– La federación señala que esta medida aprobada por la Junta sólo favorece a las rentas más altas en detrimento del resto de la población andaluza y de los servicios públicos de la comunidad
FACUA Andalucía rechaza de pleno la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y la bajada del IRPF aprobadas por el Gobierno de la Junta y advierte de que esta medida sólo favorece a las rentas más altas en detrimento del resto de la población andaluza y de los servicios públicos de la comunidad.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este 21 de septiembre el Decreto-ley 7/2022, que viene a consolidar el anunció que realizó hace unos días el presidente autonómico, Juan Manuel Moreno Bonilla, de una bajada general del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas y la bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio, entre otras medidas, lo que supone, de facto, la supresión de dicho impuesto.
En este sentido, la federación critica que la Junta de Andalucía continúe con su política de favorecer a las rentas más altas y al sector empresarial en perjuicio de los fondos que necesita la comunidad autónoma para garantizar unos servicios públicos de calidad y eficientes que puedan dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
Así, FACUA Andalucía señala que la modificación introducida por el Gobierno de la Junta provocará una merma en las arcas públicas del 0,6% de la recaudación. Asimismo se recuerda en 2021 el Impuesto sobre el Patrimonio consiguió unos fondos de 120 millones de euros, afectando sólo a 20.661 andaluces.
La federación señala que no se garantiza que los beneficios del sector empresarial que decida domiciliarse en la región retornen a la administración pública, permitiéndole mayores ingresos para una mejor capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudadanía.
El presidente de FACUA Andalucía, Manuel Baus, ha criticado que la Junta asuma «la pérdida para las arcas públicas de estos 120 millones cuando, en relación a políticas de protección a los consumidores, el Gobierno andaluz sólo destinó en los últimos presupuestos una exigua cantidad de 13 millones de euros«.«Un montante a todas luces insuficiente para potenciar la labor de inspección y control de la Junta, la propia estructura administrativa de la Dirección General de Consumo -que cuenta con unos servicios territoriales infradotados- o garantizar una apuesta suficiente por el movimiento asociativo, cada vez más parca«, ha incidido Baus.
