- España, entre los países que han votado a favor de que su comercialización se prolongue más allá del 15 de diciembre. Ecologistas vienen advirtiendo de los perjuicios que acarrea su utilización.
La Comisión Europea ha anunciado que sigue sin haber acuerdo entre los países miembros en relación a la renovación del permiso del polémico herbicida glifosato, que expira el 15 de diciembre, hasta el año 2022, tras arrojar la votación un resultado que no alcanza, ni en un sentido ni otro, la necesaria mayoría.
Catorce de los países, entre ellos España, votaron a favor de la renovación de cinco años para el glifosato, otros nueve en contra y cinco, incluido Alemania, se abstuvieron. Para alcanzar un acuerdo se necesitaba una mayoría cualificada (el 55% de los Estados miembros que a la vez representen el 65% de la población), pero es difícil de lograrlo sin el apoyo de los países con mayor población. En este sentido, el hecho de que Francia votase en contra resultó decisivo para anular la mayoría a favor.
La renovación del glifosato es una cuestión sensible sobre la que Bruselas no termina de encontrar consenso. Las sospechas de que el uso de este producto químico puede acarrear severas consecuencias para la salud se acrecentó a principios de año con los llamados Papeles de Monsanto (en alusión a la multinacional estadounidense que lo comercializa), dados a conocer por la Justicia de EEUU, en los que se revela que la compañía ocultó estudios críticos sobre el efecto de esta sustancia activa.
La licencia en vigor expira el 15 de diciembre, y si no se consigue un acuerdo para renovarla, el glifosato no podrá ser comerciado en la UE. En ese caso, los Estados miembros dispondrían de un periodo de 18 meses para agotar las existencias. El glifosato es el principal componente del Roundup, uno de los productos que mayores beneficios le genera a la compañía Monsanto.
El responsable de agricultura de Greenpeace España, Luís Ferreirim, ha criticado que la Comisión Europea y los países que votan a favor de su propuesta «están tratando de obtener una nueva autorización, aunque sea más corta, a pesar de los escándalos masivos que rodean a su principal fabricante y la propia evaluación de riesgos de la UE«.
España ha sido uno de los países que se ha mostrado a favor, aunque ello no ha sido impedimento para que a nivel más local sí se haya vetado su uso: Barcelona lo hizo en 2015 y la Comunidad de Madrid el año pasado, dejando de usarlo en sus carreteras.
Fuente: FACUA Consumidores en Acción.
Imagen: Pixabay.
