Miguel Ángel Sánchez Cuéllar ha defendido “el derecho del propietario a recuperar de inmediato la propiedad usurpada”, señalando que, desde 2010 hasta 2023, los casos de ocupación han aumentado en un 741% en la provincia de Huelva
El Grupo Provincial Vox Huelva ha registrado una moción de cara al próximo pleno ordinario de Diputación “para la bonificación del Ibi a propietarios de inmuebles afectados por la ocupación ilegal”, argumentando que “la seguridad jurídica, la propiedad y la libertad son derechos que se deben proteger”.
El diputado provincial de Vox en Huelva, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha subrayado que “la propiedad privada, como institución social, resulta esencial para vertebrar el fruto del esfuerzo y el ahorro en el que se sustenta la prosperidad de las clases medias y trabajadoras”.
En relación con la evolución de los casos de ocupación de los últimos años, el portavoz de Vox ha advertido que, desde 2010 hasta 2023, los casos de ocupación han aumentado en un 741% en la provincia de Huelva; en Andalucía un 508% en el mismo período; y en España un 565%.
Ante esta situación, Sánchez Cuéllar ha incidido en que “las Administraciones e Instituciones públicas no pueden implantar políticas que amparen a aquellos que privan de estos derechos constitucionales a los propietarios de bienes inmuebles”. En este sentido, ha criticado que “nuestro ordenamiento jurídico actual protege a los okupas antes que a los legítimos propietarios, ya que no sólo no se han tomado medidas eficaces frente a la ocupación ilegal, sino que en España se están fomentando estas conductas delictivas mediante medidas que provocan un efecto llamada”.
Asimismo, el diputado provincial ha recordado que “en 2020 se otorgó amparo legal a las ocupaciones ilegales al prorrogar la suspensión de los juicios de desahucio arrendaticio mediante un real decreto-ley. Dos años más tarde, en 2022, la disposición adicional a este mismo decreto tenía por objeto garantizar los suministros de agua y energía a los ocupas”.
Según ha explicado el portavoz de Vox, estas actuaciones suponen “un duro golpe” a la economía de los propietarios, que “no sólo se ven privados del uso y disfrute de sus inmuebles, sino que, además, siguen estando obligados a mantener su propiedad en perfecto estado y continúan obligados a hacerse cargo, entre otros gastos, del Ibi”. Además, tienen que abonar entre 3.500 y 30.000 euros para adecuar la vivienda a su estado original previo a su ocupación ilegal, así como asumir una pérdida de su valor que va entre el 40% y el 60%.
“Por si esto fuera poco, la situación de desprotección al propietario se ha visto agravada a partir del 18 de mayo de 2023, cuando el Senado aprobó la nueva Ley de Vivienda”, ha lamentado el diputado, al tiempo que ha aseverado que “la escasa protección de la propiedad privada y la lentitud en los procesos judiciales suponen un grave problema para los propietarios, e indirectamente para los vecinos, pues son estos los que día a día sufren las consecuencias de las irregularidades que estos inquilinos ilegales provocan en las viviendas ocupadas y en sus inmediaciones”, ha declarado.
Sánchez Cuéllar ha subrayado que “es obligación de la Diputación dar una solución a nuestros vecinos para paliar, en la medida de lo posible, el infierno que supone ser propietario de una vivienda ocupada y que se puede alargar años”, asegurando que “desde Vox vamos a seguir luchando para reforzar la protección a propietarios, ya que es intolerable que se proteja más al delincuente que a la víctima de la ocupación”.
