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  • Primeras declaraciones en la demanda de CCOO contra la presidenta del Puerto de Huelva y su Director.

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    puerto 

    • El sindicato se ha personado como acusación popular.

    • Las primeras declaraciones tuvieron lugar el pasado 23 de julio en el juzgado número 5 de Huelva.

    El pasado 23 de julio de 2014, han comenzado las primeras declaraciones en el juzgado Nº  5. de Huelva, con la comparecencia  del representante sindical de CCOO  José Pérez,  secretario general del Sector  Estatal del Mar, tras la denuncia criminal interpuesta por este sindicato el día 28 de mayo pasado, contra la Presidenta de la  Autoridad Portuaria de Huelva Doña Manuela A. de Paz Bañez y su Director Don Pedro García Navarro.

    Recordamos que el Sector Estatal del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, alzó denuncia el pasado 28 de mayo ante la Fiscalía de Huelva contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Doña Manuela de Paz Bañez; al Director de la Autoridad Portuaria de Huelva, Don Pedro García Navarro, y a la delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Doña Carmen Lloret Miserache por la supuesta comisión de los siguientes delitos: Un delito ambiental del artículo 325 y otro del 329 del Código Penal (CP); un delito de prevaricación del art. 404 del CP; un delito de falsedad del art. 390.1.4º del CP; un delito contra la integridad moral del art. 173.1 párrafo 2º del CP; un delito contra los trabajadores del art. 173 del CP; un delito de malversación de fondos públicos, y fraude de subvenciones del art. 308 del Código Penal.

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    En este sentido, desde el Sector Estatal del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, al margen de las responsabilidades penales que tendrán que dirimir los jueces, han exigido ”responsabilidades políticas, ya que todos los denunciados son cargos públicos nombrados por el Gobierno de la Junta de Andalucía y, al menos, tanto la Presidenta como el Director de la Autoridad Portuaria de Huelva, han venido actuando en materia laboral, de contratación y de despidos, de privatización de servicios públicos y de realización de obras sin los requisitos exigidos por la normativa Andaluza, Española y Comunitaria, de forma despótica, presuntamente delictiva y absolutamente contraria a la que en estas materias dice defender la Junta de Andalucía, por lo que sería deseable hubiera coherencia entre las políticas que defienden los que tienen la responsabilidad del nombramiento y las que después desarrollan aquellos gestores que han sido nombrados y en consecuencia se depuren responsabilidades políticas derivadas de esa falta de lealtad y de coherencia”.

    Fuente e imagen: CCOO Huelva.

     

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