usuarios los cambios fraudulentos del mercado semirregulado -PVPC en electricidad y TUR en gas- al mercado libre. Los comerciales prometen supuestos descuentos en la factura si se cambian a tarifas del mercado liberado pero en la gran mayoría de casos lo que hacen en realidad es hinchar aún más los recibos.

 

 

Fuente e imagen: FACUA Consumidores en Acción

La luz sube por tercer mes consecutivo

-El recibo del usuario medio, 7,54 euros más caro que en agosto

-El incremento mensual de este noviembre ha sido del 2,7%.

-FACUA denuncia la pasividad del Gobierno ante la carestía de la luz y los alarmantes índices de pobreza energética.

Las tarifas eléctricas han vuelto a subir por tercer mes consecutivo en noviembre. Según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción, el incremento mensual ha sido del 2,7% para el usuario medio, lo que sitúa su recibo en 79,36 euros, 7,54 euros por encima de la factura de agosto. A nivel interanual, la factura eléctrica con las tarifas de este mes de noviembre será un 3,5% más cara para el usuario medio que hace doce meses, según los cálculos de la asociación.

FACUA advierte de otro invierno especialmente duro para las familias con menos recursos económicos, que un año más se privarán del uso de la calefacción o sufrirán cortes por su falta de capacidad de pago, dada la ausencia de medidas efectivas por parte del Gobierno para paliar la pobreza energética. La asociación critica que el nuevo bono social puesto en marcha por el Ejecutivo es aún peor que el vigente con anterioridad, dado que podrán acogerse a él menos familias y representa descuentos muy inferiores.

En cuanto a la evolución tarifaria, la asociación advierte de que con éste son ya seis los meses en los que ha subido el recibo en lo que va de año, frente a dos en los que no hubo prácticamente variación y tres en los que se produjeron bajadas. Así, en noviembre la subida para el usuario medio ha sido del 2,7%, en octubre el 7,2% y en septiembre del 0,4%, después de que en agosto quedase congelado. En julio bajó un 0,8%, en junio subió un 1,2% y en mayo otro 0,8%, después de que en abril no hubiese prácticamente variación mensual. En marzo se produjo una bajada del 6,8% y en febrero otra del 13,3%. En enero subió un 9,4%.

La asociación lamenta la pasividad del Gobierno ante la injustificada carestía del recibo de la luz que sufren los usuarios, víctimas de un oligopolio que en lugar de competir, especula con las tarifas. La asociación insiste en reclamar la bajada del IVA de la electricidad y la intervención del sector, para sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible.

 

Subida interanual

Con las tarifas PVPC del 1 al 30 de este noviembre, el usuario medio (366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia contratada) pagará 79,36 euros, frente a los 76,71 euros de noviembre de 2016. La subida interanual representa un 3,5%.

El precio medio del kWh este noviembre ha sido de 16,44 céntimos (12,93 más el 27,19% de impuestos indirectos), lo que representa una subida del 3,7% con respecto a octubre. A nivel interanual, el incremento representa un 5,4% sobre la tarifa media del kWh de noviembre de 2016. En enero de este año el precio del kWh llegó a situarse en 18,75 céntimos (14,74 más impuestos).

 

El Gobierno protege a las eléctricas, no a los usuarios

FACUA denuncia que el Gobierno está protegiendo los intereses del oligopolio energético. El ministro de Energía. Álvaro Nadal, se niega a tomar medidas ante las desproporcionadas tarifas y los dramáticos niveles de pobreza energética para no se vean reducidos los beneficios milmillonarios de las empresas del sector.

La asociación reclama la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español fomenta la especulación y los abusos. FACUA denuncia que hoy por hoy, es el sector eléctrico el que tiene intervenido al Gobierno, cuya política energética está más orientada a proteger los intereses de las compañías que los de los usuarios.

Se trata, advierte FACUA, de un sector donde nunca ha existido la competencia que se prometió engañosamente a los consumidores cuando se inició su liberalización, por lo que la única solución es emprender medidas similares a las adoptadas hace años en la UE con las tarifas móviles de roaming, de manera que sea el Gobierno el que fije los precios para los consumidores domésticos.

Además, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, impropio de un servicio esencial. En este sentido, reclama al Gobierno que baje el IVA de la luz al tipo mínimo permitido por la normativa europea, legislación que también debe ser modificada para facilitar una bajada mayor.

 

 

Fuente: FACUA Consumidores en Acción.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba).

Diputación participará en ARCOMadrid con un proyecto de Joan Fontcuberta inspirado en la provincia de Huelva


-El prestigioso autor, referente de la fotografía de las últimas décadas, se encuentra visitando distintos escenarios onubenses para incorporarlos a su propuesta artística

La Diputación de Huelva contará para su proyecto expositivo en la próxima edición de ARCOMadrid 2018 con Joan Fontcuberta, referencia indiscutible de la fotografía de las últimas décadas, no sólo en España sino también en Europa.

De manera distinta a las participaciones de la Diputación en ediciones anteriores de ARCOMadrid, para la próxima edición se ha optado por invitar a un autor de prestigio como Joan Fontcuberta, para que realice un proyecto específico inspirado en la provincia de Huelva. Con este giro, se persigue reforzar la imagen de Huelva acudiendo a la mirada de uno de los nombres de mayor prestigio dentro del panorama internacional, “una apuesta por la contemporaneidad que refuerza el patrimonio onubense, la historia de esta tierra y su rico paisaje desde una perspectiva novedosa que hace trascender sus valores a través de los códigos del siglo XXI y los lenguajes de actualidad”, según indica la diputada de Cultura, Lourdes Garrido.

La diputada ha mantenido un encuentro con Joan Fontcuberta, que se encuentra en la provincia de Huelva explorando diferentes escenarios y localizaciones para el proyecto “en el que reflexionará sobre nuestro entorno y sus gentes desde una posición personal y para el que cuenta con plena libertad creativa”. El proyecto está comisariado por Sema D’Acosta.

Desde su primera participación en ARCOMadrid hace cuatro años, la Diputación ha llevado a la Feria  proyectos colectivos de artistas onubenses e iberaomericanos relacionados con las artes visuales: ‘Huelva, la luz dentro del tiempo’ en 2013, ’Mina de estrellas’ en 2014, ’ELEMENTAL’ en 2015, SIÉNTÆTE EN HUELVA en 2016 y ‘La mar de sueños’ en 2017. A esta propuesta se suma ahora la idea de trabajar con los mejores creadores de la península ibérica.

Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) ha desarrollado una actividad plural en el mundo de la fotografía como creador, docente, crítico, comisario de exposiciones e historiador.

Profesor visitante en universidades de España, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, colabora con regularidad en publicaciones especializadas. Es autor de una docena de libros de historia y ensayos sobre la fotografía como “El beso de Judas. Fotografía y Verdad” (1997), “Ciencia y Fricción” (1998), “La cámara de Pandora” (2010) y “La furia de las imágenes” (2016). publicándose una treintena de monografías sobre su trabajo de creación.

Su trabajo de creación, centrado en los conflictos entre naturaleza, tecnología, fotografía y verdad, ha sido objeto de numerosas muestras monográficas. Entre las más recientes, en el Hasselblad Center, Gotemburgo (2013), Maison Européenne de la Photographie, París (2014), Science Museum, Londres (2014), Cosmocaixa, Barcelona (2015), Museum Angewandte Kunst, Frankfurt (2015), Canal de Isabel II, Madrid (2015), Museo Universidad de Navarra, Pamplona (2016), Museo del Banco de la República, Bogotá (2016), Villa delle Rose, Bolonia (2017) y Occurrence, Montreal (2017)

Obras suyas se encuentran en colecciones como las del MoMA (NY), Metropolitan Museum of Art (NY), San Francisco MoMA, National Gallery of Art (Ottawa), Folkwang Museum (Essen), Musée National d’Art Contemporain – Centre Georges Pompidou (París), MEP (París), Stedelijk Museum (Amsterdam), MACBA (Barcelona) y MNCARS (Madrid).

En 2013 Joan Fontcuberta fue galardonado con el premio internacional de la Fundación Hasselblad. En España ha recibido el Premio Nacional de Fotografía (1998) y de Ensayo (2011). En 2014 la Comunidad de Madrid le concedió el Premio de Cultura en la modalidad de Fotografía.

El comisario del proyecto, Sema D’Acosta (Gerena, Sevilla, 1975) es investigador, crítico de arte y comisario independiente. Miembro del Consejo de Críticos de Artes Visuales de España, miembro del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) y comisario colaborador de SCAN (Spanish Contemporary Art Network).

 

 

Fuente e imágenes: Diputación de Huelva.

El Parlamento Europeo propone eliminar el controvertido “impuesto al sol”

  • El órgano europeo respalda las energías renovables impulsadas por la ciudadanía, pero no obliga a los Estados miembros a objetivos nacionales vinculantes para renovables y aplica un margen del 10 % para el cumplimiento del objetivo europeo.

La Comisión de Energía del Parlamento Europeo votó el pasado martes a favor de reconocer a la ciudadanía más derechos para producir, vender e intercambiar su propia electricidad renovable. Lo ha hecho mediante la aprobación de unas enmiendas a las normas que regulan las energías renovables en la Unión Europea, liberando la electricidad autoconsumida de cargos punitivos, gravámenes e impuestos. Con la aprobación de estas enmiendas, el polémico ’impuesto al sol’ actualmente vigente en España pasará a ser ilegal según las normas de la UE. El ’impuesto al sol’ obliga a las instalaciones de autoconsumo con potencia instalada de más de 10 kW a pagar un cargo sobre la electricidad autoproducida y consumida de forma instantánea.

La Comisión de Energía del Parlamento también ha aprobado elevar al 35 % el porcentaje de la energía comunitaria que debería provenir de energías renovables para el año 2030. En 2014, los gobiernos nacionales europeos, reunidos en el Consejo Europeo, sugirieron un objetivo del 27 % y, en 2016, respaldando la Comisión Europea este objetivo. Ahora la Comisión de Energía del Parlamento propone elevar el objetivo al 35 % pero al mismo tiempo añade una cláusula que permitiría a los países de la UE un margen del 10 % sobre el cumplimiento del objetivo propuesto. Esto podría reducir la contribución real de las energías renovables al mix energético a solo el 31,5 % en 2030.

La Comisión de Energía tampoco ha respaldado fijar un reparto vinculante a escala nacional de la contribución de cada Estado miembro para alcanzar el objetivo europeo en materia de energías renovables. Sin objetivos nacionales vinculantes después de 2020, la UE podría encontrar más difícil responsabilizar a los gobiernos por contribuir de manera insuficiente al objetivo general de la UE.

De esta manera el Parlamento Europeo reconoce que la ciudadanía europea debe tener derecho a producir, consumir y vender energía renovable, pero subestima el potencial de generación de las energías renovables. La participación total renovable para el abastecimiento energético de la UE debería ser al menos del 45 % en 2030, con objetivos nacionales vinculantes. Reconocer el valor de la energía impulsada por los ciudadanos es fundamental, pero tiene que ir acompañado de ambición y señales claras para que las energías renovables puedan alcanzar todo su potencial.

Un informe de CE Delft [1] muestra que, con el apoyo adecuado, la mitad de todos los ciudadanos de la UE y una de cada tres personas en España podría producir su propia electricidad para 2050, cubriendo alrededor de la mitad de la demanda de electricidad de la UE y de España respectivamente. El resto de la electricidad renovable necesaria en la UE para alcanzar un sistema 100 % renovable, eficiente e inteligente lo proporcionarían compañías del sector.

La Alianza por el Autoconsumo [2] recuerda que para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 ºC, como se acordó en la Cumbre del Clima de París, la UE debe aumentar su objetivo de energía renovable al 45 % como mínimo para 2030, y aprobar medidas efectivas y objetivos vinculantes para lograrlo.

Contexto

La Unión Europea está decidiendo el futuro de su sistema energético a través de la revisión de un amplio espectro de normativas y directivas que abarcan desde la política en materia de energías renovables hasta los subsidios a los combustibles fósiles y el diseño de un mercado común de energía eléctrica. La Comisión Europea publicó las propuestas iniciales en noviembre de 2016 bajo el nombre de Paquete de Energía Limpia para Todos.

Además de la votación de hoy sobre la revisión de la directiva de energías renovables, se espera que la Comisión de Energía del Parlamento vote sobre la reforma de las normas del mercado eléctrico en febrero de 2018. Posteriormente, el Parlamento en pleno votará sobre ambos expedientes.

Mientras tanto, los ministros de Energía de todos los países de la UE se reunirán el próximo 18 de diciembre en Bruselas para llegar a un acuerdo preliminar del Consejo sobre las reformas previstas, en preparación para las negociaciones con el Parlamento y la Comisión que se llevarán a cabo a lo largo de la primavera y verano de 2018.

La política energética europea a 2030 será la resultante de estas negociaciones a tres bandas entre Parlamento, Consejo y Comisión europeos.

 

 

Fuente: Ecologistas en Acción.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba)

COAG reclama reducciones fiscales y créditos blandos para dotar de liquidez a las castigadas explotaciones frutícolas

-Así lo han trasladado los máximos responsables de esta organización durante la última jornada de trabajo con el Ministerio de Agricultura para elaborar un Plan estratégico del sector de la fruta dulce.

-COAG reconoce el impulso y el trabajo que está realizando el MAPAMA para avanzar en la solución de los problemas existentes en el sector de la fruta a medio y largo plazo, pero son necesarias medidas urgentes y de aplicación inmediata.

“Si no hay medidas a corto plazo, no habrá fruticultores a medio-largo plazo”. Así de tajante se mostró David Borda, responsable del sector de fruta dulce de COAG, durante su intervención en la jornada de trabajo el pasado miércoles con el Ministerio de Agricultura para abordar la crisis estructural del sector mediante el desarrollo de un plan estratégico de la fruta dulce.

Durante el encuentro, COAG reconoció el impulso y el trabajo que está realizando el MAPAMA para avanzar en la solución de los problemas existentes en el sector de la fruta a medio y largo plazo, subrayando que son necesarias medidas urgentes y de aplicación inmediata para que los fruticultores profesionales puedan llegar a dicho medio y largo plazo y no se queden por el camino.

Asistimos a un cambio de paradigma en el modelo productivo del sector frutícola en el que los grandes inversores ganan terreno en detrimento del modelo social y profesional de agricultura, proveedor de riqueza en el medio rural, así como de otros bienes públicos. La inacción y la falta de planteamiento de medidas concretas estarían acelerando ese cambio, ya que en la actualidad hay muchas explotaciones familiares y profesionales que están ahogadas económicamente” argumentó Borda.

Durante el encuentro, el MAPAMA anunció la convocatoria de la mesa sectorial para este mes de diciembre en la que seguir trabajando. COAG reclamó, que en dicha mesa, se concreten las medidas a corto plazo. En ese sentido, desde esta organización se han solicitado una batería de medidas económicas excepcionales con efecto directo para paliar la actual y difícil situación de los agricultores/as de fruta, tales como la condonación de las cuotas a la Seguridad Social, reducción a cero de los módulos para la fruta dulce en el cálculo de la renta de 2017, ante la ausencia generalizada de beneficios, ayudas y moratorias para los préstamos contraídos, bonificación en la obtención de avales de SAECA, establecimiento de líneas de financiación bonificadas y créditos blandos para afrontar la futura campaña, condonación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y recuperación del máximo porcentaje de subvención estatal en la contratación del seguro de la fruta, estableciendo bonificaciones específicas para los agricultores profesionales.

 

 

Fuente: COAG.

Imagen: MAPAMA.