FACUA y OCU rechazan la posible medida
FACUA advierte de que esta medida terminará perjudicando a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo.
FACUA-Consumidores en Acción rechaza que el Gobierno esté planteando una ley que supondrá cobrar un peaje a todas las personas usuarias por el uso de las carreteras, tanto estatales como regionales, a partir del año 2024.
El texto que ha enviado ya el Ejecutivo a Bruselas recoge la medida de un «mecanismo de pago» para avanzar hacia «la internalización de los costes internos» bajo el principio del «usuario pagador» y de que «quien contamina, paga«. Según FACUA, el Gobierno también indica que pretende la implantación de este pago primero en la red de alta capacidad (autopistas y autovías) y posteriormente a otras redes «de forma progresiva«.
En este sentido, la asociación considera que el mantenimiento de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que el dinero necesario para que el mantenimiento de las vías salga de los impuestos directos de la población.
FACUA, además, advierte de que esta medida terminará afectando más a las personas usuarias que tienen menos poder adquisitivo, que sufrirán un perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública. Aunque el Gobierno sugiere implantar «reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente, o usuarios habituales en ciertos tramos«, no concreta estos aspectos.
Asimismo, desde FACUA se incide en que «mientras que la financiación a través de impuestos directos permite garantizar una cierta progresividad -de manera que los ciudadanos aportan en función de su nivel adquisitivo»- la asociación señala que la implantación de un peaje en las carreteras supone un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica, lo que perjudica, una vez más, a aquellos con menor poder adquisitivo.
Apuesta por el transporte público
De igual forma, desde FACUA se valora que esta medida supondría un claro perjuicio para aquellas personas usuarias que no viven en grandes núcleos urbanos, que tienen que usar estas vías de forma habitual para sus desplazamientos a centros de trabajo, colegios, hospitales, etc. Además, la asociación también critica que esta solución planteada por el Gobierno consistiría en un auténtico copago o repago, al obligar a los usuarios a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de los impuestos.
Esta medida, además, se anuncia según FACUA en un momento en el que no está existiendo una apuesta clara por el fomento del transporte colectivo eficaz y eficiente, de manera que represente en la práctica una auténtica alternativa al uso del automóvil para los desplazamientos.
El Ejecutivo ha justificado esta medida en que los costes de conservación de la red de carreteras de alta capacidad no son posibles de asumir de manera directa por los recursos presupuestarios. El texto remitido a Bruselas indica que esto está generando «un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como con el consiguiente deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial«.
El Gobierno también indica a Bruselas que este peaje «generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero«. En este sentido, FACUA insta al Gobierno a, si el impacto medioambiental es uno de los motivos, garantizar un transporte público colectivo con infraestructuras suficientes y a un precio asequible como alternativa real al vehículo privado.
OCU se posiciona también en contra de un peaje generalizado
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también se ha mostrado contraria a la imposición de un peaje generalizado en todas las carreteras. «De llevarse a cabo esta medida supondría un triple coste para los ciudadanos, por el peaje, por los numerosos impuestos que pagan por circular con sus vehículos (circulación, hidrocarburos…) y por el encarecimiento del transporte en los diferentes productos y servicios», ha advertido.
La medida se , en el que el Gobierno plantea un peaje por la circulación por diferentes vías, aunque sin precisar el mecanismo de pago que se extenderá de forma progresiva, primero a las autopistas y a las autovías y con posterioridad al resto de carreteras.
OCU se muestra contraria a esta medida propuesta de forma unilateral por el Gobierno contemplada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea, sin la existencia de consenso ni diálogo previo con los sectores implicados, resto de fuerzas políticas y la participación de las personas usuarias.
Para OCU la medida tiene un claro afán recaudatorio. La organización advierte del elevado impacto que puede tener para las personas usuarias una imposición generalizada de peajes en la red de carreteras. Además, OCU recuerda que la ciudadanía ya paga impuestos por circular con su vehículo. Por una parte, el impuesto de los hidrocarburos hace que quien más circule más pague y se supone que una parte de ese impuesto debería ir al mantenimiento de las autovías. Además, ya se paga impuesto de circulación de carácter municipal. OCU advierte que, si generaliza un peaje de las carreteras incluidos los transportistas profesionales, la población acabará pagando de forma triple el mantenimiento de las carreteras a través del incremento de los precios de bienes y servicios por el aumento del precio del transporte.
Por todo ello, la Organización se opone a un peaje generalizado por su claro afán recaudatorio y exige un debate social de todas las partes implicadas, esperando que salga un modelo justo de financiación de las infraestructuras de transporte por carretera que garantice su funcionamiento.
