FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno central que prorrogue a 2024 muchas de las medidas destinadas a proteger a los consumidores, especialmente a los vulnerables, que puso en marcha durante la pasada legislatura, en materia de energía, alimentos o vivienda, entre otras.

La asociación señala que, mientras no haya posicionamiento contrario por parte del Ejecutivo, la finalización de la mayoría de paquetes de ayudas sigue adelante, por lo que muchas de ellas prevén terminar a finales de este año, como estaba previsto en el texto de las distintas normativas que las pusieron en marcha. Estás distintas medidas intentaron aliviar el impacto de la crisis económica en las familias más vulnerables, que estaban sufriendo especialmente el alza descontrolada de los precios de los alimentos, la electricidad o los alquileres.

En este sentido, Facua incide en que, pese a que muchas de las medidas pasan por la reducción de impuestos y que esta no debe ser la única actuación a aplicar para aliviar los altos precios que sufren los consumidores, su eliminación supondría que los precios se dispararan aún más, a niveles incluso superiores a los de antes de la aplicación de las ayudas, castigando la ya de por si perjudicada economía de las familias en un contexto en el que la inflación no para de aumentar.

La asociación considera que la solución para muchos de los problemas que afrontan los consumidores actualmente pasa por profundas reformas de los sectores en cuestión y por una intervención del Estado más enérgica -imposición de precios máximos en alimentos básicos o regulación de los alquileres, entre otros-. Sin embargo, la finalización de las actuales medidas sólo conllevaría un mayor emprobrecimiento de las familias, por lo que su prórroga resulta esencial mientras se emprenden reformas de mayor calado.

Medidas que finalizan

Entre las diferentes medidas que finalizan el proximo 31 de diciembre se encuentran aquellas destinadas a impedir que se pueda cortar los suministros de agua, luz y gas a los consumidores vulnerables ante un impago, la reforma del bono social eléctrico para ampliar los porcentajes de descuento, o la creación del bono eléctrico de justicia energética, que suponía un descuento para aquellas familias que, si bien tienen bajos ingresos, no alcanzarían el umbral para optar al bono social. También el llamado tope al gas, creado para mitigar los elevadísimos precios en el recibo de la luz, o el límite a la subida de la bombona de butano, de un 5% como máximo hasta final de año.

En el sector de la alimentación, el Gobierno aprobó la eliminación o reducción del IVA de determinados alimentos básicos -además de la prohibición de subir precios si no estaba justificado en aumento de costes de producción-. Una medida que la presidencia del Gobierno se comprometió a prorrogar para 2024 en su discurso de investidura del pasado mes de noviembre, pero que aún no se ha formalizado.

En materia de alquiler, también finaliza el máximo del 2% de subida anual en el arrendamiento, quedando establecido para 2024 que la subida será la pactada entre las dos partes, o de un máximo del 3% en caso de que no haya acuerdo.

Así, FACUA exige al Gobierno central que ponga en marcha los mecanismos legislativos necesarios para prorrogar la vigencia de estos paquetes de ayuda más allá de 2023, manteniéndolos en vigor mientras continúe la tendencia inflacionista de los últimos tiempos y planificando y desarrollando reformas legislativas de mayor profundidad.