- ACAIP realizó en la jornada de ayer una concentración en la Subdelegación del Gobierno por la situación insostenible que viven las prisiones en España y anuncia que no asistirá a los actos de su patrona , nuestra señora de La Merced como acto de protesta
Esta concentración de protesta se encuadra dentro del proceso de movilizaciones que ACAIP, sindicato que pertenece casi el 50 por ciento de colectivo de empleados públicos penitenciarios, está realizando desde el mes de mayo por todo el territorio nacional, en respuesta a la que definen como «caótica y penosa situación de las prisiones en España». Situación que ha su parecer les ha abocado el actual equipo al frente de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias con Ángel Yuste Castillejo al mando.
Evidentemente, el conflicto colectivo que vivimos en la actualidad persigue dar solución a problemas y situaciones que a base de acumularse durante los últimos 5 años han colocado al Sistema Penitenciario al borde del colapso» han advertido.
Problemas como la agresiones que sufren los empleados penitenciarios diariamente, la nefasta política de personal de la Secretaría General, y el rigor disciplinario ejercido contra los trabajadores para intentar ocultar la «indecencia e incompetencia» en Instituciones Penitenciarias, han provocado la grave situación y caos por la que atraviesa la institución.
«Cinco años de ausencia, casi absoluta, de dialogo social en el sector», han remarcado, demuestran la falta de respeto hacia las prácticas democráticas más elementales de un Estado de Derecho y demuestran, claramente, que el tener uno de los mayores sueldos de la Administración General del Estado no es sinónimo de competencia, eficiencia, seriedad, trabajo ni siquiera de saber hacer.
Es por ello que desde ACAIP han tomado la decisión de no participar en los actos festivos programados en el centro el Día de Nuestra Señora de la Merced al entender que, dada la situación de conflicto y movilización de este sindicato con las autoridades penitenciarias, así como el empeoramiento progresivo de sus condiciones laborales, llegan a la conclusión de que tienen poco o nada que celebrar, todo ello guardando el máximo respeto a los compañeros galardonados por su servicio a la institución que todos representan, estando orgullosos de pertenecer a ella.
Por todos estos motivos, Acaip no parará hasta echar la «indecencia» del Ministerio del Interior.
Esa problemática que ha conllevado a la situación actual de confrontación laboral de impredecibles consecuencias, afecta fundamentalmente a las siguientes cuestiones, que están plasmadas en una tabla reivindicativa y que se basa en los siguientes aspectos prioritarios para su solución:
- Necesitamos una Oferta de Empleo Público que cubra las necesidades reales y acuciantes del Sistema Penitenciario.
A lo largo de los últimos años hemos perdido en torno al 15% de la plantilla de nuestras prisiones, por lo que se producen situaciones anacrónicas como la de que al menos 3 centros penitenciarios finalizados, en Andalucía como ejemplo el centro penitenciario de Archidona, cuya construcción costó 117 millones de euros y que lleva construido más de tres años, y se encuentran sin inaugurar por falta de plantilla para trabajar en ellos. O que al menos 50 departamentos de las prisiones españolas se encuentren cerrados por carecer de personal para prestar el servicio en ellos.
Este motivo es el que lleva a Acaip, como Sindicato mayoritario de Prisiones, a plantear y exigir al Ministro del Interior la firma de un compromiso de Oferta de Empleo Público para prisiones adecuado a las urgentes necesidades y ajustado a la urgencia marcada por la realidad penitenciaria actual. Este compromiso se debe de concretar en la Convocatoria de 3.500 plazas de nueva incorporación al Sistema penitenciario a lo largo de los próximos 4 años sí como el establecimiento de un modelo de concursos de traslados vinculado con la carrera profesional que permita garantizar la cobertura permanente de las vacantes existentes en la Institución.
- B) Una regulación específica, que permita solucionar los problemas de nuestro colectivo que son totalmente diferentes de los del resto de la Administración, que permita una nueva estructura de los cuerpos penitenciarios, una regulación de los contenidos funcionales propios y actualización de una marco retributivo obsoleto.
- C) Volver al Ministerio de Justicia de donde nos sacaron. Nos encargamos de la ejecución penal y en todo el derecho comparado europeo nuestra Institución se encuentra ubicada en Justicia, excepto en nuestro país;
Nuestra pertenencia a Ministerio de Justicia serviría para ganar en independencia respecto de políticas ajenas a lo penitenciario, que nada tienen que ver con la finalidad constitucional que se establece en el art. 25.2 CE y que acaban imponiendo una instrumentalización de nuestro ámbito alejado de nuestros intereses como colectivo e Institución básica dentro del estado de Derecho y unida irremediablemente al fin de la Pena Privativa de Libertad.
D) Recuperar las pérdidas retributivas existentes y adecuar nuestro marco salarial a nuestras funciones y responsabilidades
Se hace necesaria e imprescindible la recuperación de los emolumentos perdidos con los años de crisis; pero no solo eso, sino que es impensable que podamos seguir acometiendo nuestro trabajo a diario sin un sistema retributivo que permita el reconocimiento de las especificidades de nuestra labor en los centros penitenciarios con una responsabilidad directa sobre la vida de las personas no pueden seguirse viendo remunerados con los mismos conceptos y parámetros que los trabajos meramente administrativos que no afectan a un derecho fundamental como es el de la libertad.
- E) Retirar la seguridad privada de la vigilancia exterior de los Centros Penitenciarios y dotarla adecuadamente con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La Administración actual ha invertido un total de 116 millones de euros a lo largo de los últimos cuatro años en privatizar los servicios de vigilancia exterior de las prisiones. Todo ello en detrimento de la eficaz labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Para que nos hagamos una idea del dispendio de la Secretario General de Instituciones Penitenciarias , solo en el Centro Penitenciario de Huelva el coste anual de este contrato supone aproximadamente medio millón de euros para este año.
Y es que la externalización de servicios públicos como el despilfarro en el gasto son criterios que ha abanderado la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. Este ejemplo de despilfarro con el dinero público se refleja en la instalación de sistemas de videovigilancia implantado en el centro penitenciario de Huelva que en algunos aspectos duplica las funciones del ya existente y en otros simplemente no busca un criterio lógico, que no es otro la seguridad de trabajadores y reclusos.
F ) Una reorganización del Centro Directivo con el cese del actual equipo.
En el inicio de este decálogo de la situación actual de prisiones, ya se ha plasmado la imperiosa necesidad de que el ministro del interior proceda de forma inmediata al cese del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste Castillejo y de todo su equipo.
G) Garantizar unos sistemas de salud laboral y de defensa de los funcionarios en aspectos tan básicos como, por ejemplo, las agresiones por parte de la población reclusa.
En el año 2016 se produjeron 360 agresiones a funcionarios en el interior de los centros penitenciarios de este país, sin que la administración penitenciaria haya acometido ninguna medida eficaz para erradicarlas, más allá, de la crítica mal intencionada hacia los representantes sindicales que las denunciamos. La Secretaria General de IIPP evitó que se nos concediese la condición de agente de la autoridad, en igualdad de condiciones que ocurre con maestros de escuela, profesores de instituto y determinados profesionales sanitarios a los cuales, ya les fue reconocido en la pasada legislatura política.
No contamos con un protocolo de agresiones adecuado que minore o elimine la peligrosidad para nuestra integridad física de los centros penitenciarios.
Es fundamental que la administración penitenciaria acometa reformas que aunque mucho menos costosas que la contratación de la seguridad privada para la seguridad exterior de los centros penitenciarios, más eficaces para garantizar un sistema de salud laboral en aspectos tan básicos como las agresiones por parte de la población reclusa.
Un buen ejemplo es la supresión del reparto de medicación psicotrópica los fines de semana a la población reclusa en el centro penitenciario de Huelva, poniendo en peligro la salud de los internos (por la intoxicaciones que se producen) así como poniendo en peligro la vida de los funcionarios y resto de población reclusa por los incidentes regimentales que giran alrededor de la supresión del reparto de esta medicación los fines de semana.
Fuente e imágenes: ACAIP.
