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La Policía Nacional destapa un fraude a la Seguridad Social de más de 27 millones de euros

-En el marco de varias actuaciones desarrolladas en 17 provincias españolas

-Las distintas intervenciones, llevadas a cabo entre los meses de mayo y agosto, han dado como resultado un total de 33 personas detenidas y 40 investigadas por delitos que afectan de manera directa o indirecta a la Seguridad Social

-Las investigaciones comenzaron a finales del año 2017, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social y sus diferentes organismos remitieron distintos escritos-denuncia a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo la Operación ‘Pandora’, con actuaciones en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Gerona, Guipúzcoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid y Zamora. Como resultado, se ha destapado un fraude contra la Tesorería General de la Seguridad Social cuantificado en torno a los 27.503.000 euros.

Las investigaciones comenzaron a finales del año 2017, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social y sus diferentes organismos remitieron distintos escritos-denuncia a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional.

Durante la operación se han revisado y analizado 22 expedientes que afectaban a diecisiete provincias de once comunidades autónomas, culminando con la implicación de los investigados en delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado. Los responsables del delito han resultado ser principalmente los responsables de hecho de las empresas, pero también sus testaferros -que eran algunos trabajadores que figuraban en connivencia- y familiares de los primeros.

En la mayoría de los casos se han realizado informes patrimoniales de las personas implicadas para que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere pertinente o, en su caso, que el juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos con el fin de cubrir las responsabilidades generadas.

Diversas formas de defraudación

Con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, es habitual entre las defraudadoras poner en práctica las siguientes conductas:

  • Creación de entramados empresariales en los que la actividad societaria aparece en una u otra mercantil, según convenga, transfiriendo la actividad que venía desarrollando la deudora así como los elementos patrimoniales a la no deudora con el fin de continuar la actividad de manera normal.
  • La ocultación de bienes, normalmente a través de sucesivas transmisiones en la titularidad que pasan de una empresa a otra, o bien a familiares o personas de confianza de la trama, con el fin de entorpecer la labor recaudatoria de los diferentes Organismos de la TGSS.
  • Rotura de precintos de bienes embargados.
  • Denuncias falsas relacionadas con robos de los bienes embargados.
  • Desaparición “fortuita” de esos bienes embargados.
  • Venta en negro de los bienes embargados a terceros de buena fe.
  • La falsificación de certificados de estar al corriente de la obligaciones con la Seguridad Social de empresas con el fin de figurar limpias de deuda ante terceras y poder continuar con la actividad laboral mediante subcontrataciones, así como para acceder al cobro de prestaciones públicas u obtener bonificaciones en la cuota de autónomos o en las cotizaciones de trabajadores.

Destacado caso en Maspalomas (Las Palmas)

Uno de los casos más característicos fue aquel por el que la Policía Nacional, a través de una serie de investigaciones policiales realizadas en Maspalomas (Las Palmas), comprobó cómo dos ciudadanos españoles suplantaron la personalidad de administradores y representados de dos empresas con actividad real y sede en la isla de Gran Canaria. Se atribuyeron los poderes con los que no contaban y, de esta forma, obtuvieron autorizaciones para así poder tramitar el alta de trabajadores de manera ilícita y quedar indemnes en el caso de que fuera detectada tal simulación.

Los legítimos representantes de estas empresas, las cuales se dedicaban a la asesoría online y al asesoramiento técnico de arquitectura e ingeniería, y sus administradores de derecho no fueron realmente quienes realizaron y materializaron la trama fraudulenta ni quienes convinieron la simulación laboral con los supuestos trabajadores. Así, ha quedado probado que ha existido un concierto de voluntades para la simulación de la relación laboral entre los dos supuestos empresarios, quienes realizaban las gestiones de alta en el sistema de la Seguridad Social mediante precio acordado previamente con los trabajadores ficticios. El único fin de éstos era la obtención de beneficios económicos y sociales.

Los supuestos trabajadores se lucraron económicamente de forma directa o indirecta y se ha podido acreditar que obtuvieron indebidamente prestaciones por desempleo y periodos de cotización no basados en actividad laboral real. Con todo esto consumaron un importante quebranto económico.

Se ha detenido a nueve personas por la comisión de varios delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social y se ha investigado por los mismos hechos a otras 11 personas que no se encontraban en España, de las cuales se ha dado cuenta al Juzgado correspondiente.  También, se ha solicitado la cuantificación del fraude a los servicios de salud canario, ya que algunas de estas “altas ficticias” lo fueron con el objeto de evitar la obligación de contratación de seguro médico obligatorio en extranjeros.

 

Investigación en Huelva

El segundo de los casos más llamativos corresponde a la investigación realizada por la Policía Nacional en la provincia de Huelva a una sociedad limitada unipersonal dedicada al sector pesquero. Fue constituida en 1999 para la explotación de buques de pesca. Desde el año 2012, se convirtió en deudora sistemática a la Seguridad Social al no pagar las cotizaciones de sus marineros.

En el año 2014, los dueños originales simularon la venta de la compañía a una persona insolvente ante notario, poniendo a salvo con esta maniobra la propiedad y domicilio familiar a su nombre en la localidad onubense de Lepe. Con posterioridad a este primer testaferro, se colocó al frente a un segundo de características similares que el anterior: sin conocimiento alguno del sector pesquero, carencia de vida laboral en general, con antecedentes policiales y con vinculación con centros sociales, atención a toxicómanos y entradas y salidas de prisión.

El verdadero dueño de la compra del barco en 2014 resultó ser el líder de una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas, por lo que le fue fácil colocar al frente de la misma a personas insolventes y toxicómanos que actuarían como testaferros. Estos últimos propietarios mantuvieron la actividad real en el buque, contratando a pescadores para que ejerciesen una actividad normal que no levantase sospechas y poder ocultar, con esta actividad, la introducción de importantes cantidades de hachís y cocaína en el territorio español.

La deuda con la TGSS vigente y exigible supone un importe total de 128.351,32 euros. Se realizaron imputaciones por delito contra la Seguridad Social a los dos dueños y responsables de la sociedad pesquera investigada desde su constitución hasta mediados de 2014. En ese periodo se generó gran parte de la deuda imputada. También se imputó a los dos verdaderos adquirientes y responsables de la sociedad, que habrían aceptado hacerse cargo de las deudas de la misma y, pese a ello, las deudas fueron aumentando conscientemente. Y por último, también a los dos testaferros insolventes colocados por estos últimos adquirentes de la sociedad, que habrían ocupado cargos en dicha sociedad a cambio de una cuantía económica dada su necesidad con/para las drogas, siendo estos últimos conscientes de no tener relación alguna en la compañía.

Esta operación da continuación a una investigación explotada en diciembre de 2016, en la que se detuvo a una de estas mismas personas que tenían relación con el narcotráfico por delitos de usurpación de estado civil y contra la Seguridad Social, al haber acumulado una deuda de 187.167,65 euros en una empresa del sector de la hostelería. Además, se colaboró con la policía belga para conseguir que su operación contra el narcotráfico de hachís llegara a buen puerto, lográndose el arresto de los implicados y la incautación de una importante cantidad de droga.

Fraude en Zamora

Un tercer caso notable se produjo en la provincia de Zamora. La Policía Nacional desarticuló un grupo criminal al que se le imputó un delito contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y el propio de grupo organizado en relación con las maniobras llevadas a cabo sobre un grupo empresarial que sistemáticamente eludía el pago de seguros sociales a la Seguridad Social.

Todas las sociedades investigadas estaban encuadradas en el sector de la madera y/o la silvicultura, desarrollándola en el mismo local. Para ello utilizaban indistintamente los mismos proveedores, los mismos trabajadores que intercambiaban entre empresas, la misma materia prima, la misma maquinaria, etc.

Llama la atención que uno de los administradores únicos detenidos ha defraudado durante 37 años un total de 1.026.153,47 euros a la Tesorería General. Entre los años 1995 y 2018 (23 años), no abonó las deudas generadas con la Seguridad Social por su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), ni las deudas generadas desde el año 2001 hasta el 2014 (14 años) por la razón social a su nombre. Esta persona ya fue detenida en el año 2006 por un delito de insolvencia punible cuando formaba parte de un grupo de empresas dedicadas a la hostelería.

A partir del año 2007, los tres administradores se unieron para crear un grupo criminal organizado dedicado a defraudar a la Seguridad Social, para lo que crearon una serie de empresas dedicadas al tratamiento de la madera, aserradero y servicios de apoyo a la silvicultura.

Así, el líder del grupo sería el encargado de conseguir los proveedores y los clientes mientras que otro, titular de la asesoría autorizada RED, se encargaba de la parte administrativa. Un tercero puso a disposición del grupo la nave en la que desarrolló la actividad, encargándose además de controlar a los trabajadores y de supervisar el buen desarrollo de la actividad laboral llevada a cabo por los trabajos en la cadena de montaje.

El grupo empresarial y el resto de empresas investigadas han mantenido durante el tiempo de actividad un total de 349 trabajadores, detectándose un fraude a la Seguridad Social por importe de 3.176.139,51 euros.

Irregularidades en Alicante

El cuarto caso destacable se corresponde a una investigación de irregularidades detectadas en Alicante. Se trata de la falsificación de varios formularios oficiales presentados para la obtención de prestaciones familiares en virtud de un Convenio Internacional entre España y el Reino de Marruecos en materia de Seguridad Social. El objeto era el pago de una prestación económica dirigida a sufragar la manutención en Marruecos de los hijos a cargo de trabajadores marroquíes desplazados en España y ocupados de forma legal.

Gracias a ello, pudo descubrirse que tres ciudadanos marroquíes habían podido conseguir un formulario EM-14 (obtención de prestaciones familiares) en blanco con los sellos válidos requeridos de la institución marroquí. Se dedicaban a fotocopiarlos a color y a rellenar los campos en blanco con los datos precisos para que puedan acceder indebidamente a la prestación tras presentarlos ante la Seguridad Social.

Por tales hechos y a la vista de los indicios existentes, se ha procedido a la detención de los tres principales autores de los hechos como presuntos autores de delitos de falsedad documental, estafa y fraude de prestaciones.

 

Fuente e imágenes: Ministerio del Interior.

Pedro Sánchez firma el acuerdo para los Presupuestos de 2019

  • El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, recibió este jueves en la Moncloa al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Ambos suscribieron un acuerdo para los PGE de 2019.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, recibió este jueves en Moncloa al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Ambos suscribieron el acuerdo para los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2019, “unas cuentas para un Estado Social”M; se afirma desde el PSOE.

El citado documento incorpora importantes medidas para mejorar la calidad del empleo y las pensiones, fortalecer el Estado de bienestar, blindar la función social de la vivienda, apostar firmemente por la transición energética y la Ciencia, configurar una sociedad más feminista y aprobar una nueva fiscalidad más justa.

En un mensaje en su redes sociales tras la firma del texto, Sánchez afirmó: “Situar a las personas en el centro de la política. Este es el objetivo compartido que materializamos hoy. Trabajamos para que otros partidos se sumen a este acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que ampliará derechos y mejorará la vida de la gente”.

 

 

Fuente e imagen: PSOE.

OCU alerta sobre dos modelos de secadores potencialmente peligrosos

Imagen de Rowenta CV5384. Imagen del secador Becken BPHD 2663.

 

 

 

 

 

 

 

-La Organización de Consumidores portuguesa DECO Proteste ha detectado a través de un análisis fallos de seguridad en los modelos Rowenta CV5384 y Becken BPHD 2663, ambos de venta en España

-OCU recomienda a los consumidores que tengan alguno de esos modelos que dejen de usarlo y se pongan en contacto con el vendedor o el fabricante para devolverlo o reclamar

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado recientemente sobre dos modelos de secadores potencialmente peligrosos: el Rowenta CV5384 y el Becken BPHD 2663, ambos de venta en España.

OCU lanza esta alerta después de que su organización hermana en Portugal, la asociación de consumidores DECO Proteste, haya realizado un análisis entre varios modelos de secadores y haya detectado que estos dos modelos son potencialmente peligrosos.  Según el análisis, el problema del modelo Rowenta CV5384 se basa en que la pieza que recubre los botones del secador es muy endeble, y puede llegar a soltarse, con lo que la mano del usuario podría llegar a tocar el interior del dispositivo, con el consiguiente riesgo eléctrico.

Por su parte, el secador modelo Becken BPHD 2663, que se vende solo en tiendas Worten, se ha revelado como un producto inseguro porque, en caso de que se produzca un bloqueo del motor por alguna razón, el aparato se sobrecalienta, llegando a incendiarse.

Según OCU, estos fallos de seguridad se han detectado en el transcurso de un análisis comparativo realizado por DECO Proteste en un laboratorio acreditado y siguiendo lo estipulado en la normativa europea. Según OCU, se trata de productos inseguros, que no deberían tener la marca CE y, desde luego, no deberían comercializarse en ningún país europeo.

OCU recomienda a los consumidores que comprueben si tienen alguno de estos modelos y, de ser así, dejen de usarlo y se pongan en contacto con el vendedor o el fabricante. La Organización recomienda devolverlo si está en periodo de prueba y, si no es así, dejar de usarlo y reclamar. Según OCU, DECO Proteste ya ha emprendido acciones ante los fabricantes y las autoridades para conseguir que se retiren del mercado estos productos defectuosos.

Se puede obtener más información en este enlace: https://www.ocu.org/electrodomesticos/pequenos-electrodomesticos/noticias/secadores-inseguros

 

 

Cientos de personas se concentran en Huelva para exigir pensiones dignas

  • “El colectivo de personas mayores es muy vulnerable a políticas de recortes, y más cuando estamos pasando, cada vez más, a convertirnos en sustentadoras principales”

Cientos de personas se han manifestado en Huelva para exigir unas pensiones dignas y un sistema público de pensiones sostenible. Las centrales sindicales convocantes, junto a la Plataforma Onubense en defensa de las Pensiones Públicas y las Federaciones de Asociaciones de Vecinos y Vecinas Tartesos y Saltés han declarado que “necesitamos que se tomen medidas para salir de la crisis que sean las idóneas y que no afecten de manera muy desequilibrada a la parte mayoritaria, pero más débil de la sociedad y dentro de ella de forma intensa a las personas mayores”

Para las centrales sindicales la reforma laboral ha sido nefasta para el sistema público de pensiones “vemos como se incrementan las pensiones de manera irrisoria, a la vez que suben elementos esenciales de consumo de forma desorbitada, lo que supone un recorte a personas más vulnerables, por ello esperamos que los anuncios hechos por el Gobierno se hagan realidad” .

Se habla mucho del envejecimiento activo pero la realidad es que no se cumple, “cuando las administraciones públicas tienen la obligación de buscar los recursos necesarios para ello. Pues hay que reconocer el papel activo en la esfera económica que realizan las personas mayores, no sólo de ayuda económica a sus familias o como personas consumidoras activas, sino en cuidados de familiares”, indican las personas pensionistas. Los estudios indican que más de un tercio de las personas mayores cuidan de sus nietos , la mitad lo hacen todos los días, lo que no sólo tendría una traducción económica directa, sino que también facilita que otros miembros de sus familias puedan desarrollar actividades laborales.

Para las centrales sindicales “los partidos políticos tienen que preocuparse de mejorar significativamente los ingresos del Sistema Público de Pensiones y en garantizar su viabilidad financiera y el permanente mantenimiento del poder adquisitivo de las personas pensionistas, además hace falta una política económica que promueva un crecimiento inclusivo (con más empleo estable y salarios que participen en la prosperidad de las empresas), lo que aumentaría de manera sostenida los ingresos del sistema”

Para las personas convocantes “habría que incrementar las cotizaciones, destopar las bases máximas de cotización manteniendo la contributividad, hacer que los autónomos coticen por sus ingresos reales, financiar los gastos de gestión de la Seguridad Social con el presupuesto del Estado, aumentar la aportación de los impuestos al presupuesto de la Seguridad Social, y combatir el fraude fiscal y la economía sumergida”

“El colectivo de personas mayores es muy vulnerable a políticas de recortes, y más cuando estamos pasando, cada vez más, a convertirnos en sustentadoras principales (en ocasiones únicas) de las siguientes generaciones pues las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 25% de los hogares”, declaran.

“Por todo ello queremos reclamar al Gobierno de la nación y al conjunto de los poderes públicos y administraciones, la derogación de las reformas y freno a los recortes que en materia sanitaria se están llevando a cabo: exclusión de colectivos del sistema, copago farmacéutico en la atención sanitaria (transporte sanitario no urgente, prestación orto protésicas, productos dietéticos…) y del actual modelo de copago farmacéutico por su impacto negativo, especialmente para los niveles de renta más bajos, y su inadecuación para las situaciones de especial necesidad”

Además expresan que hay que potenciar los servicios de salud pública, pues son esenciales en el desarrollo de cualquier sistema de salud, en la prevención de enfermedades, fomentando el autocuidado. Pues “la esperanza de vida depende, también, de factores como la riqueza y la pobreza, el empleo y el desempleo, las condiciones de trabajo, el entorno social en el que se vive, las políticas medioambientales, los niveles educativos, los hábitos saludables de vida, las infraestructuras disponibles, las políticas de salud pública, la nutrición, el ejercicio físico frente al sedentarismo y, actuar más en la prevención, en salud, vacunación, mejoras terapéuticas etc. Para ello hay que aumentar los ingresos fiscales y garantizar los recursos suficientes para el buen funcionamiento de los servicios públicos, incluyendo el sanitario; un compromiso de garantía de suficiencia financiera en los presupuestos del SNS, tanto estatales como autonómicos, pues no se puede considerar la inversión en salud como gasto, cuando la salud actúa como motor económico y proporciona importantes retornos que oferta a la sociedad”, se ha destacado desde CCOO y UGT.

“Ante estas necesidades, desde UGT y CCOO, trabajaremos, con el conjunto de las Confederaciones Sindicales de CCOO y UGT y la sociedad organizada, por la reorientación de la política económica y social que se llevó a cabo dura.

 

 

Fuente e imagen: CCOO.

Según el Estudio Anual de Supermercados de OCU, el ahorro máximo posible varía de 257 a 3.000 euros según la ciudad donde se realicen las compras

 -El supermercado Dani de Granada y el Súper Carmela de Jerez de la Frontera son los más baratos de España, mientras que el Sánchez Romero de Madrid repite como el más caro

-Puertollano, Jerez de la Frontera y Ciudad Real son las ciudades donde más barato resulta de media hacer la compra. Getxo, Palma de Mallorca y Barcelona son las ciudades más caras según el estudio

OCU ha publicado su estudio anual de supermercados correspondiente a 2018. La Organización de Consumidores y Usuarios ha analizado 173.305 precios en 1.176 supermercados, hipermercados y tiendas de descuento de 64 ciudades españolas e Internet. La “cesta de la compra” elaborada por OCU está compuesta por 242 productos de diversas categorías que incluyen frescos (carne, pescado, frutas y verduras), envasados, higiene y droguería, tanto de marcas líderes en su segmento como de marca blanca.

Este conjunto de productos permite recoger el nivel general de precios de los distintos establecimientos comerciales y, mediante la construcción de un índice, OCU pretende facilitar a los consumidores la comparación de precios entre supermercados y que puedan así ahorrar en su cesta de la compra.

¿Dónde es más caro y más barato comprar?

Los resultados del estudio de supermercados de OCU permiten detectar cuáles son los supermercados más caros y los más baratos España. Este año, dos establecimientos empatan como los más baratos del país: un supermercado Dani de Granada y el súper Carmela de Jerez de la Frontera. En el lado opuesto, un año más, el establecimiento más caro es un Sánchez Romero en Madrid, cuya cadena también encabeza el ranking de las más caras del país, con unos precios un 71% más caros de media que los de la cadena más barata.

Por cadenas, repite la andaluza Dani como la más barata, seguida de cerca por Supeco (con pocas tiendas repartidas por regiones distantes) y Vidal (implantada en Levante). Atendiendo solo a las cadenas establecidas en todo el territorio, destacan por tener los precios más económicos Alcampo y Mercadona, mientras que El Corte Inglés y Ulabox.com son las que registran los precios más elevados.

Del mismo estudio se desprende también que, salvo Supersol, todas las principales cadenas han subido sus precios en el último año, algunas incluso notablemente por encima del IPC del periodo, que ha sido del 2%, como Carrefour Express (4%), Alcampo (3,2%) e Hipercor (3%). Así, Alcampo, aunque se mantiene como la cadena nacional más barata, ha moderado su ventaja, como ya hizo el año pasado.

OCU apunta que, en general, hay cierta tendencia a la convergencia de precios entre cadenas, especialmente para la cesta de los productos más económicos o marca blanca.

Por tipología, la de productos frescos, sobre todo en el pescado, es donde las subidas han sido más notables este año, especialmente en las cadenas nacionales. Según OCU, la mayoría de las más importantes han registrado incrementos del 3,5% o superiores. Como ejemplo, la merluza fresca ha incrementado su precio un 20%, los calabacines un 26%, las sardinas gordas un 19% y un 18% la sepia limpia o las manzanas golden.

Por otro lado, con este análisis se aprecia que los precios de la alimentación varían de unas ciudades a otras. Puertollano, seguida de Jerez de la Frontera y Ciudad Real, son las ciudades donde más barato resulta hacer la compra. Por el contrario, Getxo, Palma de Mallorca y Barcelona son las ciudades más caras según el estudio de OCU. Si se comparan las Comunidades Autónomas, repiten La Rioja y Galicia como las más baratas y Cataluña y Baleares como las más caras.

¿Cuánto se puede ahorrar?

Según los resultados del estudio de OCU, los consumidores pueden ahorrar una media de 947 € al año en la cesta de la compra según compren en el supermercado más caro o en el más barato de la ciudad.

Pero además del tipo de establecimiento, el nivel de ahorro que se puede alcanzar depende también de la ciudad y de la oferta comercial que cada una tenga. Madrid es la ciudad donde esta oferta comercial cuenta con los dos extremos más alejados, siendo el máximo ahorro posible de 3.000 euros, igual que ocurre en la zona de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, próximas a la capital. Según estas cifras, una familia que haga la compra en el establecimiento más caro de estas poblaciones durante un año podría abastecerse durante ocho meses extra por el mismo precio en la tienda más barata del municipio.

La siguiente ciudad en la lista de los máximos ahorros posibles es Barcelona, aunque con bastante diferencia con respecto a Madrid: 1.547 euros. Por el contrario, hay ciudades donde el ahorro que se obtiene con la comparación de precios es muy pequeño. Así, Puertollano es la ciudad en la que menos se nota el esfuerzo por buscar el establecimiento más barato, aunque, pese a todo, el ahorro máximo posible es de 257 euros al año, seguida de Soria, donde es posible ahorrar 265 euros al año de media en función de si se elige el supermercado más barato o el más caro de la ciudad.

Más información sobre el estudio en este enlace: www.ocu.org/supermercados

 

 

 

Fuente: OCU.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba)

El 21% de los usuarios no toma medidas de seguridad con los productos químicos en casa

-Según una encuesta realizada por OCU, el 33% de los usuarios reconoce que solo respeta las instrucciones de uso a veces

-Casi la mitad de los consumidores cree que las instrucciones de seguridad de los envases no son legibles

-Para reducir los accidentes domésticos con productos químicos, OCU recomienda leer siempre las instrucciones y seguir sus recomendaciones de uso

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado una encuesta online para conocer si éstos conocen de forma clara las advertencias, consejos de prudencia y símbolos de peligro que se incluyen en los productos químicos peligrosos que se utilizan para las tareas domésticas. Según el estudio, solo un 42% de los usuarios toma espontáneamente precauciones, como usarlos en ambientes ventilados, utilizar guantes o leer las instrucciones antes de emplear estos productos. Un 37% lo hace sólo a veces y un 21% reconoce que nunca toma medidas de precaución.

Además, según OCU, leer las instrucciones de uso no significa respetarlas. Según la encuesta, el 33% de los usuarios admite que las cumple solo en ocasiones.

La Organización de Consumidores ha realizado este estudio después de la plena implantación del nuevo reglamento europeo REACH para el control efectivo de las sustancias químicas. Según esta normativa, desde el pasado junio de 2017, únicamente pueden encontrarse en el mercado productos etiquetados con los nuevos criterios de seguridad. Entre otras medidas, los fabricantes han tenido que sustituir los conocidos pictogramas cuadrados de color naranja por rombos blancos con el borde rojo, así como incluir nuevos símbolos de advertencia que hasta ahora no aparecían en las etiquetas.

Además, la normativa incluye cambios en cuanto a los consejos de prudencia y a las palabras de advertencia del etiquetado, con el objetivo de facilitar las medidas de protección de los usuarios frente a los productos químicos, ya sean profesionales o consumidores finales.

Sin embargo, según los resultados de la encuesta realizada por OCU, a pesar de haber transcurrido más de un año desde la aplicación de este reglamento, el 81% de los encuestados afirman que no sabían que habían cambiado los símbolos de seguridad de las etiquetas de los productos químicos, algo que la Organización considera preocupante.

Además, el 50 % reconoció que les costaba entender algunos de estos pictogramas, mientras que el 37 % comprendía la mayoría de ellos y el 14 % directamente desconocía su significado.

Para OCU, estos resultados apuntan a que los usuarios están faltos de información y que aún faltan medidas para conseguir que sea posible identificar fácilmente los posibles riesgos del producto químico, así como para leer y entender sin problemas las instrucciones de seguridad de los envases.

Recomendaciones de OCU

Además de una fácil identificación de los riesgos que suponen manipular ciertos productos químicos, OCU recuerda que es importante llevar a cabo una correcta gestión doméstica.  La Organización recomienda seguir una serie de pautas para reducir el riesgo de sufrir algún accidente con productos químicos:

  • Tomar el tiempo necesario para leer las instrucciones y seguir las recomendaciones (usar mascarilla o guantes, no mezclar con otras sustancias…).
  • Llamar al Servicio de Información Toxicológica o al 112 si se sufre cualquier incidente o accidente con el producto.
  • Apretar bien la rosca del tapón y no dejar estos productos al alcance de los niños, o bien cerrar con llave los armarios donde se guarden.
  • No almacenar las sustancias más peligrosas y, en caso de necesitarlas, comprar envases pequeños que se consuman en un solo uso.

 Se puede obtener más información y detalles del análisis en este enlace: https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/equipamiento-hogar/noticias/estudio-productos-quimicos

OCU pide una revisión completa del sistema eléctrico para reducir la factura de la luz

-Tras las medidas propuestas por el Gobierno

-La Organización de Consumidores cree que la eliminación del Impuesto a la Generación solo beneficia a la industria y no supondrá una rebaja en el precio de la energía para los consumidores

-OCU ve necesaria una revisión completa del sistema energético, en el que los diferentes agentes que participan en él reciban una remuneración razonable, pero también en el que los consumidores tengan unas tarifas transparentes, justas y accesibles para todos los hogares

El mercado mayorista acumula desde marzo seis meses de continuas subidas. Además, según OCU, el mes de septiembre se podría cerrar con precio en torno a los 70 €/MWh, lo que supondrá un nuevo incremento en la factura de la luz en otro 3,3%. Así, un hogar medio acumula durante 2018 una factura de 598 euros, 16 euros más que en el mismo periodo (enero- septiembre) del pasado año y 80 euros más que la factura de ese mismo periodo en 2016.

Estos incrementos afectan directamente a los hogares con la tarifa PVPC y a los beneficiarios del bono social, e indirectamente al resto de consumidores que tienen contrato con una comercializadora en el mercado libre, que ven cómo sus revisiones de tarifa también aumentan, pese a que mucho de ellos ya sufrían tarifas mucho más elevadas que la tarifa PVPC.

Ante esta situación, OCU valora positivamente el avance que supone que el Ministerio de Transición Ecológica identifique como un problema el sistema de fijación de precio del mercado mayorista y que plantee la necesidad de revisar el bono social ampliándolo también a la calefacción, sin embargo, la ausencia de detalles concretos sobre las medidas propuestas genera serias dudas sobre su utilidad real para el consumidor.

En este sentido, OCU considera que la única medida concreta planteada, basada en la eliminación del Impuesto a la Generación, a corto plazo sólo traerá consigo que la industria se ahorre un importante coste, que era empleado para aliviar la importante factura de los peajes que también paga el consumidor final. OCU considera que la medida anunciada no provocará de forma automática una rebaja en el precio de la energía y según OCU, puede provocar, si no se cuenta con ingresos adicionales, que haya una subida de las tarifas de acceso en enero de 2019.

Ante la declaración de intenciones planteada por el Gobierno, OCU pide que se concreten las acciones y propone una combinación de medidas que permitan una factura más justa. Entre otras, retirar o limitar conceptos que incrementan artificialmente la factura, asignar una mejor distribución de los costes entre los diferentes tipos de consumidores, aplicar mecanismos para frenar el incremento artificial del precio de la energía en el mercado mayorista y destinar recursos para proteger a los hogares más desfavorecidos.

De manera concreta, OCU propone:

  • Revisión de sistema de precios mayorista: según OCU, es imprescindible que este sistema incorpore nuevos ajustes que remuneren de forma justa a las tecnologías más caras e infrautilizadas, pero sin que eso suponga que las tecnologías con costes más reducidos como la nuclear o la hidráulica se beneficien de esos elevados precios. En este sentido se valora positivamente que el Gobierno por fin comparta este análisis de la situación.
  • Penalizar las manipulaciones del mercado: esta revisión del mercado mayorista debe completarse con una estricta supervisión y fuertes penalizaciones para prevenir esa manipulación.
  • Revisión y redistribución de los peajes de acceso: los peajes de acceso deben ser revisados y en algún caso eliminados del sistema eléctrico, pero sobre todo es importante que se haga una correcta distribución de estos peajes, de manera que no sean los pequeños consumidores los que subvencionen los costes a los grandes fabricantes.
  • Revisión del IVA: la luz es un producto de primera necesidad y el tipo impositivo del 21% debería revisarse a la baja, aplicando tipos impositivos reducidos como ya hacen otros países europeos.
  • Eliminación del Impuesto de la Electricidad: antes de abordar el Impuesto a la Generación, OCU considera imprescindible que se elimine el Impuesto de Electricidad. Este impuesto supone encarecer la factura eléctrica en un 5.11% y supone una recaudación de aproximadamente 1.500 millones. Con la eliminación de este impuesto a los consumidores se podría compensar la reciente subida de la electricidad.
  • Impulso del Bono Social: sobre una previsión de 2,5 millones de hogares como potenciales beneficiarios de esa tarifa, solo un 28% lo ha solicitado. Por ello, OCU cree que se debe facilitar su tramitación simplificando el proceso con fórmulas de aplicación automática como ya se hace en otros países. Además, cree que el bono social debe ampliarse a otros servicios, como el suministro de gas.
  • Transparencia en las tarifas aplicadas: el desconocimiento del mercado energético por el consumidor y la confusión interesada provocada por las comercializadoras de energía hace que muchos clientes estén en el mercado libre con tarifas muy elevadas. OCU exige transparencia sobre las tarifas que las comercializadores aplican en las revisiones de contrato a sus clientes, que son totalmente opacas para la administración y en la práctica, también para los clientes.
  • Afrontar en beneficio de los consumidores los nuevos retos y posibilidades que ofrece el mercado: eliminando barreras al autoconsumo y diseñando nuevas relaciones entre consumidores-distribuidora-comercializadora aprovechando las posibilidades del nuevo contador digital.

El Sirius VI se proclama vencedor en tiempo real de la Regata Huelva-La Gomera

  • La embarcación, patroneada por Jorge Flethes, cruzó la línea de llegada a las 07:46 hora canaria, empleando un total de 90 horas y 46 minutos en completar la prueba

A las 07:46 hora canaria, con las primeras claras del día y con el Teide como telón de fondo, el oficial principal de regata hacía sonar la bocina y marcaba así el paso del Sirius VI por línea de llegada. La embarcación, aunque no podrá superar el récord de la Regata que fijó en la pasada edición el equipo patrocinado por el Puerto de Huelva en un tiempo de 69 horas y media, se proclama así vencedora en tiempo real de la presente cita.

En total, el barco perteneciente a la Comisión Naval de Regata de Cádiz ha empleado 90 horas y 46 minutos en completar las más de 750 millas náuticas que separan Huelva de San Sebastián de La Gomera. Exactamente 3 días y 19 horas desde que partía junto con el resto de la flota participante desde la playa de La Canaleta en Punta Umbría. El barco, patroneado por Jorge Flethes, capitán de navío de la Armada Española, y con una tripulación compuesta por siete militares y cinco civiles, ha navegado a una media de diez nudos, marcando el ritmo durante toda la prueba.

Flethes, tras arribar en el Puerto Deportivo de San Sebastián de la Gomera, se mostró feliz y satisfecho por el resultado, asegurando que habían cumplido con el objetivo marcado al inicio de la Regata dado que “no hemos roto nada, nadie se ha hecho daño y nos hemos divertido” añadiendo que “si encima las notas son buenas, habrá sido perfecto”.

Para el patrón del Sirius VI, la principal complicación que han encontrado durante la travesía ha sido “localizar el sitio donde se cumpliesen las previsiones exactas de viento, no llegar antes ni después, para así poder sacarle todo el jugo al barco”. Así mismo, Jorge Flethes ha querido destacar el trabajo de su tripulación “realizando turnos de cuatro horas de guardia y cuatro de descanso”, aunque puntualizando que “descansar, se descansaba poco. El barco en su interior es hueco y cualquier maniobra como soltar o cazar escota sonaba abajo como un trueno”.

Por último, Flethes ha puesto en valor la belleza y singularidad de la Regata Huelva-La Gomera, una prueba “distinta a todas las demás” explicando que “al ser oceánica sabes que estas a muchas millas de la costa y si surge algún problema debes solucionarlo tú solo”.

Ahora, a la tripulación del Sirius VI le toca esperar. En el instante en el que lleguen el resto de los barcos y los jueces calculen el tiempo compensado, habrá vencedor en División General. Dado que en la prueba participan barcos de diferentes esloras y prestaciones, estableciéndose una serie de coeficientes correctores. Desde la Diputación de Huelva y el Cabildo Insular de La Gomera, organizadores de la cita, se apunta que la Regata se está desarrollando sin incidentes, marcada por unos vientos que soplan suaves de diferentes roladas. La embarcaciones participantes tendrán hasta las 12:00 horas del próximo sábado ocho de septiembre para arribar al Puerto de San Sebastián de La Gomera completando así el recorrido de algo más de 750 millas náuticas.

 

 

 

El mes de agosto finaliza con la cuarta factura de la luz más cara de la historia, según los análisis de FACUA

  • La asociación reclama al Gobierno central que asuma las reivindicaciones de la sociedad civil e intervenga las tarifas del sector para acabar con la especulación.

El mes de agosto finalizó con el recibo de la luz más caro desde enero de 2017 y se convierte así en la cuarta factura más alta de la historia, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Entre el 1 y el 31 del mes el recibo del usuario medio con las tarifas semirreguladas PVPC se ha situado en 80,73 euros, casi 9 euros por encima de los 71,82 euros de agosto de 2017. En doce meses, el recibo se ha encarecido en un 12,4%.

Los análisis de FACUA ponen de manifiesto que la factura de la luz más cara a nivel histórico fue la del primer trimestre de 2012, cuando se situó en 88,66 euros para el usuario medio (tras la corrección de la tarifa fijada por el Gobierno por una sentencia del Tribunal Supremo). Tras ella, los 87,81 euros de enero de 2017 y en tercer lugar los 81,18 euros de julio de 2015.

La subida mensual este agosto ha sido del 3,0%, lo que supone que el recibo del usuario medio será 2,34 euros más caro que el de julio. La factura para un usuario con un consumo de 366 kWh mensuales y 4,4 kW de potencia contratada (la media según los estudios de FACUA) se situó en julio en 78,39 (mes en que subió un 2,2%). En junio, el mismo recibo fue de 76,71 euros (subió un 1,8%), mayo se situó en 75,34 euros (una subida del 7,7%), en abril en 69,94 euros (subió un 0,7%), en marzo en 69,46 euros (bajó un 9,0%), en febrero en 76,32 euros (subió un 2,0%) y en enero en 74,81 euros (bajó un 6,1%).

En cuanto al precio de la energía consumida, el kWh se ha situado en agosto en una media de 16,81 céntimos (impuestos incluidos), un 3,9% por encima de los 16,18 céntimos de julio. A nivel interanual, la subida ha sido del 16,9%: el kWh estaba en 14,4 céntimos en agosto de 2017.

Reivindicaciones al nuevo Gobierno

FACUA reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma las reivindicaciones de la sociedad civil e intervenga las tarifas del sector eléctrico para acabar con la especulación y las injustificadamente altas tarifas eléctricas que sufren los usuarios en España.

A finales de 2016, FACUA promovió un manifiesto junto a más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil para reivindicar seis medidas en materia de política eléctrica. Una de ellas es la aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.

La aprobación de una auténtica tarifa social para los usuarios con menos poder adquisitivo y sufragada por las eléctricas es otra de las reclamaciones de las organizaciones ciudadanas. FACUA denuncia que el año pasado el Gobierno de Rajoy recortó los ya de por sí insuficientes descuentos aplicados con el bono social creado en la etapa de Zapatero.

Entre las reivindicaciones de FACUA y numerosos movimientos ciudadanos también se incluye la aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.

El manifiesto, denominado No más cortes de luz, no fue suscrito por el PSOE. Las fuerzas políticas que lo apoyaron fueron las formaciones que forman parte del grupo parlamentario Unidos Podemos, ERC y Coalición Canaria.

 

 

Fuente: Facua Consumidores en Acción.

FACUA pide al Gobierno central la modificación del huso horario actual en España

La asociación respalda la propuesta anunciada por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker

  • La asociación también reclama al Ejecutivo de Sánchez que modifique el huso horario en España para adaptarlo al GMT+0, el que correspondería según la localización geográfica del país.

FACUA-Consumidores en Acción ha valorado positivamente la propuesta anunciada por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, de eliminar el cambio de hora en los países de la UE y permitir que sean quienes decidan ajustarse al huso horario que consideren más conveniente.

La asociación, además, pide al Gobierno de Pedro Sánchez que adapte el huso de España a GMT+0 (el horario de Portugal y Reino Unido), el más adecuado según la localización geográfica del país.

La decisión de la Comisión Europea se produce después de una encuesta realizada a los ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea sobre el horario de verano. En ella más del 80% de los encuestados se pronunció a favor de eliminar el cambio horario. La propuesta supondría que ya no tuviera que cambiarse la hora dos veces al año, en octubre y marzo.

La decisión final sobre el cambio de husos horarios, sin embargo, queda en manos del Parlamento y de los estados miembros. FACUA, por tanto, pide al Gobierno que apoye la decisión de Bruselas y modifique el huso horario del país para devolverlo al que le correspondería realmente, después de que en marzo de 1940, durante la dictadura franqusita, fuera adelantado una hora y pasara a GMT+1.

Fuente: Facua Consumidores en Acción.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba)