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El mes de agosto finaliza con la cuarta factura de la luz más cara de la historia, según los análisis de FACUA

  • La asociación reclama al Gobierno central que asuma las reivindicaciones de la sociedad civil e intervenga las tarifas del sector para acabar con la especulación.

El mes de agosto finalizó con el recibo de la luz más caro desde enero de 2017 y se convierte así en la cuarta factura más alta de la historia, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Entre el 1 y el 31 del mes el recibo del usuario medio con las tarifas semirreguladas PVPC se ha situado en 80,73 euros, casi 9 euros por encima de los 71,82 euros de agosto de 2017. En doce meses, el recibo se ha encarecido en un 12,4%.

Los análisis de FACUA ponen de manifiesto que la factura de la luz más cara a nivel histórico fue la del primer trimestre de 2012, cuando se situó en 88,66 euros para el usuario medio (tras la corrección de la tarifa fijada por el Gobierno por una sentencia del Tribunal Supremo). Tras ella, los 87,81 euros de enero de 2017 y en tercer lugar los 81,18 euros de julio de 2015.

La subida mensual este agosto ha sido del 3,0%, lo que supone que el recibo del usuario medio será 2,34 euros más caro que el de julio. La factura para un usuario con un consumo de 366 kWh mensuales y 4,4 kW de potencia contratada (la media según los estudios de FACUA) se situó en julio en 78,39 (mes en que subió un 2,2%). En junio, el mismo recibo fue de 76,71 euros (subió un 1,8%), mayo se situó en 75,34 euros (una subida del 7,7%), en abril en 69,94 euros (subió un 0,7%), en marzo en 69,46 euros (bajó un 9,0%), en febrero en 76,32 euros (subió un 2,0%) y en enero en 74,81 euros (bajó un 6,1%).

En cuanto al precio de la energía consumida, el kWh se ha situado en agosto en una media de 16,81 céntimos (impuestos incluidos), un 3,9% por encima de los 16,18 céntimos de julio. A nivel interanual, la subida ha sido del 16,9%: el kWh estaba en 14,4 céntimos en agosto de 2017.

Reivindicaciones al nuevo Gobierno

FACUA reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma las reivindicaciones de la sociedad civil e intervenga las tarifas del sector eléctrico para acabar con la especulación y las injustificadamente altas tarifas eléctricas que sufren los usuarios en España.

A finales de 2016, FACUA promovió un manifiesto junto a más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil para reivindicar seis medidas en materia de política eléctrica. Una de ellas es la aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.

La aprobación de una auténtica tarifa social para los usuarios con menos poder adquisitivo y sufragada por las eléctricas es otra de las reclamaciones de las organizaciones ciudadanas. FACUA denuncia que el año pasado el Gobierno de Rajoy recortó los ya de por sí insuficientes descuentos aplicados con el bono social creado en la etapa de Zapatero.

Entre las reivindicaciones de FACUA y numerosos movimientos ciudadanos también se incluye la aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.

El manifiesto, denominado No más cortes de luz, no fue suscrito por el PSOE. Las fuerzas políticas que lo apoyaron fueron las formaciones que forman parte del grupo parlamentario Unidos Podemos, ERC y Coalición Canaria.

 

 

Fuente: Facua Consumidores en Acción.

Una persona fallece en Rusia al explotarle su cigarrillo electrónico

Una persona utiliza un cigarrillo electrónico.

-Un representante de la compañía Smok-E Mountain afirma que posiblemente fue un atomizador -la parte que la persona inserta en su boca- o una batería.

-También asegura que han tenido problemas porque otras empresas clonan sus baterías.

Según informó Facua Consumidores en Acción  en su página web, un hombre falleció el pasado 5 de mayo en San Petersburgo (Rusia) al explotarle su cigarrillo electrónico, fabricado por la marca Smok-E Mountain, con sede en Filipinas. Un portavoz de la empresa ha afirmado que posiblemente fue un atomizador – la parte que la persona inserta en su boca – o una batería. También ha indicado que han tenido problemas porque otras empresas clonan sus baterías.

Según recoge la agencia de noticias norteamericana Associated Press, el dispositivo explotó y arrojó fragmentos a la cabeza de Tallmadge D’Elia, de 38 años, causándole la muerte y provocando un incendio que le quemó la mayor parte del cuerpo.

La explosión del cigarrillo electrónico causó la muerte de este hombre, natural de Florida (Estados Unidos) el pasado 5 de mayo, según ha confirmado el informe de la Oficina Forense del condado Pinellas-Pasco.

No es la primera vez que ocurre. De hecho, un informe de la Administración de Incendios recoge que un total de, al menos, 195 cigarrillos electrónicos han explotado o se han incendiado entre 2009 y 2016, sin producirse la muerte de personas. Sin embargo, las explosiones causaron 133 lesiones, 38 de ellas de carácter grave.

Los bomberos encontraron a D’Elia en el interior de su vivienda en llamas, según The Tampa Bay Times. La explosión arrojó dos fragmentos del dispositivo a su cráneo. La autopsía desveló que la causa de su fallecimiento fue por “herida de proyectil a la cabeza“. También sufrió quemaduras en un 80% de su cuerpo, dictaminándose la muerte como accidental.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) ha indicado que aún no está claro qué es lo que provoca la explosión de algunos cigarrillos electrónicos; pero podría ser un problema relacionado con las baterías.

 

 

Fuente e imagen: FACUA Consumidores en Acción.

Nace FACUA Extremadura, que tendrá su sede en Badajoz

 

  • José Manuel Núñez, que hasta ahora ocupaba el cargo de delegado territorial de FACUA en la comunidad, es elegido presidente de esta nueva asociación.

FACUA-Consumidores en Acción continúa creciendo y ya cuenta con otra nueva asociación integrada en el proyecto, FACUA Extremadura. La recién creada organización abrirá en próximas fechas su sede central en Badajoz.

La asamblea constituyente ha aprobado los Estatutos de la asociación y ha nombrado una Junta Directiva provisional de la que José Manuel Núñez es su presidente. Junto a Núñez, la Directiva provisional queda formada por Sandra Paniagua, como secretaria general; Jaime David Gil, como tesorero, así como Luis Braulio Pérez y Francisco Javier Paniagua, como vocales de la asociación.

Núñez era hasta la celebración de la asamblea constituyente el pasado mes de abril el delegado territorial de FACUA en Extremadura. Desde que se creara la delegación en enero de 2016, se han llevado actuaciones en representación de los socios del territorio y se han iniciado los pasos para la constitución de la nueva asociación.

Ahora, la Directiva provisional será la encargada de registrar los Estatutos aprobados en la constituyente en el registro de asociaciones correspondiente. Tras este paso, será convocada la primera asamblea general de socios, que tendrá como misión ratificar la Directiva definitiva y aprobar el programa de trabajo y presupuesto para el proximo ejercicio.

Al cierre del ejercicio 2017, Extremadura contaba con 3.332 asociados, de los cuales 390 eran de pleno derecho (abonan una cuota anual) y 2.942 adheridos. Asimismo, a lo largo de 2018 se pondrá en marcha la página web de la asociación. Mientras tanto, los usuarios de Extremadura pueden seguir contactando con FACUA en el teléfono estatal 954 90 90 90 (de lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas y de lunes a jueves de 17.00 a 20.00 horas) o en su web FACUA.org.

FACUA cuenta con organizaciones y delegaciones territoriales en las diecisiete comunidades autónomas. La de Extremadura es la novena comunidad donde tendrá una sede en la que atenderá a los consumidores.

 

 

Fuente e imagen: FACUA Consumidores en Acción.

FACUA pide a la AEPD multas contundentes contra Facebook y Cambridge Analytica por la filtración de datos

-La asociación denuncia a la filial en España de la compañía de Mark Zuckerberg y a la consultora próxima al entorno de Donald Trump por presuntas irregularidades en el tratamiento de informaciones personales de usuarios de la red social.

FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que sancione de manera contundente a Facebook Spain y a Cambridge Analytica por la filtración de datos privados de 137.000 usuarios españoles, según las primeras estimaciones.

La asociación ha denunciado a la multinacional de Mark Zuckerberg y a la consultora que trabajó para la candidatura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las presuntas irregularidades cometidas en el tratamiento de informaciones personales sensibles de usuarios de esta red social. De esta forma, Cambridge Analytica habría manejado de manera fraudulenta los datos de 50 millones de potenciales seguidores del partido republicano para influir en las elecciones presidenciales del año 2016.

FACUA considera que esta compañía, con sede en Reino Unido, habría sustraído datos personales recogidos en Facebook, por lo que habría tenido acceso a informaciones personales de millones de personas. El enésimo escándalo que salpica a la Administración norteamericana ha salido a la luz gracias a la investigación conjunta de los prestigiosos diarios New York Times y Observer.

Todo esto sucede justo cuando la empresa de Zuckerberg ha dado a conocer que los usuarios afectados por la filtración masiva de datos ascienden ya a los 87 millones. Cifra que inicialmente se estimó en 50 millones.

La asociación entiende que hay una falta de diligencia por parte de los responsables de la custodia y vigilancia de los ficheros de datos personales de usuarios de Facebook.

En su escrito a la AEPD, FACUA incide en que el posible acceso ilícito a datos personales recogidos de Facebook implica poder conocer información relevante sobre la ideología, afiliación sindical, religión, vida sexual y creencias de los afectados.

La asociación remarca al organismo que el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, en su apartado segundo, señala que “sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias“.

En marzo de este año, Facebook Spain fue sancionada junto a WhatsApp con 600.000 (300.000 euros cada una) por tratar y comunicar datos sin consentimiento de los usuarios, tras la denuncia interpuesta por FACUA, y otras asociaciones y particulares.

Facebook ha admitido que, según sus propias estimaciones a raíz de investigaciones internas, un total de 44 usuarios se habría instalado directamente en España una aplicación denominada thisisyourdigitallife, que consentía el acceso a información personal de dichos usuarios y de sus contactos. La compañía usó, presuntamente, la información obtenida con esa aplicación para hacer un programa destinado a predecir las decisiones de los potenciales votantes e influir en ellos.

FACUA señala que la AEPD podría acabar imponiendo a Facebook Spain una nueva sanción por incumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), acumulando la compañía multas desde 2016 que alcanzan los 1,65 millones de euros.

La asociación recuerda que el artículo 44 de la Ley Orgánica 15/1999, apartado cuatro, letras a, expone que es una infracción muy grave “la recogida de datos de forma engañosa o fraudulenta“. Las infracciones de este tipo “serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 euros“, tal y como recoge el artículo 45 de esta misma ley en su apartado tercero.

 

Fuente: FACUA Consumidores en Acción.

Imágenes: Pixabay.

Competencia de Andalucía calcula que Clínicas Pascual defraudó al SAS más de 200 millones

– FACUA considera escandalosa la ínfima cuantía de la multa y reclama explicaciones a la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía ha impuesto dos sanciones a Hospitales Pascual por un importe total de 5,33 millones de euros (2.665.132 euros cada una) por “conductas anticompetitivas“, ya que durante tres años y medio “aplicó precios abusivos” por los servicios que prestaba al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las provincias de Cádiz y Huelva.

FACUA Andalucía considera escandalosa la ínfima cuantía de las multas impuestas a Clínicas Pascual. El secretario general de FACUA Andalucía y portavoz de su asociación nacional, Rubén Sánchez, indica que “Susana Díaz debería dar explicaciones a los andaluces de lo que está ocurriendo con nuestra sanidad y con nuestro dinero“.

La federación critica que, año tras año, el Gobierno andaluz ha ido devaluando las prestaciones del sistema sanitario público en la comunidad autónoma y se ha arrojado de forma irresponsable en los brazos de empresas privadas, que en el caso de Clínicas Pascual ha cometido gravísimas irregularidades.

La tibieza de las sanciones de Competencia se suma a la decisión adoptada el año pasado por la Consejería de Salud de no multar a Cínicas Pascual por haber captado fraudulentamente pacientes del SAS durante meses. Prácticas denunciadas por FACUA Andalucía y que provocaron la apertura de un expediente sancionador que finalmente se cerró en falso. “Las irregularidades se produjeron a través de una campaña publicitaria de Clínicas Pascual enmarcada en una estrategia de presión para lograr que el SAS volviese a firmar un concierto”, han destacado desde FACUA.

En su resolución, Competencia calcula de forma detallada que, en el periodo desde febrero de 2014 hasta junio de 2016, el beneficio ilícito obtenido por Clínicas Pascual fue de 164,1 millones de euros. El organismo no detalla el beneficio ilícito durante el año comprendido entre junio de 2016 y junio 2017, lo que en cualquier caso permite estimar que la cantidad defraudada supera los 200 millones de euros entre los años 2014 y 2017.

Las dos multas se imponen a la empresa José Manuel Pascual Pascual S.A. tras considerarse acreditadas en la Resolución del Consejo las conductas de “abuso de explotación“, a través de la imposición de unos precios “notoriamente abusivos” al SAS en su facturación de los servicios prestados.

Según informa el Consejo de Defensa de la Competencia, Clínicas Pascual “trató de imponer condiciones excesivas” durante la negociación de los nuevos conciertos hospitalarios con el fin de “obstaculizar cualquier posible competencia“.

También imponía el “abuso de exclusión” al tratar de imponer determinadas exigencias en las negociaciones para celebrar nuevos conciertos con la intención de excluir a otros operadores que legítimamente podían prestar el servicio de asistencia sanitaria especializada sin puerta de urgencias y que, de hecho, habían sido contratados para ello. Así, José Manuel Pascual Pascual S.A. trataba, por una parte, de “expulsarlos o disminuir su cuota de mercado y, al mismo tiempo, incrementar la suya“.

Las sanciones son el resultado de una investigación abierta por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) el 15 de septiembre de 2016 a raíz de una denuncia por presunto abuso de posición de dominio presentada por el SAS.

Según el expediente resuelto por el organismo andaluz de competencia a lo largo de sus más de 15.000 folios de documentación, análisis y comprobaciones, la empresa Pascual “ha venido infringiendo la Ley” porque “la explotación abusiva de una posición dominante viene prohibida, tanto por el derecho de la competencia europeo, como por el ordenamiento jurídico español“.

En su opinión, la actuación de la entidad José Manuel Pascual Pascual habría respondido a una “doble estrategia” destinada a hacer del SAS un cliente “totalmente dependiente de sus servicios“, obstaculizando la competencia, así como a maximizar sus beneficios. En concreto, “la entidad sancionada, habría abusado de su posición dominante, de dos formas“.

Por una parte, aplicando “de forma unilateral” en su facturación al SAS, a partir del 1 de febrero de 2014, “unos precios excesivos que no guardarían relación con el valor de las prestaciones a retribuir“. En concreto, en los hospitales Virgen de las Montañas, Virgen del Camino, Santa María del Puerto, San Rafael y Blanca Paloma, con efectos en los mercados de prestación sanitaria especializada complementaria en las provincias de Cádiz y Huelva. Con esta conducta, “se habría visto perjudicado el SAS e indirectamente, las personas usuarias de la sanidad pública andaluza“.

Beneficio ilícito de 164 millones entre febrero de 2014 y junio de 2016

En la resolución del Consejo se calcula que el “beneficio ilícito” obtenido como consecuencia de esta infracción por Pascual desde febrero de 2014 hasta junio del año 2016 habría alcanzado los 164,1 millones de euros, considerando un escenario de conciertos similares, de modo que tal beneficio derivado de su actuación ilegal hasta junio de 2017 habría sido aún mayor”.

Por otro lado, Hospitales Pascual habría “abusado de su situación de predominancia indiscutible” en el sector, mediante una “práctica de exclusión” en el ámbito de la prestación de asistencia sanitaria especializada con unidad de urgencias, demandando al SAS, en sus negociaciones de nuevos conciertos, prestaciones suplementarias “que no guardan relación con los contratos“.

Con dicha actuación, perseguía “mantener o reforzar” su posición de dominio en el mercado de la prestación sanitaria especializada, con puerta de urgencia. Y, a su vez, “extender o asegurar su posición de dominio” en el mercado de la prestación de servicios de asistencia sanitaria especializada complementaria en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga o en otros servicios tales como los de Oncohematología, sociosanitarios o psiquiátricos, en los que sí hay competencia.

Con esta conducta, se habría visto perjudicado el SAS, e indirectamente, otros operadores privados que prestan servicios de asistencia sanitaria especializada en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga e indirectamente los usuarios de la sanidad pública andaluza.

En cuanto a la sanción, en este caso, el “abuso de posición” de dominio en el que ha incurrido la empresa está tipificado como una infracción grave. A la hora de determinar su importe, entre otros criterios, se han tenido en cuenta: la dimensión y características del mercado afectado; la cuota de mercado de la empresa; el alcance y duración de la infracción; el efecto sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos; y los beneficios ilícitos obtenidos.

La resolución del Consejo de Defensa de la Competencia es susceptible de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

 

 

Fuente e imagen: FACUA Consumidores en Acción.

FACUA alerta de una nueva campaña de ‘phishing’ para conseguir los datos bancarios de los clientes de Endesa

  • Los usuarios reciben un correo electrónico que suplanta a la eléctrica avisándoles de que han pagado dos veces una factura y que deben introducir su cuenta corriente para recibir el reembolso.

FACUA-Consumidores en Acción alerta de una campaña de ‘phishing’ destinada a conseguir los datos bancarios de los usuarios de Endesa, mediante un engaño con las facturas. Según ha advertido la Oficina de Seguridad del Internauta, este engaño animaría al cliente a introducir su tarjeta bancaria para recibir el reembolso de una factura que ha sido cobrada doblemente, siendo un caso que ya se detectó en octubre del pasado año.

El correo fraudulento indica a los usuarios que ha habido un error con su factura

El falso correo aparece con el asunto “Enlace para confirmar su reembolso” y trae un enlace que redirige a una página que suplanta a la de Endesa, donde pide introducir los datos de identificación, DNI y apellido, para poder continuar. El proceso continúa en una nueva página falsa, a simulación de las pasarelas de pago seguro, para captar los datos bancarios.

La OSI indica a los usuarios que “si has recibido un correo de estas características, has accedido al enlace y has facilitado tus datos de sesión contacta lo antes posible con Endesa para informarles de lo sucedido” y recuerda que “ninguna empresa envía por correo electrónico solicitudes de datos personales de sus clientes para realizar reembolsos. Si recibes un correo en este sentido, no facilites ningún dato. En el caso de que te surjan dudas, contacta directamente con tu proveedor del servicio para asegúrate de la veracidad de la información“.

FACUA recomienda que para evitar ser víctima de este tipo de fraudes los usuarios se aseguren de no abrir correos de usuarios desconocidos, no acceder a enlaces que consideren sospechosos, tengan precaución al descargar datos adjuntos, consideren el tener una contraseña robusta y no facilitar datos personales a páginas sin certificados o que no pertenecen al sitio que entraron.

 

 

 

Fuente e imágenes: FACUA Consumidores en Acción.

La mitad de los 200 restaurantes analizados en un estudio sirve un pescado que no coincide con el menú

– El análisis del centro tecnológico AZTI ha detectado que las mayores desviaciones se producen en especies como mero, pez mantequilla, cazón, lenguado, merluza y atún rojo.

– Enmarcado en el proyecto europeo FoodIntegrity

La mitad de los 204 restaurantes analizados en España sirve platos de pescado que no se corresponden con lo indicado en el menú. Es uno de los datos que se extraen del estudio de AZTI, el centro tecnológico especialista en metodologías que permiten asegurar la autenticidad y el origen de la materia prima e ingredientes.

A nivel de la Unión Europea el estudio constató que uno de cada tres restaurantes analizados sirven pescado que no se corresponde con lo indicado en el menú.

Para llevar a cabo el estudio se han tomado más de 300 muestras de 204 restaurantes repartidos por las 15 principales comunidades autónomas de España. Las mayores desviaciones, según esta investigación que se enmarca en el proyecto europeo FoodIntegrity, se han detectado en especies como mero, pez mantequilla, cazón, lenguado, merluza y atún rojo.

Según informa el diario El Correo, que recoge la noticia, afecta al 83% de las muestras de lenguado, un 73% de la merluza y un 53% en atún rojo. El director de Azti Tecnalia, Rogelio Pozo, ha señalado que “esto no es un problema de seguridad alimentaria, porque no hay riesgo para la salud del consumidor, pero sí hay un fraude”.

Un ejemplo de ello es la merluza, que puede comprarse entre 20 ó 30 euros el kilo en época de gran demanda. “Detectamos que no se sirve ‘Merluccius merluccius’ “, ha señalado Pozo, “sino que la han sustituido por la variedad que hay en Chile o en Namibia y que puede costar entre 2 y 3 euros el kilo”.

Para realizar el estudio se han evaluado los platos de pescado que no se corresponden con lo indicado en el menú, así como identificado aquellas especies de pescado más frecuentemente sustituidas. “Las muestras fueron analizadas en el laboratorio a través de una metodología validada de ADN para comprobar si el pescado servido en los establecimientos coincidía con la descripción del etiquetado”, explica Miguel Ángel Pardo, investigador de AZTI y experto en calidad, seguridad e identidad alimentaria.

 

 

Fuente: FACUA Consumidores en Acción.

 

La mitad de los fármacos se han encarecido desde que están desfinanciados

  • FACUA denunció en 2012 que ésta sería la consecuencia del medicamentazo del Gobierno de Rajoy. Esto motivó la amenaza de ilegalización por parte de Sanidad con el absurdo argumento de que no podía opinar de él

La mitad de los medicamentos que el sistema público andaluz dejó de financiar en 2012 han encarecido su precio en estos cinco años, llegando incluso a triplicarlo en algunos casos. FACUA-Consumidores en Acción alertó en 2012 de que ésta sería la consecuencia del medicamentazo del Gobierno central, lo que provocó que el Ministerio de Sanidad amenazara con ilegalizarla con el absurdo argumento de que no tenía derecho a posicionarse sobre cuestiones de sanidad pública.

Cinco años después de que el Gobierno desfinanciara 320 fármacos y que pasara a ser el usuario el que corría con su coste completo, el diario Público informa de que el precio de 175 de ellos ha aumentado, incluso en 65 casos han llegado a duplicarse o triplicarse. Sólo un medicamento ha bajado su precio, 138 lo ha mantenido y 6 han desaparecido de la lista, dejando paso a la entrada de otros 5 medicamentos que antes no figuraban en la lista.

Fortasec, para tratar la diarrea, ha subido en estos cinco años un 216%, al pasar de 1,89 a 5,98 euros (impuestos incluidos) en su envase de 10 cápsulas; mientras que el Daflon, para las insuficiencias venosas ha aumentado un 131% en su caja de 30 comprimidos, al pasar de 4,40 a 10,18 euros, según el diario.

Uno de los casos más graves es el de el jarabe para la tos Mucosan para adultos, que ha elevado su precio un 335%, de los 2,06 a los 8,96 euros.

Además de la subida de precios, FACUA advirtió también de otros efectos negativos del medicamentazo, como que se recetaran a modo de sustitución fármacos que sí estuvieran financiados, indicados para dolencias más graves y generalmente más caros. Inlcuso, que los usuarios tiendan a la automedicación al dejar de acudir al médico.

Además, numerosos ciudadanos dejarán de ir a la consulta médica y puede que opten por medicarse ante síntomas menores, algo que no sólo los agrava, sino que puede provocar además que patologías más graves pasen desapercibidas.

 

Criterios no científicos

El criterio para dejar de financiar medicamentos que impuso el Ejecutivo en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, era “que el principio activo cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable y suficientemente documentado a través de años de experiencia y uso extenso”,junto a que estén “indicados en el tratamiento de síntomas menores”.

La asociación ya alertaba durante el periodo de trámite de audiencia de esta ley de que medidas similares llevadas a cabo por gobiernos anteriores, tanto en España como en otros países, no habían provocado el ahorro previsto.

De hecho, según Público, el gasto sanitario público se fue reduciendo de los 12.296 millones de euros en 2011 a los 10.391 de 2014, para subir de nuevo y alcanzar los 15.640 millones en 2017. Señala además que sólo el gasto derivado de recetas asumidas por la sanidad pública (sin la farmacia hospitalaria) aumentó en más de 500 millones entre 2014 (9.954) y 2016 (10.481) mientras el acumulado de 9.825 en noviembre apunta a que la cifra final rondará los 10.800, mil por encima de los 9.769 que la exministra Ana Mato admitió al cierre de 2012 tras un descenso del 12,2%.

FACUA señala que todas estas medidas no buscan un ahorro, sino que son un paso más del proceso de desmantelamiento de la sanidad pública. Una consecuencia más que se suma a la privatización de hospitales en varias comunidades autónomas, el copago, que incluye la eliminación de la gratuidad de los fármacos para los pensionistas, y la negativa a prestar asistencia a los inmigrantes que al no lograr un empleo no pueden conseguir permiso de residencia.

 

 

Fuente: FACUA Consumidores en Acción.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba)

FACUA alerta de un fraude mediante llamadas desde líneas de tarificación adicional extranjeras

-TIPO 803, 806 Y 807
-Dejan llamadas perdidas desde teléfonos extranjeros con prefijos de Albania (355), Costa de Marfil (225), Ghana (233) o Nigeria (234).

FACUA-Consumidores en Acción advierte a los consumidores de un fraude mediante llamadas perdidas. El timo consiste en que el usuario devuelve una llamada que ha recibido desde líneas extranjeras de tarificación adicional. De esta forma el timador obtiene como beneficio un alto porcentaje del coste de la misma, ya que los números en cuestión equivalen en España a los que llevan los préfijos 803, 806 y 807, que tienen un recargo añadido.

La asociación aconseja a los usuarios que no devuelvan la llamada si se trata de un número no conocido y que contenga prefijos de países como Albania (355), Costa de Marfil (225), Ghana (233) o Nigeria (234).

FACUA recuerda a los consumidores que si el número que llama lleva delante un signo + corresponde a una línea del extranjero.

La asociación recomienda que se compruebe la procedencia del número que llama. Una manera de poder hacerlo es introduciéndolo en un buscador de Internet, donde aparecerá el país de origen de la llamada y si ha sido denunciado anteriormente.

También FACUA indica que, una vez detectado el fraude, resulta aconsejable guardar el número en la agenda con el nombre de “estafa” o “no coger“, por ejemplo; aconsejando la asociación a los afectados por este fraude que presenten una reclamación a su compañía de telecomunicaciones para advertir de las irregularidades y solicitar que no les carguen el sobrecoste de las llamadas.

 

 

Fuente: FACUA Consumidores en Acción.

Lidl retira unos falsos audífonos tras la denuncia de FACUA

 -Los amplificadores de sonido Vitalcontrol se presentaban como un producto “ideal para personas con problemas auditivos”.

Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, Lidl se ha visto obligada a retirar de sus establecimientos unos amplificadores de sonido comercializados irregularmente como audífonos, cuyo uso está desaconsejado por las autoridades sanitarias para personas con dificultades auditivas. En la publicidad de la oferta de los amplificadores de sonido Vitalcontrol se presentaba al producto como un audífono “ideal para personas con problemas auditivos”.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en un informe publicado en 2015 detalla que “aunque la tecnología y la apariencia de algunos aparatos amplificadores sean similares a las de un audífono, sólo estos últimos están diseñados e indicados para compensar las deficiencias auditivas. Un amplificador de sonido, por el contrario, está destinado a ser utilizado por personas con audición normal que tienen la necesidad de amplificar los sonidos en ciertas situaciones“. Por lo tanto, la Aemps desaconseja la adquisición de amplificadores de sonido con el fin de compensar pérdidas auditivas.

FACUA denunció la comercialización del amplificador de sonido Vitalcontrol ante la Agencia Catalana del Consumo por publicidad engañosa y suponer un riesgo para la salud de los consumidores que adquieran el producto. Tras esto, la agencia requirió a la empresa la retirada del producto. El pasado abril, FACUA trasladó las irregularidades a Lidl y le solicitó que retirara el producto de la venta, pero la cadena alemana ni siquiera se dignó a contestar a la asociación.

FACUA advierte de que, los audífonos, al igual que los estableciemientos donde se venden y adaptan, están sujetos al Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre, por el cual se regulan los productos sanitarios. Por lo tanto estos artículos deben estar conformes con esta reglamentación y los establecimientos poseer la correspondiente autorización de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

Asímismo, recuerda que la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad indica en su artículo tercero que “es ilícita la publicidad engañosa, publicidad desleal y la publicidad agresiva“. Además, la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña establece en su artículo 211-3 que “la publicidad, información y oferta que se hagan por cualquier medio y la información que se transmita en el marco de la actividad empresarial o profesional, referidas a bienes o servicios, deben ajustarse a los principios de veracidad y objetividad y no deben contener información que pueda inducir a confusión“.

 

 

Fuente e imagen: FACUA Consumidores en Acción.