La dimensión y complejidad del proyecto, así como la necesidad de contar con informes adicionales, bases para adoptar esa decisión.
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, ha concedido de oficio una prórroga de tres meses a la compañía Emed Tartessus para aprobar el proyecto de explotación del complejo minero de Riotinto, y que figura en las condiciones impuestas en la resolución de transmisión anunciada el pasado mes de abril.
Se trata de una medida prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como consecuencia de que el estudio de la documentación correspondiente a este proyecto, dada su dimensión, requiere una intensidad en el trabajo desempeñado por el equipo de minas de la Delegación Territorial en Huelva que es difícil completar en los seis meses señalados en la resolución de mayo.
Además, se han solicitado informes adicionales tanto al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) como al Centro de Estudios y Experimentación de Obra Pública (CEDEX), en este último caso, para el análisis de todo lo relacionado con las presas de estériles. Sólo cuando estos análisis estén concluidos, podrá dictarse una propuesta de resolución por parte de la Delegación, que posteriormente deberá ser analizada por la propia Dirección General competente.
En consecuencia, a los seis meses establecidos como periodo para el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Administración minera se suman ahora otros tres. El objetivo es que un proyecto tan relevante para la comunidad autónoma cuente con todos los informes necesarios antes de seguir avanzando. Las plenas garantías laborales y medioambientales son, en este sentido, prioridad.
Esta decisión de la Administración Pública para proyectos altamente complejos y de gran volumen informativo (como es el caso de Riotinto), pospone la siguiente fase administrativa hasta el próximo 8 de febrero. Sin embargo, es necesario señalar que se trata de una medida netamente administrativa, sin incidencia alguna en el desempeño de trabajos mineros sobre la superficie del complejo por parte del personal de Emed Tartessus o de las empresas contratadas por ésta. Asimismo, tampoco altera los plazos trazados por la compañía.
De acuerdo con los plazos barajados inicialmente por la empresa adjudicataria, se espera que la mina esté en funcionamiento durante el segundo semestre de 2015. Para ello, prevé invertir 215 millones y generar en esta fase de trabajos unos 250 empleos directos y 750 indirectos. Cuando ya esté operativa, la masa laboral crecerá hasta los 400 empleos directos y 1.200 indirectos.
Fuente: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva.
Imagen: José Carlos Sánchez (Multimagenestudio)
