Miles de ciudadanos se lanzaron a las calles de Madrid el pasado domingo para protestar por los diferentes problemas de la vivienda en la capital y en todo el país.
Dicha manifestación, organizada por el sindicato de Inquilinas e Inquilinos y el Sindicat de Llogateres con el apoyo de otros 40 colectivos, dio comienzo a las 12:00 horas en la Plaza Carlos V, continuando a través del Paseo del Prado hasta Cibeles y de ahí hasta el Edificio Metrópolis en la Gran Vía, finalizando en la plaza de Callao.
Bajo el lema ‘Se acabó. Bajaremos los alquileres’, esta marcha logró reunir a 12.000 personas (según la Delegación del Gobierno) que llenaron las principales vías madrileñas para reclamar una bajada del precio de los alquileres y menos trabas a la hora de tener acceso a una vivienda y a un techo digno. Este problema se concentra principalmente en las grandes ciudades, afectando sobretodo a personas de renta media-baja y clase obrera, las cuales conforman el 58% de la población española.
Este movimiento surge en un clima de incertidumbre en el que los alquileres y precios de la vivienda cada vez son más abusivos, haciendo que sea cada vez más difícil encontrar viviendas que garanticen no solo un precio justo, sino también unas condiciones de habitabilidad adecuadas. Gran parte del problema es achacado al turismo, provocando que cada vez haya más arrendadores que suben los precios indiscriminadamente y conviertan inmuebles en viviendas temporales enfocadas al sector turístico, ya que interesa más hacerlo de esta manera que alquilar de manera regular. Otros factores influyentes en el aumento del precio de la vivienda son la subida de la inflación, impuestos, falta de oferta, aumento del coste de materiales de construcción, etc.
En este contexto, «casualmente» el Gobierno anunció al día siguiente un nuevo Bono alquiler joven, con el que la ciudadanía presumiblemente contará con una ayuda de hasta 250 euros al mes para solventar en parte el acceso a la vivienda. Una medida que no ha sentado del todo bien a algunos sectores ya que, según se expresa, se trata de una medida de la que principalmente se beneficiarán las personas arrendadoras aprovechando para subir todavía más el precio de los alquileres. A esto se le suma que el bono alquiler joven de años anteriores aún no ha sido recibido por muchas personas que siguen a la espera, existiendo incluso una plataforma de afectados en Andalucía.
Según el Instituto Nacional de Estadística, se estima que hay 3,1 millones de viviendas deshabitadas en España, mientras que se necesitaría construir 1,2 millones de viviendas más para rebajar la tensión del alquiler (761.000 para arrendamiento y 442.000 del tipo social). Junto a esto, la inacción del Gobierno agrava más el problema, ya que Pedro Sánchez anunciaba hace un año la construcción de 184.000 inmuebles para alquiler asequible, de los cuales hasta la fecha solo se han entregado el 5’5% de ellas.
En un ambiente de corrupción política generalizada y promesas incumplidas, buena parte del legado que dejan las anteriores generaciones es la precariedad, pobreza, falta de oportunidades y las complicaciones de acceso a derechos básicos como la vivienda, pintando un futuro no demasiado esperanzador a medio plazo.
Vídeo Euronews.
