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  • Ecologistas en Acción denuncia que la Junta de Andalucía sigue aplicando el decretazo de parques naturales anulado definitivamente por el Tribunal Supremo

    Ecologistas en Acción
    El Tribunal Supremo dictó el pasado mes de julio sentencia por la que confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  (TSJA) que anulaba el Decreto de la Junta de Andalucía 15/2011 de 1 de  febrero por el que se establece el régimen general de planificación de  los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de  agilización de procedimientos administrativos. Este Decreto fue  recurrido por Ecologistas en Acción y la Sociedad Española de  Ornitología (SEO), dictando el TSJA sendas sentencias, una anulando  parcialmente el Decreto, y la otra anulándolo en su totalidad.

    Ecologistas en Acción exigió a la Junta de Andalucía que renunciara a  recurrir el Decreto y dejara de aplicarlo al ser manifiestamente ilegal,  pero la Junta interpuso un recurso de casación contra las sentencias del  TSJA, que el Supremo ha terminado por desestimar a instancia de la SEO.

    Este Decreto provocó una gran polémica, pues aunque los máximos  responsables de la entonces Consejería de Medio Ambiente (ahora  Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio-CMAOT)  aseguraron que su objetivo era agilizar los trámites administrativos en  los parques naturales, en realidad lo que se pretendía era fomentar el  urbanismo especulativo en estos espacios protegidos. El Decreto incluía  varias normas manifiestamente ilegales: daba prevalencia a los Planes  Generales de Ordenación Urbana (PGOU) sobre las propias normas de  protección de los parques naturales -Planes de Ordenación de los  Recursos Naturales (PORN) y Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG)-,  facultaba a la CMA a modificar los PORN y PRUG para “adecuarlos” a los  planes urbanísticos y a modificar los límites de los parques naturales  de forma arbitraria. Este Decreto contó con un informe muy crítico de  los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y con una dura Resolución del Defensor del Pueblo, que advertía de su ilegalidad y de  las nefastas consecuencias que podría tener en los parques naturales.

    Pero los máximos responsables de la CMA, y en especial el entonces  consejero José Juan Díaz Trillo, siguieron adelante con una absoluta  prepotencia y desprecio a la legalidad.  Su sustituta, Mª Jesús Serrano  -ahora parlamentaria andaluza-, mantuvo la aplicación del Decreto  ilegal, recurriendo las sentencias contrarias del TSJA.

    La estrategia jurídica de la Consejería no ha podido ser más lamentable,  intentando que no se admitieran a trámite los recursos aduciendo que ni  Ecologistas en Acción ni la SEO están legitimados para presentar un  recurso sobre la gestión de los parques naturales, cosa que,  lógicamente, el TSJA y el TS han desestimado, en lo que supone un duro  varapalo para la política de la Junta de boicotear todo tipo de  participación social en la gestión del medio ambiente, presentándose  como única legitimada para adoptar decisiones, aunque éstas sean ilegales.

    Ecologistas en Acción muestra su satisfacción por estas sentencias que  vienen a dar la razón a los que advertimos que este decretazo era  manifiestamente ilegal y que sólo pretendía, en plena crisis provocada  por el estallido de la burbuja inmobiliaria, fomentar el urbanismo  salvaje en los parques naturales. Sorprendentemente,  nadie ha asumido  responsabilidades políticas por este revés jurídico y político, ni por  haber aprobado un decreto que se habría convertido en un arma en manos  de especuladores urbanísticos y ayuntamientos corruptos, con gravísimas  consecuencias en los 24 parques naturales andaluces. De no ser por la  firme oposición de las organizaciones ecologistas, que fue muy criticada  por los responsables de la CMA con todo tipo de descalificaciones, este  despropósito se habría consumado. A estas alturas no deja de ser un  contrasentido que los ciudadanos tengamos que asumir los costes de los  recursos judiciales contra normas ilegales de la Junta, y los de la  propia Junta, cuando deberían ser los responsables de estos decretos  ilegales –los dos consejeros mencionados y los dos últimos presidentes  de la Junta-, los que respondieran del coste de estos procesos.

    Ecologistas en Acción censura el silencio de la CMAOT ante estas  sentencias, y el hecho de que sigan aplicando un Decreto declarado nulo por el TSJA y el TS, y pide al nuevo consejero –José Gregorio Fiscal- un  compromiso público de que dejará de aplicarse de forma inmediata este  decreto ilegal, y que renuncia definitivamente a modificar las normas  legales de los parques naturales para favorecer el urbanismo especulativo.

    Fuente e imagen: Ecologistas en Acción.

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