La visita se produce en un contexto de renovación del Pacto de Estado, que aborda la violencia vicaria, económica y digital
En el encuentro se ha analizado la situación de la violencia de género y otras violencias machistas en la provincia, destacándose que la coordinación institucional es crucial para una respuesta efectiva y eficiente
La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y la delegada del Gobierno, Carmen Martínez, acompañada de la jefa de la Unidad de violencia sobre la Mujer han mantenido una primera reunión con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, organismos de la Age y otras instituciones con competencias en materia de violencia de género en la subdelegación del Gobierno, y una segunda con entidades y asociaciones que trabajan en la provincia con mujeres víctimas de trata, explotación sexual y en contextos de prostitución, materias del ámbito competencial de la Delegación del Gobierno.
A esta reunión ha asistido además de la subdelegada del Gobierno en Huelva y delegada del Gobierno contra la violencia de género, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Julio Serrano, Policía Nacional de Huelva, el jefe de la Uopj en la Comandancia de Huelva, Álvaro Berguillos, el inspector jefe de la Ufam (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) Adelino Domínguez, la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, Isabel Román, el jefe de la Oficina de Extranjería, Francisco Hernández y Sava en Huelva, Tatiana Márquez.
Durante la misma se analizaron los cambios introducidos por el Ministerio del Interior en el Sistema Viogen 2, que incorpora avances para mejorar la gestión y protección de las víctimas de violencia de género, así como para mejorar la coordinación entre instituciones, adaptándose también a las nuevas formas de violencia, como la ciberviolencia.
Los responsables de Guardia Civil y Policía nacional hicieron una exposición de las cifras de violencia de género y otras violencias machistas y su evolución en la provincia.
Asimismo, los responsables de los otros organismos asistentes aportaron cifras relativas a su respectivo ámbito de gestión y expusieron las principales dificultades que detectan para que las mujeres víctimas de violencia de género y de agresiones sexuales acudan a los recursos disponibles de carácter policial o asistencial que tienen a su disposición, lo que dificulta su protección y su recuperación.
Tras la publicación ayer del informe sobre víctimas mortales por violencia de género en el año 2024, la subdelegada del Gobierno recordó a la víctima del último asesinato machista ocurrido en el municipio de Cartaya el pasado 24 de abril, que elevaba a 10 la serie histórica de mujeres asesinadas en Huelva desde el inicio de su contabilización en 2003.
A 31 de marzo, según el último boletín estadístico publicado por la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, en Huelva se encuentran activos en 1.568 casos; de ellos 9 tienen un tipo de protección alto y 196, medio. En cuanto a los municipios onubenses cuyas Policías Locales se han adscrito al Sistema Viogen a fecha de hoy son 20, lo que representa el 6.83 % del total de 278 municipios adscritos en Andalucía.
Violencia vicaria, económica y digital
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género también se ha referido en el transcurso de este encuentro a la reciente renovación del Pacto de Estado que amplía su marco de actuación. En este sentido, la violencia vicaria, la digital y la económica dentro de la pareja, se incorporan a los ejes del pacto y las medidas contempladas, pasando de 290 a 461, ha explicado. Estas acciones abarcan múltiples ámbitos: desde la prevención hasta la protección y el apoyo a las víctimas, además de la sensibilización y la educación para erradicar la cultura machista que perpetúa la violencia, prestando especial atención a las mujeres rurales y a las mujeres con discapacidad.
Entre las nuevas medidas, se pretende mejorar, en el ámbito de la violencia vicaria, la prevención y detección de este tipo de violencia sufrida por los menores, que serán contemplados como víctimas de violencia de género, igual que sus madres. Por otro lado, se indica que la violencia digital es una de las violencias sufridas por mujeres que más rápido han crecido en los últimos años. Por ello, la renovación del Pacto plantea formación para niñas, niños y adolescentes con el fin de realizar un uso crítico de Internet y de las redes sociales. Además, el Pacto propone por primera vez tipificar como delito la violencia económica como una forma de violencia de género, contemplando actuaciones como el impago de las pensiones, la administración desleal, el fraude o la descapitalización para reducir o impedir el bienestar de las víctimas y sus hijas o hijos.
Carmen Martínez y Rico han destacado el compromiso del Gobierno para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres y la atención a las hijas e hijos menores de edad; Programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales; Programas de prevención de abusos sexuales en menores tuteladas, y la implementación de la Propuesta Común para la Mejora de la Coordinación y desarrollo de planes personalizados.
Ambas han coincidido en “Se trata de un crecimiento superior al 58% impulsado por este Gobierno en los últimos años, consciente de la necesidad de que los compromisos y las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista deben ir acompañados del compromiso tácito de partidas económicas que hagan posible la implementación en los territorios de todas las medidas posibles para informar, prevenir y proteger a las víctimas, a las mujeres y a los menores”.
La jornada finalizó con breve encuentro de la delegada del Gobierno, acompañada de la subdelegada del Gobierno y jefa de la Unidad de violencia la Directora de Programas del IAM en Huelva, Laura Sánchez.
