Mesa de la Ría ha denunciado ante la Audiencia Nacional que la Declaración de Impacto Ambiental del Gobierno para el proyecto de clausura de los fosfoyesos ha quedado «completamente desbordada por la realidad» tras los recientes trenes de tormentas que han afectado a Andalucía.
Mesa de la Ría comunicó ayer que las imágenes aéreas aportadas por la organización muestran «una realidad difícil de maquillar: balsas prácticamente colmatadas que acumulan cerca de 4 hectómetros cúbicos (el equivalente a seis estadios como el Santiago Bernabéu) de aguas ácidas altamente contaminadas». Desde la formación se valora que, lejos de ser un contratiempo puntual, esta situación evidencia con crudeza que el modelo en el que se sostiene el proyecto, basado en la evaporación natural, ha fracasado estrepitosamente y constituye un engaño evidente por parte de la empresa y del Ministerio.
“El Ministerio aprobó un proyecto que confiaba en que el agua desapareciera sola. La realidad es que las balsas están llenas y el problema se ha multiplicado”, señalan desde Mesa de la Ría.
La organización advierte de que la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no contempla el tratamiento ni la descontaminación de esas aguas ácidas, lo que supone, en la práctica, dejar millones de metros cúbicos de residuos altamente contaminantes acumulándose sin solución.
Además, Mesa de la Ría denuncia también la opacidad del Gobierno, que ha reconocido ante la Audiencia Nacional la existencia de un informe encargado a la empresa pública Emgrisa, pero sin facilitarlo a las partes ni al Ministerio Fiscal. Ese mismo informe sí ha sido utilizado por Fertiberia en su defensa en otros procedimientos judiciales. “Estamos ante un escándalo institucional. El Gobierno oculta informes a la Audiencia mientras se los pasa a la empresa que tiene que ejecutar la sentencia”, denuncia Pacma.
La entidad considera además «especialmente grave» que se repita el mismo modelo de gestión que ya provocó uno de los mayores desastres ambientales de Huelva, cuando la empresa pública Egmasa tomó decisiones sin control funcionarial que acabaron en el vertido de material radiactivo con cesio 137 en la marisma.
Frente a ello, Mesa de la Ría expresa que el informe del Instituto Nacional de Toxicología, solicitado por la Fiscalía, confirmaría los riesgos ambientales y sanitarios del proyecto y respalda las conclusiones de la comunidad científica.
“La realidad ha dejado en evidencia al Ministerio. El proyecto no solo no soluciona el problema, sino que lo agrava. Las balsas están llenas, el agua contaminada sigue ahí y no hay ningún plan para tratarla”, concluyen.
Por todo ello, Mesa de la Ría pide a la Audiencia Nacional que impida una ejecución “de papel” de la sentencia y obligue a una solución real, segura y conforme a Derecho para la restauración de la marisma de Huelva.
