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  • Intervenidos más de 2500 litros de aceite lampante

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    • Iban a ser comercializados como aceite de oliva virgen

    Se ha investigado a seis personas físicas y una jurídica por su implicación y se han intervenido otros aceites sin clasificación y 640 etiquetas

    La Guardia Civil, ha comunicado que en el marco de la operación “Olea”, desarrollada en la provincia de Huelva, ha investigado a seis personas físicas y una jurídica por comercializar aceite lampante como aceite de oliva virgen. En la operación se han intervenido 2.580 litros de aceite lampante envasado y 640 etiquetas.

    Según se indica, la operación se inició en el mes de febrero con motivo de los controles que realiza la Guardia Civil en la lucha contra el fraude alimentario relacionado con la comercialización de aceites de oliva.

    Durante la investigación agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, interceptaron un vehículo procedente de Portugal que transportaba grandes cantidades de aceites, supuestamente de oliva, y multitud de etiquetas adhesivas para presuntamente re- etiquetar los envases.

    Fruto de ello, los agentes constataron que el producto no poseía la correcta documentación de trazabilidad (origen de elaboración y envasado) y al no encontrarse debidamente etiquetado se procedió a inmovilizar de forma cautelar el aceite y las etiquetas transportadas.

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    Una vez que se realizó el análisis del aceite, por parte del laboratorio agroalimentario, se determinó que se trataba de aceite lampante (mayor grado de acidez), aceite de girasol y aceite sin clasificación, lo cual no se correspondía con las características descritas en el etiquetado intervenido.

    También se destaca que durante la investigación, se constató que el aceite procedía de Portugal y era comercializado a nivel nacional directamente o a través de diversas páginas de internet como aceite de oliva virgen y que el etiquetado inducía deliberadamente a error a los consumidores. El producto intervenido pudiera haber alcanzado un valor de mercado de unos 20.500€.

    A los investigados se les atribuye los presuntos delitos contra la salud pública con perjuicio grave a los consumidores, falsificación, estafa y pertenencia a grupo criminal.

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