El Ayuntamiento de Huelva, como otros muchos municipios españoles, emplean herbicidas de acción rápida para eliminar lo que vienen denominándose “malas hierbas” en carreteras, en parques y jardines, en instalaciones deportivas o en todo tipo de áreas de cara a la prevención de incendios o de la simple proliferación de este tipo de hierbas.
Uno de los más usados es el glifosato, un herbicida total no selectivo que se emplea para eliminar hierbas y arbustos, se infiltra en el suelo, es muy soluble en el agua, y persistente en el suelo. Contamina los acuíferos, es tóxico para la fauna acuática, los animales domésticos o el ganado, y se esparce sin control por el subsuelo. Además, existen estudios científicos que relacionan el uso del glifosato con afecciones y enfermedades en humanos.
De hecho en marzo de 2015 la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyó al glifosato en su lista de agentes cancerígenos del grupo 2A (probable carcinógeno para los humanos).
Por ese motivo, el Parlamento Europeo ha solicitado a los Estados miembros que velen «porque se minimice o prohíba el uso de plaguicidas en las siguientes zonas específicas: a lo largo de las carreteras […], en los espacios utilizados por el público en general, o por grupos vulnerables, como los parques, jardines públicos, campos de deportes y áreas de recreo, recintos escolares y campos de juego y los espacios cercanos a los centros de asistencia sanitaria».
En el Pleno Municipal celebrado el pasado 24 de febrero, ante la pregunta formulada por la Mesa de la Ría referida a si desde el Ayuntamiento de Huelva o sus empresas contratadas se empleaban herbicidas que contuvieran glifosatos en su composición, la respuesta dada por el Concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos confirmó que efectivamente dichos compuestos se estaban utilizando dentro del término municipal por parte de dichos operarios.
Para la Mesa de la Ría, el principio de precaución que establece la Ley 33/2011, de Salud Pública, que dice textualmente: «La existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran», obliga a la Corporación a tomar la decisión de llevar a cabo las debidas precauciones y prohibir el uso de dicho producto dentro del término municipal.
Por ello, la Mesa de la Ría ha instado mediante escrito dirigido al alcalde a que con la mayor brevedad posible proceda a prohibir el uso de glifosatos por parte de los operarios municipales y las empresas contratadas por este Ayuntamiento y se utilicen otros métodos manuales para la eliminación de “malas hierbas”.
Fuente e imagen: Mesa de la Ría.
