El proyecto de la empresa Ayamonte Water Park ha necesitado la modificación de un plan subregional como el POTLOH para tener encaje legal y se tramitará sin que exista un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
Izquierda Unida preguntará en el Parlamento de Andalucía por la ayuda de 2,3 millones de euros concedida por el Gobierno andaluz a un empresario ruso que ha anunciado la construcción de un parque acuático en Ayamonte. Así lo anunciaron ayer en rueda de prensa el coordinador provincial de Izquierda Unida, Pedro Jiménez; y la integrante de la ejecutiva provincial Carmen Centeno.
Según dijo Pedro Jiménez, Izquierda Unida quiere conocer los criterios, detalles y los argumentos que han servido de base a la Junta de Andalucía para conceder 2,3 millones de euros de subvención a una empresa que anuncia una inversión de 7 millones y de la que únicamente se conoce su nombre, Ayamonte Water Park S.L.U., que pertenece a un ciudadano ruso y se crea el 28 de enero de 2011 con el objeto social declarado de la actividad de explotación de parques acuáticos y establecimientos de ocio. Jiménez critica que el Ayuntamiento de Ayamonte y la Junta tramiten un proyecto de estas características sin el amparo de un Plan General de Ordenación Urbana y recurriendo a modificaciones puntuales y normas subsidiarias. A juicio de Izquierda Unida no se entiende que a pesar de haber numeroso terreno disponible en la zona para equipamientos y edificaciones haya que recurrir a modificar todo un Plan Subregional para favorecer un negocio privado diseñado en unos terrenos y unas condiciones no previstas legalmente.
El coordinador provincial afirma no entender cómo se le conceden rápidamente subvenciones millonarias a empresarios como el que proyecta el parque acuático cuando hay muchas pequeñas y medianas empresas y de economía social de Ayamonte y Huelva necesitadas de estos fondos que no les llegan. “Se trata de priorizar ayudas destinadas a pequeños empresarios en vez de facilitárselas a proyectos con tintes especuladores que ni siquiera llegan amparados por la normativa urbanística vigente. Veremos si no nos llevamos alguna sorpresa con el inversor ruso”, dice Jiménez. Asimismo añade que “no se puede estar diciendo que defendemos la economía social y al mismo tiempo dar con tanta alegría subvenciones millonarias como la del parque acuático”.
Izquierda Unida viene manteniendo una oposición firme al modo de proceder de las autoridades urbanísticas y medioambientales andaluzas en este asunto. Así, Carmen Centeno recordó que en la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo que aprobó la propuesta de modificación del Plan de Ordenación Territorial del Litoral Occidental de Huelva (POTLOH) votó en contra la delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio. El objetivo manifiesto de la mencionada modificación era dar encaje legal a este proyecto que iría ubicado junto al puente internacional en la zona conocida como Las Cabezuelas. Centeno recalca la “firme oposición” de Izquierda Unida a la “legalización de facto de un proyecto que no se adaptaba a la legalidad urbanística vigente en Andalucía”.
Izquierda Unida insiste en rechazar las fórmulas urbanísticas utilizadas por el Ayuntamiento de Ayamonte y la misma Junta en este caso porque “facilitan la especulación inmobiliaria, tal y como ha quedado de manifiesto en proyectos urbanísticos de la magnitud de Costa Esuri o en Isla Canela, donde no les importó recurrir a normativas ancladas en el franquismo para agilizar y tramitar los planeamientos”. Y recuerda que toda la zona ha estado bajo la lupa de la Justicia por la cantidad de irregularidades denunciadas desde hace 30 años.
Fuente e imagen:Izquierda Unida Huelva.
