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  • El Gobierno central prorroga durante 6 meses la mayoría de las medidas para paliar los efectos de la inflación

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    El Ejecutivo también ha aprobado eliminar las comisiones por retirar efectivo en ventanilla a las personas mayores de 65 años o con discapacidad y subir las pensiones un 3,8%

    Sube el IVA de la luz del 5 al 10%

    El Consejo de Ministros aprobó ayerel Real Decreto-ley de prórroga de determinadas medidas de respuesta a las consecuencias sociales derivada de la crisis económica, así como para paliar los efectos de la sequía e incluir otras iniciativas de relevancia.

    Durante su comparecencia en La Moncloa, el presidente del Gobierno ha detallado el contenido del octavo paquete de «medidas anticrisis», con el que el que se amplía la duración del grueso de las medidas adoptadas en 2022 y 2023, para reforzar la protección de las clases medias y trabajadoras, y de las empresas. 

     

    Apoyo a familias y hogares vulnerables: transporte público gratuito, IVA de alimentos y prohibición de desahucios

    El Gobierno central ha aprobado prorrogar los descuentos del 50% de los abonos y títulos multiviaje de transporte público urbano e interurbano durante todo 2024. Así, el Estado financiará la reducción del 30% del precio del transporte a los viajeros recurrentes a las comunidades autónomas y entidades locales que se comprometan a elevar las rebajas, al menos, a la mitad.

    De igual forma, se prorroga la gratuidad y los descuentos del transporte público de titularidad estatal para viajeros habituales. Así, a lo largo de 2024, seguirán vigentes los abonos gratuitos de Cercanías, Media Distancia y líneas estatales de autobús, así como los descuentos del 50% en los títulos multiviaje de los servicios Avant. Se extiende también la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en Canarias y Baleares.

    Para apoyar a las familias y mitigar el impacto de la persistencia de las tensiones inflacionistas en Europa, se mantiene hasta el 30 de junio de 2024 las rebajas de IVA del 4% al 0% en los productos de primera necesidad (pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales) y del 10% al 5% en otros productos básicos, como la pasta y los aceites de oliva y semillas. Estas medidas buscan abaratar la cesta de la compra para los consumidores.

    Asimismo, se amplía durante 2024 la suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativas habitacional. Además, se extiende hasta el 31 de enero de 2025 la posibilidad de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario afectado. La extensión de esta prórroga se suma a las medidas de carácter estructural de la Ley de Vivienda como el establecimiento de un incremento máximo anual del 3% del alquiler en los contratos vigentes desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

     

    Medidas energéticas

    En materia energética, el Ejecutivo central mantiene, durante seis meses más la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables en caso de impago y se aplica una fiscalidad reducida para la electricidad, el gas natural, pellets, briquetas y leña.

    En el caso de la electricidad, el IVA subirá del 5 al 10% durante 2024 sobre todos los componentes de la factura. Para la factura del gas se aplicará el mismo gravamen del 10% durante los primeros tres meses de 2024, mientras que se mantendrá en ese mismo nivel entre el 1 de enero y el 30 de junio del año que viene para pellets, briquetas y leña, sustitutivos ecológicos del gas natural procedentes de biomasa y destinados a sistemas de calefacción.

    El Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) mantendrá un tipo reducido durante el primer semestre: estará en el 2,5% hasta finales de marzo y en el 3,8% hasta que acabe junio, y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) se impulsa una recuperación gradual del mismo tras el descenso de los precios de la electricidad y la normalización del mercado eléctrico.

    Todas estas medidas esperan  mantener una reducción significativa de la factura energética de los hogares, en particular durante el invierno.

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    Además, se extiende hasta el 30 de junio de 2024 las tres categorías de consumidores vulnerables perceptores del bono social eléctrico y los descuentos del 40% para hogares trabajadores con bajos ingresos, del 65% para los consumidores vulnerables y del 80% para los consumidores vulnerables severos.

    También se prorroga el límite al crecimiento de la Tarifa de último Recurso de gas (TUR), limitando la subida trimestral aproximadamente al 5%, así como la existencia de la TUR vecinal específica para las comunidades cecinales con calefacción central de gas natural y el precio máximo de la bombona de butano de 19,55 euros. En beneficio de todos los consumidores, los cargos del sistema eléctrico se mantendrán durante todo 2024 en el mismo nivel que ahora. 

    Por otro lado, se extiende seis meses más la reducción del 80% de los peajes de la industria electrointensiva, así como la flexibilización para modificar la potencia eléctrica contratada y los contratos de suministro de gas.

     

    Eficiencia energética, módulos de autónomos, protección del empleo y SMI

    En el ámbito de la eficiencia energética, se prorrogan otro año las deducciones en el IRPF para la rehabilitación de viviendas (con deducciones del 20%, 40% o 60%) y continúa la libertad de amortización en Sociedades por inversiones eficientes. De su lado, los autónomos seguirán contando con una reducción de sus módulos en IRPF e IVA.

    Asimismo, las empresas beneficiarias de ayudas públicas no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos hasta el 30 de junio. El Consejo de Ministros ha aprobado también la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) vigente mientras la mesa del diálogo social trabaja en un acuerdo para su incremento.

     

    Medidas para paliar los efectos de la sequía

    Con relación a la sequía, particularmente notable en las cuencas del sur y el este -como la del Guadalquivir o las internas de Cataluña-, se habilita a las confederaciones hidrográficas a reducir suministros y modificar criterios de prioridad en el uso del agua para distribuir los recursos, a la par que se refuerza el régimen sancionador. Se conceden exenciones del 50% y el 100% en el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua a explotaciones agrarias beneficiarias de obras hidráulicas con reducciones en la dotación de agua.

     

     

     

     

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