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  • Pacma apunta que políticos del Pp, Psoe y Vox especulan con la vivienda, mientras jóvenes andaluces se quedan sin emanciparse

     
     
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    Javier Luna denuncia la falta de medidas para ampliar el parque público de vivienda en Andalucía y señala los intereses económicos de los grandes partidos.

    La formación política critica que muchos cargos políticos acumulen propiedades inmobiliarias mientras el precio del alquiler expulsa a miles de personas de sus barrios.

    El presidente nacional del Partido Animalista Pacma y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Luna, ha denunciado en un debate electoral televisado que la crisis de acceso a la vivienda en Andalucía continúa agravándose ante la inacción de la Junta y la falta de voluntad política de Pp, Psoe y Vox para frenar la especulación inmobiliaria.

    Luna recuerda que el precio del alquiler “está por las nubes” en numerosas ciudades andaluzas, provocando que muchas familias y jóvenes se vean obligados a abandonar sus barrios ante la imposibilidad de asumir los costes de la vivienda.

    Recuerda en este sentido que, décadas atrás, existían más facilidades para acceder a viviendas de protección oficial, con precios regulados, acuerdos de financiación con entidades bancarias y subvenciones públicas que permitían a muchas personas acceder a un hogar digno. “Hoy el acceso a la vivienda es mucho más difícil y, si no se amplía urgentemente el parque público de vivienda, será imposible ofrecer alternativas de emancipación a la juventud”, explica.

    El partido considera que la Junta de Andalucía dispone de herramientas suficientes para intervenir el mercado y limitar la especulación, pero denuncia que los intereses económicos y la presión de determinados lobbies inmobiliarios «están condicionando las decisiones políticas».

    Asimismo, el presidente de Pacma señala que las declaraciones de bienes de numerosos representantes públicos de Pp, Psoe y Vox reflejan la posesión de múltiples inmuebles, lo que, a su juicio, evidencia un conflicto de intereses a la hora de impulsar regulaciones que limiten el beneficio económico derivado del mercado de la vivienda

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