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  • Juan Marín asegura que ya se trabaja en preparar a Andalucía para salir cuanto antes de esta crisis

    • El vicepresidente de la Junta informa de que la Consejería de Turismo prepara un plan para recuperar mercados y anuncia que los pagos de justicia gratuita se harán en la fecha acordada

    El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha comparecido hoy ante la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía para informar de las actuaciones que ha llevado a cabo la Consejería que preside para paliar las consecuencias derivadas de la alerta sanitaria por la crisis del Covid-19.

    “Desde este Gobierno y desde esta Consejería actuamos siempre de forma proactiva. Abordamos situaciones y trabajamos en acciones para afrontar esta crisis sanitaria y para preparar también una salida en cuanto podamos empezar a trabajar con cierta normalidad”. Marín ha detallado las actuaciones que se han llevado a cabo en cada una de las competencias que ostenta la Consejería que preside.

    En Turismo, el vicepresidente andaluz ha explicado que, según los datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT) para los dos próximos meses, las pérdidas económicas se aproximarían a los 6.000 millones de euros, lo que representa el 30% de la facturación de todo el año.

    En cuanto a los datos de empleo, un freno de un 25% de la actividad supondría -ha asegurado Marín-, el despido temporal o permanente de más de 55.000 trabajadores del sector.

    Para afrontar esta situación, el consejero de Turismo ha anunciado que se han elaborado diferentes escenarios dentro del Plan de Acción para 2020. En un primer momento se trabajaría en recuperar el mercado andaluz y nacional, que representan el 67% de los visitantes que llegaron a Andalucía en 2019. “Tenemos que centrar ahí nuestros esfuerzos para recuperar la confianza de los turistas una vez pase esta crisis sanitaria”.

    Una segunda fase pasaría por abordar el mercado internacional, “será un segmento difícil, pero vamos a estar en la primera línea cuando retomen su dinámica habitual”.

    Para todo ello, se ha incorporado una nueva herramienta al Smart Data andaluz que permitirá identificar la evolución de los principales mercados emisores de turismo y detectar cualquier síntoma de reactivación que se produzca en la demanda, ya sea a nivel global, como hacia España y Andalucía. Este nuevo instrumento permitirá contrastar dos perspectivas: la del consumidor final y la de las compañías aéreas.

    “Con esta funcionalidad en el momento en el que en cualquier parte del mundo se activen las búsquedas de vuelo o se activen reservas lo sabremos, y si nos interesa, allí pondremos nuestra promoción”.

    En lo que respecta a Justicia, el vicepresidente de la Junta de Andalucía ha confirmado que el abono del turno de guardia y de oficio del último trimestre de 2019 se hará sin retraso y se pagará antes del 15 de abril.

    Juan Marín ha señalado además que previamente a la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud ya se habían tomado medidas de prevención en el sector y que tras la declaración se elaboró una resolución por la que se adoptaban medidas respecto al personal de la Administración de Justicia.

    Marín ha recordado que esa resolución se actualizó, con el acuerdo de la Consejería y los sindicatos, el 15 de marzo de manera que se contemplaba una presencia mínima de las sedes judiciales. Sin embargo, no fue aceptada por el Ministerio de Justicia pese a que se garantizaba en todo momento la asistencia jurídica a la toda la ciudadanía.

    En lo que respecta a la provisión de medios materiales y limpieza de sedes judiciales, el consejero de Justicia ha reconocido dificultades en lo referente a la llegada de mascarillas. Por ello, se ha cursado petición de 35.000, además de 30.000 pares de guantes y 1.000 litros de solución hidroalcohólica a la Consejería de Salud.

    El vicepresidente ha informado de que se ha pedido colaboración a la Unidad Militar de Emergencias para la desinfección de las 152 sedes judiciales.

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    En cuanto a los Servicios de Atención a las Víctimas (SAVA), Marín ha trasladado que en aquellos que radican en las principales sedes judiciales (capitales de provincia y grandes localidades) una persona del equipo (jurista/psicólogo) presta servicio presencial a fin de atender a las víctimas que le sean remitidas por los juzgados.

    En los nuevos SAVA itinerantes, dado el extenso ámbito territorial que cubren, los integrantes del equipo se encuentran en situación de disponibilidad y podrán ser llamados por el órgano judicial en caso de que una víctima precise asistencia.

    En los Puntos de Encuentro Familiar se ha procedido al cierre de las sedes para las personas usuarias, no pudiéndose realizar en las mismas ni visitas, ni entregas, ni recogidas. Los servicios restantes se desarrollan de forma telemática.

    Todos los centros y servicios de justicia juvenil disponen de protocolos sanitarios ante los posibles escenarios que pudieran presentarse.

    Todos los centros de internamiento de menores infractores (CIMIs) y grupos educativos de convivencia (GEC) han restringido la entrada y salida de personas ajenas en sus instalaciones.

    Marín ha detallado, en materia de Administración Local, la puesta en funcionamiento y creación de nuevas bases reguladoras dirigidas a la totalidad de las entidades locales de Andalucía que no queden encuadradas en el régimen de municipios de gran población.

    Estas nuevas bases van destinadas a reforzar cualquier servicio municipal que en base a los motivos originados por la situación del Covid-19 demandan una mayor necesidad de prestación de servicio por parte de las administraciones locales.

    Dentro del objeto de estas nuevas bases, entre otros supuestos, se contemplan:

    Desinfección de calles y edificios públicos; limpieza de calles, viales públicos, colegios, bibliotecas, etc.; adquisición y transporte de alimentos y bienes de primera necesidad para familias necesitadas; contratación de personal para atender a personas dependientes; refuerzos de otros servicios públicos para reactivar la economía; y compra de material o maquinaria.

    Por último, en el Área de Coordinación de Políticas Migratorias, se mantiene permanente contacto con todas las instituciones con competencias en esta materia con especial preocupación por la situación sanitaria de los asentamientos de personas inmigrantes, para trabajar de manera conjunta en el ejercicio de las competencias, sin que hasta el momento se haya detectado ninguna incidencia reseñable.

     

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