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Lidl retira unos falsos audífonos tras la denuncia de FACUA

 -Los amplificadores de sonido Vitalcontrol se presentaban como un producto “ideal para personas con problemas auditivos”.

Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, Lidl se ha visto obligada a retirar de sus establecimientos unos amplificadores de sonido comercializados irregularmente como audífonos, cuyo uso está desaconsejado por las autoridades sanitarias para personas con dificultades auditivas. En la publicidad de la oferta de los amplificadores de sonido Vitalcontrol se presentaba al producto como un audífono “ideal para personas con problemas auditivos”.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en un informe publicado en 2015 detalla que “aunque la tecnología y la apariencia de algunos aparatos amplificadores sean similares a las de un audífono, sólo estos últimos están diseñados e indicados para compensar las deficiencias auditivas. Un amplificador de sonido, por el contrario, está destinado a ser utilizado por personas con audición normal que tienen la necesidad de amplificar los sonidos en ciertas situaciones“. Por lo tanto, la Aemps desaconseja la adquisición de amplificadores de sonido con el fin de compensar pérdidas auditivas.

FACUA denunció la comercialización del amplificador de sonido Vitalcontrol ante la Agencia Catalana del Consumo por publicidad engañosa y suponer un riesgo para la salud de los consumidores que adquieran el producto. Tras esto, la agencia requirió a la empresa la retirada del producto. El pasado abril, FACUA trasladó las irregularidades a Lidl y le solicitó que retirara el producto de la venta, pero la cadena alemana ni siquiera se dignó a contestar a la asociación.

FACUA advierte de que, los audífonos, al igual que los estableciemientos donde se venden y adaptan, están sujetos al Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre, por el cual se regulan los productos sanitarios. Por lo tanto estos artículos deben estar conformes con esta reglamentación y los establecimientos poseer la correspondiente autorización de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

Asímismo, recuerda que la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad indica en su artículo tercero que “es ilícita la publicidad engañosa, publicidad desleal y la publicidad agresiva“. Además, la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña establece en su artículo 211-3 que “la publicidad, información y oferta que se hagan por cualquier medio y la información que se transmita en el marco de la actividad empresarial o profesional, referidas a bienes o servicios, deben ajustarse a los principios de veracidad y objetividad y no deben contener información que pueda inducir a confusión“.

 

 

Fuente e imagen: FACUA Consumidores en Acción.

La bombona de butano vuelve a subir en enero y es ya un 14% más cara que hace un año

-Segundo incremento consecutivo

-Con la revisión bimestral, pasa a costar un tope de 14,69 euros. En enero de 2017 su precio era de 12,89 euros

La bombona de butano ha subido por segunda vez consecutiva su precio máximo, con un incremento de 24 céntimos (1,7%), este martes 16 de enero y es ya un 14% más cara que hace un año, según pone de manifiesto el análisis de FACUA-Consumidores en Acción.

Con la última revisión bimestral, la bombona pasa a costar un tope de 14,69 euros (incluidos los 0,015 euros del impuesto de hidrocarburos y el 21% del IVA), un 1,7% más que en noviembre de 2017, cuando su precio máximo era de 14,45 euros.

El butano, cuyo precio es actualizado bimestralmente por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía, ha sufrido un incremento del 14% desde enero de 2017, cuando alcanzaba 12,89 euros.

La bombona estándar de 12,5 kg se comercializaba en noviembre de 2016 a 12,29 euros, impuestos indirectos incluidos, precio que empezó a aplicarse desde el día 15. A partir de entonces, el 17 de enero en 12,89 euros, el 21 de marzo en 13,52 euros, el 16 de mayo en 14,19 euros, el 18 de julio en 14,89 euros, el 19 de septiembre en 14,15 euros y el 21 de noviembre en 14,45 euros.

Máximo histórico de 17,50 euros

FACUA recuerda que el máximo histórico de la bombona han sido los 17,50 euros que tuvieron que pagar los usuarios durante casi la mitad de la décima legislatura, entre el 14 de mayo de 2013 y el 16 de marzo de 2015 (672 días). El precio más alto durante los gobiernos de Zapatero fueron los 15,19 euros vigentes desde el 1 de octubre de 2011 (a 81 días del fin de su segunda legislatura) y que Rajoy mantuvo hasta el 31 de marzo de 2012.

La asociación viene reclamando al Gobierno central que establezca otros instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas que garanticen la protección de los intereses económicos de todos los consumidores.

 

 

 

Fuente: FACUA Consumidores en Acción.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba)

 

 

 

 

 

FACUA denuncia a Apple ante la Comisión Europea por la obsolescencia programada en sus iPhones

  • La asociación también se ha dirigido a la Fiscalía para que investigue si la empresa ha incurrido en delitos de sabotaje informático y contra los consumidores

FACUA-Consumidores en Acción ha remitido una denuncia contra Apple a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea por ralentizar sus iPhones de forma deliberada y sin previo aviso con el fin de acelerar su reemplazo.

La asociación considera que estas prácticas fraudulentas de obsolescencia programada vulneran la legislación comunitaria en materia de competencia, por lo que espera que el organismo de la Comisión analice la cuestión y abra expediente sancionador a la multinacional estadounidense, además de instarla a dar soluciones a los usuarios afectados.

En su denuncia ante Competencia, FACUA argumenta que “la opción comercial de Apple de reducir de forma consciente y deliberada el rendimiento de los procesadores más antiguos de sus terminales implica, además de un comportamiento anticompetitivo y próximo a la obsolescencia programada, un incumplimiento de la Directiva 2011/83/UE en lo que a las obligaciones de información previa a la formalización del contrato se refiere”.

En su artículo 5, la citada directiva plantea que las empresas deben facilitar con carácter previo información “de forma clara y comprensible al consumidor” en relación, entre otras cuestiones, a “la funcionalidad de los contenidos digitales” y a “toda interoperatividad pertinente del contenido digital con los aparatos y programas conocidos por el comerciante o que quepa esperar razonablemente que éste pueda conocer”.

Y es que “Apple no informó en ningún momento a sus clientes que procedería a reducir la velocidad de los procesadores de los terminales más antiguos, por lo que el consumidor no podía conocer en el momento de la formalización del contrato que el funcionamiento del equipo adquirido vería condicionado su buen funcionamiento a una modificación futura deliberada y unilateral por parte del fabricante”, continúa la denuncia de FACUA ante la Dirección General de Competencia.

Denuncia ante la Fiscalía

Se trata de la segunda actuación ante el conocido como batterygate llevada a cabo por FACUA, que anunció este miércoles una denuncia ante la Fiscalía para que investigue si los hechos son constitutivos de conductas delictivas. Así, la asociación advierte de que Apple podría haber incurrido, entre otros, en uno de los delitos contra los consumidores tipificados en los artículos 278 a 286 del Código Penal y en el nuevo delito de sabotaje informático, incorporado tras su reforma de 2015 a través de los artículos 264 y 265.

La Fiscalía francesa ha abierto ya una investigación tras la denuncia de la asociación de usuarios del país galo Halte à l’Obsolescence Programmée (Alto a la obsolescencia programada, HOP). En EEUU, Apple se enfrenta a alrededor de una decena de demandas colectivas.

Al estallar el conocido como batterygate, Apple se ha limitado a pedir disculpas y a ofertar a los afectados la compra de una batería nueva con un descuento, medida claramente insuficiente, advierte FACUA. La empresa ha reconocido que un algoritmo reduce la potencia de los terminales según se degrada la batería y que en la versión 10.2.1. de iOS introdujo un sistema por el que el procesador quedaría limitado por el estado de la batería: la potencia queda supeditada al voltaje que sea capaz de ofrecer esta pieza.

FACUA critica que ninguna de las diecisiete autoridades autonómicas de protección al consumidor haya anunciado actuación alguna ante las graves irregularidades cometidas por Apple, como tampoco lo ha hecho la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependiente del Ministiero de Sanidad.

La absoluta pasividad de las administraciones de consumo es habitual ante los fraudes masivos, denuncia la asociación, que recuerda que las comunidades autónomas tienen competencias para imponer multas proporcionales ante las dimensiones de las irregularidades cometidas. En cuanto al Ministerio, que ni siquiera ha instado a Apple a compensar económicamente a los afectados, puede emprender actuaciones judiciales ante un caso de fraude, algo que no ha hecho ni ante éste ni ante otros casos de envergadura.

 

 

Fuente e imagen: FACUA Consumidores en Acción.

FACUA insta al Gobierno central a paralizar el proyecto Marismas Occidental de Gas Natural en Doñana

– Un informe publicado por el Instituto Geológico advierte de que uno de los almacenes de gas de Doñana presenta peligrosidad alta

FACUA-Consumidores en Acción exige al Gobierno que dé explicaciones sobre el informe realizado por el Instituto Geológico, perteneciente al Ministerio de Economía, en el cual se considera que Gas Natural Fenosa rebajó la peligrosidad por inundaciones en su estudio de riesgos obligatorios para la autorización de puesta en marcha del proyecto gasístico conocido como Marismas-3. Dicho informe contradice los datos del estudio que presentó Gas Natural Fenosa, señalando que hay espacios de calado que llegan al límite establecido para zonas de inundación peligrosa para las personas. También advierte de que esas zonas ocupan áreas en las que los flujos fluviales arrojan velocidades calificadas por especialistas en el tema como de alta peligrosidad.

La asociación recuerda que justo al arrancar el año aparecía en el Boletín Oficial del Estado una subvención a Gas Natural de 6,3 millones de euros para el 2018 que se suma a otros 6,3 millones recibidos en el 2017, por un proyecto como el de almacenar en el subsuelo de Doñana 860 millones de metros cúbicos de gas y critica que se destinen cantidades millonarias de dinero público a proyectos que pueden resultar perjudiciales para la salud humana o su entorno.

Por lo tanto, FACUA insta al Gobierno central a que dé prioridad al informe publicado por el Instituto Geográfico que apunta, además, que el nuevo Reglamento del Dominio Público Hidráulico introduce restricciones que pueden afectar al proyecto de Gas Natural en Doñana.

Del mismo modo, FACUA cuestiona que el Gobierno, a la hora de conceder subvenciones a los proyectos de Gas Natural Fenosa, no tenga en cuenta informes presentados como el de la Unesco que señalaba este tipo de actividades en Doñana como una actividad poco compatible con la declaración de las marismas como Patrimonio de la Humanidad y el Defensor del Pueblo que criticó en un informe, publicado el pasado noviembre, que el emplazamiento de este tipo de proyectos no es una actividad propia de este entorno ante el riesgo sísmico.

 

 

Fuente e imagen: FACUA Consumidores en Acción.

Un juez de Manacor condena a Volkswagen a devolver el precio del vehículo afectado por el dieselgate

 

-La sentencia dicta al pago de 19.378,11 euros a un usuario, precio del coche en el momento de la compra, más los intereses legales generados a favor del consumidor.

-El Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Manacor ha declarado nulo un contrato de compraventa de un vehículo afectado por el escándalo de las emisiones contaminantes del Grupo Volkswagen.

El juez titular, Tomás Sánchez Puente, ha dictado la primera sentencia en España y en Europa que condena al pago de 19.378,11 euros a un usuario, precio del vehículo en el momento de la compra, más los intereses legales generados a favor del afectado, teniendo en este caso que devolver el vehículo afectado. La sentencia es pionera en España y en Europa, ya que hasta la fecha lo máximo que se había reconocido en tribunales era una indemnización a los afectados entre 500 euros y el 10% del valor del vehículo.

El fallo, fechado el 5 de enero de 2018, proviene de una demanda interpuesta por el despacho Martínez-Blanco Abogados en representación de un propietario de un vehículo Skoda Yeti comprado en diciembre de 2012 en el concesionario oficial Skoda Motor Insular situado en Manacor.

El vehículo concreto respondía a la referencia “greenline” destacado en su publicidad comercial como un vehículo más ecológico que el resto, cuando la realidad es que habían sido manipuladas las emisiones contaminantes para superar los controles.

El juez en su sentencia afirma que “el jefe de taller de Motor Insular afirmó que el modelo montaba unas llantas y cubiertas específicas orientadas al bajo consumo, y que se vendió bastante poco”. Esta escasez de ventas lleva a concluir que el bajo nivel de emisiones contaminantes del Skoda Yeti Greenline fue el motivo principal de adquisición para una gran mayoría de usuarios; y que las restantes características del vehículo (precio, prestaciones, equipamiento, etc.) no disponían de atractivo suficiente para otros potenciales compradores que no se movieran en función de criterios ecológicos.

Este hecho provocó un error en el consentimiento prestado por el afectado en el momento de la compra “porque la falta de adecuación del vehículo a las condiciones de respeto al medio ambiente singularmente se tuvo en cuenta en la adquisición del vehículo determinó una objetiva insatisfacción del comprador, y con ello la aplicación de la doctrina “entrega de cosa diversa a la pactada por las partes”.

El caso dieselgate es uno de los casos más relevantes en cuanto al fraude masivo realizado en las últimas décadas, en el que el Grupo Volkswagen ha defraudado a las autoridades y a los clientes que han confiado en la marca, a través de una estrategia grupal sobre la intrusión de un software capaz de manipular intencionadamente las emisiones de los vehículos cuando éste se encontraba en pruebas de homologación para superar los controles oportunos.

Este sistema se instaló en los vehículos diésel comercializados entre los años 2008 a 2015 por el Grupo Volkswagen en sus marcas Audi, Seat, Skoda y Volkswagen, principalmente en los motores 2.0, 1.8, 1.6 y 3.0. El juez afirma además que “la posibilidad de subsanación de la incidencia mediante una reconfiguración del software en los talleres oficiales resulta irrelevante a los efectos del ejercicio de las acciones de anulabilidad y resolución”.

Finalmente, concluye la sentencia considerando que “procede declarar la nulidad condenando a Volkswagen Audi-España y a Motor Insular a la devolución del precio abonado 19.378,11 euros con los intereses legales desde la fecha de celebración del contrato y al comprador a la devolución del vehículo”.

 

 

 

Fuente: FACUA Consumidores en Acción.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba).

FACUA estudia acciones legales por los fallos de seguridad en ordenadores y móviles

– Exige transparencia a toda la industria.

– De confirmarse que los parches para Meltdown provocasen una ralentización sustancial, reclamará el pago de compensaciones, la sustitución de las CPU o los equipos.

FACUA-Consumidores en Acción estudia acciones legales por los graves fallos de seguridad que han trascendido este 3 de enero en los procesadores de ordenadores personales, dispositivos móviles y servicios en la nube para asesorarlos y desarrollar movilizaciones en defensa de sus derechos.

El equipo jurídico de FACUA está analizando las posibles actuaciones ante estas vulnerabilidades, bautizadas como Meltdown y Spectre. Frente a las enormes dosis de opacidad en las que están incurriendo buena parte de los fabricantes de procesadores, equipos y software, algunos de los cuales ni siquiera han emitido un comunicado ni contestan a los periodistas, la asociación exige la máxima transparencia.

Así, FACUA reclama tanto a los creadores de procesadores como a los principales fabricantes de ordenadores y software -Intel, AMD, ARM, Microsoft, Apple, Google, Qualcomm, Samsung, HP, Acer, Dell…- que aclaren a qué equipos afectan las dos vulnerabilidades detectadas, cómo y en qué plazos van a ofrecer soluciones y qué perjuicios provocarán éstas al rendimiento de ordenadores personales y dispositivos móviles.

Meltdown y Spectre son las dos mayores vulnerabilidades de la historia de la computación y fueron desveladas el 3 de enero gracias a The RegisterThe New York Times y los propios investigadores. Para la primera ya están apareciendo las necesarias actualizaciones de sistemas operativos y navegadores, mientras para resolver la segunda, de momento, no hay anunciada ninguna medida.

Compensaciones si hay ralentización sustancial

En el caso de Meltdown, las primeras informaciones que han trascendido indican que cuando se instalen los parches incorporados a las actualizaciones de los sistemas operativos, los equipos sufrirán una ralentización en su rendimiento de entre el 5 y el 30%, dependiendo de la antigüedad del procesador, las especificaciones técnicas del ordenador y el tipo de uso que se haga de él.

Si se confirma esta pérdida sustancial en la calidad, FACUA reclamará el pago de compensaciones económicas o la sustitución de los procesadores por otros nuevos y, de no ser posible, de los ordenadores.

Según los datos que han trascendido hasta la fecha, Meltdown afecta a los procesadores (CPU) fabricados por Intel desde 1995 –excepto los Intel Itanium y los Intel Atom desarrollados antes de 2013-. En este sentido todavía no hay datos claros en relación a los procesadores AMD y ARM.

Las consecuencias de Meltdown

Meltdown obliga a los usuarios a actualizar sus sistemas operativos para incorporarles un parche que evite sus consecuencias: problemas de estabilidad de los sistemas operativos que pueden provocar que dejen de funcionar correctamente y, lo más grave, un agujero de seguridad que abre la puerta a ataques externos para robar información almacenada en el núcleo o kernel del sistema operativo, desde contraseñas a todo tipo de permisos para acceder a diferentes programas.

Al realizar algún trabajo con el ordenador -como crear o modificar documentos-, el programa utilizado tiene que acceder a la memoria del kernel. Lo hace cediendo al procesador (CPU) acceso temporal a esa memoria, produciéndose lo que se conoce como transición entre modo usuario y modo kernel. Es entonces cuando el fallo deja al descubierto partes de ese proceso, concretamente durante la función de ejecución especulativa, que predice qué harán los programas en los siguientes pasos para ahorrar tiempo y recursos.

Qué provoca Spectre

La otra vulnerabilidad, Spectre, que podría afectar a la práctica totalidad de equipos existentes en el mundo, es relativamente parecida a Meltdown, pero con tres diferencias suntanciales: es más difícil de resolver -de momento no existen soluciones-, aunque también es más difícil de ejecutar y lo que provoca es que permite que la ejecución especulativa dé acceso a la memoria usada por otras aplicaciones que generalmente está protegida y tiene un acceso restringido.

Es decir, mientras que Meltdown permite a un software malicioso acceder a direcciones de memorias que son sólo accesibles por el núcleo del sistema operativo, Spectre abre el acceso a bloques de datos y direcciones de memoria reservadas y únicamente accesibles por otras aplicaciones.

Fuente: FACUA Consumidores en Acción.

La factura de la luz del usuario medio subió un 10,8% en 2017, según un análisis de FACUA

– Las compañías eléctricas han encarecido un 16,0% el precio de la energía consumida con respecto al del año anterior.

La organización Facua Consumidores en Acción ha denunciado públicamente esta semana que la factura de la luz del usuario medio ha subido un desproporcionado 10,8% en 2017 con respecto a los doce meses del año anterior, según el análisis de esta entidad.

La asociación denuncia la pasividad del Gobierno ante la escalada tarifaria, que denota su escandalosa complicidad con las eléctricas para ayudarles a seguir engordando beneficios anuales milmillonarios a costa de mantener unos escandalosos índices de pobreza energética, cientos de miles de cortes de suministro por falta de capacidad de pago y multitud de familias que se privan del uso de la calefacción en invierno.

FACUA critica que, además de no actuar para reducir unas tarifas que están entre las más elevadas de la UE, el Ministerio de Energía de Álvaro Nadal ha decidido recortar el descuento que representa el bono social, además de establecer limitaciones desproporcionadas para acceder a él. La norma que lo regula ha establecido bajísimos niveles de renta como condición para acceder al bono, aunque al tiempo plantea que cualquier familia numerosa, aunque tenga un elevado poder adquisitivo, podrá beneficiarse de él.

El análisis de FACUA pone de manifiesto que durante este último año, el recibo del usuario medio se ha elevado a 75,59 euros mensuales (impuestos indirectos incluidos), frente a los 68,20 euros de 2016 (7,39 euros más). A nivel anual, el montante representa 907,08 euros, 88,63 euros por encima de los 818,45 que pagó el mismo perfil de consumidor un año atrás.

Las eléctricas han aplicado un brutal incremento en las tarifas de la energía consumida, nada menos que del 16,0%. El precio del kWH ha pasado de los 13,28 céntimos (10,44 más impuestos indirectos y redondeando a dos decimales) que representó de media en 2016 a 15,41 céntimos (12,11 más ii) en el último año.

La tarifa por la potencia contratada -para la que hay que tener en cuenta el número y tipo de electrodomésticos que se pueden utilizar a la vez en la vivienda- ha bajado un 2,1%. Ha sido la misma en todos los meses de 2017, 4,36 euros/kW (3,43 más ii), mientras que en los del año anterior ascendió a 4,46 euros/kW (3,50 más ii).

En 2017, el mes con las tarifas más caras fue enero, en el que el usuario medio tuvo que abonar una factura de 87,81 euros, seguido de diciembre, con un recibo de 80,65 euros (con las tarifas aplicadas hasta el día 29). Las menos elevadas se aplicaron en marzo y abril, en los que el recibo representó una media de 70,96 y 70,98 euros, respectivamente. El año 2016 la factura más elevada para el usuario medio fue la de diciembre, 80,23 euros, frente a los 60,03 euros de abril, el mes menos caro.

El estudio se ha realizado a partir de las tarifas semi-reguladas (PVPC) aplicadas entre el 1 de enero y el 29 de diciembre a los usuarios con contadores tradicionales o digitales aún no adaptados a la telegestión, el usuario medio, que según los análisis de FACUA consume 366 kWh al mes y tiene una potencia contratada de 4,4 kW.

 

La factura, mes a mes

Ésta ha sido la factura del usuario medio en cada uno de los meses de 2016 y 2017:

Enero de 2016: 67,84 euros

Febrero de 2016: 62,39

Marzo de 2016: 62,30 euros

Abril de 2016: 60,03 euros

Mayo de 2016: 60,53 euros

Junio de 2016: 66,37 euros

Julio de 2016: 67,40 euros

Agosto de 2016: 68,01 euros

Septiembre de 2016: 69,01 euros

Octubre de 2016: 74,78 euros

Noviembre de 2016: 76,71 euros

Diciembre de 2016: 80,23 euros

Enero de 2017: 87,81 euros

Febrero de 2017: 76,10 euros

Marzo de 2017: 70,96 euros

Abril de 2017: 70,98 euros

Mayo de 2017: 71,58 euros

Junio de 2017: 72,41 euros

Julio de 2017: 71,82 euros

Agosto de 2017: 71,82 euros

Septiembre de 2017: 72,08 euros

Octubre de 2017: 77,25 euros

Noviembre de 2017: 79,36 euros

Diciembre de 2017: 80,65 euros (con las tarifas hasta el día 29)

 

 

Fuente: Facua Consumidores en Acción.

Imagen: José Carlos Sánchez Rodríguez (Infonuba).

FACUA rechaza la prohibición del anonimato en las redes

“Sería una mordaza para la libertad de expresión”, han advertido desde Facua

“El partido de la Ley Mordaza se dispone ahora a atemorizar a los usuarios para que no ejerzan su derecho a expresar sus opiniones libremente”, advierte el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez.

FACUA-Consumidores en Acción muestra su absoluta oposición a la pretensión del Gobierno de prohibir el anonimato en las redes sociales ya que la medida representaría una mordaza para la libertad de expresión y la libertad ideológica. La asociación insta a todos los partidos de la oposición para que rechacen la medida anunciada por el Partido Popular.

“No hay demanda social ni necesidad jurídica para aprobar esta aberración. Y no nos creemos que el objetivo sea acabar con amenazas y difamaciones”, advierte el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez. “El partido de la Ley Mordaza, el partido que ha utilizado desde el Gobierno a una policía política y a seudoperiodistas para propagar bulos difamatorios contra sus rivales políticos, se dispone ahora a atemorizar a los usuarios para que no ejerzan su derecho a expresar sus opiniones libremente desde el anonimato en las redes sociales”, han apostillado desde la organización de consumidores.

FACUA considera que la propuesta del PP representa un gravísimo ataque a Derechos Fundamentales como la libertad de expresión y la libertad ideológica, los cuales deben estar garantizados y protegidos independientemente del canal por el que se expresen, como la ONU ha declarado reiteradamente y de forma específica sobre el derecho al anonimato en Internet.

“La existencia de personas que se amparan en el anonimato en Internet para amenazar, insultar, calumniar y propagar el odio en las redes es un mal menor que hay que asumir en una sociedad democrática que promueve derechos fundamentales como la libertad de opinión y expresión y que puede ser combatido con otras vías legales sin necesidad de una reforma legislativa tan dura como la que pretende el PP, ha señalado Sánchez.

FACUA recuerda que lleva años siendo objeto de cruentas campañas de difamación difundidas desde cuentas anónimas en Twitter y Facebook, algunas de las cuales fueron promovidas por Ausbanc y contaron con la difusión del propio Partido Popular. “Frente a los insultos y calumnias, nunca pedimos una norma que acabase con el anonimato en las redes”, recuerda el portavoz de la asociación.

“Investigamos y destapamos quiénes estaban detrás de algunas de esas cuentas, pero asumimos que la identidad de muchos de los difamadores nunca sería descubierta”, indica Sánchez. “Es el precio que tenemos que pagar para garantizar una sociedad donde prevalezca la libertad de expresión”.

En opinión de FACUA, es el Poder Judicial el que debe asumir la investigación de amenazas, insultos y calumnias vertidos en las redes sociales desde cuentas anónimas. Para ello, es necesario que jueces y fiscales reciban formación en el funcionamiento de las tecnologías de la información y que se establezcan protocolos de colaboración con ellos que sean asumidos por las empresas propietarias de las redes sociales, pero nunca una legislación que obligue a los usuarios a facilitar su identidad cuando dan de alta una cuenta.

 

 

Fuente e imagen: FACUA Consumidores en Acción / Jennifer Moo.

Un juzgado de Sevilla condena a Caixabank a devolver 27.700 euros a una socia de FACUA por cláusulas suelo

  • Se trata de la reclamación de mayor cuantía que ha resuelto la asociación por el macrofraude hipotecario. Al dinero recuperado se suma una importante reducción del capital pendiente: 37.442 euros en total.

FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que un juzgado de Sevilla condene a Caixabank a devolver 27.703 euros cobrados ilícitamente a su socia María Jesús C.G. por la aplicación de cláusulas suelo hipotecarias. Además, la entidad ha tenido que reducir en 9.739 euros el capital pendiente de las hipotecas de la usuaria y deberá pagar las costas del procedimiento judicial.

Se trata de la reclamación por cláusulas suelo de mayor cuantía que ha resuelto FACUA hasta la fecha. En total, el importe recuperado y la reducción del capital pendiente de sus préstamos suman 37.442 euros.

Tras la negativa de la entidad bancaria a atender la reclamación presentada por FACUA Sevilla, su equipo jurídico interpuso en octubre de 2015 una demanda judicial que ha dictaminado que las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios de la socia son nulas por abusivas, puesto que no cumplen los requisitos necesarios para ser consideradas lícitas. A su vez, el tribunal ha impuesto el pago de las costas a Caixabank, pendientes de cobrar aún.

María Jesús hipotecó su vivienda en enero de 2008 por 252.000 euros y dos años después solicitó a Caixabank otro préstamo hipotecario de 10.000 euros. La primera hipoteca incluía un suelo del 4,25%, mientras que la segunda se elevó al 4,95%.

En su demanda, FACUA alegó falta de transparencia por parte de Caixabank y denunció que su socia en ningún momento fue informada de la existencia de las cláusulas suelo en sus hipotecas, que éstas no fueron pactadas ni negociadas por ella y que ni siquiera tuvo conocimiento de la existencia de las mismas.

El juzgado ha constatado que “no hay información previa clara y comprensible” para la socia de FACUA, que “resulta evidente” que en las dos hipotecas de Caixabank “no se destaca la clausula suelo como un elemento principal y definitorio” de los contratos y que “no hay dato alguno que permita inferir” que las cláusulas suelos fueron negociadas “individualmente“.

El tribunal ha expresado que “las cláusulas suelo son lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como definidora del objeto principal del contrato“, requisito que no se cumple en el caso de María Jesús.

Asimismo, ha asegurado que Caixabank “no acredita que informase previamente“, en el momento de la contratación, a la socia de FACUA “sobre los efectos” de las cláusulas suelo, “información que debía proporcionar de forma objetiva y por escrito” y que éstas no han permitido “conocer” a María Jesús la repercusión económica real” que han tenido en el contrato “generando un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones que se derivan para las partes” de éste.

Finalmente, el juzgado ha sentenciado que “no se ha superado el control de incorporación de las cláusulas“, por lo que considera que no pueden ser incorporadas al contrato y las declara “nulas, por abusivas“.

Por todo ello, ha condenado a Caixabank a “la devolución de la cantidad cobrada de más“, 27.703 euros, “desde el inicio de su aplicación tras la suscripción” de las hipotecas “hasta la eliminación” de las cláusulas suelo.

“No es el primer problema que logro resolver gracias a FACUA, aunque lamentablemente ha sido la primera vez que he tenido que acudir para ello a los tribunales por la negativa de la entidad a devolverme el dinero que me había cobrado ilegalmente”, comenta María Jesús.

Cerca de 25.000 usuarios de toda España se han unido a FACUA para asesorarse sobre sus derechos ante el macrofraude de las cláusulas suelo. Sus equipos jurídicos vienen tramitando miles de reclamaciones ante las entidades bancarias. La asociación ha habilitado una web para informar a los afectados: FACUA.org/hipotecastrampa.

 

 

Fuente e imagen: FACUA Consumidores en Acción.

Detectado un virus capaz de realizar numerosas actividades maliciosas

– El troyano conocido como Loapi se está difundiendo a través de campañas publicitarias bajo la apariencia de soluciones antivirus o de aplicaciones para adultos

La organización FACUA ha informado esta semana de la aparición de un nuevo malware para móviles. Bautizado con el nombre de Loapi, presenta una gran variedad de módulos que le permiten desarrollar numerosas actividades maliciosas, desde la minería de criptomonedas hasta ataques de denegación de servicio (DDoS).

El troyano Loapi se está difundiendo a través de campañas publicitarias bajo la apariencia de soluciones antivirus o de aplicaciones para adultos. Una vez instaladas, éstas solicitan derechos de administrador del dispositivo y luego, discretamente, inician la comunicación con los servidores de comando y control (C&C) para instalar módulos adicionales.

Analistas de la compañía de ciberseguridad Kaspersky Lab, quienes lo han identificado, han resaltado el comportamiento “bastante extraño” de este virus. El software malicioso cuenta con una “gran variedad” de módulos que le permiten una combinación “casi infinita” de opciones maliciosas, desde la minería de criptomonedas hasta ataques DDoS. Además, gracias a su arquitectura modular compleja, todavía se pueden añadir nuevas funciones, ha alertado Kaspersky.

Según ha podido verificar Kaspersky Lab, la arquitectura de Loapi está formada por un módulo de adware para visualizar publicidad en el dispositivo del usuario; un módulo SMS que oculta los mensajes de texto que recibe el usuario y responde según sea necesario, eliminando luego cualquier evidencia que pueda existir; un módulo de rastreador web para suscribir a los usuarios a servicios de pago sin que ellos lo sepan; un módulo proxy que permite que los ciberdelincuentes hagan peticiones HTTP en nombre del dispositivo y que se pueden utilizar para ataques DDoS, y un módulo minero de divisas para minar la moneda virtual Monero (XMR).

Autoprotección y destrucción del terminal

Además de este importante número de herramientas, Loapi es capaz de autoprotegerse, ha explicado Kaspersky. Cuando el usuario intenta revocar los derechos de administrador del dispositivo, el malware bloquea la pantalla y cierra la ventana.

Junto con esta técnica, el troyano puede recibir desde los servidores de comando una lista de las aplicaciones y soluciones antivirus que intentan eliminarlo. De esta forma, si una aplicación instalada en el dispositivo o en ejecución está en esta lista, Loapi muestra al usuario un mensaje falso diciéndole que se ha encontrado un software malicioso y le ofrece la posibilidad de eliminar la aplicación. El aviso se muestra en bucle, de forma que si el usuario se niega a eliminar la aplicación, aparece una y otra vez hasta que este finalmente cede y acepta.

Además, las pruebas realizadas por Kaspersky Lab en un teléfono móvil escogido al azar han demostrado que el malware crea una carga de trabajo “tan alta” que hace que la batería alcance elevadas temperaturas “que pueden llegar incluso a deformarla”. La compañía rusa ha comentado que “no parece” que los ciberdelincuentes tuvieran este objetivo, ya que su interés principal es que el software esté en funcionamiento para permitirles hacerse con la mayor cantidad de dinero posible. Pero su falta de atención a la optimización ha llevado a que pueda producir “daños importantes” en los dispositivos.

El experto de seguridad de Kaspersky Lab Nikita Buchka ha indicado que Loapi es un representante “muy curioso” del mundo del malware de Android, ya que sus autores han incorporado a su diseño “prácticamente casi todas las prestaciones posibles”. El representante de la empresa ha comentado que es “mucho más fácil” comprometer un dispositivo una vez y luego usarlo para diferentes actividades maliciosas, con el objetivo de hacerse ilegalmente con la mayor cantidad posible de dinero.

 

 

 

Fuente: FACUA Consumidores en Acción.

Imagen: Pixabay.